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| Imágen exclusiva tomada del video del soborno por UnoAmérica |
LA PAZ (AFP). Periodistas bolivianos que difundieron un video que muestra a un testigo recibiendo dinero en un caso de supuesto complot contra el presidente Evo Morales deberán decir a las autoridades cómo obtuvieron la filmación, dijo ayer el fiscal de la causa.
“Los que han recepcionado ese video, tengo entendido que son algunos periodistas, tendrán que dar la cara y declarar ante la Fiscalía cómo obtuvieron ese video”, afirmó en rueda de prensa el fiscal Marcelo Sosa, principal investigador de un supuesto plan contra el Gobierno boliviano.
El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Pedro Glasinovic, reaccionó al pedido del fiscal. “La Ley de Imprenta garantiza que los periodistas tenemos el derecho a guardar la reserva de la fuente, es decir no revelemos la fuente que nos ha proporcionado la información”.
Sosa investiga el caso de un presunto grupo de mercenarios bolivianos-europeos, desarticulado en un operativo policial en abril de 2009 y que -según el gobierno- planeaba una guerra secesionista por orden de la oposición de Santa Cruz, la región más rica de Bolivia y opositora a Morales.
El video al que hace referencia Sosa fue emitido por la televisión la semana pasada y muestra cómo personas que no salen en cámara entregan 31.500 dólares a un testigo clave que acusó a la dirigencia política de Santa Cruz de tener nexos con esos mercenarios.
El hombre que le entrega los dólares en efectivo le dice al testigo -cuyo paradero es desconocido- que debe salir rápido del país hacia Argentina y que no debe retornar al menos en seis meses.
“Los que han recepcionado ese video, tengo entendido que son algunos periodistas, tendrán que dar la cara y declarar ante la Fiscalía cómo obtuvieron ese video”, afirmó en rueda de prensa el fiscal Marcelo Sosa, principal investigador de un supuesto plan contra el Gobierno boliviano.
El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Pedro Glasinovic, reaccionó al pedido del fiscal. “La Ley de Imprenta garantiza que los periodistas tenemos el derecho a guardar la reserva de la fuente, es decir no revelemos la fuente que nos ha proporcionado la información”.
Sosa investiga el caso de un presunto grupo de mercenarios bolivianos-europeos, desarticulado en un operativo policial en abril de 2009 y que -según el gobierno- planeaba una guerra secesionista por orden de la oposición de Santa Cruz, la región más rica de Bolivia y opositora a Morales.
El video al que hace referencia Sosa fue emitido por la televisión la semana pasada y muestra cómo personas que no salen en cámara entregan 31.500 dólares a un testigo clave que acusó a la dirigencia política de Santa Cruz de tener nexos con esos mercenarios.
El hombre que le entrega los dólares en efectivo le dice al testigo -cuyo paradero es desconocido- que debe salir rápido del país hacia Argentina y que no debe retornar al menos en seis meses.
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