por Alejandro Peña Esclusa*
A partir del 11 de septiembre de 2008, se suscitó en las localidades de Cobija y El Porvenir, ubicadas en la provincia de Pando, Bolivia, una serie de hechos armados, que culminaron con un luctuoso saldo de numerosos muertos y heridos. El gobierno boliviano culpó a los factores de oposición de la violencia, particularmente al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien hasta la fecha permanece en la cárcel. Posteriormente, la Unión de Naciones Sudamericanas, Unasur, designó una Comisión para el Esclarecimiento de los Hechos de Pando, presidida por el subsecretario de Derechos Humanos de la Argentina, Rodolfo Mattarollo, la cual produjo un informe que avaló totalmente las actuaciones del gobierno boliviano y responsabilizó al prefecto Fernández de la violencia.
El informe generó abundantes críticas en Bolivia, en buena medida por la trayectoria de Mattarollo, quien fue fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y quien, en el pasado, estuvo involucrado en no pocos actos terroristas. Además, el informe presentaba bastantes imprecisiones, omisiones, inconsistencias y falsedades.
Dadas las discrepancias y sospechas sobre lo ocurrido, la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica), decidió elaborar un informe independiente sobre los hechos de Pando, enviando para tal fin a representantes de organizaciones no gubernamentales (ONGs) de derechos humanos, provenientes de la Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela. Los delegados internacionales arribaron a Santa Cruz de la Sierra el 25 de marzo de 2009. Les tomó cinco días levantar un informe de campo, con datos recabados en Santa Cruz, La Paz y en la propia provincia de Pando. Se tomaron declaraciones a testigos presenciales de los hechos, quienes relataron con lujo de detalles lo sucedido, responsabilizando a personeros del gobierno y miembros del partido oficialista, Movimiento al Socialismo (MAS), de haber provocado los enfrentamientos y de haber violado flagrantemente sus derechos humanos.
Llama la atención que, durante su estadía en Bolivia, los delegados internacionales de UnoAmérica fueran seguidos y hostigados por quienes se presume eran funcionarios de inteligencia, lo cual los obligó a tomar medidas de seguridad, entre ellas --en el caso de quienes se encontraban en Pando-- trasladarse a territorio brasileño para pernoctar.
El 30 de mayo, los activistas de derechos humanos ofrecieron una rueda de prensa en Santa Cruz, informando sobre los resultados preliminares de su investigación. Las pruebas recabadas eran incontestables: el gobierno de Evo Morales había planificado y ejecutado los hechos de violencia. En consecuencia, UnoAmérica anunció que presentará su informe final ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Washington) y acusará al gobierno de Evo Morales por delitos de lesa humanidad.
Vale la pena destacar que, a partir de ese momento y hasta la fecha, UnoAmérica ha sido objeto de una feroz campaña de desprestigio, basada en calumnias y mentiras, orquestada por medios de comunicación vinculados ideológicamente al gobierno boliviano e, incluso, al propio Rodolfo Mattarollo. La campaña incluye la criminalización de quienes elaboraron el informe de Pando, vinculándolos --sin presentar prueba alguna-- a bizarras conspiraciones y a presuntos golpes de Estado. Creemos que tales acusaciones no hacen sino comprobar la culpabilidad de quienes aparecen señalados en el informe de UnoAmérica como los verdaderos responsables --o encubridores-- de la masacre de Pando.
Los hechos de agresión ocurridos en la provincia de Pando en septiembre de 2008 no comenzaron ese mes, sino mucho antes. Pese a que Evo Morales ganó las elecciones presidenciales de diciembre de 2005 con el 54% de los votos, los resultados reflejaron un país seriamente dividido. El partido oficialista (MAS) perdió las elecciones en seis de nueve departamentos, donde resultaron elegidos prefectos (gobernadores) de la oposición. En cuanto al Congreso, el MAS obtuvo mayoría simple en la Cámara de Diputados, pero quedó en situación minoritaria en el Senado. "Hemos llegado al gobierno, pero todavía no tenemos el poder", dijo el presidente Morales en uno de sus discursos, indicando así que pretendía modificar las reglas del juego democrático para promover un proyecto diferente. Pero, ¿a qué costo Evo Morales estaba dispuesto a hacerlo?
Un empate catastrófico.
El vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, respondió claramente a este interrogante en un revelador discurso que dio en la Escuela de Pensamiento Comuna el 17 de diciembre de 2007, titulado Empate catastrófico y punto de bifurcación. En su discurso, planteó que Bolivia estaba desgarrada entre dos visiones distintas de país, una de corte neoliberal y otra revolucionaria. Se trataba, según él, de un "empate catastrófico", porque cada visión está respaldada por una considerable porción de la población, con poder propio y mecanismos de presión. Tarde o temprano, aseguró García Linera, se producirá una confrontación entre ambas visiones, pero sólo una de ellas vencerá: "Un punto de bifurcación, inevitablemente, es un momento de fuerza. Es un momento en que la política, en verdad, deviene en la continuación de la guerra por otros medios. En el caso de Bolivia, pareciera ser que nos estamos acercando al punto de bifurcación. Es cuestión, tal vez, de meses o de días. Es meramente intuición reflexiva, pero no se puede atrasar mucho más".
Nótese que García Linera no contempla el diálogo y la convivencia entre esas dos visiones, como debería ocurrir en un sistema democrático, sino que plantea una confrontación, en la que, inexorablemente, debe haber un ganador y un perdedor. Plantea la imposición de una visión sobre otra y, de ser necesario, por medio de hechos de fuerza. Esta no es la visión personal del vicepresidente, sino una política de Estado, compartida por todos los integrantes del Alto Gobierno, quienes se refieren constantemente a sus adversarios políticos como "enemigos", a los cuales hay que vencer y doblegar.
Analizándolos retrospectivamente, los hechos de violencia suscitados en Pando constituyen la confirmación práctica de los planteamientos teóricos de García Linera. Podría incluso afirmarse que el gobierno buscaba y hasta deseaba una confrontación, para lograr el tan ansiado "punto de bifurcación" que permitiría dejar atrás el "empate catastrófico".
Pando no fue el único "punto de bifurcación", pero sí probablemente el más importante, porque sirvió para imponer la supremacía de la visión oficialista por encima de la visión de los demás sectores. Antes de Pando, hubo una serie de confrontaciones similares.
Los prolegómenos de Pando.
Previo a los actos de agresión perpetrados en el departamento de Pando, hubo oleadas anteriores de violencia, originadas todas ellas por el mismo motivo: la intención del gobierno de Evo Morales de imponer --a como diera lugar-- un modelo centralista, frente a la determinación de las regiones de conquistar sus autonomías. Aunque el oficialismo pretende identificar la palabra "autonomía" con "separatismo", la descentralización ha sido una lógica aspiración histórica de las regiones.
Desde el principio de su gobierno, Evo Morales planteó que una nueva Constitución sería el instrumento para desarrollar su modelo socialista-centralista y así derrotar las pretensiones autonómicas. Sin embargo, aunque el MAS contaba con la mayoría en la Asamblea Constituyente, no alcanzaba la mayoría calificada (dos tercios de los votos) para imponer su visión. Por eso, durante dieciocho largos meses, el esfuerzo del MAS no estuvo orientado a redactar la nueva Carta Magna, sino a modificar el esquema de aprobación.
Los roces entre el oficialismo y el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, comenzaron cuando éste se pronunció en favor de la autonomía y se sumó al clamor de cinco prefectos de defender el esquema de los dos tercios. Como consecuencia, las organizaciones campesinas y obreras controladas por el MAS exigieron la renuncia de Reyes, e iniciaron movilizaciones para lograr su cometido.
En enero de 2007, las masas cocaleras-campesinas se propusieron tomar por asalto y quemar las oficinas de la Prefectura. Los ciudadanos de Cochabamba reaccionaron en defensa de sus instituciones y, como resultado del choque provocado por el MAS, murieron tres personas. Entre quienes dirigieron el asalto, se encuentra la actual ministra de Justicia, Celima Torrico.
Otra oleada de violencia se registró frente a la sede del Congreso, puesto que el MAS propició una serie de "cercos" para obligar a los parlamentarios --so pena de ser linchados-- a aprobar leyes que interesaban al gobierno central. Cercos similares ocurrieron en el año 2007 en la ciudad de Sucre, lugar oficial en el que sesionaba la Asamblea Constituyente, para forzar la aprobación de la Constitución en los términos que exigía el MAS.
Pero el episodio más violento ocurrió a finales de noviembre de 2007, cuando el MAS, cansado de no lograr su objetivo de modificar el esquema de los dos tercios, decidió repentinamente trasladar las sesiones de la Asamblea Constituyente a un recinto militar y aprobar unilateralmente la nueva Carta Magna, sin la participación de los 110 constituyentes opositores. Consciente de que tal decisión generaría reacciones de protesta, el MAS organizó previamente un cerco a la ciudad de Sucre. Sin embargo, eso no impidió que una rebelión se desatara frente a las imposiciones ilegales del oficialismo. La feroz represión contra la población, encabezada personalmente por el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, produjo como consecuencia tres muertos y más de 300 heridos.
Por su parte, Evo Morales manifestó su satisfacción por la "aprobación" de la nueva Carta Magna: "Quiero agradecer, felicitar a esos movimientos sociales que históricamente lucharon por la igualdad y por la justicia y ahora por garantizar una nueva Constitución Política del Estado, que con seguridad será refrendada mediante un referéndum por el pueblo boliviano", declaró públicamente. Hasta la fecha, no hay ningún detenido ni se han esclarecido las muertes ocurridas el día en que la Constitución se tiñó de sangre.
Un claro objetivo.
El periodista Carlos Valverde, en el programa in Letra Chica , que sale al aire en la televisora PAT, reveló un documento titulado "Plan Marcha hacia el Oriente", fechado en enero de 2008 y elaborado por un sector de las Fuerzas Armadas. El plan consiste en entrenar grupos irregulares, con la participación de "chavos caribeños" (cubanos o venezolanos), con el objetivo de intervenir en la provincia de Pando. Aunque voceros del Ejército desconocieron la autoría del documento, los acontecimientos ocurridos en Pando en septiembre de 2008 guardan exacta similitud con dicho plan.
A principios de septiembre de 2008, el MAS convocó y reclutó alrededor de mil campesinos en diversos municipios pandinos, entre ellos, Riberalta, Puerto Rico y Filadelfia, para incursionar en Cobija (capital del departamento), so pretexto de disolver las protestas de quienes manifestaban a favor de la autonomía y de exigir la renuncia del prefecto opositor Leopoldo Fernández.
La marcha hacia Cobija se inició el 10 de septiembre en horas de la tarde, para la cual los dirigentes locales del MAS habían adquirido previamente armas, municiones, explosivos y gases lacrimógenos. Pero para llegar a la capital, era obligado pasar por el municipio de El Porvenir.
Avisado de la marcha, el prefecto Leopoldo Fernández ordenó la construcción de dos zanjas en El Porvenir, para que impidieran el paso de los campesinos y así evitar una confrontación. Además, existen pruebas de las conversaciones sostenidas entre Fernández y los jefes locales del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía, pidiéndoles desarmar a los campesinos e impedirles el paso, justamente para evitar una masacre; sin embargo, la autorización de los mandos superiores ubicados en La Paz nunca llegó.
En consecuencia, los autonomistas intentaron otra estrategia: convencer a los campesinos de regresar a sus hogares, mediante el diálogo. Pero algunos de los masistas, que estaban organizados conforme a una estrategia militar (portaban bandas en sus brazos que denotaban jerarquía y proveniencia), desoyeron los consejos y recurrieron a las bombas lacrimógenas y a las armas. Además, secuestraron a algunos autonomistas, para usarlos como escudo humano. Cuando se percataron de que estaban siendo salvajemente agredidos, los pobladores de El Porvenir salieron a defender su integridad y la de sus familiares con sus armas de cacería, produciéndose así los primeros enfrentamientos.
El gobierno de Evo Morales culpó a los autonomistas de la violencia y ordenó --esta vez sí-- la intervención de los militares, pero no para desalojar a los invasores masistas, sino para reprimir ferozmente a los pobladores locales, dictar un estado de sitio y deponer y encarcelar al prefecto Fernández, quien fue sustituido a dedo por un funcionario militar. Días más tarde, se produjo otra terrible agresión, en el aeropuerto de Cobija, donde los militares dispararon sus armas de guerra en contra de la población civil, asesinando al pastor evangélico Luis Antonio Rivero, de 54 años, quien se encontraba allí para mediar y tratar de impedir una nueva masacre. Rivero estaba desarmado y la única herramienta que portaba en la mano era la Biblia.
Al pastor no se le prestó auxilio médico, y permaneció ocho horas abandonado cerca de la pista de aterrizaje, donde fue ultimado con tiros de gracia. Para desviar la prueba técnica de necropsia, sus homicidas cubrieron los agujeros de las balas con pegamento. Luego de la toma de Cobija, se inició un persecución contra los dirigentes autonómicos y los simpatizantes de Fernández, obligando a casi 300 personas a exiliarse en las poblaciones vecinas del Brasil. Los hechos relatados son apenas la punta del iceberg de un significativo número de homicidios, lesiones, torturas, secuestros, allanamientos ilegales de moradas y capturas ilegales.
Semanas antes, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, había visitado el departamento de Pando y vociferó en una reunión del MAS que hundirían al prefecto Leopoldo Fernández, y que --textualmente-- lo pondrían en una fosa, para que se lo comieran los gusanos. El periodista que filmó y divulgó las declaraciones de Quintana está ahora en la cárcel.
Con la masacre de Pando, se había producido lo que el vicepresidente García Linera llamaría el "punto de bifurcación" o el final del "empate catastrófico". Una visión de Bolivia --la socialista-- se había impuesto a la otra, mediante un hecho de fuerza, tal como él lo había propuesto en su discurso del 17 de diciembre de 2007.
Conclusiones.
Existen, además, varios agravantes, que justifican acusar al gobierno boliviano por delitos de lesa humanidad ante las cortes internacionales; entre ellos, los siguientes: primero, la agresión fue planificada; segundo, la incursión fue nocturna; tercero, los agresores eran foráneos; cuarto, se usaron tácticas militares; quinto, el objetivo era asesinar, lesionar, secuestrar, torturar y encarcelar a un sector de la población por su forma de pensar (autonomistas); sexto, se violó el derecho al juicio justo y al debido proceso; séptimo, se negó el derecho a la información (habeas data ); y octavo, en algunos casos, los cuerpos de seguridad del Estado usaron armas de guerra para agredir a ciudadanos civiles desarmados, y en otros, hubo omisión cómplice por parte de los funcionarios militares y policiales.
Pese a todo lo anterior, el informe realizado por la comisión de Unasur que investigó los hechos de Pando, a cargo del subsecretario argentino para los Derechos Humanos, Rodolfo Mattarollo, responsabilizó a las víctimas (los autonomistas) de la violencia. El Informe Mattarollo asegura, sin presentar prueba alguna, que existían "grupos armados por la Prefectura" a los que culpó por los muertos y heridos. Sin embargo, la mayoría de los fallecidos y lesionados --así como todos los presos, torturados, secuestrados y exilados-- son autonomistas, como se desprende de la lista de las víctimas de la violencia en Pando.
Evo Morales aprovechó el aval que le dio Unasur para acusar a los líderes autonómicos de pretender llevar el país a la violencia y dividir a Bolivia en pedazos, como parte de un plan internacional para derrocarlo; todo lo cual le sirvió de justificación para perseguir política y penalmente a sus enemigos.
Cuando se compara el caso Pando con la masacre de Puente Llaguno, perpetrada en Venezuela, en abril del año 2002, existe un paralelismo casi idéntico: una matanza planificada y ejecutada por el gobierno, para luego inculpar a la oposición de los hechos, y así justificar una razzia contra los adversarios políticos.
Es de vital importancia para los pueblos de América estudiar con detenimiento el caso Pando, puesto que no se trata de un acontecimiento aislado, sino de un modus operandi --una receta exportable--- que cualquier gobierno podría poner en práctica en momentos de debilidad para criminalizar a sus enemigos, acabar con la democracia y mantenerse en el poder con el uso de la fuerza.
(*) El ingeniero Alejandro Peña Esclusa
es escritor y dirigente político venezolano.
Preside la asociación civil Fuerza Solidaria .
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