Informe: El Ceela fue creado por Hugo Chávez "Cirujanos del padrón electoral"

Nadie conoce a ciencia cierta el origen del financiamiento que recibe el Consejo de Expertos Electorales de Latino América, Ceela. El 20 de mayo pasado llegó al país una nueva misión de observación electoral de este organismo y, según su presidente, Nicanor Moscoso Pezo, el Consejo Supremo Electoral, CSE, en representación del Estado de Nicaragua, asumiría los gastos de su estadía.

Sin embargo, al año pasado el Poder Electoral arrastraba un déficit financiero superior a los 40 millones de córdobas, desbalance que nunca superó. El CSE aún tiene deudas con muchos de sus proveedores, que datan desde las elecciones regionales de la Costa Caribe de marzo de 2006, pasando por los comicios generales de noviembre de ese mismo año.

Pero al margen de esta polémica, cabe preguntarse, ¿cuál es la verdadera misión del Ceela? El magistrado del CSE José Luis Villavicencio, aclaró esta situación el 20 de julio de 2007 ante los representantes de los partidos políticos miembros del Foro de Sao Paulo.

Trabajo fino

A juzgar por su explicación, básicamente el trabajo del Ceela consiste en adiestrar a los partidos de izquierda en técnicas de manejo de padrón electoral sin ser detectados, de manera que se puedan manipular “legalmente” los resultados de una elección.

Según la explicación técnica de Villavicencio, conociéndose perfectamente el padrón electoral, “se le puede quitar el uno por ciento o incluso el 0.5 por ciento de electores a cada mesa electoral, y si se traduce eso a 20 mil ó 30 mil mesas, se suma al porcentaje final global y nadie va a notar nunca que esa cantidad de electores se sacó del padrón”.

“Todo eso se puede manejar si se conoce muy bien la cantera de votantes para uno y otro partido político, y eso se puede hacer y nadie lo puede percibir o detectar desde el punto de vista técnico”, reiteró.

Un poco de historia

“Desde 2005, el Ceela ha logrado aglutinar a magistrados de izquierda de los tribunales electorales de América Latina. Por ejemplo, tenemos al compañero Wilfredo Penco, del Frente Amplio del Uruguay; en El Salvador contamos con el compañero Eugenio Chicas, del FMLN”, expresó Villavicencio.

Sin embargo, el magistrado sandinista destacó que “hay que vender la imagen de que (al Ceela) no se le estigmatice como un organismo de izquierda, porque si no, nos cierran las puertas y nos bloquea el adversario, así que hemos contratado a ex magistrados (electorales) de derecha, estamos utilizando las mismas armas de la derecha”.

En este sentido, dijo que el Ceela contrató a un ex magistrado de derecha del Tribunal Electoral del Ecuador, y “nadie va a dudar de que es un hombre con una trayectoria de derecha y tiene una misión que cumplir, porque si no, lo quitamos”.

El Ceela ha “reclutado” a ex magistrados de Bolivia, Panamá, Colombia, República Dominicana, Honduras y Guatemala, entre otras naciones. El ex vicepresidente de Venezuela, Jorge Rodríguez Gómez, fue miembro del Ceela en sus inicios, cuando fue presidente del tribunal electoral de ese país.

Llegaron tarde donde Umala

Villavicencio da cuenta de que en todo los países de América Latina “se puede jugar con el padrón electoral sin despertar sospechas”.

“Este juego electoral es un juego de mucha tecnificación y tenemos que aprender cómo (la derecha) maneja esa técnica para nosotros usarla en contra de ellos mismos, y eso es lo que hemos venido haciendo”, explicó.

En este aspecto, Villavicencio recordó la experiencia con el ex candidato presidencial de Perú, Ollanta Umala. “Nos metimos a trabajar con Umala y nos reuníamos desde las 11 de la noche hasta las 2:00 de la madrugada, pero nos dimos cuenta de que llegamos demasiado tarde en la asistencia que le podríamos haber dado”, expresó.

También influyeron en las elecciones de Bolivia, evitando que mediante la legislación electoral boliviana “eliminaran” del padrón electoral a los votantes del partido Movimiento Al Socialismo, MAS, de Evo Morales.

“La Ley Electoral de Bolivia establece que el voto es obligatorio, así que si una persona no vota en una elección, para la próxima elección lo sacan del padrón electoral. Al MAS le quitaron 500 mil votos por esa vía, y aún así obtuvo más del 50 por ciento, pero para eso tuvimos que llevar a técnicos en informática para manejar el padrón electoral”, explicó.

La experiencia de México

Villavicencio dijo que en las elecciones generales de México se realizó lo que conocen como “el cambiolín técnico”.

“Comenzaron a transmitirse al centro de cómputos nacional los resultados en los Estados donde (Felipe) Calderón era ganador; en los Estados donde el compañero del PT (Partido del Trabajo) no ganaba y ganaba el PRD (Partido de la Revolución Democrática) retrasaban la transmisión de los resultados; obviamente el DF, donde ganaba Manuel López Obrador (del PRD), la misión lo dejó por último”, señaló.

 Fuente: El Nuevo Diario de Nicaragua

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Roberto Micheletti: "El presidente Lobo no ha estado a la altura de las circunstancias"

Entrevista realizada al Ex Presidente de Honduras, Roberto Micheletti por el periodista Ricardo Angoso.

A pesar de que Porfirio Lobo ha retirado su retrato de la galería de presidentes de la residencia oficial del Presidente de la República de Honduras, Roberto Micheletti fue oficialmente presidente de este país centroamericano durante el convulso periodo que va desde la destitución de Mel Zelaya, el 28 de junio de 2009, hasta el 27 de enero, en que cedió el bastón de mando al actual mandatario. También fue el organizador de las impecables elecciones de noviembre de 2009. Muchas cosas han cambiado en este país desde aquella fecha, pero los problemas siguen acechando, la inseguridad aumenta y la situación económica no acaba de arrancar. De estas frustraciones y de las expectativas truncadas nos habla en esta entrevista, realizada en Tegucigalpa, el ex presidente Micheletti, considerado golpista por sus enemigos y héroe por sus amigos.

ATENEA DIGITAL: ¿Cree que las expectativas generadas con el actual presidente Porfirio Lobo se han cumplido?

Roberto Micheletti: Sinceramente, creo que no. Se habían generados muchas esperanzas y, ciertamente, los problemas han aflorado y no se le han dado las soluciones que el pueblo hondureño esperaba. Aun así reconozco que en el plano internacional las cosas han mejorado y se ha producido una reintegración del país en casi todos los órdenes. Pero sin embargo, en la seguridad pública las cosas han empeorado mucho y el país vive uno de sus peores momentos, cuando la herencia que nosotros dejamos no fue tan mala, pues conseguimos reducir este flagelo notablemente; ahora las cosas están peor que nunca y Honduras se encamina a figurar en la deshonrosa lista de ser uno de los países más peligrosos del mundo. Además, la reciente salida del ministro de Seguridad reveló que había habido un fracaso en la dirección política de este asunto. También quiero señalar que una buena parte de los crímenes que se producen en el país quedan impunes, lo que revela un fracaso en la acción de la justicia, y eso provoca la zozobra en la mayoría de los hondureños, que perciben que el Estado ha fracasado en este asunto y que es incapaz de esclarecer estos hechos.

Y en lo económico, ¿cómo va el país?

Se hizo el esfuerzo de organizar un evento internacional al que fueron invitados varios centenares de hombres de negocios de todo el mundo para que vinieran a invertir a Honduras y se gastaron millones de lempiras a tal fin, pero, sin embargo, unos días después de esta puesta en escena se aprobaron nuevos impuestos, lo cual creó un efecto contraproducente, tanto en el exterior como en el interior. Parece que no hay una dirección adecuada y que se toman decisiones erróneas que perjudican el buen funcionamiento de la economía nacional. Se han tomado muchas medidas que no facilitan la llegada de las inversiones extranjeras, pero en general creo que el problema es de fondo y que no existe un proyecto nacional. No se han orientado bien las políticas desarrolladas hasta ahora. Tampoco creo que haya una hoja de ruta acerca de cómo encarar las cosas.

¿Cómo juzga las últimas acciones en política exterior del presidente Lobo?

Creo que, en este sentido, se han dado algunos pasos positivos, pues después de los sucesos de junio de 2009 la situación era muy adversa para Honduras. No obstante, quiero destacar que fuimos valientes y también capaces de decir al mundo que no teníamos miedo, que estábamos firmes en la defensa de la libertad y la democracia, de las decisiones que nosotros los hondureños tomamos y llevamos a cabo para defender la institucionalidad hondureña. Nosotros no teníamos miedo y le dijimos a Chávez que tampoco servían da nada sus amenazas, incluso cuando llegó a amenazarnos con una intervención militar. Ya se lo dijimos bien claro y bien alto: vengan si quieren, que les esperamos. Luego creo que el actual gobierno se refugia mucho en su política exterior, realizando muchas veces viajes innecesarios del presidente, y se actúa poco en el plano interior, desatendiendo los problemas del país y sin dar respuesta a los mismos, tal como desearían los hondureños. No se pueden desantender los asuntos internos por estar siempre atento a los requerimientos del exterior, que muchas veces dictan lo que tenemos que hacer los hondureños. Creo que, en ese sentido, el presidente Lobo está muy equivocado.

¿De qué forma juzga la reciente llegada de Mel Zelaya al país, es un paso en pro de la normalización política?

Creo que se ha pagado un precio demasiado alto, como es el regreso de nuestro país a la OEA, por este retorno, que quizá ha sido precipitado. Lo que se ha visto es que Zelaya no tenía tanto apoyo como pensaba y que sus posibilidades políticas, pienso, son muy limitadas. Ni siquiera aparece en los medios de comunicación. Sinceramente, creo que Zelaya y la fuerza política que inspira tienen muy poco que hacer en el panorama político hondureño. Se ha visto, además, que el apoyo político y popular que tenía era muy reducido y se ha podido ver en las concentraciones en las que ha participado. Creo que es una página del pasado ya superada.

¿Sigue creyendo que Zelaya fue el responsable de los sucesos de junio 2009?

Por supuesto. Zelaya tenía un plan preconcebido para reelegirse y su intención era perpetuarse en el poder de una forma que vulneraba claramente nuestro ordenamiento político y constitucional, de eso no me cabe la menor duda. Nosotros respetamos y actuamos en función de la institucionalidad hondureña, aunque el mundo entonces no quiso escucharnos y prefirió aceptar las tesis de Chávez, que como todo el mundo sabe es un gran demócrata. Pero estoy tranquilo, ya que creo que la historia y el tiempo nos pondrán a todos en su sitio, incluido a Zelaya, que había sido advertido en numerosas ocasiones de que su deriva y la violación permanente de las Leyes y la Constitución hondureña tan solo podrían ocasionar problemas y conflictos.

¿Alguien más tiene alguna responsabilidad en estos acontecimientos?

Patricia Rodas, la canciller de Zelaya, es la ideóloga de toda esta trama, eso está bien claro. Fue una persona muy influyente y cuyas ideas izquierdistas fueron las que predominaron durante todo el mandato de Zelaya. Desde un principio se vio claro que quería imprimir un giro izquierdista a la política exterior hondureña, en clara y abierta contradicción con lo que había sido nuestra tradición y en contra de nuestros amigos, algo absolutamente inadmisible. Zelaya se vio animado y jaleado en toda su errónea deriva por Rodas, siendo la que le impulsó a cometer numerosos errores políticos que le condujeron a su destitución. Sin la figura de Rodas no se pueden explicar muchos de los acontecimientos que suceden antes y después del 28 de junio, pues un gran error es creer que esta crisis sucede así como así; hay que explicarla en su contexto debido y fue un proceso largo que venía larvado desde hacía meses. Luego el mes de junio de 2009, en que se suceden numerosas tentativas por solucionar la tentación autoritaria de Zelaya, se precipitan los acontecimientos y llegamos así al 28 de junio, cuando Zelaya sigue desafiando a la institucionalidad hondureña y es depuesto. Yo creo que Zelaya seguramente intentó dar marcha atrás, pero Rodas y su círculo más íntimo, entre los que figuraban notorios izquierdistas que no ocultaban sus deseos, le condujeron al callejón sin salida que sólo podía concluir como concluyó.

¿Cómo examina el futuro del país?

Veo que no hay un proyecto nacional para Honduras, que se dan palos de ciego y se lanzan globos sondas con propuestas que creo son erróneas. Y la gente de la calle también tiene esa percepción, como que el país está desgobernado y el presidente Lobo no está con los pies en el suelo, está como ajeno a la realidad y a los problemas cotidianos. Los recientes crímenes, la inseguridad reinante, que está en alza, y la difícil coyuntura económica harían necesaria una nueva política para el país y hacer frente a estos desafíos con algo más que palabras y retórica. Los hondureños necesitan soluciones a sus problemas y este ejecutivo del presidente Lobo no se las da. Yo estoy preocupado con este estado de cosas y percibo que la ciudadanía también lo está, pues no vamos por el bueno camino.

¿Y en el plano personal qué está haciendo ahora?

Estoy totalmente retirado de la política, pero no por ello voy a dejar de opinar sobre los asuntos hondureños y los problemas que nos afectan, que son muchos desde luego. Mis preocupaciones por el estado de cosas son las naturales que tenemos en estos momentos todos los hondureños, comenzando por la seguridad pública cuya situación es insostenible. En lo personal, por lo demás, estoy dedicado a mis negocios y quehaceres personales, mientras que en lo político he expresado públicamente mi apoyo por el candidato liberal Mauricio Villeda, que creo que es una apuesta por la regeneración política y ética del país.

Fuente: Revista Atenea

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AUDIO: Entrevista exclusiva con sobreviviente de masacre de FARC, Sargento Luis Alberto Erazo

 Fuente: La Hora de La Verdad

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‘Rescate militar es una obligación del Estado’ Policía Luis Alberto Erazo, sobreviviente de la masacre de las FARC

 En sus primeras declaraciones a la prensa después de escapar de las Farc, el sargento de la Policía Luis Alberto Erazo aseguró que “el rescate militar es una obligación del Estado”.

Mientras se recupera de sus heridas físicas y del dolor que le causó la pérdida de sus compañeros de cautiverio, Erazo aseguró: “Yo llevaba 12 años secuestrado, Libio José Martínez llevaba 14 años y lo asesinaron. ¿Qué quiere que piense de un rescate? Siempre se habla de la posibilidad de un rescate o de fugarnos. El cabo Moreno se fugó una vez, un patrullero lo intentó dos veces y estuvieron de buenas que no los fusilaron; yo también pensé en fugarme apenas me cogieron”.

Sin embargo, el sargento no descartó que una salida negociada al conflicto sea la forma más adecuada de terminar con el dolor de las familias de los secuestrados que permanecen en la selva.

“La política negociada al conflicto es la más obvia, la más adecuada, la que deben aceptar los guerrilleros, la que el presidente Santos les está ofreciendo en este momento”, aseguró.

Además, Erazo agregó que los guerrilleros “viven aburridos”, y que es común que intenten fugarse o entregarse al Ejército, sin embargo advirtió que “son conscientes que si los descubren en el intento, serán sometidos a un consejo de guerra para posteriormente ser asesinados”.

Por otra parte, el exsecuestrado pidió a los colombianos que dejen la indiferencia, para que se sienta un rechazo universal a la guerrilla y a la violencia.

“Una cosa es contarlo y otra muy diferente vivirlo. Colombia no cree que hay secuestrados, que hay civiles, militares, policías y hasta niños en poder de las Farc. Colombia no cree eso y por eso la apatía. Por ahí está Herbin Hoyos haciendo caminatas, hay mucha indiferencia; las familias de los secuestrados están solas”, manifestó.

Recordó a sus compañeros muertos

El sargento Luis Alberto Erazo, quien se salvó de correr la suerte de sus compañeros, el sargento del Ejército José Libio Martínez y los integrantes de la Policía, coronel Edgar Yesid Duarte Valero, mayor Elkin Hernández Rivas e intendente Álvaro Moreno, recordó a los uniformados asesinados:

“Mi capitán Duarte era un hombre muy espiritual, dedicado a su familia en escritos, leía mucho la biblia, era un hombre muy educado. El teniente Hernández era un hombre muy alegre, muy ‘recochero’. Hincha ‘foribundo’ de Millonarios y recordaba mucho a su padre. Moreno quería salir rápido del cautiverio y ayudar a doña Mery a colocar una miscelánea y Martínez quería salir rápido para abrazar a su hijo y conocerlo”.

EL PARTE MÉDICO DE ERAZO

“El sargento Luis Erazo no presenta ningún rasgo psicótico, ha sobrellevado muy bien su cautiverio. Está en un estado postraumático y se le explicó la situación y pues obviamente está en un periodo de duelo porque perdió a sus compañeros, a sus hermanos. Él está siendo tratado por el personal que integra el equipo de salud mental del hospital y hemos detectado un avance muy positivo”, explicó la coronel Adriana Camero, directora del Hospital de la Policía.

Según el primer parte médico, Erazo, de 47 años, se encuentra en buenas condiciones generales. Por eso, tendrá el alta médica en aproximadamente tres días, una vez se le realice una cirugía dental y se conozcan los resultados de los exámenes para descartar enfermedades tropicales.

OPERACIÓN ERA DE BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, explicó que la operación que terminó con la muerte de los cuatro uniformados de la Fuerza Pública a manos de las Farc se dio en medio de una acción de “búsqueda y localización”.

Pinzón relató que desde hace 45 días tenían una información de la existencia de un grupo de guerrilleros en sur oriente del país y que había una posibilidad que estuvieran unos secuestrados.

“En la operación no encontraron nada y luego de la orden de extracción se encontró un camino y se ordenó inspeccionar, por lo que las tropas se acercan hacia las nueve de la mañana del pasado sábado y tiene un encuentro, por lo que se presenta un combate y luego se encuentra que fueron asesinados con disparos de gracia los secuestrados”, relató.

A ‘TIMOCHENKO’ LE CAERÁ LA FUERZA PÚBLICA

El sargento Luis Erazo aseguró no saber nada del nuevo comandante de las Farc, alias ‘Timochenko’, sin embargo, advirtió que hasta él llegará la Fuerza Pública.

“A ‘Timochenko’, en donde esté, allá le va a caer la fuerza pública. La fuerza pública llega hasta los infiernos”, puntualizó.

Erazo agregó que ve “próximo” el fin de las Farc y agregó que si ‘Timochenko’ “es un hombre sensato, inteligente, debe desmovilizarse, porque eso de matar servidores del Estado, porque los policías y los soldados pertenecen a la comunidad, hombre, eso no está bien. También caerá”.

SINVERGÜENZAS Y MENTIROSOS

Tras 12 años de cautiverio, el sargento de la Policía Luis Alberto Erazo Maya, calificó a la guerrilla de las Farc como una organización de “sinvergüenzas y mentirosos”.

El sargento describió que el grupo del Ejército que patrullaba el área no alcanzó a llegar a la zona donde estaban los secuestrados, por lo que aseguró que “no hubo cruce de disparos” entre la fuerza pública y la guerrilla, pero confirmó que a sus “compañeros los mataron a mansalva y sobre seguro” ya que “en días anteriores el comandante ‘Arturo’ nos dijo que ante disparos no debíamos correr hacia afuera sino hacia adentro, para que ellos nos protegieran”.

Sin embargo, a la hora de los disparos “se me olvidó la consigna y yo corro hacía afuera, pero mis compañeros sí lo hacen hacia adentro… se fueron hacia allá y los asesinaron”.

NO SE PUEDEN DESCARTAR LOS RESCATES

Pese a la trágica muerte de cuatro uniformados secuestrados a manos de las Farc, el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado, señaló que el rescate militar continua siendo “una herramienta válida y viable para devolverles la libertad a quienes permanecen cautivos por las Farc”.

Según el jefe del Ministerio Público, son comprensibles los cuestionamientos hechos por los familiares de los uniformados fusilados. “En estos momentos es muy difícil hacer un juicio de valor”, sin embargo dejó esta decisión en manos del presidente de la República, Juan Manuel Santos.

GOBIERNO NO CIERRA LA PUERTA AL DIÁLOGO, PERO INSISTIRÁ EN RESCATES

El vicepresidente Angelino Garzón aseguró ayer que el Gobierno Nacional seguirá ordenando rescates militares si ve la oportunidad, ya que el deber del Estado es proteger a la población de actos terroristas.

No obstante, insiste en que la puerta para la paz no está cerrada con llave.

“El Estado tiene que combatir judicial, militar y políticamente a las organizaciones armadas ilegales. Pero así como tiene esa decisión, tiene la voluntad de construir caminos de paz”, indicó.

 Fuente: Vanguardia.com


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Editorial: Iban a montar una patraña de negociaciones con las FARC

"La fallida operación militar que desencadenó uno de los crímenes más atroces que se hayan cometido en la humanidad en mucho tiempo, se presta a muy hondas reflexiones y replantea toda la política interna del país. No tenemos ninguna duda de que se estaba cocinando una conversación con las Farc, estaba prevista, si no estamos mal, para este mes de diciembre, con todo el aparato imaginable, y con toda la intención de convertirlo en un motivo de ficticia admiración de ciertos medios de comunicación y de ciertos grupos por el presidente de la República"

Escuche  audio aquí

Fuente: La Hora de la Verdad

Colombia: Declaraciones del Coronel (R) Luis Alfonso Plazas Vega y Gustavo Petro sobre el asalto y rescate del Palacio de Justicia

 Saque usted sus propias conclusiones sobre quién debería estar tras la reja y quién debería ser tratado como un héroe:

Registro histórico  co los principales protagonistas del asalto al Palacio de Justicia (por favor no lo llamen toma, fue un asalto criminal, cuando los bandidos entran a cometer delitos a un banco o una caja de ahorros, no es la toma de un banco, es un asalto a un banco).

Eche un vistazo a este vídeo en Youtube y observe, sobre todo, como Gustavo Petro es el

principal  testigo, y como utiliza  el “nosotros” cuando habla del sangriento asalto al Palacio de Justicia por el

M-19.

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Crisis Financiera: Una década para recuperarse de la crisis. Angela Merkel

Angela Merkel estimó que Europa se recuperará totalmente de la crisis financiera para 2021.

 

 

La canciller alemana, Angela Merkel, dijo que costará una década que la eurozona esté en una mejor posición y afirmó que queda mucho trabajo por delante para resolver la crisis de deuda soberana de la unión monetaria.

"Desde luego, costará una década hasta que volvamos a estar en una posición mejor", afirmó la canciller en su 'podcast' semanal. "Tenemos una buena porción de trabajo por delante, debo decirlo".

Merkel hizo estas declaraciones al día siguiente de que la eurozona no consiguiera obtener nueva financiación para sus planes de rescate en la cumbre del G-20 celebrada en Francia por parte de potenciales inversores como China y Brasil, mientras se esfuerza por superar la crisis de deuda.

La incertidumbre sobre los planes para hacer frente a la crisis persisten a pesar de la dimisión del líder griego, Papandreou y de las presiones que recibe Berlusconi por factores de la izquierda en su país.

Merkel dijo que toda Europa gastó en exceso durante años, pero acogió el hecho de que los países miembros de la zona euro acordaran contener la deuda, tal como lo hizo Alemania.

"Casi todos los países europeos han gastado en estos años más de lo que ganaban", aseguró.

 

Fuente: Swissnfo

Noticia relacionada: Merkel: eurobonos son respuesta "errada" a la crisis

 

 

 

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Argentina: Dictadura cubana proveerá el nuevo sistema de identificación de personas

La Presidenta de Argentina Cristina F.deKirchner y Raúl Castro

La presidente Cristina Fernández de Kirchner aseguró ayer en Casa de Gobierno, al presentar el Programa de Identificación Biométrica, que el desarrollo del sistema software es de bajo costo, por lo que la Jefa de Estado agradeció la colaboración prestada por la República de Cuba.

“Quería hacerlo obligatorio, porque sólo hay 10 millones de identificados. Pero temimos por el colapso del sistema. Se tendrá en un plazo de dos años a los 40 millones o más de argentinos identificados a través de la huella digitalizada y de su rostro biométrico, lo que es un salto cualitativo importante”, afirmó.

Asimismo, la mandataria sostuvo que se están distribuyendo en todas las maternidades los aparatos para realizar esa tarea; indicó que “el tráfico de menores es uno de los males de la época en todas partes” y puntualizó que “ello ayudará psicológicamente a que los padres sepan que el menor recién nacido es realmente suyo”.

Por otra parte, la Jefa de Estado subrayó que el sistema deja registrado al que ingresa a corroborar algún dato y subrayó que “ello no es una tontería o una cuestión menor”, a la vez que puntualizó que “eso es lo que, por ejemplo, hace la AFIP para proteger el derecho fiscal”.

El nuevo sistema de identificación dactilar y biométrica es un tema altamente sensible, no sólo para la seguridad sino para los derechos y garantías individuales. En su presentación del nuevo sistema, la presidente anticipó que, a los efectos de la incorporación de toda la población al nuevo sistema, más adelante será obligatorio el cambio del DNI por otro nuevo.

No aclaró el gobierno cuáles son los alcances de la colaboración cubana para la instalación del nuevo sistema y si existe un convenio o contrato entre nuestro Ministerio del Interior y Albet, la empresa de la isla que administra el sistema de identificación biométrica. Así las cosas, se abren interrogantes a partir del hecho de que el régimen cubano ha utilizado sistemáticamente estas tecnologías de seguridad como instrumento de penetración política y control de áreas críticas en los gobiernos de terceros países. Coincidentemente, en julio pasado, el gobierno de Hugo Chávez delegó en la cubana Albet los sistemas de identificación y documentación personal de Venezuela. Mediante este acuerdo, los Castro se garantizaron el libre acceso a las bases de datos de los ciudadanos. Aparte, esta intrusión de un régimen totalitario en el control de áreas sensibles del Estado venezolano implica también el pago de caras licencias por el uso de la tecnología cubana.

En términos políticos y como refiere la nota de reportero24.com que reproducimos, los cubanos, a través de la exportación de sus sistemas de identificación, se estarían asegurando un mayor control político de la situación en Venezuela.

La aparición ahora de un esquema de penetración similar -aunque más atenuado- en la Argentina, empieza a ser verosímil a partir de las palabras de la presidente. Hasta el momento, no se sabe en qué consiste la cooperación cubana en el futuro sistema de identificación y si existen cláusulas reservadas firmadas por los representantes de ambos gobiernos.

Fuente: Informador Publico (Argentina)

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Una estafa de “Derechos Humanos” en Colombia por r Mary Anastasia O’Grady

The Wall Street Journal

Mientras el movimiento de los indignados en Wall Street causaba revuelo sobre las maldades de la avaricia corporativa, un escándalo internacional de miles de millones de dólares estallaba el mes pasado en Bogotá, dejando al descubierto codicia y corrupción en el mundo de las "organizaciones no gubernamentales" (ONG) de derechos humanos.

La muerte por parte del ejército de Alfonso Cano, el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), podrá haber conseguido grandes titulares durante el fin de semana. Pero no espere que la historia sobre la ONG reciba mucha atención de la prensa. No encaja con la narrativa pre-aprobada sobre las virtuosas organizaciones, que supuestamente tienen una meta superior que obtener ganancias. Sin embargo, los registros mostrarán que Colombia ha sido estafada por un grupo de abogados de izquierda enmascarados como personas que hacen el bien en pos de los derechos humanos. Esto plantea preguntas serias sobre si las mismas tácticas

Esta estafa en particular se produjo en 2005, cuando la ONG colombiana Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR) llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, el caso de una "masacre" en 1997 en la población de Mapiripán. El Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR) sostuvo que 49 personas habían sido asesinadas por fuerzas paramilitares, y culpó a las Fuerzas Armadas colombianas. Afirmó que el ejército podría haber intervenido pero no lo hizo, y que las familias de las víctimas merecían una importante compensación del Estado. La corte estuvo de acuerdo. Los contribuyentes colombianos tuvieron que desembolsar unos 15.300 millones de pesos, o US$8 millones.

La semana pasada, un abogado del Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR)  admitió que la ONG se quedó con 7.000 millones pesos del dinero de ese arreglo. Nada mal para trabajo de caridad. Sin embargo, quedarse con la mitad de lo que les correspondía a los campesinos podría ser la menor de sus ofensas. Según la oficina del fiscal general de Colombia, una investigación reciente muestra que por al menos 36 de las llamadas víctimas aún están vivas o, si murieron, no fallecieron en Mapiripán. El fiscal general sostiene que la cantidad conocida de muertos en Mapiripán es de seis personas, y siete están desaparecidos. Estos descubrimientos conllevan la fuerte implicación de que el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se construyó sobre un fraude.

De ser así, el engaño no comenzó en San José. El Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR)  previamente había sostenido lo mismo en cortes colombianas y había tenido éxito. Esto no tuvo como consecuencia grandes sumas para los abogados y demandantes, pero sirvió para condenar a un general del ejército que ni siquiera era comandante de la región en ese momento, y estableció, según la corte, la culpabilidad del Estado por una masacre de dimensiones considerables. Entonces el Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR)  llevó esa sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde reclamó una compensación monetaria para las 49 víctimas.

Cabe anotar que un abogado del Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR)  afirma que la organización fue engañada junto con el estado colombiano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Fue una cadena de engaños", afirmó Rafael Barrios Mendivil durante una reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington hace 10 días. Pero es difícil creer que simples campesinos idearon este plan por su cuenta y engañaron a sofisticados abogados, al sistema legal colombiano y a la corte de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Por lo menos, una de las "víctimas", Mariela Contreras Cruz, cuenta una historia distinta.

Según informes de la prensa colombiana, Contreras, cuyo esposo fue asesinado por las guerrillas de las FARC, afirma que cuando fue contactada por el Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR)   por primera vez no estaba enterada de una demanda judicial en busca de compensación. Según entendía, la organización buscaba personas desaparecidas y encontrar a sus dos hijos desaparecidos era lo único que quería en ese momento. "Yo nunca dije que mis hijos estuvieran muertos, yo les dije que estaban desaparecidos". La mujer afirma que en su momento le dijo lo mismo al fiscal general de Colombia pero fue ignorada.

Contreras sostiene que recibió 1.751 millones de pesos en compensación para víctimas y dice que cuando eventualmente encontró a uno de sus hijos, lo llevó a ver un abogado del Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR). El abogado, afirma Contreras, le dijo que lo "dejaran así".

La revelación de que una supuesta masacre en Mapiripán fue inventada ha desatado indignación en Colombia. "Es una burla al Sistema Internacional de Derechos Humanos, que tanto hemos defendido", afirmó el presidente Juan Manuel Santos en los días posteriores a que se conociera la revelación. "Es triste que situaciones como estas, de avivatos que no pueden llamarse más que corruptos, minen la credibilidad del sistema", agregó.

Colombia ya ha pagado US$25 millones (Cincuenta mil millones de pesos colombianos) en 12 casos de ese tipo que perdió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante varias ONG. El ministro del Interior Germán Vargas Lleras advierte que el fraude en el caso de Mapiripán podría repetirse en otro lugar. "Si esto ocurrió en un caso tan sonado, no se descarta que comportamientos similares hayan tenido lugar en otras investigaciones".

De hecho, comportamientos similares están documentados. Como informé en esta columna en junio de 2001, se sabe que simpatizantes de las FARC practican la "guerra judicial" al lanzar acusaciones sobre violaciones de derechos humanos contra los militares. Manipular testigos y usar testimonios condicionados son comportamientos habituales.

¿Entonces por qué no se descubrió esto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Un problema es que los testigos pueden presentar su testimonio a través de un apoderado (aunque Contreras acudió a la corte) y en esos casos no hay interrogatorios. Cuando los militares colombianos están tan difamados internacionalmente por la propaganda de las Farc, la presunción de inocencia probablemente quedó perdida en el camino.

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FARC: Ojo con los planes que dejó Cano por Eduardo Mackenzie

El enorme triunfo político-militar que significa para el Estado y para la sociedad colombiana la muerte de Alfonso Cano no debe hacernos olvidar en qué contexto se dio la compleja operación Odiseo. Ésta ocurrió en medio de un impresionante repunte de las acciones guerrilleras de las Farc. Esa ofensiva  particular  logró propinarle a las fuerzas del orden duros golpes puntuales, sin que la inteligencia militar y las fuerzas armadas retrocedieran o cambiaran sus planes un solo momento. El éxito de la operación Odiseo se debe a esa firmeza aún en un periodo difícil.

El repunte de la acción de las Farc tenía (y sigue teniendo) tres características principales:

1. No es de alcance nacional. Se concentra sobre todo en unas zonas geográficas específicas del país (en tres departamentos con fronteras extranjeras –Nariño, Arauca y Norte de Santander--, y en departamentos de la vertiente sur–pacífico: Nariño y Cauca (sobre todo en las localidades de Corinto, Toribio, Caloto, Silvia, Cajibio, Jambaló y Suarez) y Putumayo (ataques al oleoducto Transandino y muerte de tres soldados cerca de Puerto Asís). Sólo en la última semana de octubre, emboscadas guerrilleras en varios lugares del país dejaron 23 militares muertos. En el primer semestre de 2011, las Farc llevaron a cabo 1.115 acciones armadas, lo que significa un aumento del 10% frente al mismo periodo en 2010. En ese año hubo 1.947 acciones armadas, una cifra levemente inferior a los 2.063 enfrentamientos registrados en 2002, cuando comenzó el primer gobierno de Álvaro Uribe y las Farc estaban en plena expansión. Dato colateral pero que no sobra: Marta Sáenz, gobernadora de Córdoba denunció, a finales de septiembre pasado, que en su departamento 409 personas habían sido asesinadas en sólo nueve meses, sobre todo por las Bacrim.

2. El repunte de la acción guerrillera-terrorista va acompañado de una serie de disturbios  aparentemente civiles y “sociales” que el universo fariano llama “acciones de masas”. Esa combinación efectiva de “formas de lucha” no es nueva pero había perdido impulso durante los dos gobiernos del presidente Álvaro Uribe. Las “acciones de masas” son movimientos generalmente violentos y muy estructurados donde un sector social es utilizado simplemente como masa de maniobra y de choque. Los movimientos actuales obedecen más a un plan estricto desestabilizador impulsado por las Farc y otros grupos armados, que a la espontaneidad y volatilidad de ciertas reivindicaciones sociales. Las Farc tratan por ese medio, que ellos abordan bajo la denominación de “trabajo de masas de las Farc”, de reimplantar formas de “presencia” y de control  violento en zonas perdidas por ellos en los últimos ocho años.

3. La intensificación de la guerra jurídica-judicial está destinada a minar la moral de combate de las Fuerzas Armadas, creando la sensación difusa de que cada acto de guerra contra las Farc, y de protección de la población, por más justificado que sea, puede convertirse, meses o años después, para militares y policías, en motivo de acusación  por “homicidio en persona protegida”, de destitución y cárcel. También está destinada a destruir la popularidad del ex presidente Álvaro Uribe (y  de sus ex ministros y consejeros). Esa guerra es un componente primordial de la ofensiva de las Farc. Ese “trabajo” específico, confiado a equipos y oficinas especializadas, hace parte central de los planes que había trazado Alfonso Cano para sacar a las Farc de la fase de postración y repliegue en que la dejó la política de Seguridad Democrática.

¿La muerte de Alfonso Cano deja automáticamente sin vigencia esa configuración? Probablemente, no. Esa muerte tendrá, desde luego, un impacto negativo fuerte, a corto y mediano plazo, sobre el repunte de las emboscadas. De hecho tras la muerte de Cano, las fuerzas armadas propinaron duros golpes a las Farc en otros departamentos, sobre todo en Vichada y Meta.

La muerte de Cano frenará la ofensiva  de las Farc pero no necesariamente afectará el frente de las “acciones de masas”, ni los dispositivos de guerra jurídica. “Hay una política trazada y esa es la que se continuará”, dijo con no poca claridad el más reciente mensaje firmado por el “secretariado del Estado Mayor Central de las FARC”. (El Tiempo, 5 de noviembre de 2011).  Esa frase es la más importante de ese comunicado.

Las peculiares aristas de la estrategia de Alfonso Cano podrían incluso ganar extensión y radicalidad si el Gobierno sigue con su línea de ignorar o subvalorar esos fenómenos y de tratarlos como algo residual y folclórico. El Estado debe reconocer que la guerra jurídica existe y debe tomar medidas concretas y crear dispositivos para desenmascarar a los actores y ponerlos en manos de la justicia. Pues esa guerra es tan ilegal y criminal como la que se hace con emboscadas y minas antipersonas.

La artificialidad de ciertas luchas “sociales”, como las “protestas de campesinos” y de “indígenas” en Caloto, donde bloquearon las vías que comunican  el Valle con el Cauca en los días anteriores al desenlace de la operación Odiseo, es muy evidente. Sin embargo, el gobierno parece ser miope ante lo que está sucediendo en ese sector.  El “trabajo de masas” de las Farc está, sin embargo, en auge. Está detrás de fenómenos como los “paros armados” que buscan intimidar a la población en Arauca, en los disturbios en algunas minas de Nariño (Mazamorras), en los incendios y amenazas de grupos de agitadores armados; en los atentados a bala  contra carrotanques que transportan crudo en Caquetá, en los disturbios en la Pacific Rubiales de Puerto Gaitán, Meta, es decir en una región petrolera clave del país, donde está el 47% de la producción petrolera nacional. Allí se ha visto la irrupción de provocadores y encapuchados violentos, sobre todo en los campos de Rubiales y Quifa (donde se extraen 225 000 barriles diarios).  Iguales métodos están siendo utilizados para llevar el paro a fincas productores de palma, en el Magdalena Medio.

A todo eso se suma la reaparición de milicianos vestidos de civil en numerosas localidades, sobre todo en Caquetá y Guaviare, donde la población vuelve a sentirse desamparada. La huelga que paraliza universidades públicas y privadas,  con estudiantes de secundaria y hasta del Sena, con encapuchados,  explosivos, destrozos, heridos y hasta con un muerto,  hace parte de la misma ola subversiva, aunque no todos los jóvenes que salen a la calle sean agitadores ni subversivos. Sin embargo, ellos están siendo utilizados. Las Farc pretenden forjar en sectores juveniles una “vanguardia” incontrolable y mejorar su sistema de reclutamiento en las ciudades.

Todo ello pone al desnudo la orientación compleja que Alfonso Cano había puesto en marcha. Esa fue su última interpretación, bastante hábil por cierto, del viejo instrumento fariano de la “combinación de todas las formas de lucha”.

El Gobierno debería ofrecer una respuesta concertada y simultánea a esos tres desafíos, y no sólo a uno. El restablecimiento pleno y total del fuero militar debería ser  la justa respuesta inmediata y práctica ante el acto heroico culminado en el Cauca por la brillante operación  Odiseo, en la que  numerosos combatientes de la fuerza pública perdieron la vida.

El restablecimiento del fuero militar y el estímulo a organismos encargados de la defensa jurídica de los militares, podría ser un primer paso, de fuerte connotación simbólica,  hacia un esfuerzo serio de contención de la campaña psicológica contra los mandos y las bases militares por la vía de las falsas acusaciones, de los procesos trucados con testigos y pruebas hechizas, con agitación internacional y con sentencias humillantes proferidas por cortes internacionales politizadas.

La confrontación podría agravarse si no se ataca a fondo la estrategia combinada de las Farc. La vía es, también, impedirle a las Farc inmiscuirse en la lucha social, la cual es, en sí, legítima. Las Farc y sus aparatos no tienen nada que hacer en ese terreno. Se debe avanzar hacia el desmantelamiento definitivo de las estructuras terroristas que ensangrientan el país, sean las que sean, Farc, Eln, Bacrim, etc. Lo urgente es impedir la reorganización de la dirección central de las Farc. ¿Qué relevancia puede tener en ese contexto saber quien reemplazará a Cano en la jefatura de las Farc? ¿Qué diferencia hay entre un  Iván Márquez y un Timochenko? Lo importante está en otra parte. En saber cómo quebrar los planes dejados por Cano,  en incrementar la deserción y ampliar el desorden entre cada componente de las Farc, en cortar el flujo de narco dólares, armas y explosivos dentro de esas estructuras, en frustrar los golpes vengativos que algunas comisiones y frentes están preparando contra las fuerzas armadas, contra la clase política y contra la sociedad civil y en relanzar la cooperación entre la ciudadanía y las fuerzas del orden.

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Colombia: Ganó Petro ¿Qué ganó Bogotá? Por Eduardo Mackenzie

Eduardo Mackenzie

Francamente, ¿quién puede creer que una ciudad de nueve millones de habitantes, con un presupuesto de 17 billones de pesos, donde reside el centro político, industrial y cultural más importante de Colombia,  podrá ser  dirigida eficazmente por un hombre sin la menor experiencia administrativa,  por el caudillo de un movimiento izquierdista y sectario que fue votado, el pasado 30 de octubre,  únicamente por 600 934  personas?  

Lo que acaba de ocurrir en Bogotá es un muy mal signo para el futuro de Colombia. 

¿Cómo aceptar el hecho de que Bogotá haya conferido esa dignidad a alguien que ha sido, durante más de dos décadas, uno de los políticos más opacos y nebulosos del país, pues en todos esos años él logró ocultar, tras innumerables cortinas de humo, casi todo su pasado político y, sobre todo, sus actuaciones clandestinas al servicio del M-19, y ha logrado aparecer, finalmente, como el héroe candoroso de un supuesto “socialismo democrático” latinoamericano?   ¿Cómo calificar el hecho de que Bogotá ha elevado al cargo de alcalde mayor a un hombre que tiene sangre en las manos?

Aunque amnistiado y con buena prensa, Petro tiene un prontuario criminal que lo seguirá siempre. En años anteriores, Bogotá había elegido dos alcaldes de la corriente de Petro.  Ambos cometieron graves errores y defraudaron a la ciudad. Los índices de corrupción alcanzados por la alcaldía de Samuel Moreno Rojas es  una aberración atribuible sobre todo al partido de Petro. Sin embargo, ninguno de ellos había tomado las armas para matar a otros colombianos. Petro lo hizo y pagó cárcel por eso. Petro nunca se arrepintió de manera clara de su pasado guerrillero. Así pues, alguien que militó en uno de los movimientos terroristas más sangrientos del país tomará las palancas de la ciudad el 1 de enero de 2012.  

¿La elección de Gustavo Petro Urrego como alcalde de Bogotá es algo más que el resultado de una votación?  Puede ser la operación más audaz del M-19 contra el sistema político, más incluso que el infernal asalto contra el Palacio de Justicia en 1985 y los procesos judiciales inicuos contra los héroes defensores del Palacio. Por una razón: porque esta elección  es, para Petro, únicamente un trampolín para tallarse una imagen de presidenciable, y porque esta vez esa operación aparece como algo muy legal, muy legítimo e irrefutable.

Estamos ante un éxito del M-19. Un M-19 desarmado existe desde marzo de 1990 bajo diferentes ropajes y nombres: Alianza Democrática, Frente Social y Político, Polo Democrático, y ahora Partido Progresista. Todos esos grupos son lo mismo, un mismo programa, una misma doctrina. ¿Dónde está la evolución ideológica de ellos? Eso no existe. Ese grupo es la respuesta a una misma promesa: la de Carlos Pizarro quien en 1988 advertía que el M-19 debería “ser gobierno”. Ese aparato salido de las entrañas de las FARC, que en su época logró hacerle creer al país que era una guerrilla “juvenil” y “nacionalista”, sigue hoy su marcha bajo ropajes civiles, pero con los objetivos de siempre: desbaratar la democracia y desmantelar el sistema capitalista. Todo bajo un juego de  disimulación y camuflaje de alcance estratégico.

¿Cuál es la hoja de servicios de Petro a la ciudad, al país? Su periodo como senador él lo aprovechó para saciar una doble pasión: tratar de destituir al presidente Álvaro Uribe y ponerle zancadillas a la política de Seguridad Democrática. Su fracaso fue estruendoso.  Su triunfo de hoy reviste, pues, la forma de una revancha. ¿Qué frutos podrán nacer de ese terreno tan árido?

Petro fue elegido por una minoría. Sólo el 32% de quienes votaron en la capital de la República lo hicieron por él. El resto, el 68% de los votantes que se movilizaron el 30 de octubre, querían otro alcalde.

Eso quiere decir dos cosas:

a) que Bogotá no es una metrópolis que ha virado hacia la izquierda, ni a la extrema izquierda. Sin embargo, tendrá que soportar las decisiones y políticas de una corriente minoritaria que no recoge el querer de las mayorías.

b) que el sistema actual, para la elección de alcaldes y de gobernadores, es pésimo pues no contempla la posibilidad de una segunda vuelta. Ello permitió que la minoría mayor, no la mayoría (absoluta o relativa) de los votantes, adquiriera el control de la ciudad.

Ese sistema electoral, que ha permitido al minoritario Polo Democrático controlar la administración de la ciudad, no es plenamente democrático y está mandado a recoger. Hay que dotar al país de un sistema de dos vueltas para las próximas elecciones de alcaldes y de gobernadores. No hay otra manera para lograr que las autoridades que sean elegidas sean, también, representativas.

Si en la  primera vuelta no aparece un candidato respaldado por la mayoría de votantes, sólo una segunda vuelta puede darle a alguien una representatividad inobjetable. Es lo que se hace en otras grandes democracias. Sin una segunda vuelta las alianzas políticas, algo totalmente legítimo, pierden interés. Pues si una minoría mayor se impone en una sola vuelta, los lideres y fracciones que quieran sumarse a ella para gobernar la ciudad lo harán no por afinidades de ideas sino por un interés particular. Ese tipo de gestión municipal tiene un nombre: “chambonear” (para no utilizar otra palabra).  ¿Es eso lo que le espera a Bogotá ante temas  fundamentales como la Salud, la Educación, el Mínimo Vital,  el Metro,  el Sistema Integrado de Transporte Público y el nuevo aeropuerto de El Dorado?

Gustavo Petro no estaba habilitado para ser candidato. La tradicional debilidad institucional de Colombia, y el laxismo del Consejo Nacional Electoral,  jugaron a favor de esa candidatura. La inhabilidad de Petro es un hecho.  Ese candidato fue capturado en octubre de 1985, juzgado y condenado a 18 meses de cárcel. Esa condena se cumplió. “Petro salió de la cárcel después de 16 meses de sufrir pena privativa de la libertad por decisión judicial. Que es exactamente lo que produce la inhabilidad que describe el artículo 179 de la Constitución, y que por una migración normativa se aplica a quienes pretendan la dignidad de alcalde de Bogotá”, explicó el jurista y ex ministro de Justicia, Fernando Londoño Hoyos. Este precisó algo muy importante: “El perdón a los del M-19 no cubrió el delito anterior de Petro [pues el delito de octubre de 1985] nunca fue declarado delito político”. (El Tiempo, 7 de septiembre de 2011)

El hecho de haber “ganado” la elección de Bogotá no exime a la justicia de estudiar de nuevo la legalidad de esa candidatura. Las mayorías bogotanas no deberían olvidar ese punto. Tampoco se debería perder el hilo del problema de la financiación de la campaña de Gustavo Petro. La periodista Cecilia Orozco Tascón, para nada sospechosa de simpatías uribistas, dijo que jamás votaría por Gustavo Petro (El Espectador, 25 de octubre de 2011) pues entre los mayores financiadores de esa campaña hubo “empresas y empresarios extraños”: Tramsar le donó a Petro 111  millones de pesos, Pilastro Ingeniería y Construcción le dió 64 millones de pesos y  los señores  Jorge y Gustavo Escaf le aportaron 115 millones de pesos. Esos aportes  constituyeron el 25% de los recursos de esa campaña. “Nada tranquilizador” concluye la periodista.

Hay que decirlo: en esas condiciones, el triunfo de Petro hace parte de las anomalías que rodearon las elecciones regionales y municipales del 30 de octubre, donde una veintena de motines y asonadas (con heridos y muertos) afectó la pureza del sufragio en varias regiones. Según la Ong Misión de Observación Electoral, 41 candidatos fueron asesinados durante la campaña, 87 fueron amenazados, 22 sufrieron atentados, 7 fueron secuestrados. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) estimó que las bandas criminales habían estado presentes  “en 347 municipalidades de 31 de los 32 departamentos”. Hubo pues un regreso de la violencia preelectoral y paramilitares y guerrillas  hicieron de las suyas para imponer su gente. Lo de Petro es otra extravagancia más de esa jornada.  Hay que reflexionar sobre eso.

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