Washington Uno América denunció a Bolivia por crímenes de lesa humanidad ante la CIDH

ONG Uno-América presentóhoy ante la CIDH una denuncia contra Evo Morales por delitos de lesa humanidad por las muertes del 2008 en Pando La Unión de Organizaciones Democráticas de América Latina (Uno-América), una instancia no gubernamental de origen venezolano, informó que hoy entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el presidente Evo Morales, en la que se lo hace responsable por la comisión de "delitos de lesa humanidad". Las acusaciones que formula esta organización tienen que ver con las muertes que se produjeron en Pando durante la crisis social y política que vivió el país en septiembre de 2008, y están respaldadas por un informe en el que se detallan testimonios y documentos sobre esos sucesos. El informe también hace una descripción de varios escenarios políticos y sociales que tuvieron desenlaces violentos, como los enfrentamientos ciudadanos de enero de 2007 en Cochabamba, los cercos al Congreso, además de los disturbios que cobraron vidas durante la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado.

La organización, que está presidida por Alejandro Peña Esclusa, un ex candidato presidencial de la oposición en Venezuela, sostiene que el Gobierno boliviano promovió la violencia en Pando y luego responsabilizó de sus efectos a la oposición y al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, actualmente detenido en una cárcel de La Paz acusado de haber instigado las muertes en esa región. El reporte-denuncia de UnoAmérica, que fue elaborado por expertos y dirigentes sociales de organizaciones de Brasil, Colombia, Perú y Uruguay, será presentado en Washington, sede de la CIDH, por Peña Esclusa, informó esta organización a través de un comunicado. Ver informe completo presentado ante la CIDD al final de la página. También puede ver aquí el documento original en PDF: Informe de Pando

Fuente: Radio Nacional del Perú

INFORME DE PANDO (Facilitado por Noticiero Digital de Venezuela)

Crisis Política y Social en Bolivia UnoAmérica Comisión Especial de Derechos Humanos Colombia, junio de 2009

Organizaciones y personalidades que suscriben el presente informe

-Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo (AFAVIT) — Perú -Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla Colombiana (AVCG) -Centro de Estudios por los Derechos Humanos de Uruguay -Federación Verdad Colombia -Fundación Orión — Venezuela -Movimiento por la Verdadera Historia — Argentina -ONG 1810 — Argentina -Asociación Civil Fuerza Solidaria — Venezuela -Dr. Wálter Arrazola Mendivil — Diputado Nacional — Bolivia -Dra. Graça Salgueiro — Brasil -Dra. María Fernanda Cabal — Colombia -Dr. Marcelo Cypriano Motta — Brasil -Sr. Josué Meneses Huayra — Perú Abogado responsable de redactar la acusación Dr. Jaime Arturo Restrepo Restrepo — Defensor de Derechos Humanos — Colombia

ÍNDICE

Nota aclaratoria 1. Introducción 2. Antecedentes 3. La primera “oleada”: Cochabamba 4. La segunda “oleada”: Los cercos al Congreso 5. La tercera “oleada”: Una Constitución teñida de sangre 6. Los referendos del año 2008 7. El “desempate” en Pando: Cronología de una agresión 8. Conclusión 9. Anexo: Personas afectadas por violaciones a derechos humanos

Nota aclaratoria

UnoAmérica elaboró un informe sobre los hechos de agresión y violencia suscitados en Pando en septiembre de 2008. Está redactado en forma de acusación, utilizando los términos jurídicos que corresponden a un caso penal, para ser introducido en los tribunales internacionales. El informe está acompañado de numerosos recaudos probatorios, entreellos los testimonios de testigos presenciales de los hechos, refrendados con su huella digital; así como numerosos videos caseros o amateur. El documento que se presenta a continuación es un resumen del informe original, redactado con un lenguaje más sencillo, para ser publicado y difundido al público en general. Contiene información suficiente para demostrar la responsabilidad del gobierno de Evo Morales en la llamada masacre de Pando. Sin embargo, de requerirse, UnoAmérica queda a la orden de los lectores para suministrar elementos adicionales.

1. Introducción A partir del 11 de septiembre de 2008, se suscitaron en las localidades de El Porvenir y Cobija, ubicadas en la provincia de Pando, una serie de hechos de agresión, que culminaron con saldo de numerosos muertos, heridos, secuestrados y exilados. El gobierno boliviano culpó a los factores de oposición de la violencia, particularmente al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien hasta la fecha permanece en la cárcel. Posteriormente, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, designó una Comisión para el Esclarecimiento de los Hechos de Pando, presidida por el subsecretario de Derechos Humanos de Argentina, Rodolfo Mattarollo, la cual produjo un informe que avaló totalmente las actuaciones del gobierno boliviano y responsabilizó al prefecto Fernández de la violencia. El informe generó abundantes críticas en Bolivia, en buena medida por la trayectoria de Mattarollo, quien fue fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y quien en el pasado estuvo involucrado en no pocos actos terroristas. Además, el informe presentaba bastantes imprecisiones, omisiones, inconsistencias y falsedades. Dadas las discrepancias y sospechas sobre lo ocurrido, la Unión de Organizaciones Democráticas de América, UnoAmérica, decidió, desde principios del año 2009, elaborar un informe independiente sobre los hechos de Pando, enviando para tal fin a representantes de organizaciones no gubernamentales (ONGs) de derechos humanos, provenientes de Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela. Los delegados internacionales arribaron a Santa Cruz de la Sierra el 25 de marzo de 2009. Les tomó cinco días levantar un informe de campo, con datos recabados en Santa Cruz, La Paz y en el propio departamento de Pando. Se tomaron declaraciones a testigos presenciales de los hechos, quienes relataron de forma conmovedora lo sucedido, responsabilizando a personeros del gobierno y miembros del partido oficialista MAS de haber provocado las agresiones contra los habitantes de las Municipalidades de El Porvenir y de Cobija, y de haber violando flagrantemente sus derechos humanos. Llama la atención que, durante su estadía en Bolivia, los delegados internacionales de UnoAmérica fueron seguidos y hostigados por quienes se presume eran funcionarios de inteligencia, lo cual los obligó a tomar medidas de seguridad, entre ellas —en el caso de quienes se encontraban en Pando—trasladarse a territorio brasileño para pernoctar. El 30 de marzo, los activistas de derechos humanos ofrecieron una rueda de prensa enSanta Cruz, informando sobre los resultados preliminares de su investigación. Las pruebas recabadas eran incontestables: el gobierno de Evo Morales había planificado y ejecutado los hechos de violencia. Vale la pena destacar que, a partir de ese momento y hasta la fecha, UnoAmérica ha sido objeto de una feroz campaña de desprestigio, basada en calumnias y mentiras, orquestada por medios de comunicación vinculados ideológicamente al gobierno boliviano e, incluso, al propio Rodolfo Mattarollo, entre ellos, el diario argentino Página 12. La campaña incluye la criminalización de quienes elaboraron el informe de Pando, vinculándolos —sin presentar prueba alguna— a bizarras conspiraciones y a presuntos golpes de Estado. Creemos que tales acusaciones no hacen sino comprobar la culpabilidad de quienes aparecen señalados en este informe como los verdaderos responsables —y/o encubridores— de la masacre de Pando.

Alejandro Peña Esclusa Presidente de UnoAmérica www.unoamerica.org

2. Antecedentes Para poder comprender los hechos sucedidos en Pando en septiembre del año 2008, es necesario conocer los antecedentes de la crisis política y social que se vivió y se vive todavía en Bolivia coincidente con la llegada al poder de Evo Morales. La división geográfica, cultural y regional, son factores a ser tomados en cuenta para poder comprender las dos visiones distintas de país que existen en Bolivia. La geografía electoral y la composición regional del poder son otros factores que deben tenerse en cuenta. Bolivia esta divida entre occidente y oriente, la primera ubicada en los Andes, mayoritariamente indígena —Aymara/Quechua— y la otra mestiza, con apenas diez por ciento de indígenas “puros” pertenecientes a treinta y tres diferentes etnias. A los Andes del occidente les corresponde un tercio de la geografía de Bolivia, pero contienen aproximadamente dos tercios de la población votante; Mientras que el oriente —denominado Media Luna— abarca dos tercios del territorio boliviano, pero sólo cuenta con un tercio del electorado. Sin embargo, el oriente de Bolivia aporta más de la mitad del PIB nacional. Las elecciones presidenciales bolivianas se llevaron a cabo el 18 de diciembre de 2005. Los resultados finales otorgaron el triunfo a Evo Morales, con cerca de 54% de votos a favor. Estas elecciones pasarán a la historia por haber marcado el inicio de la Elección de Prefectos Departamentales mediante el voto directo, puesto que antes eran designados directamente por el Presidente de la República. Pero si bien Evo Morales obtuvo la mayoría a nivel nacional, los resultados regionales reflejaron un país seriamente dividido. El Movimiento al Socialismo (MAS) perdió en la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija), es decir, en los denominados departamentos “autonomistas“, que históricamente han buscado la descentralización administrativa, la cual ha sido lamentablemente postergada en Bolivia, a diferencia de otras naciones latinoamericanas, que sí han modernizado su gestión administrativa mediante la descentralización. En estos cuatro departamentos, la población eligió prefectos que estaban en la línea opositora a Evo Morales, al igual que sucedió en Cochabamba e, incluso, en La Paz. Paradójicamente, el partido de Evo Morales —Movimiento al Socialismo— logró controlar solamente tres prefecturas. En cuanto al Congreso, el MAS obtuvo mayoría simple en la Cámara de Diputados; pero quedó en situación minoritaria en el Senado, faltándole sólo tres votos para lograr mayoría simple. “Hemos llegado al gobierno, pero todavía no tenemos el poder” dijo el Presidente Morales en uno de sus discursos, dejando deslizar con esta frase que pretendía modificar las reglas del juego democrático para promover un proyecto diferente. El pilar fundamental del cambio ha sido, sin duda, la elaboración de una nueva Constitución, como también lo ha sido en Venezuela y Ecuador, países enmarcados, como lo está Bolivia, dentro del denominado Socialismo del Siglo XXI. El informe de lo ocurrido en la Bolivia gobernada por Evo Morales, no podría dar cuenta de las causas y desencadenantes de los hechos de violencia sin tomar en cuenta el proyecto de país que se planteó implementar Morales desde su arribo a la presidencia. Surge la interrogante, ¿A qué costo Evo Morales estaría dispuesto a conseguir las reformas que le permitirían un país diseñado bajo el modelo del Socialismo del Siglo XXI?

Empate Catastrófico y el punto de bifurcación

El Vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, respondió claramente a esta interrogante en un revelador discurso que dio en la Escuela de Pensamiento Comuna el 17 de diciembre de 2007, titulado Empate catastrófico y punto de bifurcación. En su discurso, García Linera planteó que Bolivia estaba desgarrada entre dos visiones distintas de país, una de corte neoliberal y otra revolucionaria. Cada visión respaldada por una considerable porción de la población, con poder propio y mecanismos de presión. Tarde o temprano, asegura García Linera, se produce una confrontación entre ambas visiones, pero solo una de ellas vence. “El empate catastrófico es una etapa de la crisis de Estado… un momento estructural, que se caracteriza por tres cosas: confrontación de dos proyectos políticos nacionales de país, dos horizontes de país con capacidad de movilización, de atracción y de seducción de fuerzas sociales; confrontación en el ámbito institucional —puede ser en el ámbito parlamentario y también en el social— de dos bloques sociales conformados con voluntad y ambición de poder, el bloque dominante y el social ascendente; y en tercer lugar, una parálisis del mando estatal y la irresolución de la parálisis. Este empate puede durar semanas, meses, años; pero llega un momento en que tiene que producirse un desempate, una salida…”. “La salida al empate catastrófico sería la tercera etapa de la crisis del Estado que la vamos a denominar construcción hegemónica ascendente. Está marcada por la conflictividad y, por lo general, se da por oleadas. Los textos de Marx, sobre la crisis política de 1848 a 1849, son muy ilustrativos de esa idea de conflictividad por oleadas, que van y vienen: estabilidad, conflictividad, estabilidad, conflictividad…”. “Esta crisis, obligatoriamente, tiene que acabar en algún momento, ninguna sociedad vive permanentemente ni en movilizaciones (la creencia del anarquismo) ni permanentemente en estabilidad (la creencia del cristianismo). Puede haber inestabilidades, luchas, pero en algún momento tiene que consolidarse una estructura de orden que va a seguir teniendo conflictividades internas, por supuesto, pero luego, se va a poder decir: A partir de este momento, tenemos un neoliberalismo reconstituido o tenemos un Estado nacional, indígena, popular, revolucionario. A ese momento histórico, preciso, fechable, le hemos puesto el nombre de punto de bifurcación…”. “Un punto de bifurcación inevitablemente es un momento de fuerza… es un momento en que la política, en verdad, deviene en la continuación de la guerra por otros medios. Es un momento en que Nietzsche y Foucault tienen razón. Un punto de bifurcación es, en el fondo, un hecho de fuerza en la medición práctica de las cosas. Es un hecho de liderazgo, de hegemonía en el sentido gramsciano del término, de liderazgo moral sobre el resto de la sociedad…”. “En el caso de Bolivia, pareciera ser que nos estamos acercando al punto de bifurcación, es cuestión, tal vez, de meses o de días, es meramente intuición reflexiva, pero no se puede atrasar mucho más…”. “¿Qué más puede pasar en los siguientes días? Una contraofensiva territorial en dos dimensiones, que de hecho ya está sucediendo. Es probable que en alguno de esos momentos se ponga a prueba la capacidad de disuasión del nuevo bloque social de poder y esto hará que se visibilice su capacidad de decisión, a partir de su capacidad de movilización social a nivel nacional, a nivel departamental y, fundamentalmente, a nivel regional; y será evidente en la capacidad de mantener el mando, el control y el cumplimiento de las estructuras de coerción legítima que tiene el Estado, vale decir, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.” 1 Nótese que García Linera no contempla el diálogo y la convivencia entre esas dos visiones, como debería ocurrir normalmente en un sistema democrático, en el que todos los ciudadanos tienen el derecho a pensar y a opinar según su propio criterio, sino que plantea una confrontación, en la que, indefectible e inexorablemente, debe haber un ganador y un perdedor. Plantea la imposición deuna visión sobre otra y, de ser necesario, por medio de hechos de fuerza… “un momento en que la política deviene en la continuación de la guerra por otros medios“. Esta no es la visión personal del Vicepresidente, sino una política de Estado, compartida por todos los integrantes del Alto Gobierno, quienes en diversas oportunidades han expresado posiciones parecidas a las de García Linera, al considerar a los adversarios políticos, como “enemigos“, a los cuales ____________________ 1 García Linera, Álvaro. “Empate catastrófico y punto de bifurcación”. Disertación en la Escuela de pensamiento Comuna, 17 de diciembre de 2007. Disponible en http://www.forumdesalternatives.org/ES/readarticle.php?article_id=4844 hay que vencer y doblegar. Se trata, sin duda, de una concepción distinta —y opuesta— a la que normalmente prevalece en una democracia. Considerados retrospectivamente, los hechos de violencia suscitados en Pando constituyen la confirmación en la práctica de los planteamientos teóricos de García Linera. Podría incluso afirmarse que el gobierno buscaba y hasta deseaba una confrontación, para lograr el tan ansiado “punto de bifurcación” que permitiría dejar atrás el “empate catastrófico”. Pando no fue el único “punto de bifurcación”, pero sí probablemente el más importante, porque sirvió para imponer la supremacía de la visión oficialista por encima de la visión de los demás sectores. Antes de Pando, hubo una serie de confrontaciones similares, que podrían describirse —usando los mismo términos de García Linera— como “oleadas” de conflictividad seguidas de estabilidad. 3. La primera “oleada”: Cochabamba En las elecciones generales de 2005, en Cochabamba se produjo un voto “cruzado”; si bien Evo Morales obtuvo la mayoría en ese departamento, la oposición ganó la prefectura, que recayó en manos de Manfred Reyes Villa. Los primeros roces entre el gobierno central y el regional comenzaron a raíz de la decisión de Reyes Villa de promover la autonomía. Como consecuencia, la Confederación de Campesinos, dirigida por partidarios del MAS, pidió la renuncia del Prefecto. A esta demanda se sumaron los dirigentes de la Central Obrera Departamental de Cochabamba, afines al oficialismo; así como los pobladores del Trópico, cuyos residentes son cocaleros y, por tanto, partidarios de Morales. La crisis se acentuó a finales del año 2006, porque Reyes Villa se sumó públicamente al clamor de cinco prefectos, quienes pedían que cualquier norma dentro de la Asamblea Constituyente se aprobase tal como estaba planteada en la Ley de Convocatoria, es decir, con dos terceras partes de los votos, y no con mayoría simple, como exigía el MAS. La población de Cochabamba comenzó a realizar movilizaciones en apoyo a los dos tercios, es decir, en apoyo a la Ley. En respuesta, en enero 2007, el MAS movilizó a decenas de miles de cocaleros para tomar por asalto la ciudad de Cochabamba, con el objetivo expreso de deponer al Prefecto. El 3 de enero de 2007, la Central Obrera Departamental y otras organizaciones afines al gobierno de Morales, instalaron una vigilia frente a las oficinas de la Prefectura, ubicadas en la Plaza 14 de Septiembre, en el centro de la ciudad de Cochabamba. El senador oficialista, Omar Fernández, hizo un llamado abierto en dicha plaza, instando a las masas cocaleras-campesinas a tomar por asalto a la Prefectura y a derrocar a Reyes Villa. El 8 de enero de 2007, los movimientos afines al MAS quemaron parte de la fachada y algunas de las oficinas al interior de la Prefectura. Los intentos de diálogo fueron vanos. Efectivos de la policía intentaron resolver la situación, pero no lograron desalojar a los sitiadores. Las imágenes de violencia registradas por los medios, muestran a la actual Ministra de Justicia, Celima Torrico, acompañando a los masistas en la quema de la Prefectura de Cochabamba. El 10 de enero de 2007, los cochabambinos realizaron una concentración en la Plaza de las Banderas, exigiendo el derecho al trabajo y al libre tránsito, puesto que en la ciudad no se podía transitar ni trabajar normalmente. Los movimientos afines al MAS habían cercado la ciudad y cerrado las vías de acceso al departamento. Los masistas decidieron desplazarse hacia la misma plaza. Finalmente, y como era de esperarse, el 11 de enero de 2007 se produjo un enfrentamiento entre citadinos contra campesinos, cívicos contra cocaleros 2. Como consecuencia, murieron tres personas: Juan Ticacolque y Lucio Ticacolque, del sector campesino cocalero (muertes que no han sido investigadas, puesto que los campesinos impidieron que se realizaran las necropsias y otras pruebas). Por el sector cívico falleció de forma cruenta —a machetazos— y luego fue colgado de un árbol, el menor de diecisiete años Christian Urresti Ferrel, a quien se lo arrastró para ser torturado, puesto que ya estaba herido y caído, pero aún con vida. La policía sólo contaba con cuatrocientos efectivos para contener miles de personas enfrentadas. Las Fuerzas Armadas no atendieron el pedido de la policía de colaborar con el reestablecimiento del orden público. Además de los tres muertos, hubo más de doscientos heridos. El enfrentamiento pudo haber sido evitado, pero el gobierno nacional no hizo nada para impedirlo. Esta “primera oleada” en Cochabamba finalizó el 12 de enero, cuando Evo Morales salió públicamente a contener a sus seguidores. El 16 de enero, los sectores campesinos cocaleros se replegaron a sus lugares de residencia fuera de la ciudad, dejando al Consejo Departamental, órgano legislativo de la Prefectura, la solución del conflicto. El 11 de enero de 2007 fue sólo el preludio de los episodios de violencia que, con características similares, se suscitaron poco después en Sucre, Santa Cruz, Tarija y Pando. __________________________ 2 http://www.youtube.com/watch?v=UrYBOjcv7Hs&feature=related y http://www.youtube.com/watch?v=dC8tI8MYjdg&feature=related 4. La segunda “oleada”: Los cercos al Congreso Al igual que Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales planteó como uno de sus principales proyectos la elaboración de una nueva Constitución Política del Estado (CPE). Para tal fin, el 2 de julio del 2006 se eligieron los diputados a la Asamblea Constituyente, quienes tenían como misión la redacción de la nueva Carta Magna, la cual debía ser aprobada —como estaba establecido en la convocatoria— por dos tercios de los votos. El Movimiento al Socialismo contaba con una mayoría simple en la Asamblea, pero no alcanzaba a tener mayoría calificada —es decir, los dos tercios— por lo cual desde el inicio de las deliberaciones trató de modificar el reglamento de debates, para intentar aprobar los artículos de la Constitución por mayoría simple. La Asamblea Constituyente dedicó ocho meses a discutir los términos del reglamento de debates, dejando a un lado la redacción de la CPE. La oposición denunció que el MAS quería imponer la Carta Magna por mayoría simple porque tenía una versión ya elaborada (con apoyo de asesores extranjeros), que no contemplaba las propuestas y aportes de los demás sectores. Según los opositores, el MAS se negaba a discutir temas como el de la capitalidad (ubicación de la capital del país) y la autonomía de las regiones. Este aspecto del “empate catastrófico“ dentro de la Asamblea, dio origen a una serie de movilizaciones opositoras en todo el país (marchas, huelgas, paros, etc.), para hacer respetar los términos de la convocatoria a la Constituyente, particularmente la obligatoriedad de ser aprobada por mayoría calificada. Por su parte, el MAS recurrió a presiones de otro tipo, basadas en cercos a la Asamblea, para forzar la aprobación de su proyecto con mayoría simple. El propio presidente Evo Morales —junto con todo el Alto Gobierno— promovió abiertamente varios cercos al Congreso, alegando que la oposición estaba obstaculizando lo que, según él, era la voluntad popular. El objetivo de los cercos era presionar a los parlamentarios, para que aprobasen las propuestas del MAS, particularmente la abrogación de los dos tercios. El 29 de noviembre de 2006, los grupos afines al MAS impidieron el ingreso de los parlamentarios de oposición al Congreso Nacional, puesto que no terminaban de aprobar una serie de leyes propuestas por el oficialismo, entre ellas, la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, así como cuarenta y cuatro contratos petroleros y la validación de un acuerdo de cooperación militar con Venezuela. El oficialismo habilitó —unilateralmente— a dos senadores suplentes de la oposición para así poder lograr la aprobación. Un año más tarde, el 26 de noviembre de 2007, Evo Morales encabezó una marcha hacia la sede del Congreso, protagonizada por los denominados “movimientos sociales”, en protesta contra el Senado, acusándolo de sabotear la aprobación de las leyes que su gobierno identificaba como “propiciadoras del cambio“. Al día siguiente, miles de jubilados y rentistas, cooperativistas, cocaleros, campesinos y sectores sociales de El Alto, llegaron al Congreso para exigir la modificación de la ley que regulaba las sesiones de la Asamblea Constituyente (querían eliminar los dos tercios) y la reducción de los fondos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que benefician a los departamentos y municipios (el IDH es indispensable para que las autonomías cuenten con alguna viabilidad). Como consecuencia de la presión y las amenazas a la integridad física de los parlamentarios, el Congreso aprobó todas las leyes mencionadas, sin debate, sin consenso, y sin ejercicio real de la democracia. Cercos similares ocurrieron en el año 2007 en la ciudad de Sucre, lugar oficial en el que sesionaba la Asamblea Constituyente, para forzar la aprobación de la Constitución en los términos que exigía el Movimiento al Socialismo (ver próximo capítulo). Durante el año 2008, la estrategia de los cercos al Congreso continuó, esta vez para exigir la promulgación de la Ley de Convocatoria al Referéndum para la nueva Constitución Política del Estado, cuyo texto había sido aprobado de manera irregular en diciembre de 2007, en la ciudad de Oruro. El 26 de febrero, los denominados movimientos sociales se apostaron en las afueras del Parlamento Nacional. Entre ellos había campesinos afines al MAS y milicias indígenas pertenecientes a los llamados “ponchos rojos”, caracterizados por su tendencia irracional y violenta. Dos días más tarde, los oficialistas agredieron a dos diputadas opositoras. “Mujeres y hombres que cercaron el Congreso ayer escupieron y golpearon a dos parlamentarias que trataron de participar en la sesión” tituló el diario La Razón al día siguiente. “Me golpearon con un casco de minero por la espalda, me escupieron todo lo que quisieron, me botaron con platos de comida, me patearon y, lo peor de todo, frente a la Policía”, relató la Diputada Ninoska Lazarte. La congresista contó que las mujeres masistas la empujaban hacia la plaza, donde estaba la turba, pero los periodistas y algunas personas le ayudaron a salir. “Si no hubieran estado los periodistas, me linchaban”, declaró la diputada Lazarte. “Temo por mi vida… Lo que pase conmigo, con mi familia y con la familia de otros parlamentarios es responsabilidad del Presidente”, dijo. Tres horas más tarde, la diputada por la provincia del Beni, Marisol Abán, también fue agredida por la gente que cercaba el Congreso. Ella contó que en la tarde trató de ingresar tres veces al hemiciclo, pero la gente no la dejó, además recibió golpes con palos y puñetes. Como consecuencia, fue necesario proporcionarle auxilio médico y oxígeno. El 21 de octubre de 2008, el presidente Evo Morales encabezó una marcha desde la localidad de Caracollo, Oruro, hasta La Paz, para exigir la sanción de la Ley de Convocatoria a Referéndum Nacional Constituyente. Forzado una vez más por la presión popular y las amenazas de violencia, el Congreso convocó el referéndum para el 25 de enero de 2009. El 12 de enero del 2009, Evo Morales declaró: “Aquí viene la advertencia. Si algún parlamentario se opone y no aprueba normas del Congreso Nacional, basadas en el voto del pueblo boliviano, implementaré (…) decretos supremos (la aplicación de) la nueva constitución.” 5. La tercera “oleada”: Una Constitución teñida de sangre Sucre, la Capital histórica de la República de Bolivia, fue elegida como sede de la Asamblea Constituyente. Desde el inicio de las sesiones, se desarrolló un proceso controvertido en el que se dedicó mucho más tiempo a la discusión del método de aprobación (el tema de los dos tercios), que a la redacción del texto constitucional. Luego de un año de discusiones, se consumió el período de sesiones estipulado para elaborar la Constitución y hubo que ampliarlo, mediante un acuerdo parlamentario. La prórroga de seis meses aprobada por el Congreso, también se consumió sin que se produjesen resultados concretos. Circunstancia que fue utilizada por la presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, para ordenar —de manera ilegal— el traslado de las sesiones de la Asamblea a las instalaciones militares de La Glorieta, para así aprobar unilateralmente el texto redactado por el MAS. En apenas un día, los asambleístas del Movimiento Al Socialismo, leyeron y aprobaron los 21 informes de comisiones, saltando todos los pasos señalados en el reglamento interno de la Asamblea y desestimando las opiniones de los demás asambleístas. Conscientes de que tal decisión generaría reacciones de protesta, el MAS organizó un cerco a la ciudad de Sucre; sin embargo, eso no impidió que la población se manifestara contra las imposiciones ilegales del oficialismo. La feroz represión contra la población, encabezada personalmente por el Ministro de Gobierno, Alfredo Rada, produjo como consecuencia tres muertos y más de trescientos heridos. Los ciudadanos de Sucre organizaron un cabildo abierto, en el que declararon ilegal la Asamblea. Se registraron los primeros enfrentamientos en inmediaciones del Teatro Gran Mariscal, dentro de la ciudad de Sucre, donde estudiantes que hacían vigilia fueron desalojados por los cuerpos de seguridad. Los hechos de violencia se desencadenaron cuando la policía decidió usar gases lacrimógenos y golpear a los universitarios detenidos. El 23 de noviembre de 2007, la violencia se prolongó durante toda la jornada, tanto en el centro de la ciudad como en la zona de El Tejar, a cientos de metros del Palacio de La Glorieta, donde se llevaba adelante la sesión plenaria de la Asamblea Constituyente. Ese día se registraron más de ciento cincuenta heridos y sesenta detenidos. El sábado 24 de noviembre de 2007, en medio de una violenta jornada que paralizó a la ciudad de Sucre, el Movimiento al Socialismo aprobó unilateralmente el texto constitucional. La nueva Constitución se El ministro boliviano de Gobierno (Interior), Alfredo Rada aprobó sin la participación de ciento diez asambleístas opositores. Tras la lectura del índice de la nueva Carta Magna, sin detallarse el texto, la mayoría oficialista votó a mano alzada. Pese a que no hubo comprobación del voto, la presidenta de la Asamblea dijo que el texto fue aprobado con 136 votos de los 138 constituyentes presentes (de un total de 255 elegidos en 2006). Todo lo cual incentivó aún más la protesta y, por ende, la violencia. La gente comenzó a salir de sus casas, reclamando la aprobación irregular de la nueva Constitución, mientras que el MAS seguía trayendo a la ciudad integrantes de los movimientos sociales. Entonces, en el momento más crítico, la Policía decidió abandonar la ciudad, dejando a la urbe sin ningún tipo de seguridad ciudadana. El Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, declaró desde La Paz, que el Gobierno había ordenado el repliegue de la Policía de las calles para evitar provocaciones y agresiones de la gente. A partir de las siete de la noche, de ese mismo día sábado 24 de noviembre, se incrementó la violencia. En el puente de la Calancha, a 300 metros del cuartel El Tejar, cayó el primer muerto, se trataba del joven abogado Gonzalo Durán Carazani. Tenía un orificio de entrada en la tetilla derecha. Llegó agonizando al hospital Santa Bárbara. Minutos después confirmaron su muerte. La noticia de la muerte de Durán caldeó más los ánimos de la población. Desde los cerros bajaban jóvenes y adultos sangrantes, la mayoría heridos por balines y otros por munición de guerra. Un video muestra al ministro Alfredo Rada observando los hechos de violencia, desde la cima de un cerro, inerme, con las manos en el bolsillo. El prefecto de Chuquisaca, David Sánchez, perteneciente al MAS, Juan Ramón Quintana, Min. de la Presidencia desapareció de la escena. El domingo 25 de noviembre de 2007, los enfrentamientos en la ciudad de Sucre continuaron, arrojando un saldo adicional de dos muertos: José Luis Cardozo, por herida de bala calibre 5,56 milímetros, y Juan Carlos Serrudo, por el impacto de una granada de gas. La ciudad colonial de Sucre vivía ese domingo un infierno; se había convertido en un campo de batalla, se podían ver barricadas, incendios, humaredas, saqueos y protestas incontrolables. La población culpaba a Evo Morales por querer imponer una Constitución por la fuerza. Por su parte, Morales manifestaba su satisfacción por la “aprobación” de la nueva Carta Magna: “Quiero agradecer, felicitar a esos movimientos sociales que históricamente lucharon por la igualdad y por la justicia y ahora por garantizar una nueva Constitución Política del Estado, que con seguridad será refrendada mediante un referéndum por el pueblo boliviano“, declaró públicamente. Las pericias del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), permitieron determinar que Gonzalo Durán Carazani y José Luis Cardoso murieron por el impacto de balas disparadas de arriba hacia abajo en un ángulo de 30 grados, por lo que se deduce que las armas (rifles) fueron accionadas por francotiradores. Meses después, la senadora opositora Tomasa Yarhui, mostró imágenes filmadas por el Canal Universitario de Sucre, donde aparecen dos francotiradores, uno de ellos apostado en el techo de una vivienda y otro encima de un árbol. Hasta la fecha no hay ningún detenido, ni se han esclarecido las muertes de la Calancha 3. __________________________ 3 http://www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=mNuY13pnHZM y http://www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=lBbTMyRuVh8 6. Los referendos del año 2008

Aunque el gobierno de Evo Morales identifica —indebidamente y para su conveniencia— la palabra autonomía con separatismo o escisión territorial, la descentralización administrativa ha sido una aspiración histórica de los departamentos, particularmente los que pertenecen a la llamada Media Luna. Las regiones reclaman autonomía porque dependen excesivamente de las decisiones que se toman en La Paz. Además, el arcaico sistema administrativo boliviano requiere que los ciudadanos deban realizar los más sencillos trámites burocráticos en las oficinas centrales, y no en sus respectivas ciudades. Por eso, el sentimiento autonómico es muy anterior al gobierno de Morales. Sin embargo, como resultado de las tres “oleadas” de agresión, descritas en los capítulos anteriores, la lucha por las autonomías adquirió un significado aún más profundo. Comenzó a ser vista por las regiones no sólo como una reivindicación administrativa, sino como un mecanismo para protegerse de un gobierno que asumía cada vez más rasgos autoritarios, centralistas e, incluso, violentos. La Convocatoria a una Asamblea Constituyente, aprobada en el año 2006, incluía entre sus normativas, la realización de referendos que permitirían a las regiones aprobar Estatutos Autonómicos y, como consecuencia, la administración de parte de sus recursos. El primero de los referendos se realizó en Santa Cruz, el 4 de mayo del 2008, en el cual la autonomía obtuvo una aplastante victoria, con 86% de los votos a favor. Semanas más tarde, triunfaron las autonomías en Beni, Tarija y Pando. Todo lo cual originó un sentimiento que contagió a los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca e, incluso, La Paz; donde un gran número de simpatizantes comenzaron a promover los Estatutos Autonómicos. El impacto del triunfo de las autonomías se vio disminuido por el anuncio de nuevos comicios. En una inesperada sesión del Congreso, se aprobó la Ley de Referéndum de Revocatoria de Mandato Presidencial y Prefectural, lo cual permitía medir la fuerza electoral del oficialismo y la oposición, y así dejar a un lado las discusiones sobre las autonomías. Sectores de la oposición consideran que fue un error por parte de los parlamentarios del partido opositor Podemos aprobar la Ley, porque eso lepermitió al gobierno desviar la atención sobre temas más relevantes y urgentes, como por ejemplo, asegurar la implementación de los Estatutos Autonómicos aprobados. Los nuevos comicios favorecieron al oficialismo, porque Evo Morales fue ratificado con el 67% de los votos a nivel nacional. Aunque los prefectos de la Media Luna también fueron ratificados, dos prefectos opositores fueron revocados. Morales interpretó los resultados como un apoyo no sólo a su gestión, sino a todo su proyecto, incluyendo la nueva Constitución y el centralismo; es decir, justamente lo contrario a los Estatutos Autonómicos. En resumen, el referendo revocatorio fue usado por el oficialismo como argumento para —de facto— desconocer las autonomías. Según un documento secreto —que posteriormente se hizo público— titulado “Marcha hacia el Oriente”, el departamento escogido por el oficialismo para comenzar a dar marcha atrás a las autonomías fue precisamente Pando. Pero mientras tanto, se tomaron medidas administrativas orientadas a debilitar la independencia de las regiones, entre ellas, la confiscación de los Impuestos Directos a los Hidrocarburos (IDH). La confiscación de los Impuestos Directos a los Hidrocarburos hacía de la autonomía una quimera, porque dejó a los gobiernos departamentales sin capacidad de gestión y sin posibilidad de terminar obras ya comenzadas. Como consecuencia, en septiembre de 2008, se desataron protestas por la restitución de los IDH en los cuatro departamentos de la Media Luna, a los cuales se sumó Chuquisaca, ahora gobernada por la dirigente indígena Sabina Cuellar, opositora a Evo Morales. En respuesta a las protestas, el oficialismo desplazó alrededor de veinte mil campesinos —con armas de fuego y cartuchos de dinamita— hacia Santa Cruz, amenazando con invadir la ciudad y desatar la violencia, como se había hecho anteriormente en Cochabamba, La Paz y Sucre.

Marcha hacia el Oriente Boliviano

El periodista Carlos Valverde, en el programa Sin Letra Chica, que sale al aire en la televisora PAT, a las 10:00 de la noche, reveló un documento titulado “Plan Marcha hacia el Oriente“, fechado en enero de 2008 y elaborado por un sector de las Fuerzas Armadas. El documento tiene el sello de “secreto“ y está refrendado —presuntamente— por la firma del comandante del Ejército, Freddy Mackay. El plan consiste en entrenar “voluntarios“, es decir, grupos irregulares, con la participación de “chavos caribeños” (supuestamente, cubanos o venezolanos), con el objetivo de intervenir en la provincia de Pando. También habla de un “batallón de voluntarios” que planificará, organizará, operará el entrenamiento militar en Riberalta, con apoyo del Centro de Instrucción de Operaciones en Selva (CIOS), en instalaciones de la Escuela Militar de Ingeniería y el apoyo regional para la formación técnica del personal de voluntarios (Vale la pena destacar que cerca de la zona existe un Comando Amazónico de Fuerzas Binacionales, donde operan militares bolivianos y venezolanos). Finalmente, el documento explica que se crea la “columna Porvenir” del batallón de voluntarios de la red troncal en las ciudades de Cobija y Riberalta. Su tarea es operar en Cobija y alrededores para luego recibir al resto del Ejército. Su propósito es el de “iniciar la recuperación del país, empezando por el norte, el sector más débil del oriente“. Según el documento, el plan cuenta con la participación de los ministerios de Gobierno, Defensa, Justicia y el viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales. Como era de esperarse, fuentes del Ejercito desconocieron públicamente la autoría del documento, pero los hechos ocurridos en Pando guardan idéntica similitud con lo expresado en el plan. Vale la pena destacar que cerca de la zona existe un Comando Amazónico de Fuerzas Binacionales, donde operan militares bolivianos y venezolanos.

7. El “desempate” en Pando: Cronología de una agresión

Pando es uno de los nueve Departamentos que conforman la República de Bolivia, se encuentra al norte del país, cuenta con una población de aproximadamente setenta mil habitantes, su capital es la ciudad de Cobija. Tiene una extensión de 63.827 Km2, y cuenta con 5 provincias, 15 municipios y 51 cantones. Limita al norte con la República de Brasil; al sur con el Departamento de La Paz; al este con el departamento de Beni y la República de Brasil, y al oeste con la República del Perú. El departamento de Pando se comunica con el interior y exterior del país por vía aérea mediante un aeropuerto ubicado en Cobija. Esta es la principal vía de comunicación. Los ríos le sirven como enlace entre sus regiones. Están en construcción varias carreteras ínterdepartamentales e interprovinciales, pero actualmente solo cuenta con cuatro caminos de acceso por tierra, que en tiempos de lluvia son intransitables. Pando es el departamento menos poblado de Bolivia, el más alejado, uno de los más pobres y con elevados índices de subdesarrollo, y, justamente por eso, fue escogido por el gobierno de Evo Morales para provocar —parafraseando al vicepresidente Álvaro García Linera— el “punto de bifurcación“ o el final del “empate catastrófico”.

Mapa de la República de Bolivia

Los hechos de agresión en Pando fueron previstos y anunciados desde el 7 de agosto de 2008 por el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien — a pesar de su condición de funcionario público— viajó ese día a Pando para proponer públicamente “darle sepultura” al prefecto Leopoldo Fernández en el último foso de la tierra, para que “conviviera con los gusanos“. Quintana manifestó sus intenciones abiertamente, sin percatarse de que lo estaban filmando 4.

El periodista que grabó las imágenes, Jorge Melgar, fue posteriormente secuestrado por encapuchados en su propio domicilio, en horas de la madrugada, y trasladado ilegalmente a La Paz, donde fue acusado y encarcelado por supuestos delitos de terrorismo y sedición, sin que haya tenido un juicio justo. Días antes de la agresión, ya se rumoraba en Pando que el MAS estaba organizando una marcha de campesinos hacia Cobija. El prefecto Leopoldo Fernández dio declaraciones a Carlos Valverde, el conductor del programa Sin Letra Chica, pidiendo a las autoridades nacionales evitar lo que ya se configuraba como una tragedia.

Cronología de los acontecimientos

El 11 de septiembre del año 2008, se presentaron en el municipio de El Porvenir, adscrito al departamento de Pando, fatídicos hechos de violencia en donde fueron acribilladas, lesionadas, secuestradas, y torturadas gran cantidad de personas.

________________________________ 4 http://www.youtube.com/watch?v=6yZiXzZy7Lk&feature=related, http://www.elmundo.com.bo/Editorialnew.asp?edicion=08/10/2008 y http://www.laestrelladeloriente.com/noticia.php?idnoticia=4219 Prefecto de Pando Leopoldo Fernández Con antelación al 11 de septiembre de 2008, el Movimiento al Socialismo (MAS) convocó y reclutó alrededor de mil campesinos en los municipios de Riberalta, Gonzalo Moreno, Villanueva, Puerto Rico, Sena, Santos Mercados, las Piedras y Filadelfia; para posteriormente dirigirse a la capital del Pando, Cobija, con los fines de enfrentar a los ciudadanos que realizaban manifestaciones en favor de la autonomía (autonomistas) y de exigir la renuncia del prefecto, Leopoldo Fernández. De acuerdo con el testimonio recabado a uno de los ciudadanos que participó en la marcha hacia Cobija, el MAS había adquirido y repartido a los campesinos armas, municiones, explosivos y bombas lacrimógenas. El 8 de septiembre del 2008, a las 11:00 de la mañana, en una reunión ampliada de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Madre de Dios, se anunció la salida de más de cien personas procedentes de Riberalta (población ubicada en el departamento del Beni, en la frontera con Pando), hacia Cobija. El 10 de septiembre, a través de una entrevista televisada, el dirigente campesino del MAS, Javier Peñaranda, advirtió claramente las intenciones de su gente: “Es un hecho que los compañeros de diferentes municipios de Villa Nueva, Santos Mercados, Las Piedras, Gonzalo Moreno, están esperando en el municipio de allá de Filadelfia, y son 40 comunidades que saldremos… primeramente se va a buscar el dialogo, si es que no se quiere el diálogo, no quisiéramos que haya enfrentamiento, y no quisiéramos que una persona, un campesino herido, tanto del lado de allá como del lado de acá salga herido, y llegue como se diría, esto a terminar con sangre, en cosa trágica” Según explicó la presidenta del Comité Cívico de Pando, Ana Melena Suzuki (ahora refugiada política en Brasilea, Brasil), el 10 de septiembre, a las 19:00 horas, recibieron la llamada de una joven, quien en forma exaltada les advirtió: "Hoy es el día, salen de la comunidad de Filadelfia a las 24:00 horas y están armados, van a encontrarse con los de Riberalta, van a Cobija y van a matar". Para llegar a Cobija les era obligado pasar por el Municipio de El Porvenir. Dado que el prefecto Fernández estaba avisado de las movilizaciones, ordenó cavar dos zanjas en El Porvenir, lo suficiente profundas para impedir el paso de vehículos. Paralelamente, Fernández se comunicó con los jefes locales del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía, pidiéndoles desarmar a los campesinos e impedirles el paso, justamente para evitar una masacre; sin embargo, la autorización para hacerlo, solicitada a los mandos superiores ubicados en La Paz, nunca llegó. Adicionalmente, comisiones de autonomistas se desplazaron hacia El Porvenir, para tratar de convencer, por la vía del diálogo y la conciliación, a los campesinos, a fin de que regresaran a sus hogares. En la madrugada del 11 de septiembre, dos grupos de campesinos dirigidos por el MAS llegaron a los sectores de Tres Barracas y Cachuelita, donde se encontraban las zanjas. Aproximadamente a las 03:00 horas, el primero de ellos, que venía de Filadelfia, disparó sus armas contra los autonomistas, produciendo como resultado los dos primeros heridos: Roger Arellana y Edgar Vaca. En la otra zanja (Tres Barracas), los autonomistas intentaban convencer al segundo grupo de campesinos que depusieran su actitud. Sin embargo, aunque parecía haberse llegado a un acuerdo, poco después los campesinos esgrimieron sus armas y dispararon a los autonomistas, a la vez que lanzaban bombas lacrimógenas (tal como se aprecian en las videograbaciones), con saldo de muertos y heridos. Entre los muertos se encontraba el ingeniero Pedro Oshiro, encargado de cavar la zanja, baleado por un francotirador ubicado en un árbol cercano. Los agresores estaban organizados conforme a una estrategia militar, porque muchos de ellos portaban diferentes bandas de colores en sus brazos, indicando proveniencia y jerarquía. Además, según testigos presenciales de los hechos, cuyos testimonios fueron recabados por la delegación de UnoAmérica, algunos de los agresores tenían un marcado acento caribeño, que los autonomistas no supieron detectar si era de procedencia cubana o venezolana, pero definitivamente no boliviana. Varios insisten en que el francotirador que mató al ingeniero Oshiro era uno de estos caribeños. Cuando se percataron de que estaban siendo salvajemente agredidos, los pobladores de El Porvenir salieron a defender su integridad, así como la de sus familiares, recurriendo a sus armas de cacería, produciéndose así los primeros enfrentamientos. Con el fin de mantener la imparcialidad, los autores de este informe desean aclarar que no todos los campesinos actuaron de mala fe, así como no todos los autonomistas se comportaron correctamente. De lado campesino, se supo posteriormente que muchos fueron reclutados para participar en la marcha utilizando falsos argumentos, explicándoles que el objetivo era luchar por reivindicaciones sociales y económicas. Y del lado autonomista, algunos se excedieron en demasía al ejercer el derecho a la legítima defensa. Pero lo cierto es que la responsabilidad de los enfrentamientos recae única y exclusivamente sobre los dirigentes del MAS, por haberlos fomentado. Hay agravantes que deben resaltarse: Primero, las agresiones fueron planificadas con antelación; segundo, la incursión fue realizada en horas de la madrugada; tercero, quienes participaron en la agresión no eran pobladores locales, sino que fueron traídos de municipios aledaños e, incluso, de otros países ajenos a Bolivia; cuarto, los agresores estaban organizados militarmente y portaban armas; quinto, los campesinos estaban dirigidos por militantes del MAS, entre los cuales había funcionarios públicos, como por ejemplo, el alcalde Miguel “Chiquitín” Becerra, adversario declarado del prefecto Leopoldo Fernández; sexto, los agresores secuestraron a varios autonomistas para usarlos como escudo humano; y séptimo, no existe registro histórico de enfrentamientos similares en el pasado, puesto que el pueblo pandino se caracteriza por su actitud pacífica y amable, por lo que se deduce que los hechos de septiembre de 2008 fueron provocados por agentes externos. Ninguno de estos aspectos aparece referenciado en el Informe de UNASUR, cuya coordinación y elaboración estuvo a cargo del argentino Rodolfo Mattarollo. El Informe Mattarollo no hace —y en consecuencia no responde— preguntas de vital importancias para esclarecer los hechos, como son las siguientes: ¿Quien convocó la marcha de Riberalta hacia Cobija y para qué? ¿Quién transportó personal desde La Paz hasta Riberalta para participar en la marcha? ¿Quiénes mataron a Oshiro y a los demás caídos en los hechos de Pando? ¿Quien financió la marcha de los campesinos, dotándolos de viáticos, alimentación y transporte? El gobierno de Evo Morales responsabilizó a los autonomistas de los hechos de violencia y ordenó —esta vez sí— la intervención de los militares, pero no para desalojar a los invasores masistas, sino para reprimir ferozmente a los pobladores locales, dictar un estado de sitio, y deponer y encarcelar al prefecto Fernández, quien fue sustituido a dedo por un funcionario militar. Meses después de los acontecimientos, Blusher Alpire, empleado y hombre de confianza de Miguel “Chiquitín” Becerra, confesó públicamente que su jefe había planificado los hechos de agresión en Pando, en coordinación con el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; el mismo que un mes antes de la masacre propuso el entierro del prefecto Leopoldo Fernández, para que conviviera con los gusanos. Actualmente, Alpire se encuentra prófugo y teme por su vida. Al momento de escribir este informe, la Fiscalía de Cobija determinó el sobreseimiento de los únicos quince campesinos masistas imputados por homicidio, lesiones graves y tentativas de asesinato, en los hechos de violencia suscitados en El Porvenir. La Fiscalía aduce que se ha vencido la etapa de investigación sin que los elementos de acusación fueran presentados. Los únicos bolivianos que permanecen encarcelados, perseguidos o exilados son del sector autonomista. Muerte en el aeropuerto de Cobija El 13 de septiembre, dos días más tarde de la masacre de El Porvenir, se produjeron nuevos hechos de agresión, esta vez en el aeropuerto de Cobija. Con el fin de dar cumplimiento a la orden del gobierno nacional de militarizar el departamento de Pando, tropas militares apertrechadas con armas de guerra fueron enviadas por vía aérea desde La Paz. Los militares apostados en la localidad tomaron el aeropuerto de Cobija el viernes 12 de septiembre en horas de la tarde. Los pobladores de la ciudad se habían congregado en las afueras del aeropuerto, en protesta por el estado de sitio dictado por el gobierno. La gente que había concurrido al aeropuerto había recibido la información de que llegaría en un avión una delegación humanitaria de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para investigar lo ocurrido y recibir denuncias. Pero en su lugar, llegó un avión tipo Hércules cargado de más militares. En el portón principal del aeropuerto se presentaron periodistas, así como el pastor evangélico Luis Antonio Rivero, quien deseaba mediar entre los pobladores y los militares, a fin de evitar la represión y la violencia. Una periodista recibió un disparo en el pie, se trataba de una bala 7,62 Nato. Rivero estaba desarmado y la única herramienta que portaba en la mano era la Biblia. Sin embargo, recibió un disparo y cayó moribundo. No se le prestó auxilio médico y durante ocho horas permaneció abandonado cerca de la pista de aterrizaje, donde fue ultimado con tiros de gracia. Para desviar la prueba técnica de necropsia, sus homicidas cubrieron los agujeros de las balas con pegamento. "Mi hermano fue rematado, se pudo observar en su cuerpo que los orificios de entrada y salida de las balas fueron taponados y sellados con pegamento sintético, logrando así contaminar las pruebas", explicó su hermano a los medios de prensa nacional. Luego de que los pobladores fueran dispersados con el uso de la fuerza, se inició la toma militar de la ciudad. De acuerdo a los testimonios recabados, el sábado 13 de septiembre en horas de la madrugada, los militares comenzaron a ingresar con violencia a los domicilios de los autonomistas. Los testigos reportan golpes, torturas y disparos; los militares se condujeron no como una institución nacional, sino como una fuerza represora que no respetaba leyes ni procedimientos, agrediendo incluso a mujeres y niños, y provocando terror en la población. Los equipos comando estaban acompañados de civiles pertenecientes al MAS, que se encargaban de identificar las viviendas de los autonomistas. Estos testimonios concuerdan con las confesiones de Blusher Alpire, quien participó en las operaciones, quien además aseguró que las acciones represivas no contaban con órdenes judiciales. La esposa de uno de los detenidos, identificada como Shirley Aguilera, relató como ingresaron a su casa: “cuando yo me desperté ellos ya estaban adentro, con unas linternas grandes que nos alumbraban, eran militares, a mi me apretaron la cabeza y me la bajaron y me dijeron que no hable nada. A mi esposo lo agarraron, lo tumbaron al suelo, y le dijeron colaborá cojudo, le pusieron sus manos atrás le taparon su cara y lo sacaron.” Otra de las entrevistadas, que responde al nombre de Edilse Arrázola, explicó afuera de su vivienda “a las tres y cuarto de la mañana tumbaron la puerta, yo me levanté y quise salir a la sala y me empujaron para adentro, ahí levantaron a mi hijo que es enfermito, es sordomudo, me lo tumbaron le pisaron su cuello. Son cinco mis hijos que estaban aquí, y lloraron y decían no le pegue a mi papá. Le dieron una patada, yo les pedía que no lo golpeen porque era una persona mayor, él tiene 60 años”. UnoAmérica tiene en su poder centenares de testimonios y declaraciones. Hemos incluido solamente unos cuantos porque, como se dijo en la nota aclaratoria inicial, el objetivo de este informe es presentar al público un resumen de los hechos. Sin embargo, el resto de los testimonios y pruebas reposa en nuestro poder para aquellos que deseen profundizar en la investigación del caso Pando. La persecución contra los autonomistas, así como los simpatizantes y colaboradores del prefecto Leopoldo Fernández, obligó a casi trescientas personas a exilarse en las poblaciones vecinas de Epitaciolandia y Brasilea, ubicadas en Brasil. La gran mayoría permanece exilada hasta la fecha, viviendo en condiciones de abandono y miseria. Mientras duró la operación, se negó a los medios de comunicación la cobertura de lo ocurrido, con excepción de los medios del Estado. Los periodistas que se atrevieron a informar sobre los hechos, fueron perseguidos. Según informa un comunicado emitido por la Asociación Nacional de la Prensa: “Periodistas de La Razón, de un medio extranjero y de las Redes PAT y ATB, fueron devueltos con engaños a La Paz por los militares que ocupaban el aeropuerto de Cobija”. Por estas razones, muchos de los videos recolectados por la delegación de UnoAmérica no fueron grabados por los medios televisivos; son videos de tipo casero o amateur. Con la masacre de Pando (El Porvenir y Cobija) se había producido lo que el vicepresidente García Linera denominó en su discurso de diciembre de 2007, el “punto de bifurcación” o el final del “empate catastrófico”. Una visión de Bolivia — la socialista— se había impuesto a la otra, mediante un hecho de fuerza, tal como él lo había propuesto.

8. Conclusión

Los hechos de violencia suscitados en el departamento de Pando en septiembre de 2008 fueron, sin duda alguna, orquestados por el gobierno de Evo Morales y, por tanto, no puede hablarse de un “enfrentamiento”, sino de una “masacre”, en el sentido estricto del término. Existen, además, varios agravantes, que justifican acusar al gobierno boliviano por delitos de lesa humanidad ante las cortes internacionales, entre ellos, los siguientes: Primero, la agresión fue planificada; segundo, la incursión fue nocturna; tercero, los agresores eran foráneos; cuarto, se usaron tácticas militares; quinto, el objetivo era asesinar, lesionar, secuestrar, torturar y encarcelar a un sector de la población por su forma de pensar (autonomistas); sexto, se violó el derecho al juicio justo y al debido proceso; séptimo, se negó el derecho a la información (Habeas Data); y octavo, en algunos casos, los cuerpos de seguridad del Estado usaron armas de guerra para agredir a ciudadanos civiles desarmados, y en otros, hubo omisión cómplice por parte de los funcionarios militares y policiales. Pese a todo lo anterior, el Informe realizado por la Comisión de UNASUR que investigó los hechos de Pando, a cargo del subsecretario argentino para los Derechos Humanos, Rodolfo Mattarollo, responsabilizó a las víctimas (los autonomistas) de la violencia. El Informe Mattarollo asegura, sin presentar prueba alguna, que existían “grupos armados por la Prefectura” a los que culpó por los muertos y heridos. Sin embargo, la mayoría de los fallecidos y lesionados —así como todos los presos, torturados, secuestrados y exilados— son autonomistas, como se desprende de la lista de las víctimas de la violencia en Pando. El Informe Mattarollo está lleno de imprecisiones, omisiones, tergiversaciones y falsedades. Parece más bien un memorándum político, con una clara tendencia ideológica, destinado a favorecer a sus compañeros de lucha. Después de todo, Mattarollo, Evo Morales y Álvaro García Linera, comparten un mismo proyecto político, enmarcado dentro del marxismo-leninismo. Evo Morales aprovechó el aval que le dio UNASUR para acusar a todos los líderes autonómicos de pretender llevar el país a la violencia y dividir a Bolivia en pedazos, como parte de un plan internacional para derrocarlo; todo lo cual le sirvió de justificación para perseguir política y penalmente a sus enemigos. Cuando se compara el caso Pando con la masacre de Puente Llaguno, perpetrada en Venezuela en abril del año 2002, existe un paralelismo casi idéntico: una matanza planificada y ejecutada por el gobierno, para luego inculpar a la oposición de los hechos, y así justificar una razzia contra los adversarios políticos. Es de vital importancia para los pueblos de América estudiar con detenimiento el caso Pando, puesto que no se trata de un acontecimiento aislado, sino de un modus operandi —una receta exportable— que cualquier gobierno podría poner en práctica en momentos de debilidad para criminalizar a sus enemigos, acabar con la democracia y mantenerse en el poder con el uso de la fuerza. Personas afectadas por violaciones a derechos Ver anexo del informe original, al final del documento Aquí