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sábado, 22 de diciembre de 2012

Extrema izquierda y extrema derecha: idéntico combate por Eduardo Mackenzie

 Extrema izquierda y extrema derecha: idéntico combate por Eduardo Mackenzie
 
Hace dos días, Bruno Gollnisch, eurodiputado del partido de extrema derecha francés Frente Nacional, reveló que él había votado contra los acuerdos sobre la exportación de banano entre Colombia, Perú, América Central y la Unión Europea, aprobados por el Parlamento Europeo el 11 de diciembre de 2012.

Ello muestra que la extrema derecha francesa, en los escenarios internacionales donde están en juego los intereses de Colombia, vota como  votaría la extrema izquierda colombiana.

Dicho de otra forma: la extrema izquierda colombiana coincide con la extrema derecha francesa cuando se trata de atacar los intereses económicos vitales de Colombia.

Desde 2007, cuando comenzaron las negociaciones entre Colombia y la Unión Europea, esa extrema izquierda hizo todo lo posible para impedir la culminación exitosa de ese acuerdo comercial.  Activistas de esa corriente viajaron al Viejo Continente para inundar los medios de mentiras sobre Colombia  y su gobierno y para ejercer una presión directa sobre los eurodiputados.  Ellos habían hecho lo mismo en Estados Unidos cuando se discutía un acuerdo similar con Washington.

Financiados no se sabe cómo, esos grupos organizaron ruidosos micro-mítines en varias ciudades europeas, y ante la sede del Parlamento Europeo, para exigir el hundimiento del tratado con Colombia.  A pesar del apoyo que les brindaron los partidos verdes,  los “altermundialistas” y otras sectas trotskistas, ellos fracasaron. Y ese fracaso fue doble. Los eurodiputados votaron finalmente los dos informes Leichtfried  (486 votos a favor, 147 en contra y 41 abstenciones) y los únicos que terminaron creyendo las mentiras fueron gente poco recomendable como Gollnisch y los eurodiputados verdes que le tienen un odio feroz a Colombia. Pero esa es otra historia.

El argumento de Bruno Gollnisch es que esos acuerdos “no tendrán los efectos miríficos anunciados para las empresas europeas, incluso si los accionistas  se benefician”.  Y que  “el impacto sobre el empleo [le] parece dudoso”. En su página web (1), Gollnisch se declaró enemigo del libre-cambio y de la finanza. Conclusión: la extrema izquierda colombiana, en materia de economía, libre cambio y finanzas, piensa lo mismo que ese dirigente del Frente Nacional.

Aunque se muestra como “progresista”, la extrema izquierda colombiana tiene más puntos de convergencia con la extrema derecha europea que con otras corrientes políticas y es capaz de gastar millones fuera de Colombia para tratar de quebrar los intereses económicos de su país como intentan hacerlo las formaciones nacionalistas y reaccionarias europeas.

Bruno Gollnisch pretende que los acuerdos entre Colombia, Perú y América Central y la Unión Europea “perjudicarán” a los productores de banano de Martinica y Guadalupe.

Por eso el votó únicamente en favor de la clausula de estabilización que permite,  teóricamente, suspender la reducción de la tasa de aduana, o hacer una alza de esa tasa, si las importaciones de banano causan perjuicios graves a los productores europeos.

Es cierto que a algunos productores franceses les gustaría establecer un monopolio del banano en Europa y sacar a los colombianos y a los latinoamericanos de ese mercado.  Por eso es que los mamertos, que  fabrican mentiras para que Colombia tenga dificultades para exportar sus productos, trabajan objetivamente, quiéranlo o no, por los intereses de los productores europeos, y no por los trabajadores de Colombia, a pesar de sus aburridas soflamas en ese sentido.

¿Esa complicidad objetiva  explica por qué los mamertos tienen el dinero que quieren para viajar a Europa y Estados Unidos, para comprar falsos testimonios, hacer filmes mediocres y pagar toda suerte de artilugios de propaganda contra el buen nombre de Colombia?

El banano es uno de los productos que la UE más importa de los citados países. Sobre todo respecto de Colombia y Costa Rica. El acuerdo también beneficiará a los productores de Perú, Panamá, Honduras y Guatemala.

Gracias al acuerdo, el nivel máximo de exportación de banano previsto para Colombia en 2019 podrá llegar a las 1.900.000 toneladas, es decir el doble de las exportaciones actuales. Para Costa Rica  el tope será  de 1.500 000 toneladas, cuando el volumen en 2010 no superó las 800.000 toneladas.

Eso no es todo. La prensa colombiana estima que “el 99,9 % de los bienes industriales”, dentro de los cuales se destacan productos de la pesca, productos químicos, plásticos y sus manufacturas, cueros, textiles y confecciones, calzado, “podrá gozar de un acceso sin arancel”.  Y que nuestros bienes agrícolas y pecuarios como el azúcar y productos azucarados, etanol y biodiésel, carne bovina, flores, frutas, hortalizas, café y sus preparaciones, aceite de palma y tabaco, “tendrán acceso inmediato”.

El editorial de El Mundo, de Medellín, del 12 de diciembre pasado, explicó cuán importante es para Colombia ese acuerdo: “La desgravación de nuestro comercio con los 27 socios europeos tiene una trascendencia enorme, hasta el punto de que según cálculos de Planeación Nacional el Acuerdo podría implicar por sí solo un crecimiento de 1,5 del PIB. En 2011, Colombia exportó a la UE US$8.800 millones y fue el segundo mercado de destino de nuestras exportaciones (15,6 %), después de los EE.UU. (38,1 %). En el mismo año, el país fue para la UE el primer proveedor de claveles, el segundo de banano y el cuarto de carbón. Nuestra balanza es ampliamente favorable, pues las importaciones de la UE en 2011 fueron de US$7.400 millones, siendo nuestro tercer proveedor (13,7 %), después de EE.UU. (24,9 %) y China (15 %)”.

Sólo los fanáticos que están interesados en que no haya desarrollo agrícola, para que la pobreza siga siendo invocada como pretexto para la violencia, pueden estar contra ese acuerdo. 

En un video (2) que fue enviado a los europarlamentarios poco antes de la votación, el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, difama a los productores de banano colombianos al presentarlos como “paramilitares”.   Dos activista del Movice (“movimiento de víctimas de crímenes de Estado”), que dirige el representante Iván Cepeda, aseguran que el paramilitarismo es una consecuencia del “desarrollo neoliberal”, que éste le va a quitar la tierra a los campesinos, y que el Ejército colombiano “asesina a los jóvenes de los movimientos sociales”. No olvidaron decir que el acuerdo entre Colombia y la UE “va a crear zonas liberadas bajo el control de las multinacionales donde el Estado no podrá ingresar”.

Ese sartal de mentiras culmina con las gesticulaciones de un tal Paul-Emile Duprez quien subraya que “los sindicatos de Colombia y los sindicatos europeos están contra el acuerdo” pues éste “beneficiará únicamente a los inversionistas europeos y a las multinacionales”.

Resulta irónico que los grupos que montaron esa campaña de intoxicación para oponerse a la paz y al desarrollo económico de Colombia son los mismos que están impulsando hoy en Bogotá un curioso “foro agrario” donde tratan de imponer la visión que tienen las Farc de la  agricultura y del comercio internacional colombiano.

(1)http://www.gollnisch.com/2012/12/14/accord-ue-amerique-centrale-clause-de-sauvegarde-et-mecanisme-de-stabilisation-pour-la-banane/

(2) http://vimeo.com/40228992 

martes, 19 de junio de 2012

“Colombie à balles réelles” Colombia a tiro limpio por Eduardo Mackenzie


Colombia a tiro limpio
Por Eduardo Mackenzie


“Colombie à balles réelles” es un reportaje intenso de 23 minutos que uno termina de ver con lágrimas en los ojos. Pues varios de los comandos antinarcóticos que Romeo Langlois interroga y filma desde la madrugada del 28 de abril pasado, van a morir horas más tarde ante su cámara, ante el espectador.  Las imágenes de esos jóvenes que van al combate en silencio, con serenidad y orgullo, pues se saben al servicio de su país, genera una simpatía inmediata en el espectador normal. Verlos caer luego, es algo insoportable.

Langlois quería filmar una operación de rutina destinada a desmantelar varios laboratorios de procesamiento de pasta base de coca en Caquetá. Sus imágenes muestran a los comandos en la base militar de Larandia a las 5 de la mañana.  El capitán Gómez, ya en el helicóptero, explica al reportero el sentido de la operación. Aterrizan cerca de un caserío. Los soldados interrogan a tres civiles. Estos admiten que fabrican pasta para ganarse la vida. Los comandos destruyen el exiguo “laboratorio” y parten hacia un segundo destino. El helicóptero donde va Langlois con 15 hombres aterriza sobre una pequeña colina. Allí encuentran una vivienda rudimentaria habitada. De pronto, y casi que por sorpresa, los uniformados descubren que un destacamento de las Farc no está lejos, pues éste ha visto el desembarco y comienza a dispararles.  

Eso impide la llegada de los otros 15 combatientes. El helicóptero dispara desde el aire sin “ablandar” a los guerrilleros. La balacera continúa y, en tierra, los militares piden apoyo. Un avión tipo gun ship, un lento DC3 de la segunda guerra mundial, llega tarde. Sobrevuela el lugar, dispara ráfagas contra los asaltantes pero los resultados de su acción son inciertos.  Los refuerzos que necesitan los comandos no aparecen. El segundo helicóptero no podrá aterrizar.  

Mientras tanto, el sargento Cortés trata de reagrupar a sus hombres. Durante el primer tiroteo la guerrilla había logrado dispersar a los comandos. Los irregulares, cruzan un camino, avanzan hacia el montículo desde donde  los soldados de Cortés responden con fusiles y con una ametralladora. Cuando descubren que los guerrilleros están a menos de 150 metros de allí, el sargento Cortés decide, o recibe la orden, de evacuar a Langlois.  

El reportero y el militar avanzan entre matorrales pero no van lejos. Los guerrilleros siguen ocultos y nuevas ráfagas de metralla salen de varios puntos. Un soldado reporta que ya hay tres compañeros heridos. Contra el suelo, siguiendo las instrucciones y tratando de esquivar los tiros, Langlois sigue al lado del sargento Cortés. A las 12 y 45 del día, una bala hiere el antebrazo de Langlois. El informa de eso a Cortés, pero éste, minutos más tarde, y a pocos metros de él, cae mortalmente herido. La cámara de Langlois registra esos instantes trágicos.

Lo que ocurrió después no es captado por la cámara. En la rueda de prensa de anoche, en París, en el salón de la Scam, Langlois dijo que al ver muerto al sargento, apagó su cámara, extrajo el cassette con las imágenes, lo escondió en su “banana”, se quitó el casco y el chaleco anti balas y abandonó la posición, reptando, no corriendo, como algunos dijeron, hasta ser capturado por los guerrilleros.

No dijo qué pasó entre ese momento y el comienzo de su interrogatorio en el frente 15 de las Farc. Este lo trató “super bien”, dijo, pues verificaron que él era periodista. Langlois pidió que no lo ataran. Anotó que ellos descubrieron sin tardar el cassette y se lo decomisaron. Pero que más tarde lo recuperó pues habían visto que lo grabado allí mostraba nada menos que una victoria de las Farc sobre el Ejército. Langlois dice que sus captores le aseguraron que ese día ellos habían matado a 17 soldados, cuestión que él no pudo verificar. El Ejército dice por su parte que en ese enfrentamiento murieron cuatro militares.

El resto fue la repetición de lo que ya Langlois había dicho en Bogotá. El único punto nuevo lo tocó al final: para Langlois todo el mundo en Colombia vive de la droga: “los industriales, la burguesía, los militares, todos ganan con la droga”, subrayó.  Oirlo decir eso fue para mí como regresar 20 años atrás, cuando los “expertos” más ignorantes de París decían lo mismo. Después esa línea calumniadora y generalizante fue desechada por la gente más seria. ¿Langlois trata de volver a servir ese plato? ¿Por qué?

Langlois pasó 10 años en Colombia. El sabe lo que son y lo que hacen las Farc. Por eso me asombró la aridez, el tono frío, aséptico, neutral (¿o indiferente?) con el que narra la tragedia colombiana. El da la impresión de rechazar toda valoración moral de lo que vive Colombia. Es incapaz de aceptar dónde está el bien y donde está el mal en el inmenso drama. Guerrilleros y soldados son, para él,  actores de legitimidad comparable, si no idéntica. El dedica su filme al sargento Cortés, es cierto, pero en la rueda de prensa en París no se dignó decir una palabra en homenaje a ese militar valiente que posiblemente le salvó la vida al sacarlo del punto más álgido de la emboscada.


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miércoles, 23 de mayo de 2012

Iban a atentar contra Uribe en Buenos Aires Por Eduardo Mackenzie


Iban a atentar contra Uribe en Buenos Aires
 Por Eduardo Mackenzie


Se le ha vuelto un hábito al presidente Juan Manuel Santos opacar y minimizar las fechorías de las FARC.  Cuando éstas  secuestraron a Romeo Langlois,  el gobierno adoptó la tesis de que él podía estar perdido en la selva del Caquetá.  El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, apeló desde el primer día a la “prudencia” y agregó que sólo se podía decir que el periodista francés  estaba “desaparecido”.

Santos insistió después, durante varios días, en que no se sabía en manos de quién podía estar Langlois, a pesar de que los militares y policías que sufrieron la emboscada, donde murieron cuatro uniformados, sí sabían qué había ocurrido.  Cinco días después del rapto, el presidente Santos seguía diciendo que “no estaba seguro” si las Farc lo tenían o no. El 4 de mayo de 2012 dijo: “Hay indicios, pero no estamos seguros de que las Farc lo tengan”.

Las Farc lo tenían desde el primer minuto, como lo supo Alain Juppé, el ministro francés de Relaciones Exteriores.  Si Santos acepta eso ahora es porque las Farc admitieron que lo tienen y que no lo entregarán hasta que Bogotá y París les cumplan no se qué exigencias, unas  secretas y otras visibles.

Tras el cruel atentado del 15 de mayo en Bogotá, Santos reincidió. Estimó que no se sabe quien ha puesto la bomba que estuvo a punto de matar al ex ministro y periodista de oposición Fernando Londoño Hoyos, que cegó la vida a dos de sus escoltas e hirió a 54 civiles. Para Santos  esa matanza pudo haber sido ordenada por una misteriosa “extrema derecha”, o por los que él llama ahora “tiburones”. Y ello a pesar de las pruebas que se acumulan en manos de la policía.  

Al actuar así, al estigmatizar de esa forma a sus contradictores,  el mandatario abusa de su autoridad.  Su juego es desleal y peligroso. Esa actitud tiene un chocante tufillo de chavismo. Chávez  eructa contra los opositores venezolanos llamándolos “escuálidos”. ¿Los “tiburones” son los escuálidos colombianos?  ¿Lo sufrido por Fernando Londoño no lo invita a pensar?

El mandatario se permite dictarle  la línea a la policía sobre lo que debe decir o no sobre los resultados de las investigaciones. Fue lo que le ocurrió al general Luis E. Martínez, director de la policía de Bogotá, quien  ve la mano de las Farc en los hechos del 15 de mayo (dos actos inseparables de terrorismo Farc de ese día: el carro bomba desactivado por la policía y el atentado contra el ex ministro Londoño) y quien, por el contrario, no ve que la “mano negra de extrema derecha” tenga algo que ver  con ese atentado. ¿Martínez será destituido dentro de poco por haber dicho eso?

Y ahora vino lo de Buenos Aires.  Ante la bomba encontrada en  el teatro Gran Rex de la capital argentina,  un día antes de que tomara allí la palabra el ex presidente Álvaro Uribe, el gobierno de Santos volvió a la línea de minimizar. 

El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo, en efecto, antes de que la investigación avanzara,  que los explosivos hallados eran   “artefactos no muy grandes” en pólvora negra que “no causarían mayor daño”.  Asombrosa declaración de parte de alguien que, como ministro de Defensa, debería saber que en todo plan terrorista lo que cuenta no es el arma en sí, utilizada o utilizable, sino la función que se le pretende hacer jugar a esa arma en unas circunstancias dadas.

¿Alguien puede olvidar que los 19 terroristas que cometieron los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos utilizaron cuchillos de plástico para obtener el control de los cuatro aviones?

El hecho de que en el recinto de la conferencia del ex presidente colombiano fuera encontrado un artificio con “pólvora negra” y no con pentonita no le quita nada a la gravedad del acto. La investigación dirá cual era la función específica que debía jugar la explosión en ese recinto cerrado.  ¿Derrumbar un muro? ¿Provocar una estampida del público? ¿Interrumpir la reunión?   ¿Matar al orador colombiano?  ¿Todo a la vez?

En todo caso, las declaraciones que brindó a la prensa el juez federal Norberto Oyarbide desde el lugar de los hechos, no coinciden con lo que dijo el ministro Pinzón.  Oyarbide no habló de “pólvora negra”, ni dijo que la bomba no sería letal. Todo lo contrario.

El juez argentino calificó el intento de atentado como algo “muy grave”. Explicó que  el aparato encontrado era “simple pero lo suficiente para producir la muerte de las personas que estaban más próximas”.  Oyarbide  se preguntó qué manos habían actuado allí y concluyó que  el daño iba a ser “muy grave para la República argentina” pues en el segundo piso del teatro se congregarían  personalidades internacionales  junto con el ex presidente Álvaro Uribe.

Oyarbide estimó que la bomba, preparada para que fuera detonada a través de un celular, hubiera podido causar muchas muertes y desatar una tragedia parecida a la que ocurrió  “en la cancha de River”, en alusión a la muerte de 71 hinchas en junio de 1968 por un movimiento de desbandada del público. El juez estimó que el estallido de los ventanales y de una parte del techo habría podido suscitar “un estado de locura y conmoción de la gente”.

Falta por descubrir, además, el entramado que hizo posible que esos explosivos llegaran a ese lugar y los nombres de los operadores locales y de sus comanditarios.  ¿Cuál será el papel de las autoridades?  ¿Investigarán imparcialmente? El ex presidente Uribe no es bien visto por el régimen cada vez más autoritario y nacionalista de Cristina Fernández de Kirchner.  ¿Cuánto sabían los más altos niveles del Estado  sobre los detalles de esa conferencia?

Buenos Aires está convertido hoy, como Caracas y La Habana, en refugio de extremistas de todo pelambre, desde separatistas vascos, yihadistas en misión, fanáticos anti sionistas, teóricos de la “justicia transicional”,  hasta instructores del socialismo del siglo XXI  y conspiradores narcoterroristas.  

Antes de conocer las respuestas exactas a todo eso es irresponsable decir que el atentado contra Uribe iba a causar “poco daño”.

Poner sistemáticamente en duda la responsabilidad de las Farc busca algo muy concreto: fomentar la impunidad e impedir que la ciudadanía, cada vez más en cólera ante la violencia de las Farc, opte por movilizarse de nuevo y masivamente en las calles contra los bárbaros y contra los proyectos de concesiones  que se están preparando.  

Ante la debilidad del gobierno, ante la visión ilusa de éste, que cree que con gestos estrafalarios, peores incluso que los de la época de Pastrana, el narcoterrorismo va a convertirse en un partido ejemplar, las Farc  incrementaron sus desmanes en todas partes. El precio en sangre que está pagando la ciudadanía y los miembros de las fuerzas militares y de policía es cada vez más alto.  Esa dinámica  de sacrificio absurdo e inútil, pues esas violencias pueden desembocar no en un triunfo de la democracia sino en un acto cobarde y entreguista de perdón y olvido, es insoportable y terminará volviéndose necesariamente contra el llamado “marco legal para la paz”.


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domingo, 26 de febrero de 2012

El juez Garzón gurú de la “justicia transicional” Por Eduardo Mackenzie

Dr. Eduardo Mackenzie

 Lo más chocante de la "justicia transicional" es que reduce a cero la soberanía de los Estados. No la soberanía de todos los Estados. Sólo de aquellos que permiten, por desorientación o por desidia, que ésta sea cuestionada o incluso maltratada por terceros. Las eminencias de la "justicia transicional" consideran, sin decirlo abiertamente, que hay países más fáciles que otros. Que hay países que se prestan a hacer el triste papel de ratas de laboratorio para que esa "justicia" monte experimentos. Y que hay países que hacen respetar su soberanía y que jamás toleran ese tipo de intrusiones.

En la primera categoría están los países del llamado Tercer Mundo a los cuales se les suele imponer cambios jurídicos bajo la etiqueta equívoca de ser "exigencias de la comunidad internacional".


El otro gran defecto de la justicia "transicional" es que no es imparcial. Es una justicia basada en la lógica perversa del amigo/enemigo. Ella obra sólo contra aquellos que considera adversarios, pues deja de lado la presunción de inocencia. Esa justicia tiene obsesiones. Un ejemplo: nunca se interesó por criminales como Fidel Castro, ni por dictadores tipo Kim Jong Il, ni por tiranos como Daniel Ortega o Hugo Chávez. Ella se ufana de haber atacado gente como Augusto Pinochet y Alberto Fujimori, pero ha hecho lo mismo contra demócratas que ella ve como "fascistas", como Henry Kissinger, Silvio Berlusconi y George Bush, entre otros. Otro blanco preferido de la justicia transicional: los gobiernos de Estados Unidos e Israel.


En 1995, cuando Fujimori proclamó una ley de amnistía para cerrar las heridas dejadas por la lucha contra el terrorismo, en especial contra Sendero Luminoso, 67 grupúsculos de izquierda acudieron a la Corte Interamericana de Derechos del Hombre para que la anulara. ¿Por qué? Porque la justicia peruana se negaba a hacerlo. Así, la CIDH, apelando a la justicia transicional, sentenció que esa ley "no coincidía" con los principios de la democracia. Y la ley se fue al suelo. Y Fujimori fue condenado, en 2009, por "responsabilidad indirecta", por una matanza que él no había ni ordenado, ni cometido.


La justicia transicional pretende impedirle a los países de América latina y de África decidir cómo cerrar ellos mismos los capítulos dolorosos de su historia. Quien tiene ese derecho, según la "justicia transicional", es una burocracia externa, no elegida por nadie e integrada por "expertos", algunos de los cuales militaron en grupos extremistas. La frase clave de todos ellos es: "Un Estado (del Tercer Mundo) no debe jamás ser autorizado a establecer tal jurisdicción por él mismo".


El autor de esa frase, el jurista Ruffin Viclère Mabiala, explica en un libro apologético sobre ese tema [i] que la justicia transicional es para los de ruana, para los países que se dejan vapulear por el primer aparecido que dice ser la encarnación de la "modernidad" y de una justicia nueva y "más progresista". Como ha ocurrido en Uganda, Ghana, Sierra Leona, Sudáfrica, Ruanda, Guatemala, Argentina, Perú, El Salvador y Haití, entre otros.


Mabiala admite, sin embargo, que en Europa y Estados Unidos, "la protección de los derechos del Hombre depende únicamente de las cortes de esos países y que nadie del exterior puede interferir esa soberanía". Y agrega: "Las modalidades de la justicia transicional no pueden violar (en Europa y Estados Unidos) las decisiones de esas cortes, pues éstas priman sobre los veredictos de las comisiones de verdad y reconciliación" (de la llamada justicia transicional). Pero sí las puede violar en los otros países.


Sobre estos últimos Mabiala agrega: "En materia de justicia y de responsabilidad, conviene admitir que si ciertos países tienen la capacidad para impartir justicia tras los crímenes en gran escala cometidos en su territorio, hay otros, en cambio, que tienen necesidad más bien de una asesoría fuerte de la comunidad internacional para entablar la acción judicial y establecer los mecanismos de verificación de los hechos" (p. 159). La justicia transicional es, también, "un dispositivo de reescritura de la historia", confiesa Mabiala (ps. 28 y 121).


Quien quiera saber qué hay detrás de la justicia transicional debe leer ese libro (no hay traducción al español todavía). Vea esta perla: "El enjuiciamiento de los responsables de crímenes de genocidio, de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra no constituye para nada un elemento esencial de la justicia transicional. El objeto fundamental de esta justicia es la búsqueda de la verdad. La inculpación en las situaciones de transición política caótica es completamente secundaria frente a las reparaciones, al examen detallado de los hechos y de las reformas institucionales." (p. 68). Si esa declaración no es clara, me pregunto qué podría serlo. En otras palabras: la justicia transicional no es una justicia, es una vía para disculpar a los grandes criminales.


Creyendo que España caería en la categoría de los países que permiten que otros reescriban su historia y violen su soberanía, el juez Baltasar Garzón decidió desconocer la ley de amnistía de 1977 que hizo posible la transición y cerró el período más difícil de la historia de ese país. Esa ley impide investigar los crímenes cometidos tanto por el bando nacional como por el bando republicano durante la guerra civil. A sabiendas de que cometía un delito, Garzón se declaró competente para investigar, en 2008, la desaparición de más de 100 000 personas de aquel periodo.


Pero como España no es una república bananera ni admite que sus leyes sean anuladas por iluminados, la justicia rechazó su pretensión y puso a Garzón en su sitio: el 7 de abril de 2010 lo condenó por "prevaricación judicial". Pues él había "desconocido principios esenciales del Estado de derecho como los de la legalidad penal e irretroactividad de la ley penal desfavorable". También le fue reprochado

el "desconocimiento objetivo de leyes democráticamente aprobadas, como la ley de Amnistía 46/1977" y el hecho de haber iniciado un procedimiento "consciente de su falta de competencia y de que los hechos denunciados ya carecían de relevancia penal". Peor, el 9 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo lo condenó de nuevo por prevaricación y lo inhabilitó por once años por haber ordenado escuchas ilegales en otro proceso (caso Gürtel).

Baltasar Garzón es la figura más conocida de la izquierda judicial internacional. Gran especialista en el arte de hostigar a la derecha, se convirtió, en 1993, en diputado socialista hasta que entró en conflicto con su jefe, Felipe González, y regresó a su oficio. En 2008, acusó al general Francisco Franco, muerto en 1975, y a 34 de sus antiguos generales y ministros, de crímenes de lesa humanidad. Y, a renglón seguido, ordenó la exhumación de 19 fosas comunes.


Lo que escandalizó a España fue la parcialidad de la acción de Garzón: él quería limitar su investigación a los delitos cometidos por los franquistas. No quería saber nada de las atrocidades cometidas por el campo adverso, los republicanos. ¿Por qué? Porque ese bando estaba dirigido por comunistas,

liberales, trotskistas y anarquistas. Bajo la dominación de los stalinistas pro Moscú, esa gente organizó escuadrones de la muerte que asesinaron a más de 70.000 personas, entre ellos sacerdotes, monjas y civiles de clase media, e impusieron un verdadero reino de terror en España, lo que contribuyó en gran medida al triunfo del campo nacionalista.

Ante el sectarismo de Garzón, juristas conservadores entablaron demanda. Lo acusaron de politizar la justicia y de tratar de utilizarla como instrumento de vendetta personal contra "la derecha". En un fallo de 14 páginas, la Audiencia Nacional concluyó que Garzón había manipulado el curso de la justicia por violar a sabiendas la ley de amnistía de 1977 que protege a todas las partes, incluidos a los miembros de la dictadura franquista, de persecución judicial.


El magistrado Luciano Varela Castro denunció que Garzón, "consciente de su falta de jurisdicción y de que los delitos denunciados carecían de relevancia penal cuando inició el procedimiento, construyó un argumento inventado para justificar su control del proceso que inició". Ver :
http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201004/07/espana/20100407elpepunac_1_Pes_PDF.pdf

Esas andanzas de Baltasar Garzón inquietan a Colombia. Pues él, bajo el auspicio de la OEA, trabaja como asesor del presidente Santos y no se sabe qué es lo que está haciendo. Al mismo tiempo, el Congreso de Colombia tramita, en el mayor sigilo y casi que a espaldas de todos, pues la prensa no informa o informa con cuentagotas, una reforma que tiene por objeto introducir en la Constitución la funesta "justicia transicional". Presentada el 12 de septiembre de 2011, esa reforma será, para el senador Roy Barreras, el alfa y omega de la justicia colombiana, el instrumento que permitirá "terminar del conflicto armado interno y el logro de la paz estable".


El carácter unilateral de la justicia transicional, su voluntad de reescribir la historia, reabrir las heridas, polarizar la sociedad, sancionar a unos y dejar sin sanción a otros, está lejos de ser una panacea y podría, por el contrario, tener desarrollos escalofriantes en Colombia, donde algunos aseguran que la violencia comenzó con los paramilitares en 1978 para dejar de lado, sin memoria y sin castigo, los crímenes que las guerrillas comunistas cometieron desde antes del inicio mismo del Frente Nacional en 1957.


¿No es esa selección maquiavélica lo que ya están aplicando? Condenan a los militares que defendieron el Palacio de Justicia en 1985 y absuelven y protegen a quienes planearon esa matanza. Condenan a los paramilitares (o considerados como tales) y absuelven a los Farcpolíticos.


Con tales antecedentes, la llamada justicia transicional podría no aportar nada bueno y ahondar aún más la crisis de la sociedad colombiana.


[i] La justice dans les pays en situation de post-conflit. Justice transitionnelle (Editions L'Harmattan, Paris, 2009).


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lunes, 7 de noviembre de 2011

FARC: Ojo con los planes que dejó Cano por Eduardo Mackenzie


El enorme triunfo político-militar que significa para el Estado y para la sociedad colombiana la muerte de Alfonso Cano no debe hacernos olvidar en qué contexto se dio la compleja operación Odiseo. Ésta ocurrió en medio de un impresionante repunte de las acciones guerrilleras de las Farc. Esa ofensiva  particular  logró propinarle a las fuerzas del orden duros golpes puntuales, sin que la inteligencia militar y las fuerzas armadas retrocedieran o cambiaran sus planes un solo momento. El éxito de la operación Odiseo se debe a esa firmeza aún en un periodo difícil.

El repunte de la acción de las Farc tenía (y sigue teniendo) tres características principales:

1. No es de alcance nacional. Se concentra sobre todo en unas zonas geográficas específicas del país (en tres departamentos con fronteras extranjeras –Nariño, Arauca y Norte de Santander--, y en departamentos de la vertiente sur–pacífico: Nariño y Cauca (sobre todo en las localidades de Corinto, Toribio, Caloto, Silvia, Cajibio, Jambaló y Suarez) y Putumayo (ataques al oleoducto Transandino y muerte de tres soldados cerca de Puerto Asís). Sólo en la última semana de octubre, emboscadas guerrilleras en varios lugares del país dejaron 23 militares muertos. En el primer semestre de 2011, las Farc llevaron a cabo 1.115 acciones armadas, lo que significa un aumento del 10% frente al mismo periodo en 2010. En ese año hubo 1.947 acciones armadas, una cifra levemente inferior a los 2.063 enfrentamientos registrados en 2002, cuando comenzó el primer gobierno de Álvaro Uribe y las Farc estaban en plena expansión. Dato colateral pero que no sobra: Marta Sáenz, gobernadora de Córdoba denunció, a finales de septiembre pasado, que en su departamento 409 personas habían sido asesinadas en sólo nueve meses, sobre todo por las Bacrim.

2. El repunte de la acción guerrillera-terrorista va acompañado de una serie de disturbios  aparentemente civiles y “sociales” que el universo fariano llama “acciones de masas”. Esa combinación efectiva de “formas de lucha” no es nueva pero había perdido impulso durante los dos gobiernos del presidente Álvaro Uribe. Las “acciones de masas” son movimientos generalmente violentos y muy estructurados donde un sector social es utilizado simplemente como masa de maniobra y de choque. Los movimientos actuales obedecen más a un plan estricto desestabilizador impulsado por las Farc y otros grupos armados, que a la espontaneidad y volatilidad de ciertas reivindicaciones sociales. Las Farc tratan por ese medio, que ellos abordan bajo la denominación de “trabajo de masas de las Farc”, de reimplantar formas de “presencia” y de control  violento en zonas perdidas por ellos en los últimos ocho años.

3. La intensificación de la guerra jurídica-judicial está destinada a minar la moral de combate de las Fuerzas Armadas, creando la sensación difusa de que cada acto de guerra contra las Farc, y de protección de la población, por más justificado que sea, puede convertirse, meses o años después, para militares y policías, en motivo de acusación  por “homicidio en persona protegida”, de destitución y cárcel. También está destinada a destruir la popularidad del ex presidente Álvaro Uribe (y  de sus ex ministros y consejeros). Esa guerra es un componente primordial de la ofensiva de las Farc. Ese “trabajo” específico, confiado a equipos y oficinas especializadas, hace parte central de los planes que había trazado Alfonso Cano para sacar a las Farc de la fase de postración y repliegue en que la dejó la política de Seguridad Democrática.

¿La muerte de Alfonso Cano deja automáticamente sin vigencia esa configuración? Probablemente, no. Esa muerte tendrá, desde luego, un impacto negativo fuerte, a corto y mediano plazo, sobre el repunte de las emboscadas. De hecho tras la muerte de Cano, las fuerzas armadas propinaron duros golpes a las Farc en otros departamentos, sobre todo en Vichada y Meta.

La muerte de Cano frenará la ofensiva  de las Farc pero no necesariamente afectará el frente de las “acciones de masas”, ni los dispositivos de guerra jurídica. “Hay una política trazada y esa es la que se continuará”, dijo con no poca claridad el más reciente mensaje firmado por el “secretariado del Estado Mayor Central de las FARC”. (El Tiempo, 5 de noviembre de 2011).  Esa frase es la más importante de ese comunicado.

Las peculiares aristas de la estrategia de Alfonso Cano podrían incluso ganar extensión y radicalidad si el Gobierno sigue con su línea de ignorar o subvalorar esos fenómenos y de tratarlos como algo residual y folclórico. El Estado debe reconocer que la guerra jurídica existe y debe tomar medidas concretas y crear dispositivos para desenmascarar a los actores y ponerlos en manos de la justicia. Pues esa guerra es tan ilegal y criminal como la que se hace con emboscadas y minas antipersonas.

La artificialidad de ciertas luchas “sociales”, como las “protestas de campesinos” y de “indígenas” en Caloto, donde bloquearon las vías que comunican  el Valle con el Cauca en los días anteriores al desenlace de la operación Odiseo, es muy evidente. Sin embargo, el gobierno parece ser miope ante lo que está sucediendo en ese sector.  El “trabajo de masas” de las Farc está, sin embargo, en auge. Está detrás de fenómenos como los “paros armados” que buscan intimidar a la población en Arauca, en los disturbios en algunas minas de Nariño (Mazamorras), en los incendios y amenazas de grupos de agitadores armados; en los atentados a bala  contra carrotanques que transportan crudo en Caquetá, en los disturbios en la Pacific Rubiales de Puerto Gaitán, Meta, es decir en una región petrolera clave del país, donde está el 47% de la producción petrolera nacional. Allí se ha visto la irrupción de provocadores y encapuchados violentos, sobre todo en los campos de Rubiales y Quifa (donde se extraen 225 000 barriles diarios).  Iguales métodos están siendo utilizados para llevar el paro a fincas productores de palma, en el Magdalena Medio.

A todo eso se suma la reaparición de milicianos vestidos de civil en numerosas localidades, sobre todo en Caquetá y Guaviare, donde la población vuelve a sentirse desamparada. La huelga que paraliza universidades públicas y privadas,  con estudiantes de secundaria y hasta del Sena, con encapuchados,  explosivos, destrozos, heridos y hasta con un muerto,  hace parte de la misma ola subversiva, aunque no todos los jóvenes que salen a la calle sean agitadores ni subversivos. Sin embargo, ellos están siendo utilizados. Las Farc pretenden forjar en sectores juveniles una “vanguardia” incontrolable y mejorar su sistema de reclutamiento en las ciudades.

Todo ello pone al desnudo la orientación compleja que Alfonso Cano había puesto en marcha. Esa fue su última interpretación, bastante hábil por cierto, del viejo instrumento fariano de la “combinación de todas las formas de lucha”.

El Gobierno debería ofrecer una respuesta concertada y simultánea a esos tres desafíos, y no sólo a uno. El restablecimiento pleno y total del fuero militar debería ser  la justa respuesta inmediata y práctica ante el acto heroico culminado en el Cauca por la brillante operación  Odiseo, en la que  numerosos combatientes de la fuerza pública perdieron la vida.

El restablecimiento del fuero militar y el estímulo a organismos encargados de la defensa jurídica de los militares, podría ser un primer paso, de fuerte connotación simbólica,  hacia un esfuerzo serio de contención de la campaña psicológica contra los mandos y las bases militares por la vía de las falsas acusaciones, de los procesos trucados con testigos y pruebas hechizas, con agitación internacional y con sentencias humillantes proferidas por cortes internacionales politizadas.

La confrontación podría agravarse si no se ataca a fondo la estrategia combinada de las Farc. La vía es, también, impedirle a las Farc inmiscuirse en la lucha social, la cual es, en sí, legítima. Las Farc y sus aparatos no tienen nada que hacer en ese terreno. Se debe avanzar hacia el desmantelamiento definitivo de las estructuras terroristas que ensangrientan el país, sean las que sean, Farc, Eln, Bacrim, etc. Lo urgente es impedir la reorganización de la dirección central de las Farc. ¿Qué relevancia puede tener en ese contexto saber quien reemplazará a Cano en la jefatura de las Farc? ¿Qué diferencia hay entre un  Iván Márquez y un Timochenko? Lo importante está en otra parte. En saber cómo quebrar los planes dejados por Cano,  en incrementar la deserción y ampliar el desorden entre cada componente de las Farc, en cortar el flujo de narco dólares, armas y explosivos dentro de esas estructuras, en frustrar los golpes vengativos que algunas comisiones y frentes están preparando contra las fuerzas armadas, contra la clase política y contra la sociedad civil y en relanzar la cooperación entre la ciudadanía y las fuerzas del orden.



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viernes, 4 de noviembre de 2011

Colombia: Ganó Petro ¿Qué ganó Bogotá? Por Eduardo Mackenzie

Eduardo Mackenzie


Francamente, ¿quién puede creer que una ciudad de nueve millones de habitantes, con un presupuesto de 17 billones de pesos, donde reside el centro político, industrial y cultural más importante de Colombia,  podrá ser  dirigida eficazmente por un hombre sin la menor experiencia administrativa,  por el caudillo de un movimiento izquierdista y sectario que fue votado, el pasado 30 de octubre,  únicamente por 600 934  personas?  
Lo que acaba de ocurrir en Bogotá es un muy mal signo para el futuro de Colombia. 



¿Cómo aceptar el hecho de que Bogotá haya conferido esa dignidad a alguien que ha sido, durante más de dos décadas, uno de los políticos más opacos y nebulosos del país, pues en todos esos años él logró ocultar, tras innumerables cortinas de humo, casi todo su pasado político y, sobre todo, sus actuaciones clandestinas al servicio del M-19, y ha logrado aparecer, finalmente, como el héroe candoroso de un supuesto “socialismo democrático” latinoamericano?   ¿Cómo calificar el hecho de que Bogotá ha elevado al cargo de alcalde mayor a un hombre que tiene sangre en las manos?

Aunque amnistiado y con buena prensa, Petro tiene un prontuario criminal que lo seguirá siempre. En años anteriores, Bogotá había elegido dos alcaldes de la corriente de Petro.  Ambos cometieron graves errores y defraudaron a la ciudad. Los índices de corrupción alcanzados por la alcaldía de Samuel Moreno Rojas es  una aberración atribuible sobre todo al partido de Petro. Sin embargo, ninguno de ellos había tomado las armas para matar a otros colombianos. Petro lo hizo y pagó cárcel por eso. Petro nunca se arrepintió de manera clara de su pasado guerrillero. Así pues, alguien que militó en uno de los movimientos terroristas más sangrientos del país tomará las palancas de la ciudad el 1 de enero de 2012.  

¿La elección de Gustavo Petro Urrego como alcalde de Bogotá es algo más que el resultado de una votación?  Puede ser la operación más audaz del M-19 contra el sistema político, más incluso que el infernal asalto contra el Palacio de Justicia en 1985 y los procesos judiciales inicuos contra los héroes defensores del Palacio. Por una razón: porque esta elección  es, para Petro, únicamente un trampolín para tallarse una imagen de presidenciable, y porque esta vez esa operación aparece como algo muy legal, muy legítimo e irrefutable.

Estamos ante un éxito del M-19. Un M-19 desarmado existe desde marzo de 1990 bajo diferentes ropajes y nombres: Alianza Democrática, Frente Social y Político, Polo Democrático, y ahora Partido Progresista. Todos esos grupos son lo mismo, un mismo programa, una misma doctrina. ¿Dónde está la evolución ideológica de ellos? Eso no existe. Ese grupo es la respuesta a una misma promesa: la de Carlos Pizarro quien en 1988 advertía que el M-19 debería “ser gobierno”. Ese aparato salido de las entrañas de las FARC, que en su época logró hacerle creer al país que era una guerrilla “juvenil” y “nacionalista”, sigue hoy su marcha bajo ropajes civiles, pero con los objetivos de siempre: desbaratar la democracia y desmantelar el sistema capitalista. Todo bajo un juego de  disimulación y camuflaje de alcance estratégico.

¿Cuál es la hoja de servicios de Petro a la ciudad, al país? Su periodo como senador él lo aprovechó para saciar una doble pasión: tratar de destituir al presidente Álvaro Uribe y ponerle zancadillas a la política de Seguridad Democrática. Su fracaso fue estruendoso.  Su triunfo de hoy reviste, pues, la forma de una revancha. ¿Qué frutos podrán nacer de ese terreno tan árido?

Petro fue elegido por una minoría. Sólo el 32% de quienes votaron en la capital de la República lo hicieron por él. El resto, el 68% de los votantes que se movilizaron el 30 de octubre, querían otro alcalde.

Eso quiere decir dos cosas:

a) que Bogotá no es una metrópolis que ha virado hacia la izquierda, ni a la extrema izquierda. Sin embargo, tendrá que soportar las decisiones y políticas de una corriente minoritaria que no recoge el querer de las mayorías.

b) que el sistema actual, para la elección de alcaldes y de gobernadores, es pésimo pues no contempla la posibilidad de una segunda vuelta. Ello permitió que la minoría mayor, no la mayoría (absoluta o relativa) de los votantes, adquiriera el control de la ciudad.

Ese sistema electoral, que ha permitido al minoritario Polo Democrático controlar la administración de la ciudad, no es plenamente democrático y está mandado a recoger. Hay que dotar al país de un sistema de dos vueltas para las próximas elecciones de alcaldes y de gobernadores. No hay otra manera para lograr que las autoridades que sean elegidas sean, también, representativas.

Si en la  primera vuelta no aparece un candidato respaldado por la mayoría de votantes, sólo una segunda vuelta puede darle a alguien una representatividad inobjetable. Es lo que se hace en otras grandes democracias. Sin una segunda vuelta las alianzas políticas, algo totalmente legítimo, pierden interés. Pues si una minoría mayor se impone en una sola vuelta, los lideres y fracciones que quieran sumarse a ella para gobernar la ciudad lo harán no por afinidades de ideas sino por un interés particular. Ese tipo de gestión municipal tiene un nombre: “chambonear” (para no utilizar otra palabra).  ¿Es eso lo que le espera a Bogotá ante temas  fundamentales como la Salud, la Educación, el Mínimo Vital,  el Metro,  el Sistema Integrado de Transporte Público y el nuevo aeropuerto de El Dorado?
Gustavo Petro no estaba habilitado para ser candidato. La tradicional debilidad institucional de Colombia, y el laxismo del Consejo Nacional Electoral,  jugaron a favor de esa candidatura. La inhabilidad de Petro es un hecho.  Ese candidato fue capturado en octubre de 1985, juzgado y condenado a 18 meses de cárcel. Esa condena se cumplió. “Petro salió de la cárcel después de 16 meses de sufrir pena privativa de la libertad por decisión judicial. Que es exactamente lo que produce la inhabilidad que describe el artículo 179 de la Constitución, y que por una migración normativa se aplica a quienes pretendan la dignidad de alcalde de Bogotá”, explicó el jurista y ex ministro de Justicia, Fernando Londoño Hoyos. Este precisó algo muy importante: “El perdón a los del M-19 no cubrió el delito anterior de Petro [pues el delito de octubre de 1985] nunca fue declarado delito político”. (El Tiempo, 7 de septiembre de 2011)

El hecho de haber “ganado” la elección de Bogotá no exime a la justicia de estudiar de nuevo la legalidad de esa candidatura. Las mayorías bogotanas no deberían olvidar ese punto. Tampoco se debería perder el hilo del problema de la financiación de la campaña de Gustavo Petro. La periodista Cecilia Orozco Tascón, para nada sospechosa de simpatías uribistas, dijo que jamás votaría por Gustavo Petro (El Espectador, 25 de octubre de 2011) pues entre los mayores financiadores de esa campaña hubo “empresas y empresarios extraños”: Tramsar le donó a Petro 111  millones de pesos, Pilastro Ingeniería y Construcción le dió 64 millones de pesos y  los señores  Jorge y Gustavo Escaf le aportaron 115 millones de pesos. Esos aportes  constituyeron el 25% de los recursos de esa campaña. “Nada tranquilizador” concluye la periodista.

Hay que decirlo: en esas condiciones, el triunfo de Petro hace parte de las anomalías que rodearon las elecciones regionales y municipales del 30 de octubre, donde una veintena de motines y asonadas (con heridos y muertos) afectó la pureza del sufragio en varias regiones. Según la Ong Misión de Observación Electoral, 41 candidatos fueron asesinados durante la campaña, 87 fueron amenazados, 22 sufrieron atentados, 7 fueron secuestrados. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) estimó que las bandas criminales habían estado presentes  “en 347 municipalidades de 31 de los 32 departamentos”. Hubo pues un regreso de la violencia preelectoral y paramilitares y guerrillas  hicieron de las suyas para imponer su gente. Lo de Petro es otra extravagancia más de esa jornada.  Hay que reflexionar sobre eso.







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miércoles, 26 de octubre de 2011

Cuba, El Tiempo y el embargo Por Eduardo Mackenzie








Es como si El Tiempo hubiera adaptado un texto de propaganda de la agencia castrista de noticias  para convertirlo en editorial. 

El editorial del 24 de octubre de 2011 (http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/editorial-una-medida-inutil-y-anacronica_10629046-4) pretende que el completo fracaso político, económico y social de la dictadura cubana no se debe a los errores de los hermanos Castro, a su monstruosa terquedad por esclavizar a su país y ponerlo al servicio de un sistema totalitario que condujo en todas partes a las peores catástrofes, sino que todo ello es culpa de los Estados Unidos.

Los Castro no fracasaron, quien fracasó fue Washington, nos dice El Tiempo. El editorial sugiere que ese régimen habría podido construir una economía floreciente si no se hubiera atravesado Washington y su famoso embargo comercial. ¿Quién puede aceptar semejante análisis? Únicamente los alienados mamertos.

Dejando en el tintero toda exactitud factual y conceptual, el editorial habla de tres cosas a la vez y las hace pasar como sinónimos: “bloqueo”,  “cerco económico” y “embargo”.  Al hacer eso el editorialista se pone al mismo nivel de los portavoces de La Habana.

¿Qué diablos fue lo que decretó el presidente Kennedy en 1962? ¿Y por qué? El Tiempo evita toda explicación al respecto. Dice que el embargo fue la consecuencia de “la guerra fría”. Error. La guerra fría no tuvo nada que ver con eso. El embargo fue la respuesta  legítima y puntual de Washington al robo que los Castros hicieron de las empresas norteamericanas en la isla.

Esa medida de retorsión  nunca le impidió a Cuba comerciar con países europeos, ni con América Latina, ni con las dictaduras del Comecom, bajo la tutela soviética.  Gracias a varias zonas francas, como la de Panamá, La Habana podía adquirir hasta equipos técnicos norteamericanos de última generación. Cuba exportaba azúcar, cítricos y otros frutos tropicales al Comecon y recibía de éste tractores,  camiones, buses, autos, televisores, neveras y hasta filmes. El uso que hizo de esos equipos y de los demás bienes que provenían del mundo occidental es otra historia: la economía dirigida, la burocracia inepta, acabó con todo. El tal “bloqueo” tampoco le impidió a Cuba enviar sus tropas y sus fanáticos pistoleros a países de los cinco continentes, a sembrar la muerte en nombre de un ideal intrínsecamente perverso.

Lo que trata de negar el asombroso editorial de El Tiempo, que en el pasado sabía distinguir entre una democracia y una dictadura, y fue más lúcido y más valiente en la denuncia de ese detestable régimen, es que el obstáculo principal para el desarrollo de esa isla no fue el embargo sino el sistema dictatorial instaurado en 1959.

¿Quién puede ignorar hoy que en la destrucción de la economía de la isla jugó un papel central, no sólo el rígido y absurdo sistema comunista, sino la destrucción física,  material, moral e intelectual de las élites y de las clases laboriosas, desde la burguesía hasta la clase obrera y la clase campesina cubana, que  hicieron de ese país, antes de la llegada de los Castro, uno de los más prósperos y acogedores de Latinoamérica?

Esa destrucción física y moral de capas enteras de la población fue hecha mediante fusilamientos, asesinatos discretos o no, procesos trucados, cárcel, represión de toda disidencia, golpizas, expulsiones y exilio. El precio de todo ello lo sigue pagando hoy la sufrida población de la isla.

La frase más escalofriante de ese editorial es ésta: “El cerco comercial ha alimentado el apoyo interno a la dictadura comunista”. Falso. La dictadura de los Castro nunca tuvo un auténtico apoyo popular.  La dictadura castrista ejerce la violencia más exacerbada del Estado sobre la población, a través de  micro y macro estructuras de control social, y frustra toda  espontaneidad política a la población. Aquello de las “manifestaciones populares” a favor del castrismo es otro mito que hace años se fue a tierra. Salvo para El Tiempo.

Ese régimen tuvo, es cierto, en los primeros años, un cierto apoyo popular.  Eso fue el resultado de la intensa propaganda, es decir de la mentira sistemática y generalizada, entregada en dosis masivas y permanentes al pueblo. Fidel Castro y sus patronos del Kremlin le hicieron creer al mundo en esos años que el socialismo totalitario haría salir a Cuba del subdesarrollo y construiría en la isla un paraíso terrenal. Ese apoyo comenzó a desgastarse rápidamente desde 1977, mucho antes de que la URSS se desmoronara, pues ese sistema no podía ser reformado ni mejorado. El patético resultado de la larga y penosa partida  castrista ya no puede ser ocultado. Empero, el citado editorial de El Tiempo trata de revivir ciertos mitos.  Lamentable.




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jueves, 17 de febrero de 2011

Santos debe decir qué pasó por Eduardo Mackenzie

Eduardo Mackenzie
No se sabe qué es peor, si la noticia de que el Gobierno dejó escapar a Alfonso Cano del Cañón de las Hermosas, donde las fuerzas militares lo tenían cercado, o la desenvoltura como el presidente Juan Manuel Santos trató y trata este gravísimo asunto.
“Es posible”, fue la respuesta dada a CNN en español por el jefe de Estado colombiano. Y eso fue todo. No hubo otro detalle, ni un análisis mínimo de lo que pudo haber ocurrido el domingo 13 de febrero de 2011 en ese rincón del sur del Tolima.

Tal respuesta no es sólo lacónica: es incompleta, es inepta y ambigua. Esa respuesta permite pensar que el jefe de Estado colombiano no estaba informado, o estaba mal informado. Un jefe de Estado, en materia tan grave, no puede contentarse con dudas, con tener una noción vaga de las cosas. Debe saber o, al menos, saber que no sabe, que ignora lo esencial, o que su información aún no ha sido verificada. Nadie le habría reprochado nada al presidente Santos si admite que está esperando una confirmación. Pero no, el sólo dijo “Es posible”. Y dejó al país entero en vilo.

El presidente debe decirle al país qué pasó en esa escala no prevista y abusiva que hizo el helicóptero brasileño con Piedad Córdoba a bordo. Esa activista dirigió el aparato con precisión hasta el caserío de San José de las Hermosas y después salió con el cuento de que había “copiado mal” las coordenadas que le habían dado las Farc. Ella no copió mal: en ese punto la esperaba un fuerte destacamento del frente 21 de las Farc, es decir los guardianes más cercanos de Alfonso Cano. Fue así como el jefe de las Farc, ante la negligencia del gobierno, y con el pretexto de entregar un secuestrado que no estaba previsto en la lista de ellos, pudo escapar, por los aires, según las versiones conocidas.

La fuga de Cano fue revelada desde el lunes por un puñado de periodistas que se atrevieron a informar, aunque sin pruebas, que ese individuo había sido sacado en uno de los helicópteros brasileños. Gracias a ellos, CNN pudo lanzar la pregunta a Santos. De lo contrario, nadie habría sabido que ese domingo el país había sido burlado por las Farc y por Piedad Córdoba.

Creyéndose muy hábil y muy fuerte, el gobierno quiso frotarse a las maniobreras Farc. Y ahí está el resultado: salió tumbado. Como muchos observadores lo decimos desde hace mucho tiempo: toda veleidad negociadora o de tratos, aún así sean puntuales y mínimos y esporádicos, con esa gente, se saldarán con derrotas para el Estado y para la sociedad. Pues jamás habrá con las Farc un contacto “mínimo” que no se transforme en “máximo”. ¿Cuándo aprenderemos la lección?

Lo ocurrido el domingo es el resultado del abandono de la seguridad democrática. Al dejar de lado esa doctrina, el gobierno no tiene una de recambio y escogió su vía crucis: ahora tendremos que analizar las cosas del país a la luz de lo que puede pasar en un contexto de inseguridad democrática.

El traslado de Cano a otro lugar, o a otro país, es un hecho gravísimo para la seguridad de Colombia. Lo ocurrido el domingo es igualmente peligroso desde el ángulo diplomático: en ese episodio terminaron involucrados, quiéranlo o no, el CICR y dos gobierno extranjeros, Brasil y Venezuela. Pues un grupo de Telesur obtuvo misteriosamente las coordenadas que ni Bogotá conocía y estuvo presente para montar un show publicitario en ese caserío. Tarde o temprano esa gente le pasará a Colombia la cuenta por eso.

Alfonso Cano no es un criminal ordinario. Es el jefe de una organización comunista que se mueve, con ayuda extranjera, como un ejército invasor de Colombia. Es él quien decide y ordena las grandes operaciones y maniobras, las matanzas, emboscadas, secuestros, robos, y todo tipo de delitos contra la seguridad y estabilidad del país.

Por eso los ciudadanos tenemos derecho a pedir explicaciones al gobierno, pues se trata de la seguridad actual y futura de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros compatriotas.

Una respuesta como esa (“Es posible”) suena más a respuesta displicente dirigida a alguien que se interroga sin tener derecho a interrogarse. ¿Eso somos los colombianos para el presidente Santos?

No es posible guardar en secreto lo que ocurrió el domingo. Parece que los colombianos somos los únicos que no sabemos nada. Los gobiernos sí lo saben. Basta saber que el radar de Chiribiquete tuvo que haber registrado cada uno de los pasos y movimientos del helicóptero el domingo. Si ese aparato llegó hasta territorio venezolano o brasileño debe existir ya la prueba de eso. Y otros radares pudieron también observar lo mismo. Eso ya lo saben Washington, Caracas, Quito y Brasilia. Sólo la opinión pública colombiana ignora todo al respecto.

Y lo sabrán muy pronto en Buenos Aires donde Piedad Córdoba, y sus cómplices del Foro de Sao Paulo, es decir todas las sectas marxistas del continente, celebrarán en un mitin la escapada de Alfonso Cano. De allá regresará la ex senadora no para una cárcel, como lo merece, sino a seguir en su farsa de la “mediación” desinteresada. Y a pedir que la condecoren.


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