Por Jaime Arturo Restrepo
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| Dr. Jaime Arturo Restrepo |
OPINION “La extradición no es procedente cuando se trate de personas que, con arreglo a la calificación del Estado requerido, sean perseguidas por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos, ni cuando la extradición se solicita obedeciendo a móviles predominantemente políticos”.
El mundo ya lo está comprendiendo: la justicia en Colombia es un partido político que disfraza sus venganzas y persecuciones en dudosas providencias judiciales. Es una vergüenza. Las destempladas reacciones contra la decisión del gobierno de Panamá de concederle el asilo territorial a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, han dejado en evidencia la confabulación política contra todo lo que se relacione con el ex presidente Uribe.
Cuando se enteró de la noticia, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, sostuvo que “el asilo se utilizó para conseguir impunidad. Panamá protegió al victimario, no a la víctima”. Resulta esclarecedor que la cabeza de la operación judicial hable de impunidad y entre de lleno a prejuzgar a una ciudadana que no ha sido vencida en juicio: la cabeza del ente que oficia como última instancia en el aparato judicial colombiano ya emitió un veredicto condenatorio, pues es de Perogrullo, la impunidad, definida como la falta de castigo, solo se presenta cuando alguien es culpable.
Lo anterior deja en evidencia la imposibilidad de la acusada —y de todos los perseguidos por su cercanía con Uribe— de obtener justicia y aleja por completo la expectativa de imparcialidad que debe enarbolar un aparato judicial digno y respetable. Es que las condenas anticipadas, por parte de Jaime Arrubla y de algunos de sus colegas, ya se han vuelto costumbre, lo que unido al descarado activismo político de los jueces colombianos, quienes raudos condenan a los que les resultan políticamente antipáticos y dejan en la impunidad a sus afines ideológicos; viene abonando internacionalmente el desprestigio de la justicia colombiana.
A lo anterior se suma la frustración exhibida por otro operador judicial encargado, esta vez el Fiscal Guillermo Mendoza Diago, quien salió ante los medios a asegurar que en su momento pedirá la extradición de Hurtado y señaló que "el proceso contra ella sigue. Es claro que no son delitos políticos, son comunes, como violación de comunicaciones y concierto para delinquir".
¡Qué ignorancia! El “flamante” encargado del ente acusador desconoce los términos de la Convención sobre asilo territorial de la OEA, promulgada en Caracas el 28 de marzo de 1954, y ratificada por Colombia en 1968, que señala, en su artículo IV lo siguiente:
“La extradición no es procedente cuando se trate de personas que, con arreglo a la calificación del Estado requerido, sean perseguidas por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos, ni cuando la extradición se solicita obedeciendo a móviles predominantemente políticos”.
Es cierto que a María del Pilar Hurtado la están investigando (no ha sido vencida en los estrados, aunque ya se vio que eso del juicio sería solo una formalidad, pues sus investigadores y perseguidores ya la condenaron desde hace tiempo) por delitos comunes cometidos con fines políticos, lo que confirma la propia Presidenta del PDA: "No se entiende cómo las 'chuzadas', que son un crimen de Estado, se conviertan en un delito cobijado por esa figura". Si Hurtado está siendo investigada por seguimientos e interceptaciones contra algunos ciudadanos, supuestamente por ser oposición al gobierno de aquel momento, ¿esto no configuraría entonces la intención política?
Sin embargo, que un Magistrado incurra en prejuzgar, o que el Fiscal General impresione por su ignorancia, son cosas irrelevantes para el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien aseguró que "Colombia tiene un sistema garantista que ofrece todas las oportunidades a quien eventualmente reciba imputación de cargos". Viendo lo de Arrubla y lo de Mendoza Diago, surgen varias preguntas: ¿Qué tipo de garantías tiene María del Pilar Hurtado cuando el Presidente de la Corte ya la condenó abiertamente? ¿El sistema garantista, versión Vargas Lleras, es el que desconoce el elemental principio de la presunción de inocencia? ¿Se podrá calificar como garantista un sistema cuyos operadores se rigen por la venganza política, compran testigos con el Principio de Oportunidad y filtran a los medios apartes de procesos y testimonios para favorecer la persecución?
Es que la indignación mostrada por el gobierno Santos es enorme. Además de la falacia de Vargas Lleras sobre las “garantías” judiciales, la Canciller María Ángela Holguín lamentó que Panamá no le hubiese comentado a Colombia la solicitud de María del Pilar Hurtado. En el mismo sentido se pronunció el Presidente, quien afirmó que era un asunto de "elemental cortesía".
El Presidente y la Canciller pueden lamentarse todo lo que quieran, pero el hecho cumplido es que más allá de las fronteras se están viendo dos cosas: que hay una persecución política contra todo lo que se relacione con Álvaro Uribe Vélez, encabezada por el aparato judicial colombiano y los medios de comunicación, en la que participa activamente el gobierno Santos; y que el desprestigio del aparato judicial es de tal magnitud que ya trascendió e internacionalmente se está percibiendo que no hay una intención de justicia sino el desarrollo de una venganza política feroz disfrazada de actuación judicial.
Que el gobierno Santos, la Corte Suprema, la Fiscalía, Iván Cepeda, Daniel Coronell y el PDA entre otros; conformen la coral de los vengadores indignados, no es coincidencia: solo es la exhibición de todos los miembros del Toconur, algunos de los cuales quisieron mantener la hipócrita postura de amigos de Uribe.
AL CIERRE: ¿Dónde estaba la coral de vengadores indignados cuando Venezuela le dio asilo político a William Parra, acusado de financiación del terrorismo y concierto para delinquir? ¡Ah, claro! Es que Parra es un “criminal altruista” y lo que hacen las FARC y sus compinches —secuestros, masacres, homicidios, terrorismo, etc.— es menos grave que seguir a unos individuos cuyos vínculos son amenazas, no para el gobierno, sino para el Estado y la población en general.
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