Uno, son las supuestas declaraciones de un presunto terrorista llamado Chávez, que irregularmente habría intentado entrar al país y que ya estaría fuera de su jurisdicción, sin poder ratificar lo dicho ante un Tribunal, ni ser repreguntado por nadie, porque se habría hundido en las ergástulas castristas.
El otro, es el supuesto hallazgo de explosivos en el escritorio de la hija de 8 años de Alejandro lo que, si se quiere ser excesivamente indulgente, evidencia un error garrafal de los funcionarios que los “sembraron” allí, que ni siquiera se informaron sobre la distribución de la casa que estaban allanando y los pusieron en un lugar estrambóticamente equivocado.
No se necesita ser abogado para saber que una declaración para surtir efectos legales debe ser evacuada por persona idónea, ante un funcionario competente, en un lugar y tiempo hábiles; concatenada con otros elementos de juicio que le den alguna verosimilitud, supuestos de los que no se cumple ninguno en el caso de marras.
Según las declaraciones oficiales, si se pueden llamar así, Chávez Abarca nunca ingresó legalmente a Venezuela porque habría intentado hacerlo bajo nombre supuesto, con pasaporte falso, por tanto, legalmente nunca estuvo en el país.
Rindió sus supuestas declaraciones ante funcionarios incompetentes (de inteligencia, no judiciales), sin que conste presencia de un fiscal del Ministerio Público, de abogado de su confianza, testigos, ni que conociera cuáles eran sus derechos en un país extranjero donde habría sido sorprendido fuera de la ley.
Inmediatamente fue “deportado” a Cuba, en circunstancias aún más irregulares, porque no es de nacionalidad cubana sino salvadoreña y en todo caso por ingreso ilegal debió ser devuelto al país de procedencia y no a un tercer país, aunque éste lo solicitara, porque en ese caso el procedimiento sería muy distinto.
Si Cuba tenía causas penales contra el sujeto, lo procedente sería una extradición, que implica un procedimiento judicial y pronunciamiento del TSJ que, por cierto, en casos anteriores ha negado a España la extradición de etarras, convictos y confesos terroristas vascos, aún tratándose de un gobierno socialista.
¿Cómo hicieron constar la identidad del declarante si ni siquiera el que fue deportado portaba documentos de identidad? ¿Qué valor procesal puede tener una declaración supuestamente rendida en tales circunstancias, por un sujeto no identificado? ¿Qué clase de procedimiento policial será éste sin formalidad alguna, por no hablar del respeto a elementales derechos humanos?
Llama la atención que El Salvador, el mismo que negó asilo a los comisarios, tampoco ha dicho nada para reclamar por uno de sus ciudadanos, incluso si es un presunto delincuente, que debe tener por allá sus cuentas pendientes.
Ni Human Rights Watch, Amnesty International y tantas organizaciones humanitarias habitualmente preocupadas por la suerte de terroristas islámicos o de cualquier otro género, siempre que sean detenidos por los EEUU, Israel o Colombia, han dado señal de que este ciudadano pertenezca al género humano.
¿Quién es entonces este Don Francisco? Con la probable excepción de Eduardo Semtei, que por razones inexplicables ha mostrado gran experticia en materia de terrorismo anticastrista, en Venezuela “nadie sabe, nadie supo”.
Sus supuestas declaraciones no califican como acusación, ni denuncia, que tienen que ser ratificadas y este es el punto crucial: ¿Cómo la mera palabra aventada de alguien de quien sólo se dice que es un criminal internacional y en circunstancias tan equívocas puede servir de fundamento para privar a un ciudadano venezolano de su libertad y someterlo a un juicio penal?
El segundo cargo, el de los explosivos, no merece ni siquiera una evaluación seria, como no sea que la Fiscalía General tenga en mente considerar como agravante la negligencia, imprudencia e impericia de quien se pone en peligro a sí mismo, a toda su familia, al condominio entero y a los objetivos de su plan desestabilizador, dejando objetos peligrosísimos al alcance de las manos de sus menores hijas como si fueran juguetes.
Finalmente, es imposible establecer la conexión entre Chávez Abarca y estos presuntos explosivos, por lo que falta la relación, el vínculo entre los dos cargos para que uno coadyuve a reforzar al otro y producir alguna razonable convicción.
Una vez más el sentimiento dominante tiene que ser esa especie de aturdimiento que produce constatar que en Venezuela se han perdido todos los límites, no sólo políticos, jurídicos y morales, sino incluso lógicos, de sentido común.
Mientras tanto, la injusticia campea. Se sigue creyendo que los delincuentes se decretan según la conveniencia de la dictadura, así como ésta exculpa a los verdaderos criminales, con idéntica impavidez condena a los inocentes.
PREGUNTAS EXPLOSIVAS.
Pero, ¿qué se entiende por terrorismo? La definición no puede prescindir de dos elementos: el uso de violencia y el fin político. Para Lenin, el terrorismo sólo es practicable como parte de las actividades de un ejército en operaciones. O sea, que los comunistas no condenan el terrorismo per se, sino el uso que le daban, por ejemplo, los anarquistas, que era individualista, esporádico, no organizado como parte de un movimiento político de masas.
Y aquí llegamos al quid de la cuestión: se puede ser terrorista por convicción, porque se cree en eso o se considera la única vía posible para lograr los fines propuestos, como en los llamados movimientos de liberación nacional, tan caros a los comunistas y hoy tan de moda con el terrorismo islámico, ETA, IRA, FARC, HAMAS, HEZBOLÁ, todos aliados de esta dictadura.
Finalmente, ¿Cómo se puede ser terrorista sólo? ¿Sin actos terroristas visibles ni previsibles? ¿Cómo se puede cooperar con algo que no existe? ¿Dónde están, cuáles son los actos terroristas ocurridos en Venezuela?
Lo que molesta supremamente es que se acuse a la gente no por lo que es o por lo que hace, sino por lo que se le imputa unilateralmente, como hace este régimen cuando acusa a los demás de “fascistas”, siendo que en Venezuela nunca hubo ni hay movimientos fascistas; y ahora el comodín de “terroristas”, contra quienes por principio son contrarios a esos métodos y esas políticas.
Es el caso de Fuerza Solidaria y Uno América, organizaciones antiterroristas por antonomasia. Precisamente, lo que se le cobra a Alejandro Peña Esclusa es su lucha indeclinable contra el terrorismo.
EL APLAUSO VA POR DENTRO.
¿Por qué la sociedad venezolana no se rebela ante tanta ignominia? ¿Cómo es posible que la vida continúe como si nada y no se produzca aunque sea una polémica pública como la que se originó en Francia, aún en el siglo XIX, con el caso Dreyfus, por ejemplo? La verdad, en Venezuela se ha perdido la conciencia de que “lo que le pasa a uno, nos pasa a todos”.
Por el lado oficial se entiende que la respuesta es el aplauso sin discernimiento, como ya se ha hecho costumbre con todas las atrocidades de la dictadura, incluso la más reciente del señor Franklin Brito. Se roba a los demás para tirarle migajas al populacho y una turba aplaude y aplaude, con vítores y hurras, refocilándose en la ignominia, rodando hacia la más profunda abyección.
Pero la leal oposición a su majestad ha desarrollado una suerte de mimetismo que le permite adaptarse a la situación y hasta sacarle algún provecho. Es un caso de psicología social, como ocurrió bajo el nacionalsocialismo, que honestos profesionales y más correctos comerciantes e industriales no veían tan mal que los nazis los libraran de algunos incómodos competidores judíos.
Cada vez que hay una razzia de inhabilitaciones, los políticos supervivientes y potenciales candidatos apenas pueden ocultar la sonrisa interna con que salen a ofrecerse para ocupar los lugares que los vetados dejan vacantes.
Ante el robo descarado de medios de comunicación, producción, comercialización, financieros o de otro tipo, sus semejantes se precipitan a la rapiña de una franja de mercado, casi echándole la culpa a los que cayeron en desgracia por no haber advertido cuál era la línea a seguir.
Así como en la huelga de los estudiantes ante la OEA, la agonía del señor Brito y la solitaria resistencia de su esposa, doña Elena, la leal oposición guarda prudente distancia en casos de presos políticos como Alejandro Peña Esclusa.
Los mismos que condenaron el “golpe” en Honduras, llamaron “gorilas” a los militares hondureños, se volvieron zelayistas de ocasión y pedían su inmediata e innegociable restitución en el cargo y nunca han rectificado, no le perdonan a Alejandro el acierto y coraje con que desde el principio se puso del lado correcto.
Pero quizás el mayor hándicap sea que Alejandro no es candidato a nada y no está llamando a votar. Eso lo hace sospechoso. La oposición apoya, in pectore, los ataques contra quienes no siguen la línea que tiene trazada hasta el 2012. Pero dejemos esto por el momento.
El verdadero problema es discernir qué es lo que se tiene que hacer para detener la rueda del totalitarismo, que una vez puesta en marcha genera una dinámica cuya fatalidad arrastra incluso a quienes la empujaron inicialmente.
Hace milenios los filósofos encontraron que en la situación más desesperada sólo se puede mantener la luz encendida, aún en la más profunda oscuridad. La máxima en que se funda la cultura universal se resume en estas breves palabras: “decir lo que es”.
Al principio fue el verbo y el verbo es Dios: Hay que desenmascarar la mentira, donde quiera que esté y la rueda del totalitarismo se hará polvo, como la falsedad que la alimenta.
Esto no tiene nada de ilusorio: La verdad toca la conciencia de las mejores personas, que por eso mismo son las que importan.
Misteriosamente, la fuerza moral se convierte en fuerza política.
![[Foto APE]](http://fuerzasolidaria.org/wp-content/themes/arthemia/scripts/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2010/02/Alejandro.jpg&w=100&h=65&zc=1&q=100)
