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jueves, 10 de noviembre de 2011

Argentina: Dictadura cubana proveerá el nuevo sistema de identificación de personas

La Presidenta de Argentina Cristina F.deKirchner y Raúl Castro

La presidente Cristina Fernández de Kirchner aseguró ayer en Casa de Gobierno, al presentar el Programa de Identificación Biométrica, que el desarrollo del sistema software es de bajo costo, por lo que la Jefa de Estado agradeció la colaboración prestada por la República de Cuba.

“Quería hacerlo obligatorio, porque sólo hay 10 millones de identificados. Pero temimos por el colapso del sistema. Se tendrá en un plazo de dos años a los 40 millones o más de argentinos identificados a través de la huella digitalizada y de su rostro biométrico, lo que es un salto cualitativo importante”, afirmó.
Asimismo, la mandataria sostuvo que se están distribuyendo en todas las maternidades los aparatos para realizar esa tarea; indicó que “el tráfico de menores es uno de los males de la época en todas partes” y puntualizó que “ello ayudará psicológicamente a que los padres sepan que el menor recién nacido es realmente suyo”.

Por otra parte, la Jefa de Estado subrayó que el sistema deja registrado al que ingresa a corroborar algún dato y subrayó que “ello no es una tontería o una cuestión menor”, a la vez que puntualizó que “eso es lo que, por ejemplo, hace la AFIP para proteger el derecho fiscal”.

El nuevo sistema de identificación dactilar y biométrica es un tema altamente sensible, no sólo para la seguridad sino para los derechos y garantías individuales. En su presentación del nuevo sistema, la presidente anticipó que, a los efectos de la incorporación de toda la población al nuevo sistema, más adelante será obligatorio el cambio del DNI por otro nuevo.

No aclaró el gobierno cuáles son los alcances de la colaboración cubana para la instalación del nuevo sistema y si existe un convenio o contrato entre nuestro Ministerio del Interior y Albet, la empresa de la isla que administra el sistema de identificación biométrica. Así las cosas, se abren interrogantes a partir del hecho de que el régimen cubano ha utilizado sistemáticamente estas tecnologías de seguridad como instrumento de penetración política y control de áreas críticas en los gobiernos de terceros países. Coincidentemente, en julio pasado, el gobierno de Hugo Chávez delegó en la cubana Albet los sistemas de identificación y documentación personal de Venezuela. Mediante este acuerdo, los Castro se garantizaron el libre acceso a las bases de datos de los ciudadanos. Aparte, esta intrusión de un régimen totalitario en el control de áreas sensibles del Estado venezolano implica también el pago de caras licencias por el uso de la tecnología cubana.

En términos políticos y como refiere la nota de reportero24.com que reproducimos, los cubanos, a través de la exportación de sus sistemas de identificación, se estarían asegurando un mayor control político de la situación en Venezuela.

La aparición ahora de un esquema de penetración similar -aunque más atenuado- en la Argentina, empieza a ser verosímil a partir de las palabras de la presidente. Hasta el momento, no se sabe en qué consiste la cooperación cubana en el futuro sistema de identificación y si existen cláusulas reservadas firmadas por los representantes de ambos gobiernos.

Fuente: Informador Publico (Argentina)




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miércoles, 9 de noviembre de 2011

Una estafa de “Derechos Humanos” en Colombia por r Mary Anastasia O’Grady

The Wall Street Journal

Mientras el movimiento de los indignados en Wall Street causaba revuelo sobre las maldades de la avaricia corporativa, un escándalo internacional de miles de millones de dólares estallaba el mes pasado en Bogotá, dejando al descubierto codicia y corrupción en el mundo de las "organizaciones no gubernamentales" (ONG) de derechos humanos.

La muerte por parte del ejército de Alfonso Cano, el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), podrá haber conseguido grandes titulares durante el fin de semana. Pero no espere que la historia sobre la ONG reciba mucha atención de la prensa. No encaja con la narrativa pre-aprobada sobre las virtuosas organizaciones, que supuestamente tienen una meta superior que obtener ganancias. Sin embargo, los registros mostrarán que Colombia ha sido estafada por un grupo de abogados de izquierda enmascarados como personas que hacen el bien en pos de los derechos humanos. Esto plantea preguntas serias sobre si las mismas tácticas

Esta estafa en particular se produjo en 2005, cuando la ONG colombiana Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR) llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, el caso de una "masacre" en 1997 en la población de Mapiripán. El Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR) sostuvo que 49 personas habían sido asesinadas por fuerzas paramilitares, y culpó a las Fuerzas Armadas colombianas. Afirmó que el ejército podría haber intervenido pero no lo hizo, y que las familias de las víctimas merecían una importante compensación del Estado. La corte estuvo de acuerdo. Los contribuyentes colombianos tuvieron que desembolsar unos 15.300 millones de pesos, o US$8 millones.

La semana pasada, un abogado del Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR)  admitió que la ONG se quedó con 7.000 millones pesos del dinero de ese arreglo. Nada mal para trabajo de caridad. Sin embargo, quedarse con la mitad de lo que les correspondía a los campesinos podría ser la menor de sus ofensas. Según la oficina del fiscal general de Colombia, una investigación reciente muestra que por al menos 36 de las llamadas víctimas aún están vivas o, si murieron, no fallecieron en Mapiripán. El fiscal general sostiene que la cantidad conocida de muertos en Mapiripán es de seis personas, y siete están desaparecidos. Estos descubrimientos conllevan la fuerte implicación de que el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se construyó sobre un fraude.

De ser así, el engaño no comenzó en San José. El Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR)  previamente había sostenido lo mismo en cortes colombianas y había tenido éxito. Esto no tuvo como consecuencia grandes sumas para los abogados y demandantes, pero sirvió para condenar a un general del ejército que ni siquiera era comandante de la región en ese momento, y estableció, según la corte, la culpabilidad del Estado por una masacre de dimensiones considerables. Entonces el Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR)  llevó esa sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde reclamó una compensación monetaria para las 49 víctimas.

Cabe anotar que un abogado del Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR)  afirma que la organización fue engañada junto con el estado colombiano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Fue una cadena de engaños", afirmó Rafael Barrios Mendivil durante una reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington hace 10 días. Pero es difícil creer que simples campesinos idearon este plan por su cuenta y engañaron a sofisticados abogados, al sistema legal colombiano y a la corte de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Por lo menos, una de las "víctimas", Mariela Contreras Cruz, cuenta una historia distinta.

Según informes de la prensa colombiana, Contreras, cuyo esposo fue asesinado por las guerrillas de las FARC, afirma que cuando fue contactada por el Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR)   por primera vez no estaba enterada de una demanda judicial en busca de compensación. Según entendía, la organización buscaba personas desaparecidas y encontrar a sus dos hijos desaparecidos era lo único que quería en ese momento. "Yo nunca dije que mis hijos estuvieran muertos, yo les dije que estaban desaparecidos". La mujer afirma que en su momento le dijo lo mismo al fiscal general de Colombia pero fue ignorada.

Contreras sostiene que recibió 1.751 millones de pesos en compensación para víctimas y dice que cuando eventualmente encontró a uno de sus hijos, lo llevó a ver un abogado del Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR). El abogado, afirma Contreras, le dijo que lo "dejaran así".

La revelación de que una supuesta masacre en Mapiripán fue inventada ha desatado indignación en Colombia. "Es una burla al Sistema Internacional de Derechos Humanos, que tanto hemos defendido", afirmó el presidente Juan Manuel Santos en los días posteriores a que se conociera la revelación. "Es triste que situaciones como estas, de avivatos que no pueden llamarse más que corruptos, minen la credibilidad del sistema", agregó.

Colombia ya ha pagado US$25 millones (Cincuenta mil millones de pesos colombianos) en 12 casos de ese tipo que perdió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante varias ONG. El ministro del Interior Germán Vargas Lleras advierte que el fraude en el caso de Mapiripán podría repetirse en otro lugar. "Si esto ocurrió en un caso tan sonado, no se descarta que comportamientos similares hayan tenido lugar en otras investigaciones".

De hecho, comportamientos similares están documentados. Como informé en esta columna en junio de 2001, se sabe que simpatizantes de las FARC practican la "guerra judicial" al lanzar acusaciones sobre violaciones de derechos humanos contra los militares. Manipular testigos y usar testimonios condicionados son comportamientos habituales.

¿Entonces por qué no se descubrió esto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Un problema es que los testigos pueden presentar su testimonio a través de un apoderado (aunque Contreras acudió a la corte) y en esos casos no hay interrogatorios. Cuando los militares colombianos están tan difamados internacionalmente por la propaganda de las Farc, la presunción de inocencia probablemente quedó perdida en el camino.



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lunes, 7 de noviembre de 2011

FARC: Ojo con los planes que dejó Cano por Eduardo Mackenzie


El enorme triunfo político-militar que significa para el Estado y para la sociedad colombiana la muerte de Alfonso Cano no debe hacernos olvidar en qué contexto se dio la compleja operación Odiseo. Ésta ocurrió en medio de un impresionante repunte de las acciones guerrilleras de las Farc. Esa ofensiva  particular  logró propinarle a las fuerzas del orden duros golpes puntuales, sin que la inteligencia militar y las fuerzas armadas retrocedieran o cambiaran sus planes un solo momento. El éxito de la operación Odiseo se debe a esa firmeza aún en un periodo difícil.

El repunte de la acción de las Farc tenía (y sigue teniendo) tres características principales:

1. No es de alcance nacional. Se concentra sobre todo en unas zonas geográficas específicas del país (en tres departamentos con fronteras extranjeras –Nariño, Arauca y Norte de Santander--, y en departamentos de la vertiente sur–pacífico: Nariño y Cauca (sobre todo en las localidades de Corinto, Toribio, Caloto, Silvia, Cajibio, Jambaló y Suarez) y Putumayo (ataques al oleoducto Transandino y muerte de tres soldados cerca de Puerto Asís). Sólo en la última semana de octubre, emboscadas guerrilleras en varios lugares del país dejaron 23 militares muertos. En el primer semestre de 2011, las Farc llevaron a cabo 1.115 acciones armadas, lo que significa un aumento del 10% frente al mismo periodo en 2010. En ese año hubo 1.947 acciones armadas, una cifra levemente inferior a los 2.063 enfrentamientos registrados en 2002, cuando comenzó el primer gobierno de Álvaro Uribe y las Farc estaban en plena expansión. Dato colateral pero que no sobra: Marta Sáenz, gobernadora de Córdoba denunció, a finales de septiembre pasado, que en su departamento 409 personas habían sido asesinadas en sólo nueve meses, sobre todo por las Bacrim.

2. El repunte de la acción guerrillera-terrorista va acompañado de una serie de disturbios  aparentemente civiles y “sociales” que el universo fariano llama “acciones de masas”. Esa combinación efectiva de “formas de lucha” no es nueva pero había perdido impulso durante los dos gobiernos del presidente Álvaro Uribe. Las “acciones de masas” son movimientos generalmente violentos y muy estructurados donde un sector social es utilizado simplemente como masa de maniobra y de choque. Los movimientos actuales obedecen más a un plan estricto desestabilizador impulsado por las Farc y otros grupos armados, que a la espontaneidad y volatilidad de ciertas reivindicaciones sociales. Las Farc tratan por ese medio, que ellos abordan bajo la denominación de “trabajo de masas de las Farc”, de reimplantar formas de “presencia” y de control  violento en zonas perdidas por ellos en los últimos ocho años.

3. La intensificación de la guerra jurídica-judicial está destinada a minar la moral de combate de las Fuerzas Armadas, creando la sensación difusa de que cada acto de guerra contra las Farc, y de protección de la población, por más justificado que sea, puede convertirse, meses o años después, para militares y policías, en motivo de acusación  por “homicidio en persona protegida”, de destitución y cárcel. También está destinada a destruir la popularidad del ex presidente Álvaro Uribe (y  de sus ex ministros y consejeros). Esa guerra es un componente primordial de la ofensiva de las Farc. Ese “trabajo” específico, confiado a equipos y oficinas especializadas, hace parte central de los planes que había trazado Alfonso Cano para sacar a las Farc de la fase de postración y repliegue en que la dejó la política de Seguridad Democrática.

¿La muerte de Alfonso Cano deja automáticamente sin vigencia esa configuración? Probablemente, no. Esa muerte tendrá, desde luego, un impacto negativo fuerte, a corto y mediano plazo, sobre el repunte de las emboscadas. De hecho tras la muerte de Cano, las fuerzas armadas propinaron duros golpes a las Farc en otros departamentos, sobre todo en Vichada y Meta.

La muerte de Cano frenará la ofensiva  de las Farc pero no necesariamente afectará el frente de las “acciones de masas”, ni los dispositivos de guerra jurídica. “Hay una política trazada y esa es la que se continuará”, dijo con no poca claridad el más reciente mensaje firmado por el “secretariado del Estado Mayor Central de las FARC”. (El Tiempo, 5 de noviembre de 2011).  Esa frase es la más importante de ese comunicado.

Las peculiares aristas de la estrategia de Alfonso Cano podrían incluso ganar extensión y radicalidad si el Gobierno sigue con su línea de ignorar o subvalorar esos fenómenos y de tratarlos como algo residual y folclórico. El Estado debe reconocer que la guerra jurídica existe y debe tomar medidas concretas y crear dispositivos para desenmascarar a los actores y ponerlos en manos de la justicia. Pues esa guerra es tan ilegal y criminal como la que se hace con emboscadas y minas antipersonas.

La artificialidad de ciertas luchas “sociales”, como las “protestas de campesinos” y de “indígenas” en Caloto, donde bloquearon las vías que comunican  el Valle con el Cauca en los días anteriores al desenlace de la operación Odiseo, es muy evidente. Sin embargo, el gobierno parece ser miope ante lo que está sucediendo en ese sector.  El “trabajo de masas” de las Farc está, sin embargo, en auge. Está detrás de fenómenos como los “paros armados” que buscan intimidar a la población en Arauca, en los disturbios en algunas minas de Nariño (Mazamorras), en los incendios y amenazas de grupos de agitadores armados; en los atentados a bala  contra carrotanques que transportan crudo en Caquetá, en los disturbios en la Pacific Rubiales de Puerto Gaitán, Meta, es decir en una región petrolera clave del país, donde está el 47% de la producción petrolera nacional. Allí se ha visto la irrupción de provocadores y encapuchados violentos, sobre todo en los campos de Rubiales y Quifa (donde se extraen 225 000 barriles diarios).  Iguales métodos están siendo utilizados para llevar el paro a fincas productores de palma, en el Magdalena Medio.

A todo eso se suma la reaparición de milicianos vestidos de civil en numerosas localidades, sobre todo en Caquetá y Guaviare, donde la población vuelve a sentirse desamparada. La huelga que paraliza universidades públicas y privadas,  con estudiantes de secundaria y hasta del Sena, con encapuchados,  explosivos, destrozos, heridos y hasta con un muerto,  hace parte de la misma ola subversiva, aunque no todos los jóvenes que salen a la calle sean agitadores ni subversivos. Sin embargo, ellos están siendo utilizados. Las Farc pretenden forjar en sectores juveniles una “vanguardia” incontrolable y mejorar su sistema de reclutamiento en las ciudades.

Todo ello pone al desnudo la orientación compleja que Alfonso Cano había puesto en marcha. Esa fue su última interpretación, bastante hábil por cierto, del viejo instrumento fariano de la “combinación de todas las formas de lucha”.

El Gobierno debería ofrecer una respuesta concertada y simultánea a esos tres desafíos, y no sólo a uno. El restablecimiento pleno y total del fuero militar debería ser  la justa respuesta inmediata y práctica ante el acto heroico culminado en el Cauca por la brillante operación  Odiseo, en la que  numerosos combatientes de la fuerza pública perdieron la vida.

El restablecimiento del fuero militar y el estímulo a organismos encargados de la defensa jurídica de los militares, podría ser un primer paso, de fuerte connotación simbólica,  hacia un esfuerzo serio de contención de la campaña psicológica contra los mandos y las bases militares por la vía de las falsas acusaciones, de los procesos trucados con testigos y pruebas hechizas, con agitación internacional y con sentencias humillantes proferidas por cortes internacionales politizadas.

La confrontación podría agravarse si no se ataca a fondo la estrategia combinada de las Farc. La vía es, también, impedirle a las Farc inmiscuirse en la lucha social, la cual es, en sí, legítima. Las Farc y sus aparatos no tienen nada que hacer en ese terreno. Se debe avanzar hacia el desmantelamiento definitivo de las estructuras terroristas que ensangrientan el país, sean las que sean, Farc, Eln, Bacrim, etc. Lo urgente es impedir la reorganización de la dirección central de las Farc. ¿Qué relevancia puede tener en ese contexto saber quien reemplazará a Cano en la jefatura de las Farc? ¿Qué diferencia hay entre un  Iván Márquez y un Timochenko? Lo importante está en otra parte. En saber cómo quebrar los planes dejados por Cano,  en incrementar la deserción y ampliar el desorden entre cada componente de las Farc, en cortar el flujo de narco dólares, armas y explosivos dentro de esas estructuras, en frustrar los golpes vengativos que algunas comisiones y frentes están preparando contra las fuerzas armadas, contra la clase política y contra la sociedad civil y en relanzar la cooperación entre la ciudadanía y las fuerzas del orden.



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viernes, 4 de noviembre de 2011

Colombia: Ganó Petro ¿Qué ganó Bogotá? Por Eduardo Mackenzie

Eduardo Mackenzie


Francamente, ¿quién puede creer que una ciudad de nueve millones de habitantes, con un presupuesto de 17 billones de pesos, donde reside el centro político, industrial y cultural más importante de Colombia,  podrá ser  dirigida eficazmente por un hombre sin la menor experiencia administrativa,  por el caudillo de un movimiento izquierdista y sectario que fue votado, el pasado 30 de octubre,  únicamente por 600 934  personas?  
Lo que acaba de ocurrir en Bogotá es un muy mal signo para el futuro de Colombia. 



¿Cómo aceptar el hecho de que Bogotá haya conferido esa dignidad a alguien que ha sido, durante más de dos décadas, uno de los políticos más opacos y nebulosos del país, pues en todos esos años él logró ocultar, tras innumerables cortinas de humo, casi todo su pasado político y, sobre todo, sus actuaciones clandestinas al servicio del M-19, y ha logrado aparecer, finalmente, como el héroe candoroso de un supuesto “socialismo democrático” latinoamericano?   ¿Cómo calificar el hecho de que Bogotá ha elevado al cargo de alcalde mayor a un hombre que tiene sangre en las manos?

Aunque amnistiado y con buena prensa, Petro tiene un prontuario criminal que lo seguirá siempre. En años anteriores, Bogotá había elegido dos alcaldes de la corriente de Petro.  Ambos cometieron graves errores y defraudaron a la ciudad. Los índices de corrupción alcanzados por la alcaldía de Samuel Moreno Rojas es  una aberración atribuible sobre todo al partido de Petro. Sin embargo, ninguno de ellos había tomado las armas para matar a otros colombianos. Petro lo hizo y pagó cárcel por eso. Petro nunca se arrepintió de manera clara de su pasado guerrillero. Así pues, alguien que militó en uno de los movimientos terroristas más sangrientos del país tomará las palancas de la ciudad el 1 de enero de 2012.  

¿La elección de Gustavo Petro Urrego como alcalde de Bogotá es algo más que el resultado de una votación?  Puede ser la operación más audaz del M-19 contra el sistema político, más incluso que el infernal asalto contra el Palacio de Justicia en 1985 y los procesos judiciales inicuos contra los héroes defensores del Palacio. Por una razón: porque esta elección  es, para Petro, únicamente un trampolín para tallarse una imagen de presidenciable, y porque esta vez esa operación aparece como algo muy legal, muy legítimo e irrefutable.

Estamos ante un éxito del M-19. Un M-19 desarmado existe desde marzo de 1990 bajo diferentes ropajes y nombres: Alianza Democrática, Frente Social y Político, Polo Democrático, y ahora Partido Progresista. Todos esos grupos son lo mismo, un mismo programa, una misma doctrina. ¿Dónde está la evolución ideológica de ellos? Eso no existe. Ese grupo es la respuesta a una misma promesa: la de Carlos Pizarro quien en 1988 advertía que el M-19 debería “ser gobierno”. Ese aparato salido de las entrañas de las FARC, que en su época logró hacerle creer al país que era una guerrilla “juvenil” y “nacionalista”, sigue hoy su marcha bajo ropajes civiles, pero con los objetivos de siempre: desbaratar la democracia y desmantelar el sistema capitalista. Todo bajo un juego de  disimulación y camuflaje de alcance estratégico.

¿Cuál es la hoja de servicios de Petro a la ciudad, al país? Su periodo como senador él lo aprovechó para saciar una doble pasión: tratar de destituir al presidente Álvaro Uribe y ponerle zancadillas a la política de Seguridad Democrática. Su fracaso fue estruendoso.  Su triunfo de hoy reviste, pues, la forma de una revancha. ¿Qué frutos podrán nacer de ese terreno tan árido?

Petro fue elegido por una minoría. Sólo el 32% de quienes votaron en la capital de la República lo hicieron por él. El resto, el 68% de los votantes que se movilizaron el 30 de octubre, querían otro alcalde.

Eso quiere decir dos cosas:

a) que Bogotá no es una metrópolis que ha virado hacia la izquierda, ni a la extrema izquierda. Sin embargo, tendrá que soportar las decisiones y políticas de una corriente minoritaria que no recoge el querer de las mayorías.

b) que el sistema actual, para la elección de alcaldes y de gobernadores, es pésimo pues no contempla la posibilidad de una segunda vuelta. Ello permitió que la minoría mayor, no la mayoría (absoluta o relativa) de los votantes, adquiriera el control de la ciudad.

Ese sistema electoral, que ha permitido al minoritario Polo Democrático controlar la administración de la ciudad, no es plenamente democrático y está mandado a recoger. Hay que dotar al país de un sistema de dos vueltas para las próximas elecciones de alcaldes y de gobernadores. No hay otra manera para lograr que las autoridades que sean elegidas sean, también, representativas.

Si en la  primera vuelta no aparece un candidato respaldado por la mayoría de votantes, sólo una segunda vuelta puede darle a alguien una representatividad inobjetable. Es lo que se hace en otras grandes democracias. Sin una segunda vuelta las alianzas políticas, algo totalmente legítimo, pierden interés. Pues si una minoría mayor se impone en una sola vuelta, los lideres y fracciones que quieran sumarse a ella para gobernar la ciudad lo harán no por afinidades de ideas sino por un interés particular. Ese tipo de gestión municipal tiene un nombre: “chambonear” (para no utilizar otra palabra).  ¿Es eso lo que le espera a Bogotá ante temas  fundamentales como la Salud, la Educación, el Mínimo Vital,  el Metro,  el Sistema Integrado de Transporte Público y el nuevo aeropuerto de El Dorado?
Gustavo Petro no estaba habilitado para ser candidato. La tradicional debilidad institucional de Colombia, y el laxismo del Consejo Nacional Electoral,  jugaron a favor de esa candidatura. La inhabilidad de Petro es un hecho.  Ese candidato fue capturado en octubre de 1985, juzgado y condenado a 18 meses de cárcel. Esa condena se cumplió. “Petro salió de la cárcel después de 16 meses de sufrir pena privativa de la libertad por decisión judicial. Que es exactamente lo que produce la inhabilidad que describe el artículo 179 de la Constitución, y que por una migración normativa se aplica a quienes pretendan la dignidad de alcalde de Bogotá”, explicó el jurista y ex ministro de Justicia, Fernando Londoño Hoyos. Este precisó algo muy importante: “El perdón a los del M-19 no cubrió el delito anterior de Petro [pues el delito de octubre de 1985] nunca fue declarado delito político”. (El Tiempo, 7 de septiembre de 2011)

El hecho de haber “ganado” la elección de Bogotá no exime a la justicia de estudiar de nuevo la legalidad de esa candidatura. Las mayorías bogotanas no deberían olvidar ese punto. Tampoco se debería perder el hilo del problema de la financiación de la campaña de Gustavo Petro. La periodista Cecilia Orozco Tascón, para nada sospechosa de simpatías uribistas, dijo que jamás votaría por Gustavo Petro (El Espectador, 25 de octubre de 2011) pues entre los mayores financiadores de esa campaña hubo “empresas y empresarios extraños”: Tramsar le donó a Petro 111  millones de pesos, Pilastro Ingeniería y Construcción le dió 64 millones de pesos y  los señores  Jorge y Gustavo Escaf le aportaron 115 millones de pesos. Esos aportes  constituyeron el 25% de los recursos de esa campaña. “Nada tranquilizador” concluye la periodista.

Hay que decirlo: en esas condiciones, el triunfo de Petro hace parte de las anomalías que rodearon las elecciones regionales y municipales del 30 de octubre, donde una veintena de motines y asonadas (con heridos y muertos) afectó la pureza del sufragio en varias regiones. Según la Ong Misión de Observación Electoral, 41 candidatos fueron asesinados durante la campaña, 87 fueron amenazados, 22 sufrieron atentados, 7 fueron secuestrados. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) estimó que las bandas criminales habían estado presentes  “en 347 municipalidades de 31 de los 32 departamentos”. Hubo pues un regreso de la violencia preelectoral y paramilitares y guerrillas  hicieron de las suyas para imponer su gente. Lo de Petro es otra extravagancia más de esa jornada.  Hay que reflexionar sobre eso.







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