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domingo, 27 de mayo de 2012

Venezuela: RCTV cinco años después por Luís Marín

RCTV cinco años después 
por Luís Marín



Al cumplirse cinco años del cierre de RCTV, la pregunta más acuciante es si la sociedad venezolana habrá aprendido las lecciones, si habrá sacado las necesarias conclusiones que se derivan de esa tragedia. Por lo que está a la vista no es así, ni siquiera parece que sea un tema de reflexión y debate público.

Más bien la impresión es todo lo contrario. El régimen ha aprovechado la oportunidad para “renovar” las concesiones por cinco años a algunas emisoras genuflexas; pero la naturaleza del acto sigue siendo la misma: el otorgamiento es tan arbitrario como la negativa, no implica ningún “derecho” sino que se presenta como la concesión graciosa del dueño del espacio.

Con lo que parece irse consolidando en la mente colectiva la idea de que un grupo de militares facciosos, comunistas por añadidura, pueden administrar el espacio radio eléctrico como si fuera de su propiedad exclusiva y al que nadie más tiene derecho.

Hace cinco años había más discusión, porque incluso algunos pseudo-intelectuales de la dictadura consideraban necesario balbucear el argumento de que la administración del espacio radio eléctrico era (como todas las cosas, para ellos) una cuestión de soberanía y seguridad nacional. La traducción literal de esta monserga es que está sometida al arbitrio del régimen, que puede hacer lo que le parezca, sin rendirle cuentas a nadie.

Incluso llegaron a comparar las concesiones de las emisoras de radio y televisión con las concesiones petroleras, para justificar un poco el extraño mecanismo de “reversión” que por analogía llevaría sus instalaciones y equipos a manos del Estado, sin fórmula de juicio, una vez vencida la así llamada “concesión”.

Como si el acceso al espacio radio eléctrico fuera comparable a la explotación de una mina, de un producto no renovable, sobre el cual, el dueño del terreno puede cobrar una renta por permitir el acceso a las empresas interesadas en explotarlo. Es evidente que la empresa que se aproxima no puede reclamar el acceso como “derecho” y la concesión se parece mucho a una gracia del Estado, que puede otorgarla o no, a discreción.

En cambio, en el espacio radio eléctrico vivimos todos y no hay manera de comunicarse sino a través de él, a viva voz o imagen, telégrafo, radio, microondas, celular, internet o cualquier sistema inalámbrico. Es inconcebible que alguien pretenda adueñarse del espacio y negarle el acceso a quienes no considere como partidarios o amigos, que lo necesitan para comunicarse del mismo modo que se requiere el suelo para desplazarse.

Efectivamente, del hecho de que para poner orden en el tránsito el Estado tenga la potestad de otorgar licencias para manejar no se deduce que pueda negárselas a quienes considere como sus enemigos políticos. Para eso existen normas objetivas, que deben aplicarse a todos por igual y quien cumpla con los requisitos legales, pues, tiene que tener su licencia. Negársela es un acto de discriminación e injusticia flagrante, proscrito en cualquier orden constitucional.

El acceso al espacio radio eléctrico sí que es un “derecho”, podríamos incluso decir que humano, inalienable e imprescriptible y ningún partido político, gobierno, ni Estado lo puede acaparar para sí,  excluyendo de él a los demás seres humanos, como si se les prohibiera comunicarse, lo que es una perfecta atrocidad.

Sin embargo, la historia está llena de estos abusos, como cuando los regímenes totalitarios le negaban el pasaporte a los “contrarrevolucionarios”, con lo que llenaron al mundo de “apátridas”, en una sorprendente profecía auto-cumplida.
Cierto que ningún ruso blanco debería estar interesado en llevar un pasaporte con una hoz y un martillo estampados y la inscripción “República Socialista Soviética”, entidad para ellos no solo repudiable e ilegítima, sino inexistente.
Pero así es el comunismo: confunde la ideología, el partido, con Estado y Nación, de manera que en una secuencia inversa, solo ellos son nacionales y los demás apátridas.

HEGEMONÍA Y LENGUAJE

El rasgo más grave de la mal llamada “hegemonía comunicacional” es que implica una decodificación del lenguaje, la asignación de nuevos significados a las palabras, además de la creación de neologismos, de manera que no es solo el control de los medios sino el contenido mismo de las comunicaciones lo que se tergiversa, volviéndonos el mundo incomprensible.

Hay formas burdas como llamar “expropiación” al robo, al despojo de tierras “rescate”, de manera de presentar en una forma plausible aquello cuya expresión directa sería repudiable; pero hay otras formas más rebuscadas, como cuando en la exposición de motivos de las leyes se enuncian una serie de fines y valores que no tienen nada que ver con el articulado y menos con las medidas que se implementan en consecuencia, que es donde se manifiesta la intención oculta, que siempre es la verdadera.

En el caso de RCTV no se habla de cierre, que es lo que es, sino de la suspensión de la concesión, como si se tratara de un acto de mero trámite, completamente irrelevante, que podría ocurrir todos los días, banalizando un hecho inusitado, nunca visto en la historia de este país, ni sus alrededores, con la probable excepción de Cuba.

Ciertamente se recuerda en los albores de la “Revolución” el cierre del Diario de  la Marina y cómo una poblada encabezada por el mismísimo Fidel Castro clausuró una emisora radial donde se transmitía información y declaraciones fuera de la línea oficial.

Desde entonces quedó claro: la libertad de expresión es incompatible con la verdad oficial. La única manera de que las falacias del régimen se sostengan es que nadie las contradiga, porque no resisten una crítica racional.
Puede decirse sin exageración que el lenguaje revolucionario es mágico, irracional por naturaleza. Se expresa por imágenes, no por conceptos; abusa de la metáfora, la hipérbole, la forma figurada y apela siempre al sentimiento del oyente, no a su Razón.

Esto hace especialmente problemático el trato con los llamados revolucionarios, porque su lenguaje se acepta o se rechaza en bloque, pero no es susceptible de crítica alguna, lo que hace imposible el establecimiento de un diálogo. Esto es necesariamente así porque un discurso constituido por consignas y clichés es un arma para “el combate”; .no sirve como instrumento para el diálogo.

Hoy, como hace cinco años, hasta nuestros aguerridos estudiantes siguen diciendo que ellos no defienden a una empresa como tal sino a la “libertad de expresión” in abstracto; y es que las empresas son indefendibles.

Así como se defienden los “legítimos intereses” de los trabajadores; pero los intereses de los empresarios son “mezquinos intereses”. El sentido común nos dice que todos son intereses, a veces legítimos o no; pero la hegemonía del lenguaje socialista hace que unos sean sagrados y los otros deleznables a priori.

Lo ilustrativo de esta oposición en particular es que se nos revela completamente contraria a la experiencia y sin embargo se sigue sosteniendo. Todo el mundo puede ver que no hay obrero que de golpe si no se le paga y si da un golpe de más, quiere que le paguen de más. La acción desinteresada no existe en el lenguaje sindical.

Sin embargo el altruismo empresarial pasa por debajo de la mesa y todo el filantropismo del mundo no disminuye en nada la mezquindad que proverbialmente se les atribuye.

Así como usted puede matarse trabajando de sol a sol, pero si resulta que es el dueño del negocio entonces usted no es un trabajador. Cae en “la clase” de los propietarios que por definición no trabajan; al contrario de los no propietarios, que son trabajadores por antonomasia, aunque no hagan nada, sino actividad sindical o abiertamente política.

La hegemonía comunicacional socialista es un hecho y va más allá del control de todos los medios de comunicación, abarca también los contenidos, que adquieren un corte clasista y que priva a grandes contingentes de personas de todo derecho, incluso del derecho de defensa.

En el socialismo “el enemigo de clase” no tiene derecho alguno, tanto menos el derecho de defender sus “mezquinos intereses”.

¡ABAJO CADENAS!

La colectividad venezolana tampoco reacciona ante las cadenas, que se aceptan con bastante estoicismo, paciencia y resignación, como si fueran parte del paisaje lleno de basura o las colas del tránsito. A lo más, quien tenga los medios pone un CD en el radio o el cable en la TV. La gran mayoría, que no tiene opciones, se la tiene que calar.

Una de las razones por las que se arremetía contra RCTV internacional, incluso después de que había salido del aire por señal abierta, era que no transmitía las cadenas. Al  principio, quisieron obligarla, pero resultó imposible.

Las emisoras que salen por cable, en su mayoría, tienen sus sedes en el exterior, por lo que caen fuera de la jurisdicción del régimen comunista. Para doblegar a RCTV tenían o bien que negar su condición de canal “internacional” o bien someter a todas las demás emisoras a las cadenas, visto que las cableras no tenían criterios para discriminar.

Entonces optaron por obligar a las cableras a sacar a RCTV de la parrilla si querían seguir operando en el país. Aquí contribuye la cobardía natural de los empresarios que no quieren meterse en política sino hacer negocios; con lo que hacen un negocio de la política; igual que en la Alemania nacionalsocialista, lo que quiere decir que el sistema es despreciable, pero sigue funcionando.

Nadie puede juzgarlos porque no están en sus zapatos; pero algo queda en la memoria que los condena. Como a los militares, que mientras dure la tiranía están impunes; pero cuando ésta caiga quizás tendrán que responder por utilizar las armas que les dieron para la defensa, en la humillación sistemática de una población inerme.

La verdad es que las cadenas son una violación masiva de Derechos Humanos; no sólo porque es uno el que habla y se pretende obligar a todos a ver y oír lo que no quieren; sino porque también se obliga a los demás a callar, a no poder expresar ni transmitir sus propias opiniones, que quedan silenciadas por la voz del amo.

No solo se violenta la libertad de elegir, sino también la igualdad jurídica, porque más nadie puede hacer eso, de rendir todos los medios de comunicación al servicio de su vanidad personal, con un insultante desprecio por la conciencia y las opiniones ajenas.

Finalmente, algo tiene que andar mal en el sistema, porque para publicitar un producto, aparecer en pantalla cuesta millones por minuto; en cambio, un déspota puede estar horas en todas las pantallas simultáneamente en horario estelar y eso no le cuesta nada.

Además de los mensajes que se transmiten “en forma gratuita y obligatoria en conformidad con la Ley”, lo cual es obviamente un sarcasmo, la pregunta es: o bien un minuto de televisión no vale realmente los millones que nos decían o alguien debe estar pagando por todos estos excesos, o finalmente todos los canales terminaran arruinados y solo quedará eso que llaman los “medios públicos”.

Algo nos dice que quienes resisten en silencio están esperando que el viento cambie y que luego recuperaran todo lo perdido y con creces.

Esto es quizás una ilusión, pero de siempre se ha dicho que no solo de pan vive el hombre.

Quizás los sueños sean la parte invencible de nuestra naturaleza y RCTV nos ha llenado la vida de sueños.



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martes, 25 de enero de 2011

Venezuela: El caso Peña Esclusa como modelo por Luís Marín

Luís Marín, abogado y analista
El caso de APE está montado sobre un "acta policial" que contiene la declaración de un comisario de la policía política del régimen identificado como David Colmenares donde relata, con sus propias palabras, una conversación que habría tenido con el presunto terrorista salvadoreño Francisco Chávez Abarca, en la sede del SEBIN, en la que le insinúa la posibilidad de no enviarlo a Cuba si le daba alguna información. Se ignora cómo lo identificó plenamente para efectos de un juicio, porque según dicen ellos mismos Chávez Abarca intento ingresar a Venezuela con pasaporte e identidad falsos.
 
Según ha trascendido, Chávez Abarca informó haber conocido a Peña Esclusa en Honduras durante el régimen de Zelaya, siendo que APE nunca había estado en ese país y lo visitó por primera vez durante el gobierno provisional de Micheletti.
 
Pero además, el mismo Chávez Abarca se presenta como testigo referencial respecto de la participación de APE en supuestos planes desestabilizadores, porque lo habría mencionado una interpuesta persona, un tal Daniel, del que no se sabe quién es, dónde está, qué tiene que ver con el asunto, ni cómo se relaciona con APE, ni con el mismo Chávez Abarca.
 
O sea, que la secuencia es así: David Colmenares dice que Chávez Abarca le dijo que un tal Daniel le dijo que APE le dijo que lo quería contratar para un plan desestabilizador. Como se ve, una sólida cadena de evidencias criminalísticas.
 
Si esto no fuera suficientemente deleznable, lo siguiente es peor. Un allanamiento ilegal, entre gallos y medianoche, en el que el mismísimo David Colmenares declara haber encontrado en la residencia de APE un centenar de cápsulas detonantes y una substancia que parece ser un explosivo conocido como C-4.
 
Con la misma verosimilitud con que escribe, declara a los medios enfrente de la residencia allanada que los familiares de APE "han reconocido los hallazgos". "La señora (Indira) dice que no sabe cómo obtiene eso su esposo; todo eso se lo responsabiliza a él." Anuncia que "habrá nuevos allanamientos" (que nunca se produjeron), como parte de "una serie de trabajos" cuyos contenidos y resultados se ignoran.
 
A juzgar por las reiteradas declaraciones de la señora Indira de Peña Esclusa, pueden abrigarse razonables dudas de la fidelidad de las citas y lo textual de las reproducciones que hace el comisario David Colmenares de las declaraciones que dice haber recibido.
 
No obstante el reportero de VTV, Boris Castellano, fiel exponente de la información veraz, entre comentarios sobre el presunto terrorista Chávez Abarca pasa, sin solución de continuidad, a referirse a "el terrorista Peña Esclusa". Los medios oficiales publican notas según las cuales "los familiares confirman" el hallazgo en su residencia de las cápsulas detonantes y explosivos.
 
El hecho cierto, la verdad, es que "los familiares" de APE son tres niñas menores de edad y su esposa Indira. ¿Cómo alguien, con sólo ser una persona normal, en su sano juicio, puede afirmar que ellas han confirmado las calumnias de David Colmenares?
 
El caso es que APE lleva medio año en las mazmorras de la policía política comunista, con base exclusivamente en las declaraciones de un sólo comisario de esa misma policía, lo cual impone una reflexión no sólo jurídico penal, política, sino sobre todo ética. Siempre se había dicho que los jueces deben tener como norte de sus actos la verdad, sus estandartes eran la imparcialidad y la probidad. ¿Será ésta una aspiración legítima en la Venezuela actual?
 
JUSTICIA REVOLUCIONARIA
 
Uno de los aspectos más desconcertantes de la judicialización de la persecución política en Venezuela es la invención de delitos sin víctimas, sin daño, sin dolo ni culpa, sin acción, sin móvil, cómplices necesarios de autores principales inexistentes, lo que ha configurado tipos penales tan extraños como asociación sin socios, terrorismo sin actos terroristas ni terror, estafas sin estafados, todo esto sin que el régimen haya formulado una nueva teoría del delito revolucionaria, lo que convierte a los juristas del horror en un horror de juristas.
 
El caso de APE puede servirnos perfectamente como ejemplo ilustrativo para tratar de comprender cómo funciona este singular mecanismo, considerado tan eficaz que se ha convertido en el único producto de exportación de la ALBA, en vista de cómo su uso se ha ido extendiendo por Bolivia, Ecuador y Nicaragua.
 
Los antecedentes de aplicación del modelo quizás se encuentren en el caso Anderson, porque fue allí que los cubanos decidieron dar un paso crucial, apremiados por la presión de los hechos que se les venían encima y reaccionando con el mismo acto reflejo de Fidel Castro, rompiendo totalmente con el sentido común.
 
Entonces realizaron acusaciones completamente estrafalarias basándose en el principio de la propaganda nacionalsocialista según el cual mientras más grande sea una mentira con tanto más facilidad tenderá a creerla el público, por el simple razonamiento de que si aquello no fuera cierto ¿quién se atrevería a decirlo?
 
Como se recordará, cuando todas las evidencias apuntaban a que el atentado había sido cometido por el mismo gobierno y los nombres de sus funcionarios comenzaron a ser mencionados espontáneamente por el público como evidentes responsables, lanzaron una acusación inconcebible contra personas insospechables, con lo que, considerados como enemigos, podían confundir sin tener nada que perder.
 
La misma lista era indigerible: Patricia Poleo, premio Rey de España por una investigación sobre el caso Montesinos, que había develado una de las más infames conspiraciones de JVR; Nelson Mezerhane, a quien ya para entonces no hallaban de qué no-acusarlo; Salvador Romaní y ¡aquí es donde el diablo muestra el rabo!
 
Aunque sea imposible establecer un nexo entre estas personas que ni siquiera se conocían ni eran compatibles entre sí, ¿qué puede tener que ver Romaní con todo esto? El único vínculo es el odio contra su padre, un ferviente combatiente contra la tiranía de Castro, por lo que sus agentes aprovecharon para echarlo en la hoguera.
 
Para nuestros efectos lo que interesa es que esta acusación temeraria y absurda produjo una ruptura en la realidad, abrió una brecha por donde se han ido colando todos los demás casos, bajo el slogan típico del totalitarismo según el cual "todo es posible".
 
Bajo las condiciones totalitarias que existen en Cuba el mecanismo tiene la ventaja de contar con la hegemonía comunicacional del régimen, por lo que a la imposición de una "verdad oficial" se une el hecho de que ésta no puede ser cuestionada por nadie, en público, así que reina en la superficie, mientras todo cuestionamiento, la "verdad real", discurre en un plano subterráneo, típico del ambiente totalitario.
 
Por ejemplo, todo el mundo sabe que el general Arnaldo Ochoa fue víctima de una conjura palaciega para evitar que se convirtiera en el sucesor de Castro, siguiendo los nuevos vientos que venían de Moscú. Nadie podía imaginarse que Castro se atreviera a romper con la URSS y seguir el camino solo, sin embargo, eso fue lo que hizo.
 
El juicio de Ochoa, llamado Causa Nº 1, es un modelo de la temeridad inconcebible de Castro, así como de su proverbial manejo de los tribunales, que para algo le ha servido su profesión de abogado, desde que comenzó con aquel alegato "la historia me absolverá" en que actuaba como acusado y que continúa, utilizando los estrados como escenario teatral, dramatizando ora como testigo ora como acusador, pero eso sí, sin permitirle hablar a la defensa, lo que le garantiza las resultas del "juicio": el paredón para sus víctimas.
 
Lo que no puede evitar es que se le vea el certificado de origen al producto, como a todo lo que provenga de la ALBA.
 
EL ABOGADO DEL DIABLO
 
Pero imaginemos por un instante que el régimen tiene razón y sus infundios son ciertos. Unas panelas de C-4 regadas por aquí y por allá, del lavadero a un closet cualquiera hasta la gaveta del escritorio de una niña de 8 años, no configuran la conducta típica de un temible terrorista sino todo lo contrario, transmite la impresión de un sketch de Los Tres Chiflados.
 
Para alegar la amenaza siempre se ha puesto como condición que ésta pueda causar impresión en persona sensata y tratándose de la seguridad nacional, tiene que ser de tal magnitud que efectivamente haga mella más que en las personas en las instituciones.
 
Daría risa si no fuera trágico que un régimen militar que apoya el programa nuclear de Irán que tiene por finalidad "borrar a Israel del mapa" y ha iniciado el proceso de procurarse sus propias bombas atómicas; que ha erizado el país de misiles S-300, que se ufana de sus aviones Sukhoi y tanques T-90; que desafía todos los días a la primera potencia militar del planeta; que está apoyado por 100.000 soldados cubanos y un millón de milicianos, ahora se sienta amenazado por lo que sea que quepa en el escritorio de una niña de 8 años.
 
Esa amenaza no es seria ni creíble, sobre todo porque remitiéndose estrictamente a los hechos, nunca ha ocurrido tal alteración del orden público, desestabilización, ni ningún acto terrorista. El primer problema de la Fiscalía sería mostrar lo que tradicionalmente se llama "el cuerpo del delito". Sin éste no puede conocerse el móvil, que permita establecer la vinculación subjetiva del acusado con el resultado de su acción. No puede haber delito sin la manifestación exterior de una conducta tipificada como tal en ley previa, según la definición tradicional que concibe al delito como hecho típico y dañoso.
 
¿Cuáles son las acciones u omisiones concretas que produjeron cuál resultado material que constituya un daño que le puedan imputar a APE? ¿Aparecer mencionado en una supuesta acta policial? ¿Ser víctima de un allanamiento estrafalario?
 
El problema es que los jueces no se limiten a aplicar la ley al caso concreto de una manera imparcial, sino que traten de adecuar sus decisiones a una finalidad política, lo que más convenga a la "revolución", sea que lo hagan por temor o convicción, el resultado es el mismo: Se excluye de toda protección legal a las personas consideradas enemigos políticos.
 
En consecuencia se rompe el pacto de convivencia, pues no se ha encontrado ningún otro fundamento para la obediencia civil que la protección que ofrece el Estado a la vida y los bienes de sus ciudadanos.
 
Todos los filósofos jurídico-políticos coinciden en destacar esta relación fundamental entre protección y obediencia como base del pacto social. Si el Estado incumple su parte, libera al ciudadano de la suya y abre paso a la resistencia civil a leyes y decisiones unilaterales.
 
Lo más insultante de las patrañas judiciales no es la mendacidad y falta de escrúpulos de sus autores, sino lo burdas y mal armadas que están, lo que pone de relieve el olímpico desprecio de los militares comunistas por la dignidad e inteligencia de los civiles.
 
Así como destaca una fe inconmovible en la fuerza bruta.
 
(*) Analista y abogado venezolano








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jueves, 25 de noviembre de 2010

Venezuela: La terquedad de Trinidad Jimenez, canciller de España por Luis Marín

La terquedad de Trinidad Jiménez en negar hasta la mera existencia de presos políticos en Venezuela, revela no solo la quiebra moral del socialismo internacional sino también su decadencia intelectual
Venezuela: Protesta frente a la Embajada de España

La terquedad de Trinidad Jiménez, secretaria de relaciones exteriores del PSOE, ahora canciller de España, en negar hasta la mera existencia de presos políticos en Venezuela, revela no solo la quiebra moral del socialismo internacional sino también su decadencia intelectual.

Ahora nos enteramos que el compromiso de España con los Derechos Humanos, lo que a Garzón le encanta llamar “jurisdicción universal” cuando se trata de la derecha, depende del lente con que los mire Amnistía Internacional y Human Right Watch, dos organizaciones declaradamente izquierdistas y antisemitas que tienen un larguísimo historial de mirar para un solo lado del espectro político.

Es un hecho incontrovertible que ante esta declaración no se han inmutado, no han hecho el menor pronunciamiento, ni rectificación, lo que además las deja muy mal paradas, puesto que se autodefinen como ONGs; pero ahora, a partir de esta declaración, se convierten en una especie de instancia que hay que agotar para lograr alguna consideración por parte de la cancillería española.

Esto constituye un viraje sorprendente respecto de la visión expresada por la anterior ministra de relaciones exteriores, Ana Palacio, quien había advertido que estas organizaciones no muestran ninguna atención al antisemitismo, ni lo incluyen entre las violaciones a los derechos humanos. Giro que ilustra el paso de la administración Zapatero de una política exterior de Estado a otra de partido.

El procedimiento Trinidad impone dirigir rogatorias a AI y HRW para ser inscritos en sus listas de “prisioneros de conciencia” y así comenzar a “existir” en el ámbito internacional y ser tomados en cuenta al menos por España. Este carácter constitutivo de la inscripción en AI y HRW es inédito en el mundo.

El problema es que para AI y HRW la juez María Lourdes Afiuni, Alejandro Peña Esclusa, los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas y los seis policías metropolitanos, el general Felipe Rodríguez, el capitán Otto Gebauer y una larga lista en la que quizás haya que incluir a los tres recién electos diputados a la Asamblea Nacional, no califican como tales “presos políticos”.

HRW es harto conocida en Venezuela, en particular por el énfasis con que su director José Miguel Vivanco se refiere al “Golpe de Estado de abril de 2002” del que dice no tener ninguna duda y que condena enérgicamente; aunque en verdad todavía nos debe la explicación de cómo es que el desencadenante del “golpe” fue el general Lucas Rincón, después flamante embajador en Portugal y contumaz defensor del régimen “depuesto”.

Tampoco ha explicado Vivanco cómo es que Chávez se atribuye el mérito de esa gesta gloriosa que se ufana de haber provocado él mismo deliberadamente.

Ni cómo la responsabilidad política fue a recaer sobre humildes funcionarios, subordinados todos, pasando por debajo de alcaldes, jefes de otras policías, Guardia de Honor, Guardia Nacional, todas las demás fuerzas armadas, incluso paramilitares y parapoliciales, de las que no hay ni un solo preso. El golpe de Vivanco y Trinidad lo dieron nueve policías y un capitán; salvo sea Lucas Rincón.

HRW es la inventora de la doctrina según la cual en Venezuela se persigue a los medios “críticos” o de “oposición” al gobierno, visión que ha impuesto en el exterior y que han comprado gustosamente incluso voceros de estos medios en el interior, ocultando que en este país cualquiera que diga la verdad se convierte sólo por eso en opositor y crítico.

En Venezuela no hay ningún medio de oposición, esa es una mentira cotidiana; el problema es que quien muestre la realidad tal como se ve, que deje hablar a la gente tal como se oye de inmediato es etiquetado de opositor y agredido como tal.

Lo que se ha impuesto es la paranoia de Estado, importada de Cuba, que no admite ni siquiera el concepto de “información”, sino el de guerra psicológica, desinformación y propaganda, de acuerdo con la concepción militarista que nos abruma. La independencia de los medios no existe ni puede existir en este régimen, porque los reduce a instrumentos de su guerra mítica contra “el  imperio”.

AMNISTÍA INTERNACIONAL 
AI tiene el mérito indiscutible de haber convertido a los presos de Guantánamo en los presos más importantes del mundo, ante los cuales se inclinan todas las cárceles de Venezuela, por no mencionar cualquier otra que haya en Cuba donde, como se sabe, tampoco existen presos políticos.

Los voceros de AI no dudan en calificar a Guantánamo como “el Gulag de nuestro siglo”, con lo que logran el doble propósito de disculpar el genocidio comunista atribuyéndole uno peor al imperialismo yanqui, con la pequeña salvedad de que estos serían unas centenas de mujahidines, que continúan vivos, en contraste con millones de familias inocentes expropiadas, deportadas y exterminadas por Stalin, en un plan de colectivización que produjo la hambruna más mortífera de la historia rusa. Una comparación sumamente humanitaria.

La moral de AI da como para conseguir indemnizaciones millonarias del gobierno británico para estas víctimas de la lucha contra el terrorismo, riéndose en las narices de miles de mujeres mutiladas en Afganistán, Irán y Nigeria por estos mismos mujahidines, fundamentalistas islámicos.

¿Por qué aunque sean los presos comunes venezolanos no pueden tener ni una fracción de la atención por parte de AI de la que les sobra a los de Guantánamo?

En cambio, por poner solo un ejemplo sin ninguna intención polémica, AI no tiene empacho en poner en su lista de presos de conciencia a Samir Kuntar, un militante de Hizbulá procesado y condenado en Israel por asesinar a culatazos a una niña de cuatro años y acribillar a su padre en un intento de secuestro, en que también murió su hermanito de dos años y la madre de ambos niños. Sólo lo sacarían de la lista una vez que fue canjeado por los cadáveres de dos soldados israelíes que habían sido secuestrados en el Líbano.

AI ha promovido en España una ruidosa campaña para que niños de escuelas primarias envíen cartas a las embajadas de Israel protestando por el conflicto del Medio Oriente con un claro sesgo antisemita, de la que el caso de la escuela de Castell de Almoines es sólo un ejemplo.

Algunas cartas publicadas tienen mensajes tan humanitarios como “Sr Embajador: ¿A cuántos niños palestinos habéis matado hoy?” O bien: “Debería comenzar a pensar en no asesinar niños palestinos”. Otra: “¡Iros a la porra con vuestro dinero!” Inocentes cartas exhortan a los judíos a abandonar Palestina y marcharse a otro lugar, no especificado, “donde sean aceptados”; aunque es presumible que ese lugar no sea España, de dónde fueron expulsados tan temprano como 1492, cuando apenas se estaba fundando el Reino.

Frank Johansson, jefe de la sección de AI Finlandia, ha ganado gran notoriedad este año por su calificación de Israel como “estado basura”; aunque la dirección de AI en Londres ha transmitido la tranquilizadora aclaratoria de que el calificativo utilizado por su agente (nilkkimaa), no significa lo que de manera inexacta se ha traducido al inglés como “scum state”, ni escoria o carroña, sino sólo “asqueroso”. Ante el interrogante de si algún otro país merece esta alta calificación de AI, no mencionan ninguno. La particularidad discriminante conferida a Israel es otra variante del antisemitismo moderno.

AI califica a Israel como el peor violador de derechos humanos en el medio oriente, a quien ha dedicado el mayor número de informes y condenas, con la probable excepción de Irán, lo cual no es muy alentador, considerando que en Israel no se lapidan mujeres, ni se cuelgan homosexuales y opositores políticos a discreción.

HUMAN RIGHT WATCH
Marc Garlasco se lleva la presea dorada en HRW. Asesor experto es cuestiones militares, redactor de encendidos informes (valga la expresión) sobre el uso de fósforo blanco en Gaza y otros crímenes de guerra israelíes, se destapó como un maniático coleccionista de parafernalias nazis.

Es muy perturbadora la excitación que dice le produce en la sangre el contacto con el cuero de las chaquetas nazis. Puede haber algo atávico en esto, porque su abuelo fue piloto de la Lufwaffe, lo que es motivo de su mayor orgullo y de alguna manera explica su gusto por las águilas, esvásticas y cruces de hierro.

Su identificación personal como “Flak 88”, a primera vista el nombre de un cañón antiaéreo nazi de 88 mm, en realidad encierra un criptograma conocido por los aficionados al tema, que llaman la octava letra, “HH”, que significa: “Heil Hitler”.

HRW condena a Israel a la par que a Hamas y Hezbolá, proponiendo que se les haga, a ambos bandos, un embargo de armas que para Israel incluye un boicot a sus exportaciones, sin distinguir que uno es un Estado soberano, con un régimen de derecho, legítimo y una sociedad abierta, reconocido por la ONU y la UE; mientras los otros son organizaciones terroristas, igualmente reconocidas como tales por la comunidad internacional.

Tanto AI como HRW han adoptado el convencionalismo de referirse siempre a los “territorios ocupados” de Palestina, con plena conciencia de que éste es un eufemismo aceptado por todos los extremistas palestinos como medidor de su radicalismo: ser “moderado” supone reducirlos a 1967, pero los ultra radicales los extienden a 1948; de manera que la lucha contra Israel sería de liberación contra ocupantes extranjeros, idéntico al proceso de descolonización del siglo pasado.

Esta posición consistente de AI y HRW hace plausible el plan de “borrar a Israel del mapa”, tan fervorosamente apoyado por el nacional e internacional socialismo.
La ideología que inspira a AI y HRW puede resumirse en muy pocos ingredientes (además de izquierdismo que apareja como la cola al perro el antiamericanismo y antisemitismo) que los une a movimientos antimundialistas o antiglobalización y los vuelve mimados de las cadenas de televisión identificadas con el color rojo, como la BBC de Londres, CNN y la española TVE.

Estos ingredientes son: multiculturalismo, que despierta la pasión por los pueblos oprimidos del tercer mundo y el odio contra los opresores, siempre que sean americanos e israelíes (los rusos, chinos, persas, brasileños no son imperialistas); ecologismo, que anima la defensa de la madre tierra y motiva el repudio de las potencias contaminantes del hogar común (léase EEUU, para no ser repetitivos); feminismo (excepto en los países islámicos, que están protegidos por su especificidad cultural); homosexualidad y lesbianismo, que parece ser un asunto gremial y la correlativa lucha contra el SIDA; por último, pero no menos, la reivindicación de lo diferente, del “otro”, de tipos raros o excéntricos, fenómenos, naturales o no, que exaltan lo monstruoso, el sadomasoquismo, que ofenda la sensibilidad común que ellos desdeñan como mediocre o “pequeñoburguesa”.

Como buenas hijas de Europa y EEUU, AI y HRW son epifenómenos del neo decadentismo occidental, institucionalización del auto odio y la culpa blanca, involuntarios flatos de la Segunda Bancarrota de la Segunda Internacional Socialista.

Que Dios los lleve a su Santa Gloria.


por
Luís Marín










Fuente: Diario de América


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domingo, 12 de septiembre de 2010

Chávez el terrorista por Luís Marín A los 2 meses del encarcelamiento de Alejandro Peña Esclusa



Chávez el terrorista

por Luis Marín

Luis Marín

Alejandro Peña Esclusa cumple dos meses en prisión y está siendo procesado penalmente con base en dos cargos que superan todas las iniquidades hasta ahora cometidas por la Fiscalía General, lo que es mucho decir.

Uno, son las supuestas declaraciones de un presunto terrorista llamado Chávez, que irregularmente habría intentado entrar al país y que ya estaría fuera de su jurisdicción, sin poder ratificar lo dicho ante un Tribunal, ni ser repreguntado por nadie, porque se habría hundido en las ergástulas castristas.

El otro, es el supuesto hallazgo de explosivos en el escritorio de la hija de 8 años de Alejandro lo que, si se quiere ser excesivamente indulgente, evidencia un error garrafal de los funcionarios que los “sembraron” allí, que ni siquiera se informaron sobre la distribución de la casa que estaban allanando y los pusieron en un lugar estrambóticamente equivocado.

No se necesita ser abogado para saber que una declaración para surtir efectos legales debe ser evacuada por persona idónea, ante un funcionario competente, en un lugar y tiempo hábiles; concatenada con otros elementos de juicio que le den alguna verosimilitud, supuestos de los que no se cumple ninguno en el caso de marras.

Según las declaraciones oficiales, si se pueden llamar así, Chávez Abarca nunca ingresó legalmente a Venezuela porque habría intentado hacerlo bajo nombre supuesto, con pasaporte falso, por tanto, legalmente nunca estuvo en el país.

Rindió sus supuestas declaraciones ante funcionarios incompetentes (de inteligencia, no judiciales), sin que conste presencia de un fiscal del Ministerio Público, de abogado de su confianza, testigos, ni que conociera cuáles eran sus derechos en un país extranjero donde habría sido sorprendido fuera de la ley.

Inmediatamente fue “deportado” a Cuba, en circunstancias aún más irregulares, porque no es de nacionalidad cubana sino salvadoreña y en todo caso por ingreso ilegal debió ser devuelto al país de procedencia y no a un tercer país, aunque éste lo solicitara, porque en ese caso el procedimiento sería muy distinto.

Si Cuba tenía causas penales contra el sujeto, lo procedente sería una extradición, que implica un procedimiento judicial y pronunciamiento del TSJ que, por cierto, en casos anteriores ha negado a España la extradición de etarras, convictos y confesos terroristas vascos, aún tratándose de un gobierno socialista.

¿Cómo hicieron constar la identidad del declarante si ni siquiera el que fue deportado portaba documentos de identidad? ¿Qué valor procesal puede tener una declaración supuestamente rendida en tales circunstancias, por un sujeto no identificado? ¿Qué clase de procedimiento policial será éste sin formalidad alguna, por no hablar del respeto a elementales derechos humanos?

Llama la atención que El Salvador, el mismo que negó asilo a los comisarios, tampoco ha dicho nada para reclamar por uno de sus ciudadanos, incluso si es un presunto delincuente, que debe tener por allá sus cuentas pendientes.

Ni Human Rights Watch, Amnesty International y tantas organizaciones humanitarias habitualmente preocupadas por la suerte de terroristas islámicos o de cualquier otro género, siempre que sean detenidos por los EEUU, Israel o Colombia, han dado señal de que este ciudadano pertenezca al género humano.

¿Quién es entonces este Don Francisco? Con la probable excepción de Eduardo Semtei, que por razones inexplicables ha mostrado gran experticia en materia de terrorismo anticastrista, en Venezuela “nadie sabe, nadie supo”.

Sus supuestas declaraciones no califican como acusación, ni denuncia, que tienen que ser ratificadas y este es el punto crucial: ¿Cómo la mera palabra aventada de alguien de quien sólo se dice que es un criminal internacional y en circunstancias tan equívocas puede servir de fundamento para privar a un ciudadano venezolano de su libertad y someterlo a un juicio penal?

El segundo cargo, el de los explosivos, no merece ni siquiera una evaluación seria, como no sea que la Fiscalía General tenga en mente considerar como agravante la negligencia, imprudencia e impericia de quien se pone en peligro a sí mismo, a toda su familia, al condominio entero y a los objetivos de su plan desestabilizador, dejando objetos peligrosísimos al alcance de las manos de sus menores hijas como si fueran juguetes.

Finalmente, es imposible establecer la conexión entre Chávez Abarca y estos presuntos explosivos, por lo que falta la relación, el vínculo entre los dos cargos para que uno coadyuve a reforzar al otro y producir alguna razonable convicción.

Una vez más el sentimiento dominante tiene que ser esa especie de aturdimiento que produce constatar que en Venezuela se han perdido todos los límites, no sólo políticos, jurídicos y morales, sino incluso lógicos, de sentido común.

Mientras tanto, la injusticia campea. Se sigue creyendo que los delincuentes se decretan según la conveniencia de la dictadura, así como ésta exculpa a los verdaderos criminales, con idéntica impavidez condena a los inocentes.

PREGUNTAS EXPLOSIVAS.

Pero, ¿qué se entiende por terrorismo? La definición no puede prescindir de dos elementos: el uso de violencia y el fin político. Para Lenin, el terrorismo sólo es practicable como parte de las actividades de un ejército en operaciones. O sea, que los comunistas no condenan el terrorismo per se, sino el uso que le daban, por ejemplo, los anarquistas, que era individualista, esporádico, no organizado como parte de un movimiento político de masas.

Y aquí llegamos al quid de la cuestión: se puede ser terrorista por convicción, porque se cree en eso o se considera la única vía posible para lograr los fines propuestos, como en los llamados movimientos de liberación nacional, tan caros a los comunistas y hoy tan de moda con el terrorismo islámico, ETA, IRA, FARC, HAMAS, HEZBOLÁ, todos aliados de esta dictadura.

Finalmente, ¿Cómo se puede ser terrorista sólo? ¿Sin actos terroristas visibles ni previsibles? ¿Cómo se puede cooperar con algo que no existe? ¿Dónde están, cuáles son los actos terroristas ocurridos en Venezuela?

Lo que molesta supremamente es que se acuse a la gente no por lo que es o por lo que hace, sino por lo que se le imputa unilateralmente, como hace este régimen cuando acusa a los demás de “fascistas”, siendo que en Venezuela nunca hubo ni hay movimientos fascistas; y ahora el comodín de “terroristas”, contra quienes por principio son contrarios a esos métodos y esas políticas.

Es el caso de Fuerza Solidaria y Uno América, organizaciones antiterroristas por antonomasia. Precisamente, lo que se le cobra a Alejandro Peña Esclusa es su lucha indeclinable contra el terrorismo.

EL APLAUSO VA POR DENTRO.

¿Por qué la sociedad venezolana no se rebela ante tanta ignominia? ¿Cómo es posible que la vida continúe como si nada y no se produzca aunque sea una polémica pública como la que se originó en Francia, aún en el siglo XIX, con el caso Dreyfus, por ejemplo? La verdad, en Venezuela se ha perdido la conciencia de que “lo que le pasa a uno, nos pasa a todos”.

Por el lado oficial se entiende que la respuesta es el aplauso sin discernimiento, como ya se ha hecho costumbre con todas las atrocidades de la dictadura, incluso la más reciente del señor Franklin Brito. Se roba a los demás para tirarle migajas al populacho y una turba aplaude y aplaude, con vítores y hurras, refocilándose en la ignominia, rodando hacia la más profunda abyección.

Pero la leal oposición a su majestad ha desarrollado una suerte de mimetismo que le permite adaptarse a la situación y hasta sacarle algún provecho. Es un caso de psicología social, como ocurrió bajo el nacionalsocialismo, que honestos profesionales y más correctos comerciantes e industriales no veían tan mal que los nazis los libraran de algunos incómodos competidores judíos.

Cada vez que hay una razzia de inhabilitaciones, los políticos supervivientes y potenciales candidatos apenas pueden ocultar la sonrisa interna con que salen a ofrecerse para ocupar los lugares que los vetados dejan vacantes.

Ante el robo descarado de medios de comunicación, producción, comercialización, financieros o de otro tipo, sus semejantes se precipitan a la rapiña de una franja de mercado, casi echándole la culpa a los que cayeron en desgracia por no haber advertido cuál era la línea a seguir.

Así como en la huelga de los estudiantes ante la OEA, la agonía del señor Brito y la solitaria resistencia de su esposa, doña Elena, la leal oposición guarda prudente distancia en casos de presos políticos como Alejandro Peña Esclusa.

Los mismos que condenaron el “golpe” en Honduras, llamaron “gorilas” a los militares hondureños, se volvieron zelayistas de ocasión y pedían su inmediata e innegociable restitución en el cargo y nunca han rectificado, no le perdonan a Alejandro el acierto y coraje con que desde el principio se puso del lado correcto.

Pero quizás el mayor hándicap sea que Alejandro no es candidato a nada y no está llamando a votar. Eso lo hace sospechoso. La oposición apoya, in pectore, los ataques contra quienes no siguen la línea que tiene trazada hasta el 2012. Pero dejemos esto por el momento.

El verdadero problema es discernir qué es lo que se tiene que hacer para detener la rueda del totalitarismo, que una vez puesta en marcha genera una dinámica cuya fatalidad arrastra incluso a quienes la empujaron inicialmente.

Hace milenios los filósofos encontraron que en la situación más desesperada sólo se puede mantener la luz encendida, aún en la más profunda oscuridad. La máxima en que se funda la cultura universal se resume en estas breves palabras: “decir lo que es”.

Al principio fue el verbo y el verbo es Dios: Hay que desenmascarar la mentira, donde quiera que esté y la rueda del totalitarismo se hará polvo, como la falsedad que la alimenta.

Esto no tiene nada de ilusorio: La verdad toca la conciencia de las mejores personas, que por eso mismo son las que importan.

Misteriosamente, la fuerza moral se convierte en fuerza política.


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