Extrema izquierda y extrema derecha: idéntico combate por Eduardo Mackenzie

 Extrema izquierda y extrema derecha: idéntico combate por Eduardo Mackenzie

 

Hace dos días, Bruno Gollnisch, eurodiputado del partido de extrema derecha francés Frente Nacional, reveló que él había votado contra los acuerdos sobre la exportación de banano entre Colombia, Perú, América Central y la Unión Europea, aprobados por el Parlamento Europeo el 11 de diciembre de 2012.

Ello muestra que la extrema derecha francesa, en los escenarios internacionales donde están en juego los intereses de Colombia, vota como  votaría la extrema izquierda colombiana.

Dicho de otra forma: la extrema izquierda colombiana coincide con la extrema derecha francesa cuando se trata de atacar los intereses económicos vitales de Colombia.

Desde 2007, cuando comenzaron las negociaciones entre Colombia y la Unión Europea, esa extrema izquierda hizo todo lo posible para impedir la culminación exitosa de ese acuerdo comercial.  Activistas de esa corriente viajaron al Viejo Continente para inundar los medios de mentiras sobre Colombia  y su gobierno y para ejercer una presión directa sobre los eurodiputados.  Ellos habían hecho lo mismo en Estados Unidos cuando se discutía un acuerdo similar con Washington.

Financiados no se sabe cómo, esos grupos organizaron ruidosos micro-mítines en varias ciudades europeas, y ante la sede del Parlamento Europeo, para exigir el hundimiento del tratado con Colombia.  A pesar del apoyo que les brindaron los partidos verdes,  los “altermundialistas” y otras sectas trotskistas, ellos fracasaron. Y ese fracaso fue doble. Los eurodiputados votaron finalmente los dos informes Leichtfried  (486 votos a favor, 147 en contra y 41 abstenciones) y los únicos que terminaron creyendo las mentiras fueron gente poco recomendable como Gollnisch y los eurodiputados verdes que le tienen un odio feroz a Colombia. Pero esa es otra historia.

El argumento de Bruno Gollnisch es que esos acuerdos “no tendrán los efectos miríficos anunciados para las empresas europeas, incluso si los accionistas  se benefician”.  Y que  “el impacto sobre el empleo [le] parece dudoso”. En su página web (1), Gollnisch se declaró enemigo del libre-cambio y de la finanza. Conclusión: la extrema izquierda colombiana, en materia de economía, libre cambio y finanzas, piensa lo mismo que ese dirigente del Frente Nacional.

Aunque se muestra como “progresista”, la extrema izquierda colombiana tiene más puntos de convergencia con la extrema derecha europea que con otras corrientes políticas y es capaz de gastar millones fuera de Colombia para tratar de quebrar los intereses económicos de su país como intentan hacerlo las formaciones nacionalistas y reaccionarias europeas.

Bruno Gollnisch pretende que los acuerdos entre Colombia, Perú y América Central y la Unión Europea “perjudicarán” a los productores de banano de Martinica y Guadalupe.

Por eso el votó únicamente en favor de la clausula de estabilización que permite,  teóricamente, suspender la reducción de la tasa de aduana, o hacer una alza de esa tasa, si las importaciones de banano causan perjuicios graves a los productores europeos.

Es cierto que a algunos productores franceses les gustaría establecer un monopolio del banano en Europa y sacar a los colombianos y a los latinoamericanos de ese mercado.  Por eso es que los mamertos, que  fabrican mentiras para que Colombia tenga dificultades para exportar sus productos, trabajan objetivamente, quiéranlo o no, por los intereses de los productores europeos, y no por los trabajadores de Colombia, a pesar de sus aburridas soflamas en ese sentido.

¿Esa complicidad objetiva  explica por qué los mamertos tienen el dinero que quieren para viajar a Europa y Estados Unidos, para comprar falsos testimonios, hacer filmes mediocres y pagar toda suerte de artilugios de propaganda contra el buen nombre de Colombia?

El banano es uno de los productos que la UE más importa de los citados países. Sobre todo respecto de Colombia y Costa Rica. El acuerdo también beneficiará a los productores de Perú, Panamá, Honduras y Guatemala.

Gracias al acuerdo, el nivel máximo de exportación de banano previsto para Colombia en 2019 podrá llegar a las 1.900.000 toneladas, es decir el doble de las exportaciones actuales. Para Costa Rica  el tope será  de 1.500 000 toneladas, cuando el volumen en 2010 no superó las 800.000 toneladas.

Eso no es todo. La prensa colombiana estima que “el 99,9 % de los bienes industriales”, dentro de los cuales se destacan productos de la pesca, productos químicos, plásticos y sus manufacturas, cueros, textiles y confecciones, calzado, “podrá gozar de un acceso sin arancel”.  Y que nuestros bienes agrícolas y pecuarios como el azúcar y productos azucarados, etanol y biodiésel, carne bovina, flores, frutas, hortalizas, café y sus preparaciones, aceite de palma y tabaco, “tendrán acceso inmediato”.

El editorial de El Mundo, de Medellín, del 12 de diciembre pasado, explicó cuán importante es para Colombia ese acuerdo: “La desgravación de nuestro comercio con los 27 socios europeos tiene una trascendencia enorme, hasta el punto de que según cálculos de Planeación Nacional el Acuerdo podría implicar por sí solo un crecimiento de 1,5 del PIB. En 2011, Colombia exportó a la UE US$8.800 millones y fue el segundo mercado de destino de nuestras exportaciones (15,6 %), después de los EE.UU. (38,1 %). En el mismo año, el país fue para la UE el primer proveedor de claveles, el segundo de banano y el cuarto de carbón. Nuestra balanza es ampliamente favorable, pues las importaciones de la UE en 2011 fueron de US$7.400 millones, siendo nuestro tercer proveedor (13,7 %), después de EE.UU. (24,9 %) y China (15 %)”.

Sólo los fanáticos que están interesados en que no haya desarrollo agrícola, para que la pobreza siga siendo invocada como pretexto para la violencia, pueden estar contra ese acuerdo. 

En un video (2) que fue enviado a los europarlamentarios poco antes de la votación, el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, difama a los productores de banano colombianos al presentarlos como “paramilitares”.   Dos activista del Movice (“movimiento de víctimas de crímenes de Estado”), que dirige el representante Iván Cepeda, aseguran que el paramilitarismo es una consecuencia del “desarrollo neoliberal”, que éste le va a quitar la tierra a los campesinos, y que el Ejército colombiano “asesina a los jóvenes de los movimientos sociales”. No olvidaron decir que el acuerdo entre Colombia y la UE “va a crear zonas liberadas bajo el control de las multinacionales donde el Estado no podrá ingresar”.

Ese sartal de mentiras culmina con las gesticulaciones de un tal Paul-Emile Duprez quien subraya que “los sindicatos de Colombia y los sindicatos europeos están contra el acuerdo” pues éste “beneficiará únicamente a los inversionistas europeos y a las multinacionales”.

Resulta irónico que los grupos que montaron esa campaña de intoxicación para oponerse a la paz y al desarrollo económico de Colombia son los mismos que están impulsando hoy en Bogotá un curioso “foro agrario” donde tratan de imponer la visión que tienen las Farc de la  agricultura y del comercio internacional colombiano.

(1)http://www.gollnisch.com/2012/12/14/accord-ue-amerique-centrale-clause-de-sauvegarde-et-mecanisme-de-stabilisation-pour-la-banane/

(2) http://vimeo.com/40228992 

Periodista francés escribe a los colombianos

Carta abierta a los colombianos:

Regresan a la putrefacción de un régimen político y judicial cómplice  del terrorismo y la mafia.

Por Jacques Thomet

Blog Un Journalisme d’Investigation, Paris

http://www.jacquesthomet.com/

En el histórico repunte de los años de Álvaro Uribe, ustedes reencontraron el orgullo de enarbolar la bandera colombiana  en sus ventanas, su dignidad de hombres y mujeres finalmente liberados del miedo, pero sobre todo su libertad de ir y venir por su país sin arriesgar la vida.

Por desgracia eso sólo fue un sueño hecho realidad durante un Eldorado de ocho años (2002-2010), bajo la mano férrea de Álvaro Uribe, un paréntesis primero mutilado y luego minado antes de su inminente destrucción por el régimen político-judicial actual, bajo la presidencia de una “mano negra”: la de su jefe de Estado, Juan Manuel Santos.

Para sobrevivir, vivir bien y evitar los obstáculos, como un caballo ante la barra en una competencia equina, su presidente se amancebó, sin decirlo, pero haciéndolo, con todos los enemigos de vuestra democracia. Los terroristas de las FARC, animados por la debilidad del gobierno ante sus cómplices, han reanudado sus brutalidades en todo el país. Bajo la bota del nuevo presidente, los jueces se regodean poniéndole fin a la persecución de los cómplices de los guerrilleros, en Colombia y en el extranjero.

Algunos ejemplos: el abandono de la investigación contra un vasallo de las FARC, Wilson Borja; la ausencia de inculpación de Piedad Córdoba, una cómplice activa y probada de esos mismos criminales (ver mis archivos); y la decisión de Bogotá de no solicitar la extradición de un agente de las FARC en Chile, Manuel Olate. ¿La razón? Las pruebas contra esa gente, encontradas en los computadores de Raúl Reyes –ex número dos de las FARC, muerto el 1 de marzo de 2008– no pueden ser invocadas como pruebas porque ese decomiso fue considerado como “ilegal” por los jueces cómplices de los asesinos, por haber sido éste realizado  a un kilometro dentro del Ecuador, a pesar de la presencia allí de los terroristas colombianos.

Yo puedo testimoniar de esa realidad ecuatoriana, pues mis entrevistas con Raúl Reyes en marzo de 2004, publicadas por la AFP, se llevaron a cabo en esa área dentro de Ecuador, y no en Colombia.

En un discurso de esta semana, ante los productores de café, Santos denunció la existencia de una “doble mano negra” en Colombia, una de extrema izquierda y otra de extrema derecha. Esta última serían los periodistas que tienen el valor de criticar su deriva en favor de los terroristas.

Si hay una “mano negra” en este bello país, famoso por la competencia, la dedicación, la amabilidad y la pasión por el trabajo de su pueblo, que yo conozco bien, esa es la de Juan Manuel Santos. Este heredero del poderoso grupo mediático El Tiempo, nacido con cucharita de plata en la boca, y formado por su familia para que fuera presidente un día, es la copia exacta de los Presidentes de pacotilla, entre serios e irresponsables, que vacilan entre dos aguas, que los 46 millones de colombianos se han dado en la historia reciente, con la excepción de Álvaro Uribe, quien confirma esa regla no escrita.

Una verdadera mafia dirige de nuevo este país, como en los tiempos de Ernesto Samper, el presidente liberal (1994-1998), que fue financiado por el cartel de Cali por la suma de seis millones de dólares. Su cómplice fue “suicidado”, su ministro de Defensa, Fernando Botero (hijo del famoso pintor y escultor), fue condenado a 30 meses de prisión antes de partir al exilio en el extranjero, y una gran cantidad de testigos liquidados.

 Exceptuado de condena por un Congreso a su servicio, este siniestro corrompido, que sigue campante en Bogotá, tiene prohibida la entrada a los Estados Unidos pero conserva su poder de hacer daño, como lo demuestra el nombramiento de gente suya a altos cargos, como Viviane Morales, nombrada Fiscal General de la Nación en 2010 por Santos.

Los próximos días nos dirán si esa mujer (amante de Lucio Pabon, ex-M19), la primera que llega a esa responsabilidad en Colombia, abraza o no la causa de una justicia independiente, en un país donde los jueces de la Corte Suprema están al servicio de la mafia y de los terroristas, como lo he demostrado en mis innumerables artículos.

Las dudas me asaltan a priori. Durante casi dos años, al final de su segundo mandato, Uribe sufrió un golpe de Estado jurídico de parte de esa misma Corte Suprema, que se negó a elegir, a pesar de lo que exige la Constitución colombiana, a uno de los tres magistrados propuestos por el presidente para el cargo de Fiscal General. Recién elegido, Santos se arrodilló ante el dictado de esos magistrados y aceptó presentarles una nueva terna. Así fue como fue designada Viviane Morales.

Pero no descarto que haya una buena sorpresa, si esa alta funcionaria, francófila, francófona y, por lo tanto, imbuida de las virtudes de la independencia judicial, llega a poner fin al suplicio del coronel Alfonso Plazas Vega.

Este héroe de la lucha contra el M-19 fue condenado el año pasado a 30 años de prisión por una juez,  con pruebas falsas, por la supuesta desaparición de once sobrevivientes de la masacre causada por ese grupo terrorista, contra casi un centenar de magistrados que fueron tomados como rehenes y asesinados por los asaltantes del Palacio de Justicia de Bogotá, que los terroristas incendiaron para destruir los archivos contra los barones de la cocaína que estaban a punto de ser extraditados a los Estados Unidos. El jefe de los traficantes, Pablo Escobar, le pagó seis millones de dólares al M-19 para que realizara esa operación.

Las revelaciones de esta semana del periodista independiente Ricardo Puentes, quien ha sido amenazado de muerte, confirmaron el montaje hecho contra el coronel Plazas. El principal testigo de cargo, Edgar Villamizar, acaba de declarar ante el Procurador General, Alejandro Ordóñez, que nunca estuvo presente durante el ataque al Palacio de Justicia de Bogotá en 1985, y que su presunta confesión no había sido firmada por él. 

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Colombia: La peor de las dos reformas Por Eduardo Mackenzie

La peor de las dos reformas

Por Eduardo Mackenzie

El tremendo traspié que el presidente Juan Manuel Santos sufre en estos momentos por el episodio de la triste “reforma a la justicia” y por la solución que intenta darle ahora para salir de ese impase,  debilitará sin duda su gobierno y abrirá una brecha en la coraza de la mesa de la Unidad Nacional.

Pues no se le ve una salida elegante a ese descalabro. No todo lo que el jefe del Ejecutivo le propuso a las Cortes y al Congreso era un error, es cierto, pero el manejo de los debates, de la “conciliación” final de los proyectos, y lo que propone ahora para enmendar el entuerto es un paso más hacia la inconstitucionalidad.

El país está viendo que todo ello es  el resultado de la confusión jurídica y politiquera de los asesores del jefe de Estado, si no de éste, y del estilo que adopta el Ejecutivo al abordar sus tareas: con excesivo secretismo, con displicencia, lejanía y distracción y perdiendo mucho tiempo en viajes de utilidad relativa. Lo que hemos visto de nuevo es, pues, un  grave resbalón de liderazgo de alguien que creía tener todo bien atado. La coalición heterogénea que respaldó esa iniciativa y los métodos manzanillos utilizados, no explican todo lo que pasó.

Como toda crisis, ésta podría aportar algo positivo: abre perspectivas de recambio, de regreso a una cierta racionalidad y prudencia en la conducción del Estado, a condición, claro está, de que la oposición uribista adopte un tono y una postura tan firmes como serenas.

Por el momento, de ese lado, se nota un cierto apresuramiento. Unos lanzan, de nuevo, la consigna de la asamblea constituyente. Otros piden un juicio político al presidente (la atracción de lo ocurrido en Paraguay parece irresistible). Los demás claman contra la reelección de Santos. Todo eso es interesante pero el recambio político no saldrá de esas iniciativas inmediatistas. Hay que ser cautos pues algunos ya están queriendo transformar esa legítima efervescencia política en un momento revolucionario, es decir en una coyuntura abierta a todas las aventuras.

El país necesita un nuevo liderazgo político. O, mejor, necesita recuperar la dinámica que perdió cuando el presidente Santos, elegido por el pueblo uribista, dejó de lado esas banderas. El país debe  frenar el curso caótico que emprendió la llamada Unidad Nacional. Pero, atención: no hay atajos  hacia esa reconquista del poder. La no construcción hasta ahora de un nuevo partido político, de oposición, de proposición y de reconstrucción del país, con millones de adherentes, militantes y votantes, con un programa absolutamente claro, no puede obviarse con llamados a convocar una Asamblea Constituyente.

¿Ésta sólo se ocupará de hacer otra reforma de la justicia? ¿Y cómo sería esa Constituyente? ¿Incluyendo a toda la clase política? ¿Excluyendo a unos y tolerando a otros? ¿Sería eso democrático?

¿Sería hábil dejar que quienes votaron el adefesio del 14 de junio voten también el perfil de esa Constituyente?

¿Cuál sería el partido dominante, el faro iluminador de los debates en esa asamblea? ¿Cuáles sus postulados constitucionales? No seamos ingenuos: una constituyente improvisada puede, por el contrario, agravar la crisis y abrirle las puertas a fuerzas minoritarias y sectarias más avezadas y organizadas para esas maniobras que los otros grupos. Lo repito: sin un partido o, al menos, sin un movimiento uribista estructurado y claro, independiente de esa caricatura que es el partido de la U, una asamblea constituyente será un nuevo problema, no la solución. La teoría de la soberanía popular absoluta ha conducido a veces a nuevas tiranías.

La oposición uribista, por otra parte, se está dejando encerrar en un falso debate: el de la llamada “reforma judicial” del 20 de junio. Ese engendro, es verdad, debe ser echado a tierra. Pero no olvidemos dónde está lo esencial: hay un acto de reforma constitucional aún peor, aún más grave y peligroso para el Estado de Derecho y para la paz en Colombia: el llamado “marco para la paz”. Derrumbar la reforma del 20 de junio de 2012 sin tocar la monstruosidad del 14 de junio de 2012  es dejar que el mal se escape por la ventana.

Con mucha perspicacia, la izquierda y, sobre todo, sus jefes extremistas, quienes fueron los primeros en destruir la justicia introduciendo métodos  abyectos para cometer arbitrariedades a granel, sobre todo contra el uribismo, las Fuerzas militares y los servicios de seguridad del Estado, están alimentando esa visión unilateral: claman contra  la “reforma a la justicia” y pretenden que nadie toque el tema del “marco para la paz”.

Esas dos reformas constitucionales son piezas claves del viraje de Santos. Las dos son nefastas. Pero el “mpp” es la peor.

Si una favorece a la burocracia de los tres poderes, para facilitar la gobernabilidad del santismo, la otra favorece al principal y más implacable enemigo del país: las Farc. Si el país se distrae ante eso tendrá dentro de poco, si el señor Timochenko es un poco más lúcido, senadores y toda suerte de caudillos, agitadores, bandas y pistoleros de esa corriente en plena libertad y con todos los derechos. Y tendremos, además, una Constitución dictada por las eminencias grises de La Habana.

Nadie puede olvidar que el acto legislativo votado el 14 de junio de 2012 por el Congreso permite dejar a Colombia huérfana de una Fuerza Pública creíble, en aras de la financiación de un ilusorio “post conflicto”, fase en la cual más se agrava la violencia, como se ha visto en los países de África y Centroamérica donde la llamada “justicia transicional” fue adoptada.

El “mpp” garantiza la impunidad de los jefes y bases de las Farc y del Eln, pues legitima la suspensión de la ejecución de las penas de éstos, prevé sanciones “extra-judiciales”, “penas alternativas” y hasta la “renuncia de la persecución judicial penal” de todos esos criminales, incluso los de lesa humanidad, que hayan sido beneficiados por una decisión subjetiva de la Fiscalía General de la Nación.

Sí, hay una crisis institucional grave, pero no olvidemos que la solución vendrá de la prudencia inteligente y de la discusión humana, no del arrebato.

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"Colombia debe tener una ley de paz sin impunidad" ExPresidente Álvaro Uribe

EFE: El expresidente colombiano Álvaro Uribe afirmó hoy en Lima que su país debe tener una nueva ley de paz "sin impunidad" para los integrantes de organizaciones terroristas.

"Colombia en estos momentos está discutiendo una nueva ley de paz, pero tiene que ser una ley sin impunidad, el gobierno piensa desmovilizar a 50.000 integrantes de las organizaciones terroristas, a ellos se les dio un tratamiento generoso, pero sin permitir la impunidad y exigirles reparaciones de las víctimas", declaró.

Uribe afirmó que con anterioridad ya ha señalado su oposición a que los autores de graves crímenes contra la humanidad puedan ser elegidos.

"Lo que he dicho es lo siguiente: los responsables de delitos atroces, de grandes crímenes contra el derecho humanitario, no pueden ser elegibles, esa es mi posición", enfatizó.

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Una estafa de “Derechos Humanos” en Colombia por r Mary Anastasia O’Grady

The Wall Street Journal

Mientras el movimiento de los indignados en Wall Street causaba revuelo sobre las maldades de la avaricia corporativa, un escándalo internacional de miles de millones de dólares estallaba el mes pasado en Bogotá, dejando al descubierto codicia y corrupción en el mundo de las "organizaciones no gubernamentales" (ONG) de derechos humanos.

La muerte por parte del ejército de Alfonso Cano, el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), podrá haber conseguido grandes titulares durante el fin de semana. Pero no espere que la historia sobre la ONG reciba mucha atención de la prensa. No encaja con la narrativa pre-aprobada sobre las virtuosas organizaciones, que supuestamente tienen una meta superior que obtener ganancias. Sin embargo, los registros mostrarán que Colombia ha sido estafada por un grupo de abogados de izquierda enmascarados como personas que hacen el bien en pos de los derechos humanos. Esto plantea preguntas serias sobre si las mismas tácticas

Esta estafa en particular se produjo en 2005, cuando la ONG colombiana Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR) llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, el caso de una "masacre" en 1997 en la población de Mapiripán. El Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR) sostuvo que 49 personas habían sido asesinadas por fuerzas paramilitares, y culpó a las Fuerzas Armadas colombianas. Afirmó que el ejército podría haber intervenido pero no lo hizo, y que las familias de las víctimas merecían una importante compensación del Estado. La corte estuvo de acuerdo. Los contribuyentes colombianos tuvieron que desembolsar unos 15.300 millones de pesos, o US$8 millones.

La semana pasada, un abogado del Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR)  admitió que la ONG se quedó con 7.000 millones pesos del dinero de ese arreglo. Nada mal para trabajo de caridad. Sin embargo, quedarse con la mitad de lo que les correspondía a los campesinos podría ser la menor de sus ofensas. Según la oficina del fiscal general de Colombia, una investigación reciente muestra que por al menos 36 de las llamadas víctimas aún están vivas o, si murieron, no fallecieron en Mapiripán. El fiscal general sostiene que la cantidad conocida de muertos en Mapiripán es de seis personas, y siete están desaparecidos. Estos descubrimientos conllevan la fuerte implicación de que el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se construyó sobre un fraude.

De ser así, el engaño no comenzó en San José. El Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR)  previamente había sostenido lo mismo en cortes colombianas y había tenido éxito. Esto no tuvo como consecuencia grandes sumas para los abogados y demandantes, pero sirvió para condenar a un general del ejército que ni siquiera era comandante de la región en ese momento, y estableció, según la corte, la culpabilidad del Estado por una masacre de dimensiones considerables. Entonces el Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR)  llevó esa sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde reclamó una compensación monetaria para las 49 víctimas.

Cabe anotar que un abogado del Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR)  afirma que la organización fue engañada junto con el estado colombiano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Fue una cadena de engaños", afirmó Rafael Barrios Mendivil durante una reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington hace 10 días. Pero es difícil creer que simples campesinos idearon este plan por su cuenta y engañaron a sofisticados abogados, al sistema legal colombiano y a la corte de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Por lo menos, una de las "víctimas", Mariela Contreras Cruz, cuenta una historia distinta.

Según informes de la prensa colombiana, Contreras, cuyo esposo fue asesinado por las guerrillas de las FARC, afirma que cuando fue contactada por el Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR)   por primera vez no estaba enterada de una demanda judicial en busca de compensación. Según entendía, la organización buscaba personas desaparecidas y encontrar a sus dos hijos desaparecidos era lo único que quería en ese momento. "Yo nunca dije que mis hijos estuvieran muertos, yo les dije que estaban desaparecidos". La mujer afirma que en su momento le dijo lo mismo al fiscal general de Colombia pero fue ignorada.

Contreras sostiene que recibió 1.751 millones de pesos en compensación para víctimas y dice que cuando eventualmente encontró a uno de sus hijos, lo llevó a ver un abogado del Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR). El abogado, afirma Contreras, le dijo que lo "dejaran así".

La revelación de que una supuesta masacre en Mapiripán fue inventada ha desatado indignación en Colombia. "Es una burla al Sistema Internacional de Derechos Humanos, que tanto hemos defendido", afirmó el presidente Juan Manuel Santos en los días posteriores a que se conociera la revelación. "Es triste que situaciones como estas, de avivatos que no pueden llamarse más que corruptos, minen la credibilidad del sistema", agregó.

Colombia ya ha pagado US$25 millones (Cincuenta mil millones de pesos colombianos) en 12 casos de ese tipo que perdió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante varias ONG. El ministro del Interior Germán Vargas Lleras advierte que el fraude en el caso de Mapiripán podría repetirse en otro lugar. "Si esto ocurrió en un caso tan sonado, no se descarta que comportamientos similares hayan tenido lugar en otras investigaciones".

De hecho, comportamientos similares están documentados. Como informé en esta columna en junio de 2001, se sabe que simpatizantes de las FARC practican la "guerra judicial" al lanzar acusaciones sobre violaciones de derechos humanos contra los militares. Manipular testigos y usar testimonios condicionados son comportamientos habituales.

¿Entonces por qué no se descubrió esto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Un problema es que los testigos pueden presentar su testimonio a través de un apoderado (aunque Contreras acudió a la corte) y en esos casos no hay interrogatorios. Cuando los militares colombianos están tan difamados internacionalmente por la propaganda de las Farc, la presunción de inocencia probablemente quedó perdida en el camino.

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Colombia: Carta del cuerpo de Generales y Almirantes en retiro al Presidente Juan Manuel Santos

Doctor
Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República
Bogotá

Señor Presidente:
 

Interpreto el sentimiento de los Generales y Almirantes de la Reserva Activa de la República de Colombia, para manifestarle nuestra frustración por la intención de retiro del Proyecto que ratifica el Fuero militar, consagrado en el Artículo 221 de la Constitución Política de Colombia, como parte de la Reforma a la Justicia.

Estábamos fervorosamente complacidos con la leal, conveniente y bienintencionada actuación del Ministro de la Defensa Nacional, doctor Juan Carlos Pinzón Bueno, quien con visión estratégica de los altos intereses del Estado, del rol primordial de las Fuerzas Militares, y con sentido de responsabilidad, espíritu patrio y preocupación por el bienestar y moral de la Fuerza Pública, incluyó el tema del Fuero en el texto del proyecto de la Reforma Judicial aludida. 

Tenemos el convencimiento, que usted señor presidente Santos Calderón, habrá reflexionado sobre el grave daño que le causó el Ministro de la Defensa Nacional, Camilo Ospina, a las Fuerzas Militares, a la Seguridad Democrática y a Colombia, con la signatura del injustificable y absurdo acto administrativo, violatorio de la Carta Magna, que hiciera con el Fiscal General de la República de ese momento, Mario Iguarán Arana, concertación ratificada por la Directiva N° 19 de noviembre de 2007, en la cual se amenaza con sanciones para los funcionarios que no den cumplimiento a dicho compromiso.

Una vez más se pretende dar la espalda a nuestras Fuerzas Militares, se las deja solas, en total indefensión en el estado de guerra que, como usted mismo lo ha reconocido, afronta la Nación, requiriéndose que el Comandante Supremo de las mismas, que es el Presidente de la República, asuma su defensión.
 
No existe en el Mundo un ejército fuerte sin un Fuero militar, y mucho menos afrontando la amenaza de dos enemigos, el terrorismo y el narcotráfico, como el que enrostra la Fuerza Pública de Colombia.

Nuestras valerosas y sacrificadas Fuerzas Militares están cediendo la iniciativa en el combate, no por falta de coraje, pues su valor ha sido puesto a prueba en múltiples ocasiones y escenarios; es que nadie está dispuesto a arriesgar su vida, a sacrificar su patrimonio y el de su familia, cuando después de un combate contra los grupos narcoterroristas, si es que conserva su vida, debe enfrentarse en un estrado judicial a las infamias y falacias de testigos falsos o venales, y someterse a las acusaciones y juicios de fiscales y jueces, unos bienintencionados pero carentes del conocimiento y la preparación requeridas para entender, investigar y juzgar las operaciones militares, y algunos otros, infiltrados por la ultraizquierda o presionados por organismos nacionales e internacionales de la misma tendencia, con claros móviles políticos y económicos, que nos hacen víctimas de su ruin proceder.

No hay otra forma de recuperar la moral de combate, la iniciativa y la voluntad de lucha de nuestras Fuerzas Militares, definitiva en estos aciagos momentos de la situación Nacional, para lograr la esquiva y ansiada paz de nuestro pueblo y evitar que el narcoterrorismo se reorganice y recupere el espacio que la Fuerza Pública le ha arrebatado a costa de su sacrificio y del de las vidas de muchos de sus hombres, que la de la convalidación del Fuero militar consignado en nuestra Constitución Política.

No entendemos cómo el Gobierno demanda y exige de su Fuerza Pública sacrificios, esfuerzos y privaciones, y hasta el riesgo de sus propias vidas para neutralizar el accionar criminal de los grupos armados, si cuando debiera, por responsabilidad y obligación moral y jerárquica, enfrentar la batalla jurídica y política que las organizaciones de extrema izquierda plantean contra los militares, le da la espalda a sus tropas, las abandona y por el contrario negocia sus garantías y derechos, como acaeció recientemente con el representante de una ONG internacional, quien en una rueda de prensa desde la Casa de Nariño anunció su satisfacción por la promesa que le hiciera el Presidente, que la justicia ordinaria juzgaría y condenaría a los Militares.

En ningún momento hemos pretendido la impunidad, ésa ha sido la premisa falaz que han empleado como bandera organizaciones, medios de comunicación y personajes proclives a los grupos terroristas o a ideologías de extrema izquierda. Al contrario, reclamamos justicia imparcial en un marco especializado que posea la formación pertinente requerida.

Los terroristas solapados y ex miembros de grupos terroristas, que ahora hasta gozan de estatus como el de asesores del Gobierno, están creando en el imaginario de la opinión pública un cuadro distorsionado de lo que realmente representa el Fuero Militar, pretenden que se perciba como un privilegio o una prerrogativa que persigue la exención de los militares.

Los miembros del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa demandamos el respeto a una garantía constitucional, como lo es el Fuero Militar, establecida por el Estado para aquellos miembros, que en defensa de éste, desarrollan una actividad especial y del más alto riesgo.

Fuimos partícipes del proceso histórico de Colombia, poseemos la experiencia, madurez y el conocimiento de las estrategias políticas y del mecanismo del Congreso de la República, que nos permiten vislumbrar, que si el Gobierno retira en este momento el proyecto de fortalecimiento del Fuero Militar, con el sofisma de que posteriormente se hará un análisis particular detallado y ampliado del mismo, tendríamos que esperar la próxima legislatura para iniciar nuevamente el trámite establecido para las leyes y actos legislativos, lo cual incrementaría la desmoralización y generaría en las Fuerzas Militares desilusión y pérdida  de confianza en su Comandante Supremo: el Presidente de la República.

Señor Presidente, tenga la certeza, que no obstante la voluntad, el esfuerzo y sacrificio del Ministro de la Defensa y los distinguidos Generales y Almirantes que conforman esa Cúpula Militar de lujo que usted y el mismo Ministro de la Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón Bueno, recientemente designaron, no logrará recuperar la iniciativa en el combate de nuestras Fuerzas Militares, pues mientras no les garantice un Fuero militar adecuado a la situación que vive la Nación y un debido proceso en sus investigaciones, la Seguridad Democrática se irá diluyendo en el pasado y el actuar de los narcoterroristas será cada vez más sangriento.

Así como el Gobierno ha requerido vehementemente al Congreso de la República que le otorgue el “marco jurídico para hacer la paz¨, también las Fuerzas Militares requieren del marco jurídico para hacer la guerra que plantea la amenaza terrorista

Atentamente,
General (r.) Héctor Fabio Velasco Chávez
Presidente

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Colombia: UnoAmérica condena atentado contra defensor de los DDHH, Fernando Vargas

Fernando Vargas Q. y Jaime Arturo Restrepo

Bogotá, 5 de marzo.- La Unión de Organizaciones Democráticas de América, UnoAmérica, condena de la manera más categórica el atentado perpetrado contra el jurista colombiano Fernando Vargas.

El pasado 3 de marzo, dos hombres en motocicletas atacaron a balazos a Fernando Vargas cuando recogía a sus hijos del colegio, ubicado en el norte de Bogotá. Vargas y sus hijos salvaron sus vidas porque las balas impactaron en el vehículo blindado en el que se desplazaban.

Fernando Vargas es experto en Derechos Humanos y en Derecho Internacional Humanitario. Es fundador del Comité Nacional de Víctimas, organización que se dedica a defender las víctimas de las FARC. Vargas también es miembro fundador de UnoAmérica.

Este atentado se produce en momentos en el queVargas coordina una iniciativa para exigir al Gobierno de Colombia y al Ministerio del interior, que reconozcan
los derechos de las víctimas de las acciones criminales de los brazos armados del Partido Comunista, en las décadas de 1960, 1970 y 1980.

Además, el Comité Nacional de Víctimas está elaborando una memoria histórica de la lucha armada en Colombia, en la que queda registrada con detalle la responsabilidad de organizaciones comunistas en numerosos hechos de violencia, incluida la autoría intelectual en atentados, secuestros y actos terroristas.

Vargas también es abogado defensor en decenas de juicios que se llevan a cabo actualmente, que involucran a las víctimas de las FARC.
Actúa como representante de víctimas y parte civil en el emblemático proceso de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, referenciado como el "2022", que ya ha condenado decenas de milicianos autores de asesinatos contra las comunidades negras en el Atrato, y que contiene denuncias y pruebas contra ONGs cómplices de las FARC.

UnoAmérica reitera su condena al vil atentado perpetrado contra Fernando Vargas, y exige al gobierno colombiano garantizarle la vida y proporcionarle la protección que necesita para seguir cumpliendo con su valiosa labor humanitaria.

UnoAmérica hace extensiva esta solicitud para otros defensores de Derechos Humanos pertenecientes a UnoAmérica, quienes también han sido amenazados por las FARC, como el Dr. Jaime Arturo Restrepo y el Dr. Miguel Fierro.

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Colombia: Convocan nueva manifestación en internet contra las FARC

Un grupo de personas ha convocado a través de internet una nueva marcha en contra de los actos violentos y terroristas que ocasionan las Farc en el país. La manifestación tendrá lugar en varias ciudades de Colombia y del exterior.

Este evento se realizará el próximo 4 de marzo entre las 11: 00 a.m. y las 2: 00 p.m. y tendrá como fin hacer un llamado al repudio que sienten los colombianos por el secuestro y el terrorismo, además de exigir la continuación de operaciones militares en contra del grupo guerrillero.

“La sociedad en general y la marcha mundial de rechazo que promovemos, exige que no dé respiro a las operaciones militares y que la única mediación se autorice para la rendición incondicional de las Farc”, cita la convocatoria.

Asimismo, Erika Salamanca, promotora del evento, aseguró que la idea es rechazar cada acto vandálico del grupo subversivo.

“Que cese definitivamente el secuestro, el reclutamiento de niños y jóvenes, los campos minados, el terrorismo y el abuso a la sociedad colombiana”, dijo la promotora.

Este 4 de marzo miles de voces se levantarán para decirles a los violentos que cada colombiano secuestrado es un dolor para el país entero. En Medellín la cita es a las 11:00 de la mañana en la Plaza de las Luces.

LA MOVILIZACIÓN DEL 4 de marzo busca rechazar a las Farc, el secuestro y las liberaciones a cuentagotas. Todo está listo para que el próximo viernes en Medellín los ciudadanos se concentren con camisetas blancas en la Plaza de las Luces.
 
De acuerdo con Victoria Eugenia Henao Gómez, están listos los permisos para una concentración en la Plaza de las Luces, frente a La Alpujarra, entre las 11:00 y las 2:00 de la tarde del próximo viernes

Aunque en la convocatoria hay más sumas que restas, los organizadores esperan todavía que el empresariado y el Gobierno abran las puertas. Hasta ahora, explica Juan Martín Gómez, organizador nacional, no ha habido respuestas.

El trabajo es con las uñas y sin un peso. En eso coinciden los colaboradores más comprometidos, quienes jamás se han tomado un tinto en persona. Los une lo que Érika llama un sentimiento patriótico y una intención firme de concretar lo que muchos pregonan, pero que pocos materializan.
 
Los organizadores llaman a los ciudadanos a que se pongan camisetas blancas y salgan a decir no al secuestro, no a las Farc y sí a las liberaciones sin condiciones.

Las centrales obreras de más hondo calado en el país como la CUT y la CGT se unieron ayer a la voz multitudinaria que se levanta contra las Farc, el secuestro y las liberaciones a cuentagotas.

La noticia, que garantiza más eco y mayor convocatoria para la marcha programada para el 4 de marzo, también es una señal de inclusión para comunicar que el rechazo al secuestro y al terrorismo es un sentimiento común entre 43 millones de colombianos.

Sindicatos de unieron a la convocatoria:

"La Confederación General del Trabajo se vincula con todo el entusiasmo a sus militantes, porque no nos podemos dejar arrinconar de los violentos", dijo Julio Roberto Gómez, director de la unión sindical.

"Esto no es de uribistas o no uribistas: esto es para acabar con el terrorismo. Las Farc simbolizan todos los grupos que le hacen daño al país". Así lo entiende Érika Salamanca, gestora de la movilización. Según ella, no tiene el mismo efecto poner un cartel en Nueva York o en Oslo con la palabra Farc que con la sigla Bacrim. "Las Farc son conocidas como terroristas, además son las que secuestran", explica.

El pasado 3 de febrero de 2008, se vio la marcha ‘Un millón de voces contra las Farc’ realizada para rechazar la existencia del grupo guerrillero y sus actos terroristas, manifestación pacífica más grande en Colombia y en el exterior en contra del grupo guerrillero.

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Las exportaciones colombianas a Venezuela caen un 70% pese a "mejora" de las relaciones

Presidente Juan Manuel Santos y Hugo Chávez

Bogotá (DPA).- La Asociación Nacional del Comercio Exterior colombiano (Analdex) aseguró este jueves que durante 2010 las exportaciones de Colombia a Venezuela cayeron un 70 por ciento.

El presidente de Analdex, Javier Díaz Molina, aseguró a medios locales que las exportaciones pasaron de 6.000 millones de dólares en 2008 a 1.500 millones de dólares en 2010.

Díaz afirmó que la caída de las exportaciones se generó por las restricciones que impuso el gobierno del presidente Hugo Chávez, tras la crisis diplomática generada entre ambos países en 2009, que fue apaciguada en agosto pasado tras el cambio de gobierno colombiano.

El dirigente gremial afirmó que dicha situación hizo que en Colombia “se mantenga una incertidumbre” sobre el futuro de las relaciones comerciales con Venezuela. Asimismo, pidió a los exportadores “tener cautela a la hora de hacer negocios en el país, teniendo en cuenta que no está muy claro el panorama ni las reglas del juego a futuro”.

“Pasa el tiempo y el acuerdo de complementación económica no se concreta”, afirmó Díaz a RCN Radio, al tiempo que indicó que los comerciantes venezolanos “quieren condicionar el libre comercio entre los dos países a sus necesidades de abastecimiento”.

En el marco del restablecimiento de los vínculos entre Colombia y Venezuela, tras varios roces diplomáticos registrados durante la administración del presidente Álvaro Uribe (2002-2010), los gobiernos del presidente Chávez y su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, acordaron el pago de unos 800 millones de dólares que comerciantes venezolanos adeudan a colombianos. De dicho monto a la fecha han sido cancelados cerca de unos 300 millones de dólares.

Sobre este caso, el directivo de Analdex dijo que aún hay muchos empresarios de la zona de frontera que no han recibido pagos. “Hay muchos empresarios en el departamento de Santander a los que no les han pagado, al parecer porque las empresas importadoras de productos en Venezuela han desaparecido”, precisó.

Dentro de los acuerdos a los que llegaron Chávez y Santos para restablecer los vínculos comerciales también está el estudio de un marco jurídico para una negociación de un acuerdo comercial bilateral.

Un primer encuentro entre delegaciones de ambos países para este propósito se llevó a cabo en noviembre del año anterior en Venezuela. El acuerdo está pensado para ejecutarse a finales del primer semestre de este año, cuando Venezuela oficializará su salida de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Hasta 2008 Venezuela fue el segundo socio comercial de Colombia, después de Estados Unidos, registrando un intercambio superior a los 7.000 millones de dólares anuales.

 Fuente: El Carabobeño, Venezuela

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UnoAmérica rechaza visita del Foro de Sao Paulo a Colombia

Bogotá, 26 de noviembre.- La Unión de Organizaciones Democráticas de América, UnoAmérica, difundió hoy un comunicado rechazando la visita del Foro de Sao Paulo (FSP) a Colombia.

Una delegación del FSP llegó ayer a Bogotá con el propósito de acompañar al Polo Democrático Alternativo (PDA) en los actos de celebración de su 5º aniversario.

UnoAmérica considera esta visita "una burla a las instituciones colombianas y muy particularmente a las Fuerzas Militares, debido a la estrecha relación que existe entre el Foro de Sao Paulo y las FARC".

Un vocero de UnoAmérica declaró: "aunque el FSP niegue que las FARC pertenecen a su organización, hay muchas evidencias que indican lo contrario.. Además, las FARC han participado en todos los encuentros del Foro de Sao Paulo excepto en los tres últimos. ¿Cómo justifican una relación con secuestradores, narcotraficantes y terroristas, que ha durado al menos 17 años?". 

El vocero añadió: "Hugo Chávez admitió públicamente que conoció a Raúl Reyes en el VI Encuentro del Foro de Sao Paulo, realizado en San Salvador en 1996. Durante el XIV Encuentro, llevado a cabo en Montevideo, los integrantes del Foro de Sao Paulo allí presentes ovacionaron de pie a Manuel Marulanda, alias Tirofijo". 

"Es inaceptable que mientras nuestros soldados derraman su sangre en las selvas colombianas combatiendo esta banda criminal, sus aliados del FSP vengan abiertamente aquí a compartir con los dirigentes del Polo Democrático Alternativo", dijo. 

Hoy, la militancia y los simpatizantes del PDA se congregarán en la Plazoleta de las Nieves, y una hora después, se trasladarán hasta las instalaciones del Downtown Majestic (Calle 23 No. 6 -19) en donde tendrá lugar un acto en el que hablarán la presidenta del partido, Clara López Obregón, y el ex candidato presidencial, Carlos Gaviria Díaz, quienes "harán categóricos pronunciamientos sobre la actual coyuntura política nacional", según informa un nota publicada en la página del PDA .

La representación internacional del FSP que llegó a Bogotá incluye voceros del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, el Frente Amplio del Uruguay, el Frente Transversal Nacional y Popular de Argentina, el Movimiento al Socialismo de Paraguay, Alianza País de Ecuador, el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de México, el Partido Comunista de Cuba, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)de Nicaragua, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador, y el Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia.

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El asilo de María del Pilar Hurtado: una consecuencia más de la militancia política de la justicia en Colombia

Por Jaime Arturo Restrepo

Dr. Jaime Arturo Restrepo

OPINION “La extradición no es procedente cuando se trate de personas que, con arreglo a la calificación del Estado requerido, sean perseguidas por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos, ni cuando la extradición se solicita obedeciendo a móviles predominantemente políticos”.

El mundo ya lo está comprendiendo: la justicia en Colombia es un partido político que disfraza sus venganzas y persecuciones en dudosas providencias judiciales. Es una vergüenza. Las destempladas reacciones contra la decisión del gobierno de Panamá de concederle el asilo territorial a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, han dejado en evidencia la confabulación política contra todo lo que se relacione con el ex presidente Uribe.

Cuando se enteró de la noticia, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, sostuvo que “el asilo se utilizó para conseguir impunidad. Panamá protegió al victimario, no a la víctima”. Resulta esclarecedor que la cabeza de la operación judicial hable de impunidad y entre de lleno a prejuzgar a una ciudadana que no ha sido vencida en juicio: la cabeza del ente que oficia como última instancia en el aparato judicial colombiano ya emitió un veredicto condenatorio, pues es de Perogrullo, la impunidad, definida como la falta de castigo, solo se presenta cuando alguien es culpable.

Lo anterior deja en evidencia la imposibilidad de la acusada —y de todos los perseguidos por su cercanía con Uribe— de obtener justicia y aleja por completo la expectativa de imparcialidad que debe enarbolar un aparato judicial digno y respetable. Es que las condenas anticipadas, por parte de Jaime Arrubla y de algunos de sus colegas, ya se han vuelto costumbre, lo que unido al descarado activismo político de los jueces colombianos, quienes raudos condenan a los que les resultan políticamente antipáticos y dejan en la impunidad a sus afines ideológicos; viene abonando internacionalmente el desprestigio de la justicia colombiana.

A lo anterior se suma la frustración exhibida por otro operador judicial encargado, esta vez el Fiscal Guillermo Mendoza Diago, quien salió ante los medios a asegurar que en su momento pedirá la extradición de Hurtado y señaló que "el proceso contra ella sigue. Es claro que no son delitos políticos, son comunes, como violación de comunicaciones y concierto para delinquir".

¡Qué ignorancia! El “flamante” encargado del ente acusador desconoce los términos de la Convención sobre asilo territorial de la OEA, promulgada en Caracas el 28 de marzo de 1954, y ratificada por Colombia en 1968, que señala, en su artículo IV lo siguiente: 

“La extradición no es procedente cuando se trate de personas que, con arreglo a la calificación del Estado requerido, sean perseguidas por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos, ni cuando la extradición se solicita obedeciendo a móviles predominantemente políticos”.

Es cierto que a María del Pilar Hurtado la están investigando (no ha sido vencida en los estrados, aunque ya se vio que eso del juicio sería solo una formalidad, pues sus investigadores y perseguidores ya la condenaron desde hace tiempo) por delitos comunes cometidos con fines políticos, lo que confirma la propia Presidenta del PDA: "No se entiende cómo las 'chuzadas', que son un crimen de Estado, se conviertan en un delito cobijado por esa figura". Si Hurtado está siendo investigada por seguimientos e interceptaciones contra algunos ciudadanos, supuestamente por ser oposición al gobierno de aquel momento, ¿esto no configuraría entonces la intención política?

Sin embargo, que un Magistrado incurra en prejuzgar, o que el Fiscal General impresione por su ignorancia, son cosas irrelevantes para el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien aseguró que "Colombia tiene un sistema garantista que ofrece todas las oportunidades a quien eventualmente reciba imputación de cargos". Viendo lo de Arrubla y lo de Mendoza Diago, surgen varias preguntas: ¿Qué tipo de garantías tiene María del Pilar Hurtado cuando el Presidente de la Corte ya la condenó abiertamente? ¿El sistema garantista, versión Vargas Lleras, es el que desconoce el elemental principio de la presunción de inocencia? ¿Se podrá calificar como garantista un sistema cuyos operadores se rigen por la venganza política, compran testigos con el Principio de Oportunidad y filtran a los medios apartes de procesos y testimonios para favorecer la persecución?

Es que la indignación mostrada por el gobierno Santos es enorme. Además de la falacia de Vargas Lleras sobre las “garantías” judiciales, la Canciller María Ángela Holguín lamentó que Panamá no le hubiese comentado a Colombia la solicitud de María del Pilar Hurtado. En el mismo sentido se pronunció el Presidente, quien afirmó que era un asunto de "elemental cortesía".

El Presidente y la Canciller pueden lamentarse todo lo que quieran, pero el hecho cumplido es que más allá de las fronteras se están viendo dos cosas: que hay una persecución política contra todo lo que se relacione con Álvaro Uribe Vélez, encabezada por el aparato judicial colombiano y los medios de comunicación, en la que participa activamente el gobierno Santos; y que el desprestigio del aparato judicial es de tal magnitud que ya trascendió e internacionalmente se está percibiendo que no hay una intención de justicia sino el desarrollo de una venganza política feroz disfrazada de actuación judicial.

Que el gobierno Santos, la Corte Suprema, la Fiscalía, Iván Cepeda, Daniel Coronell y el PDA entre otros; conformen la coral de los vengadores indignados, no es coincidencia: solo es la exhibición de todos los miembros del Toconur, algunos de los cuales quisieron mantener la hipócrita postura de amigos de Uribe.

AL CIERRE: ¿Dónde estaba la coral de vengadores indignados cuando Venezuela le dio asilo político a William Parra, acusado de financiación del terrorismo y concierto para delinquir? ¡Ah, claro! Es que Parra es un “criminal altruista” y lo que hacen las FARC y sus compinches —secuestros, masacres, homicidios, terrorismo, etc.— es menos grave que seguir a unos individuos cuyos vínculos son amenazas, no para el gobierno, sino para el Estado y la población en general.

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Colombia y Perú inician operación para neutralizar al Bloque Sur de las Farc

La Armada Nacional y la Marina de Guerra del país vecino le cierran el paso a la guerrilla en el Amazonas.

En el marco de la operación denominada "COLPER AMAZONÍA 2010" unidades terrestres, aéreas y fluviales de Colombia y Perú realizarán patrullajes fronterizos que permitirán incrementar el nivel de entrenamiento, interoperabilidad e integración de las unidades en la lucha contra el terrorismo.

Según informó la Armada Nacional, esta iniciativa es un esfuerzo conjunto que se realiza, para atacar centros de acopio de grupos dedicados al narcotráfico, cortar y neutralizar corredores de movilidad del Bloque Sur de las Farc que delinque en ambos lados de la frontera.

Así mismo, busca atacar el crimen transnacional y las bandas criminales que se han instalado en los últimos meses en la zona.

A lo largo de los ríos Putumayo y Amazonas, estarán desplegadas siete unidades fluviales conformadas por Buques tipo Cañoneros, Remolcadores, Patrulleras de Apoyo Fluvial pesadas y livianas y Patrulleras Rápidas Fluviales, adscritas a la Fuerza Naval del Sur, de la Armada de Colombia.

En la operación, además de las unidades de la Armada Nacional, estarán desplegadas unidades terrestres del la Sexta División del Ejército y del Comando Aéreo de Combate No. 6, de la Fuerza Aérea Colombiana, que realizarán operaciones de vigilancia, interdicción, seguridad y apoyo fluvial.

"La Armada Nacional continúa fortaleciendo lazos de hermandad con la Marina de Guerra del Perú, ejerciendo control militar efectivo en el área de operaciones, con el fin de negar el uso de los ríos y corredores de movilidad a los grupos armados ilegales que delinquen en el Sur del país", señaló el general Rafael Colón, Comandante De La Fuerza Naval Sur.

La operación "COLPER AMAZONÍA 2010", se desarrolla de manera simultánea con el Comando Operacional de la Amazonía de las Fuerzas Armadas del Perú, que inició el pasado martes y se desarrollará durante tres semanas, en el área de frontera de Colombia y Perú.

Fuente: El Espectador






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Panamá habla del caso María del Pilar Hurtado ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, DAS

Presidente de Panamá
Ricardo Martinelli

María del Pilar Hurtdo
Ex Directora del DAS de Colombia

 

El presidente de Panamá Ricardo Martinelli afirmó que la concesión de asilo a la ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) María del Pilar Hurtado es una decisión soberana de ese país.

En declaraciones a medios locales en un acto público, el gobernante panameño señalo que "no hay ninguna polémica en esa concesión, ya que es una decisión soberana de un Estado como lo es Panamá". Martinelli señaló que no es la primera vez que este país otorga un asilo a presidentes o ex funcionarios de otras naciones y puso como ejemplo a los otorgados al ex dictador haitiano Raoul Cedras, y a los ex presidentes de Ecuador Abdalá Bucaram, al guatemalteco Jorge Serrano Elías y al argentino Juan Domingo Perón, entre otros.

"La ex directora de la agencia de inteligencia cumplió todos los requisitos al solicitar el asilo. Panamá es un país abierto a todas las culturas y cuando se cumplen todos los requisitos es una decisión soberana de un país de acceder a dar o no dar asilo político", subrayó.

(Efe)

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