miércoles, 29 de agosto de 2012
jueves, 23 de agosto de 2012
Colombia - FARC: Negociación secreta: las pruebas están ahí Por Eduardo Mackenzie
Negociación secreta: las pruebas están ahí
Por Eduardo Mackenzie
Pese a los desmentidos del ministro de Defensa, las dudas persisten sobre las misteriosas negociaciones secretas entre las Farc y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Pues los desmentidos oficiales son ambiguos. El ministro Juan Carlos Pinzón, por ejemplo, dice que él no ha autorizado esas negociaciones. Claro que no. El no las ha autorizado. Pero nadie le reprocha eso al ministro. Quien podría haberlas autorizado es el jefe del ejecutivo, el presidente de la República en persona, y ninguno de sus subalternos.
Tenemos pues una respuesta de Pinzón que no se centra sobre las afirmaciones del ex presidente Uribe. Este no acusa al ministro de Defensa. El afirma que Santos es quien ha emprendido o está buscando esas negociaciones en Cuba.
En esta controversia hay que ser exactos. Pues algunos voceros del oficialismo están dando respuestas inadecuadas, y le están reprochando al ex presidente Uribe afirmaciones que él no ha hecho. En su entrevista del 20 de agosto con Diana Calderón, de Radio Caracol, Álvaro Uribe criticó al gobierno de Santos por “dar señales de preferir una negociación con las Farc a tener una política de seguridad”. Uribe no acepta, con razón, que Santos pretenda “negociar sin exigirles a las Farc un cese de sus acciones criminales”. El ex presidente estima que “por buscar el diálogo [Santos] ha debilitado la política de seguridad”.
Por otra parte, Uribe no acusa a generales activos de estar mezclados a la ventura secreta en Cuba. El ex presidente repitió seis veces la palabra “ex generales” (generales en retiro) en su conversación con Diana Calderón. Sin embargo, algunos medios dijeran que Uribe estaba acusando a “militares activos” de estar en eso. Bajo tal presión, el ministro Pinzón respondió que “no existen generales activos desarrollando algún proceso como el que se mencionó”, y que él ordenará “la exclusión de las Fuerzas de quien pretenda hacerlo”.
De lo que no se habla es de lo importante: Uribe cuestionó de frente, en esa entrevista, el papel que estaría jugando en las maniobras de negociación, o hacia una negociación secreta con las Farc, el propio hermano del Presidente, el periodista Enrique Santos Calderón. También acusó de lo mismo al asesor de seguridad del jefe de Estado colombiano, Sergio Jaramillo.
Ante ese punto el silencio de los medios, y de los interesados, es total. ¿Por qué? Cada día que pasa sin que esos dos personajes respondan francamente a la revelación hecha por el ex presidente Uribe consolida la hipótesis de unas negociaciones secretas con las Farc en alguna parte del globo.
Yo hago parte de los que creemos que Álvaro Uribe está actuando de manera patriótica y plenamente justificada en este debate. Pues los elementos que dejan presentir la existencia de un diálogo secreto, incipiente o no, con las Farc, están sobre la mesa, aunque algunos no quieran verlos. La mayor prueba de que hay algo en curso es, por un lado, la misma desenfrenada ofensiva terrorista actual de las Farc y, del otro, la estrategia de las Fuerzas Militares de responder a éstas golpe por golpe sin recuperar la iniciativa y desarrollar un plan ofensivo vasto e integral.
Los colombianos sabemos que la banda narco-terrorista desata sus más feroces y demenciales ataques cuando el Gobierno entra en diálogo con ella o cuando envía señales de que quiere negociar y ceder ante ellas. La negociación (que ellas y sus interlocutores presentan como “de paz”) va siempre acompañada de acciones sistemáticas de guerra, de brutales atentados y de un exceso de propaganda. Es una ley que aplican todos los extremistas del mundo cuando el adversario estatal acepta negociar. Para ellos toda negociación es un medio para obtener lo que no han conseguido en la guerra: la derrota del Estado. Las Farc no son una excepción. Ellas han aplicado esa línea durante más de 50 años.
A los actuales golpes de las Farc se suma la actividad abierta de los agentes políticos de éstas, la esclavización de amplios sectores indígenas del suroccidente colombiano, el uso de los indios nasa (o páez) para tratar de desalojar el Ejército del norte del Cauca, y la tentativa de extender ese modelo al Tolima y al Huila. Y algo muy curioso: según el analista Jhon Marulanda todo eso parece dirigido “desde la frontera con Ecuador”.
Nadie ha olvidado que durante la farsa de las negociaciones en el Caguán, y mientras todo transcurría entre sonrisas y abrazos con el presidente Andrés Pastrana, las Farc montaron una operación destinada a tomarse Bogotá por las armas. A comienzos de julio de 1999, seis meses después de iniciados los “diálogos”, una columna de 500 hombres, salió de la zona desmilitarizada y avanzó hacia la capital. Las Fuerzas Armadas los pararon una semana después en Gutiérrez (Cundinamarca) pero los combates con fragmentos de esa columna duraron una semana más. El balance de ese episodio fue terrible. Cerca de 300 guerrilleros (entre ellos muchos menores) perecieron y 40 soldados y 31 policías ofrendaron su vida para salvar al país. A tales desgracias se ve abocada Colombia cuando gobiernos irresponsables caen hipnotizados ante las Farc y sus promesas de “salida negociada del conflicto”.
En enero de 2002, al final de los diálogos del Caguán, Raúl Reyes ordenó una serie de explosiones en Bogotá y la destrucción de la represa de Golillas. Sus hombres fracasaron pero arruinaron con dinamita una parte de la gran válvula. Reyes quería inundar a Bogotá y, de paso, a Villavicencio, para forzar a Pastrana a concesiones aún más extremas. ¿Quién puede olvidar que tras el fracaso del Caguán las Farc siguieron exigiendo la desmilitarización de dos departamentos, Caquetá y Putumayo (una región más grande que Portugal) donde tenían los mayores cultivos de droga?
El llamado “Marco para la Paz” es otro indicio que refuerza la hipótesis de la negociación secreta en Cuba, o en cualquier otro país. Esa nefasta reforma constitucional, impuesta a rajatabla por Santos con la ayuda del senador Roy Barreras, parece salida de la cabeza de Minerva. Santos jamás prometió algo parecido en su campaña electoral. ¿De dónde viene ese texto? Como el misterio es total no quedan sino dos posibilidades: o es el resultado de una negociación, o es un anzuelo para abrir esa negociación.
Si es un anzuelo es un poderoso anzuelo. Esa reforma garantiza no sólo la posibilidad de que esos criminales redomados se puedan presentar en elecciones y convertirse, mediante el voto popular, en parlamentarios, gobernadores, alcaldes y presidentes sino que les garantiza a todos ellos, sobre todo a los jefes, la impunidad de sus crímenes, incluyendo los crímenes de lesa humanidad. Y eso por una razón: la Justicia Transicional, la inspiradora del “Marco para la Paz”, es una justicia absurda. El postulado central de la Justicia Transicional, y del llamado “Marco para la Paz”, es hacer prevalecer la noción de “reconciliación” por encima de todo, de las nociones de derecho, como sanción, justicia, reparación y del mismo derecho humanitario internacional.
Es una “justicia” que favorece a los violentos pues la paz es la primera y la última de las nociones vulneradas. Los países africanos y centro americanos que adoptaron esa extraña “doctrina”, repudiada por las grandes democracias, no alcanzaron ninguno de los objetivos buscados: tras acoger esa “solución”, esos países cayeron en nuevos ciclos de violencia e inseguridad. Y jamás hubo reconciliación entre los terroristas y sus víctimas.
La responsabilidad del presidente Santos es inmensa. El temor de que se esté negociando en Cuba el destino de Colombia no fue creado artificialmente. El retroceso en el ritmo y orientación de la lucha antisubversiva, el desmonte del esquema uribista que había reducido las Farc a un cascarón sin substancia, favoreció el repunte de éstas y de las Bacrim, y el aumento brutal de sus acciones anticolombianas dentro del país y en Latinoamérica.
¿El reajuste ministerial que Santos anuncia en el peor momento de la crisis de seguridad del país servirá para salir del impase si ese reajuste no es el resultado de un reconocimiento sincero de que se cometieron errores estratégicos que la fuerza pública, las instituciones, la economía, la infraestructura y la sociedad en general están pagando muy caro?
"Si el gobierno dice que no es así yo sería el primero en rectificar", declaró en estos días el ex presidente Uribe. ¿Por qué el presidente Santos no aclara de una vez todo al respecto? ¿Qué desmentido ha dado Santos a la afirmación alucinada de uno de sus ministros en el sentido de que las acciones de las Farc no afectan la economía del país?
La investigación del atentado en Bogotá del 15 de mayo de 2012 contra el ex ministro y periodista Fernando Londoño Hoyos, donde murieron dos de sus escoltas y más de 40 personas fueron heridas, no ha avanzado ni ha generado una sola captura. ¿No es eso una señal adicional de debilidad antes las Farc? ¿Quién podría negarlo?
Si las Farc no han acogido todavía el “Marco para la Paz” es porque quieren eso y mucho más. Sus acciones armadas dibujan una zona enorme que esperan que Bogotá ordene despejar: los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo y Caquetá donde ellos tendrían plena autonomía para hacer sus tráficos. ¿Impensable? No. Eso es lo que Alfonso Cano quería en sus momentos de mayor euforia. Timochenko no está pidiendo menos. Para él todo es negociable.
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jueves, 9 de agosto de 2012
Hugo Chávez: Un hacker argentino habría diseñado una red de espionaje para el chavismo
Un ciberpirata argentino arrestado en España ayudó al presidente Hugo Chávez a instaurar una sofisticada red de espionaje electrónico para monitorear los pasos de líderes de la oposición, periodistas independientes y cualquier ciudadano considerado como una potencial amenaza para la revolución bolivariana.
Matías Bevilacqua, un ingeniero informático de 36 años, estuvo entre las 135 personas arrestadas en mayo por su participación en la denominada Operación Pitiusa, en la que datos confidenciales de ciudadanos y empresas españolas eran robados y posteriormente vendidos para la elaboración de informes.
Pero Bevilacqua, quien según la investigación bajaba correos electrónicos para una de las detectives que se encuentran al centro del caso, también tenía otro importante cliente: el gobierno de Chávez, reportó el diario ABC, citando “fuentes conocedoras de la trama”.
“El hacker imputado en la Operación Pitiusa ha puesto en marcha un proyecto de seguridad informática para el ejecutivo de Hugo Chávez”, informó el diario español.
Al ser consultado por el diario sobre la naturaleza de los trabajos que realizó para Venezuela, Bevilacqua respondió lacónicamente: “Nunca hablamos sobre nuestros clientes”.
Bevilacqua es director tecnológico de CF Labs, empresa dedicada al diseño y operación de “laboratorios forenses”, centros de investigación normalmente empleados por los organismos de seguridad para examinar y realizar los análisis del contenido de las computadoras.
En el caso de CF Labs, la empresa estuvo entre las tres contratadas por el gobierno venezolano para la construcción de sus laboratorios forenses y el equipamiento tecnológico del Sistema Nacional de Gestión de Incidentes Telemáticos VenCERT, explicó Anthony Daquín, exasesor de seguridad de la Comandancia General del Ejército de Venezuela.
“CFLabs hizo la transferencia de conocimiento, vendió las herramientas, vendió el software, capacitó al personal venezolano”, explicó Daquín en una entrevista telefónica.
“Ahora los centros son operados por cubanos y venezolanos, por personal vinculado a los organismos de seguridad”, sostuvo.
Si bien los laboratorios forenses son empleados alrededor del mundo en las investigaciones delictivas, en Venezuela se dedican a espiar las actividades de sus ciudadanos. En especial aquellos que han manifestado su abierta oposición a los planes de instaurar un régimen socialista en el país.
“Ellos necesitan ir con un pie adelante con la información”, comentó Daquín. “Esa es la manera como siempre terminan ganando y humillando a la oposición. No utilizan el termino hackear, que es el término de una actividad ilegal, pero cuando hablas de laboratorio forense, de investigación electrónica forense, tienes la autoridad legal para poder intervenir las cuentas de correo de la gente”.
Y aparentemente han hecho buen uso de esa autoridad.
Según un documento de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), de Venezuela, obtenida por El Nuevo Herald, son miles los correos electrónicos pertenecientes a venezolanos interceptado por los organismos de inteligencia chavista, quienes tienen acceso a las direcciones, las claves secretas y hasta los números de Protocolo de Internet (IP) de las computadoras.
Una parte significativa de los correos intervenidos que aparecen en la lista pertenecen a activistas, periodistas, militares, diplomáticos venezolanos en el extranjero y conocidos líderes de oposición, incluyendo a los dirigentes de la oposición Antonio Ledezma, Oswaldo Álvarez Paz y María Corina Machado.
En la lista también aparecían los correos de militares retirados y personalidades venezolanas que viven en Miami.
Es una práctica que ha estado aumentando con el correr de los meses. Y no están limitadas a los correos de aquellas personas que se encuentran en el país, dijo José Antonio Colina, presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex).
“Esto es acoso. Es una manera del gobierno de ampliar su control sobre la población. Eso es algo que data desde hace ya bastante tiempo, pero últimamente se ha venido incrementando esta medida de hackear los correos electrónicos, estos métodos de espionaje del Estado sobre la población”, dijo Colina, quien añadió que una de sus cuentas personales había sido interceptada hace tan sólo unas semanas.
La guerra electrónica no sólo se limita a la intervención de correos electrónicos. Los administradores de sitios privados de internet que normalmente publican artículos o información contraria al gobierno de Chávez frecuentemente son blanco de ataques cibernéticos.
Según el diario español, Bevilacqua jugó un importante papel en VenCERT, entrenando a su personal e incluso dictando talleres sobre la informática en Venezuela.
Entre el personal entrenado se encontraban expertos egresados de la prestigiosa Universidad Simón Bolívar, agregó Daquín.
Precisó que la población desconoce el grado en que las comunicaciones a través de internet están penetradas en Venezuela, señalando que toda interacción por esta vía pasa a través de una sola empresa, la estatal CANTV.
“Todas las comunicaciones son a través de un solo proveedor del servicio, a través del mismo filtro, y es allí donde todo es interceptado. Ellos, en la CANTV, están en capacidad de interceptar cualquier cosa si conocen el perfil de la persona”, advirtió.
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