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miércoles, 9 de noviembre de 2011

Una estafa de “Derechos Humanos” en Colombia por r Mary Anastasia O’Grady

The Wall Street Journal

Mientras el movimiento de los indignados en Wall Street causaba revuelo sobre las maldades de la avaricia corporativa, un escándalo internacional de miles de millones de dólares estallaba el mes pasado en Bogotá, dejando al descubierto codicia y corrupción en el mundo de las "organizaciones no gubernamentales" (ONG) de derechos humanos.

La muerte por parte del ejército de Alfonso Cano, el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), podrá haber conseguido grandes titulares durante el fin de semana. Pero no espere que la historia sobre la ONG reciba mucha atención de la prensa. No encaja con la narrativa pre-aprobada sobre las virtuosas organizaciones, que supuestamente tienen una meta superior que obtener ganancias. Sin embargo, los registros mostrarán que Colombia ha sido estafada por un grupo de abogados de izquierda enmascarados como personas que hacen el bien en pos de los derechos humanos. Esto plantea preguntas serias sobre si las mismas tácticas

Esta estafa en particular se produjo en 2005, cuando la ONG colombiana Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR) llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, el caso de una "masacre" en 1997 en la población de Mapiripán. El Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR) sostuvo que 49 personas habían sido asesinadas por fuerzas paramilitares, y culpó a las Fuerzas Armadas colombianas. Afirmó que el ejército podría haber intervenido pero no lo hizo, y que las familias de las víctimas merecían una importante compensación del Estado. La corte estuvo de acuerdo. Los contribuyentes colombianos tuvieron que desembolsar unos 15.300 millones de pesos, o US$8 millones.

La semana pasada, un abogado del Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR)  admitió que la ONG se quedó con 7.000 millones pesos del dinero de ese arreglo. Nada mal para trabajo de caridad. Sin embargo, quedarse con la mitad de lo que les correspondía a los campesinos podría ser la menor de sus ofensas. Según la oficina del fiscal general de Colombia, una investigación reciente muestra que por al menos 36 de las llamadas víctimas aún están vivas o, si murieron, no fallecieron en Mapiripán. El fiscal general sostiene que la cantidad conocida de muertos en Mapiripán es de seis personas, y siete están desaparecidos. Estos descubrimientos conllevan la fuerte implicación de que el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se construyó sobre un fraude.

De ser así, el engaño no comenzó en San José. El Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR)  previamente había sostenido lo mismo en cortes colombianas y había tenido éxito. Esto no tuvo como consecuencia grandes sumas para los abogados y demandantes, pero sirvió para condenar a un general del ejército que ni siquiera era comandante de la región en ese momento, y estableció, según la corte, la culpabilidad del Estado por una masacre de dimensiones considerables. Entonces el Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR)  llevó esa sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde reclamó una compensación monetaria para las 49 víctimas.

Cabe anotar que un abogado del Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR)  afirma que la organización fue engañada junto con el estado colombiano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Fue una cadena de engaños", afirmó Rafael Barrios Mendivil durante una reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington hace 10 días. Pero es difícil creer que simples campesinos idearon este plan por su cuenta y engañaron a sofisticados abogados, al sistema legal colombiano y a la corte de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Por lo menos, una de las "víctimas", Mariela Contreras Cruz, cuenta una historia distinta.

Según informes de la prensa colombiana, Contreras, cuyo esposo fue asesinado por las guerrillas de las FARC, afirma que cuando fue contactada por el Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR)   por primera vez no estaba enterada de una demanda judicial en busca de compensación. Según entendía, la organización buscaba personas desaparecidas y encontrar a sus dos hijos desaparecidos era lo único que quería en ese momento. "Yo nunca dije que mis hijos estuvieran muertos, yo les dije que estaban desaparecidos". La mujer afirma que en su momento le dijo lo mismo al fiscal general de Colombia pero fue ignorada.

Contreras sostiene que recibió 1.751 millones de pesos en compensación para víctimas y dice que cuando eventualmente encontró a uno de sus hijos, lo llevó a ver un abogado del Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR). El abogado, afirma Contreras, le dijo que lo "dejaran así".

La revelación de que una supuesta masacre en Mapiripán fue inventada ha desatado indignación en Colombia. "Es una burla al Sistema Internacional de Derechos Humanos, que tanto hemos defendido", afirmó el presidente Juan Manuel Santos en los días posteriores a que se conociera la revelación. "Es triste que situaciones como estas, de avivatos que no pueden llamarse más que corruptos, minen la credibilidad del sistema", agregó.

Colombia ya ha pagado US$25 millones (Cincuenta mil millones de pesos colombianos) en 12 casos de ese tipo que perdió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante varias ONG. El ministro del Interior Germán Vargas Lleras advierte que el fraude en el caso de Mapiripán podría repetirse en otro lugar. "Si esto ocurrió en un caso tan sonado, no se descarta que comportamientos similares hayan tenido lugar en otras investigaciones".

De hecho, comportamientos similares están documentados. Como informé en esta columna en junio de 2001, se sabe que simpatizantes de las FARC practican la "guerra judicial" al lanzar acusaciones sobre violaciones de derechos humanos contra los militares. Manipular testigos y usar testimonios condicionados son comportamientos habituales.

¿Entonces por qué no se descubrió esto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Un problema es que los testigos pueden presentar su testimonio a través de un apoderado (aunque Contreras acudió a la corte) y en esos casos no hay interrogatorios. Cuando los militares colombianos están tan difamados internacionalmente por la propaganda de las Farc, la presunción de inocencia probablemente quedó perdida en el camino.



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lunes, 28 de febrero de 2011

Colombia: el desafío constitucional de Uribe por Mary O´Grady

Mary O´Grady
"...No cabe duda de que Uribe ama a su país. ¿Qué mejor manera de que honrar el estado de derecho que hacerse a un lado como éste lo demanda?..."

La diferencia entre una república moderna autónoma y la "democracia" artificial de muchos países subdesarrollados es que la primera está regida por instituciones mientras la segunda por hombres. Entonces, ¿qué es lo que quiere el presidente Álvaro Uribe para su país?

En una república, el orden institucional está sujeto a un estado de derecho diseñado para proteger los derechos de los individuos contra ellos mismos y contra el poder del Estado. Los derechos a la propiedad, las libertades civiles y el progreso humano funcionan mejor cuando los actores del gobierno, incluso aquellos que gozan de gran popularidad, están limitados por controles institucionales.

Durante la mayor parte de los últimos siete años, Colombia parece haberse acercando a este ideal. Muchos aspectos de la vida diaria aquí han mejorado significativamente desde que Uribe asumió la presidencia en agosto de 2002. Tanto el renacimiento de la seguridad personal como el profesionalismo del ejército responsable por ella son productos del liderazgo de Uribe.

También lo es el mejoramiento del clima de inversión y el hecho de que la petrolera estatal ahora puede hacer uso de capital privado. La empresa estatal de telecomunicaciones ha sido parcialmente privatizada. Los sindicatos de maestros han tenido que aceptar algunas limitaciones a sus generosos paquetes de pensiones. Colombia ha firmado y ratificado un acuerdo de libre comercio con EE.UU. (aún está pendiente la ratificación en Washington) y ha empezado a mirar hacia Asia en busca de nuevos tratados comerciales, tributarios y de inversión.

Tras ver surgir a su país de lo que parecía un callejón sin salida en 2002, los colombianos tuvieron razones para creer que estaban dejando atrás aquel mundo latinoamericano de gobiernos liderados por caudillos. Sin embargo, ahora existe preocupación por los esfuerzos de Uribe para mantenerse en el poder con una enmienda constitucional que le permitiría postularse a la presidencia por tercera vez en las elecciones de mayo, algo que socavaría los avances del país y pondría en riesgo su progreso futuro.

La mayor parte del tiempo, Uribe asegura que es sólo un espectador del proyecto para modificar la Constitución; y que es el pueblo el que trata de retenerlo. Aun así, existe al menos una pizca de verdad en las denuncias de que él está fomentando la enmienda.

El tema pudo haber quedado cerrado en el Congreso en diciembre del año pasado si no fuera por que su ministro del Interior lo revivió. "Debió haber tratado de crear un gobierno que no fuera sólo acerca de él", se quejó un experto legal colombiano del ala uribista. En cambio, "dejó que el proyecto de reelección avanzara" y ahora se avecina un caos para el año electoral.

El caos se debe al hecho de que se está acabando el tiempo. La Corte Constitucional, que debe aprobar o no un referéndum para un tercer período, entrará en receso la próxima semana. Eso podría postergar una decisión hasta mediados de enero.

Incluso si el tribunal falla a favor de Uribe, no es seguro que el referéndum pueda organizarse antes de la fecha límite de marzo para cuando los candidatos deben declarar su intención de postularse. Si se realiza la consulta y Uribe pierde, lo que es posible, dada la tasa de participación que debe conseguir, un candidato uribista sufrirá por haber entrado tarde a la contienda.

Debido a este cronograma, los simpatizantes de la visión de Uribe para el país dicen que su propuesta de reelección pone en riesgo las oportunidades del partido de gobierno de ganar las elecciones de mayo, y deja el camino abierto a un presidente con una línea dócil en cuanto a seguridad nacional. Esto representa un problema dada la coyuntura.

Las organizaciones criminales financiadas por el consumo de drogas en EE.UU. y Europa siguen siendo una amenaza a la población colombiana. Una es las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que tiene una alianza con Hugo Chávez.

Las amenazas militares del presidente venezolano no son tomadas en serio aquí porque se sabe que las tropas de Chávez están en mal estado. Pero sí hay preocupación sobre los esfuerzos desestabilizadores que Chávez realiza de manera informal. Sus militantes rondan la zona fronteriza y ha cerrado el muy usado cruce hacia la ciudad de Cúcuta. Tampoco pueden descartarse del todo las especulaciones de que el crimen organizado está infiltrando el poder judicial de Colombia.

Muchos detractores de Uribe dicen que a Colombia le vendría bien un nuevo gobierno uribista que ataque los problemas y continúe con la liberalización económica. Los terceros mandatos, resaltan, ya no funcionan. También temen que el presidente esté marcando un precedente que pueda perjudicar al país más adelante. Si Uribe puede permanecer en el poder indefinidamente, ¿qué detendrá a alguien como Chávez de hacer lo mismo en un futuro?

Es más, alegan que una Colombia en proceso de modernización requiere un liderazgo que defienda el estado de derecho, no una que lo manipule a su conveniencia. "Creemos que la ley colombiana debe aplicarse", dijo Luis Carlos Villegas, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (y partidario por muchos años de Uribe) en una entrevista a principios de año.

"No negamos que Uribe ha sido uno de los mejores presidente de Colombia", dijo. Pero añadió que hay "decenas" de colombianos calificados para postularse al cargo.

No cabe duda de que Uribe ama a su país. ¿Qué mejor manera de que honrar el estado de derecho que hacerse a un lado como éste lo demanda?


Fuente: Cato Institute







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