
Por: Alejandro Peña Esclusa
Durante los últimos meses, ha habido ataques muy severos contra la propiedad privada en Venezuela. Estas agresiones tienen diversas modalidades:
La que pasa más desapercibida, por ser aparentemente legal, es el control de precios, que obliga a los empresarios a vender sus productos por debajo de costo de producción. Aunque las empresas grandes pueden palear la medida, compensando las pérdidas con la venta de bienes no controlados, los pequeños empresarios se ven obligados a cerrar. De hecho, durante los diez años que lleva Chávez gobernando, han cerrado el 45 por ciento de las industrias.
El segundo ataque contra la propiedad proviene del crimen organizado, entre los que se destaca la guerrilla colombiana, que opera impunemente en las zonas fronterizas de Apure, Barinas, Táchira y Zulia. Como es sabido, Chávez mantiene una cercanía ideológica con las FARC, e incluso guardó públicamente un minuto de silencio luego de la muerte de Raúl Reyes, por lo que muchos venezolanos aseguran que existe complicidad entre gobierno y guerrilla.

La tercera modalidad es la invasión de tierras productivas e, incluso, de edificios de apartamentos, auspiciadas y amparadas por sectores oficialistas. Los propietarios acuden a la Ley, pero aunque los jueces dictaminen a su favor, los cuerpos de seguridad del Estado no se atreven a desalojar a los invasores. Chávez se ha manifestado públicamente -sobre todo durante las últimas semanas- en contra de la propiedad privada.
El cuarto esquema de agresión consiste en no pagar a las contratistas del Estado, llevándolos a la quiebra. Existe una crisis de pago en el sector petrolero, eléctrico, infraestructura, alimenticio, y en general todas las empresas que requieran de divisas extranjeras para operar. Es vox populi que, con la baja del precio del petróleo y los compromisos políticos internacionales, el gobierno venezolano carece de dólares para enfrentar sus obligaciones.
La quinta forma de atentar contra la propiedad consiste en las expropiaciones y confiscaciones. La diferencia entre una y otra está en que las primeras se pagan y las segundas no. Pero en Venezuela no está clara la diferencia, porque en muchas de las expropiaciones, el pago es tardío, dudoso y, aún en caso positivo, se cancela con papeles estatales devaluados.
El gobierno de Chávez ha confiscado empresas del sector cementero, alimenticio, metalúrgico, comunicacional, por mencionar unos cuantos; pero en las últimas semanas el gobierno se ha ensañado contra las contratistas petroleras, particularmente 76 de ellas, ubicadas en la Zona Oriental del lago de Maracaibo (Cabimas, Ciudad Ojeda, Bachaquero y Mene Grande).
Publicado en
Hoy Bolivia.com
VIDEO: Ministro Rafael Ramirez responde la pregunta
Por qué Chávez confisca empresas
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