Buenos Aires, 9 de febrero.- La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia escribió ayer una carta abierta al Gobierno de la Venezuela mediante la cual exige "la inmediata libertad de Alejandro Peña Esclusa, ex candidato presidencial y presidente de UnoAmérica, quien está injustamente detenido en los calabozos de la Policía Política (SEBIN) desde el 12 de julio de 2010".
La asociación -compuesta por más de cuatrocientos juristas argentinos- dice en su carta que "la detención de Peña Esclusa y el proceso judicial en su contra presentan serias irregularidades que lesionan sus derechos y garantías constitucionales".
Los abogados acusan al gobierno de Chávez de intervenir indebidamente "en favor de las FARC, en la lucha que mantienen el pueblo y Gobierno de Colombia contra esa banda terrorista"; y añaden "tenemos sobradas razones para temer que el proceso contra Peña Esclusa no sea más que un pretexto para acallar a un opositor que denuncia verdades incómodas".
Los juristas argentinos concluyen que "la falta de garantías para Peña Esclusa y para todos quienes se atrevan a denunciar la política de apoyo a la subversión del Presidente Chávez, invalidan el juicio que se está siguiendo en su contra e imponen su inmediata libertad".
Entre las irregularidades detectadas por los abogados se encuentran las siguientes: Peña Esclusa fue inculpado por un testigo inasequible (Chávez Abarca), puesto que fue enviado a Cuba; el presunto testimonio de dicho testigo no aparece en el expediente; se impidió la asistencia del abogado defensor durante el allanamiento al hogar de Peña Esclusa; en dicho allanamiento participaron funcionarios policiales no autorizados, quienes además portaban bolsos tipo "koala", en los cuales pudieron esconder la evidencia que fue sembrada en el escritorio de la hija de Peña Esclusa; el expediente fue asignado a dedo para que cayera en manos de un juez chavista; y altos funcionarios del gobierno, incluyendo al propio Chávez, participaron una campaña de calumnias para criminalizar al acusado, mucho antes de ser detenido
La asociación -compuesta por más de cuatrocientos juristas argentinos- dice en su carta que "la detención de Peña Esclusa y el proceso judicial en su contra presentan serias irregularidades que lesionan sus derechos y garantías constitucionales".
Los abogados acusan al gobierno de Chávez de intervenir indebidamente "en favor de las FARC, en la lucha que mantienen el pueblo y Gobierno de Colombia contra esa banda terrorista"; y añaden "tenemos sobradas razones para temer que el proceso contra Peña Esclusa no sea más que un pretexto para acallar a un opositor que denuncia verdades incómodas".
Los juristas argentinos concluyen que "la falta de garantías para Peña Esclusa y para todos quienes se atrevan a denunciar la política de apoyo a la subversión del Presidente Chávez, invalidan el juicio que se está siguiendo en su contra e imponen su inmediata libertad".
Entre las irregularidades detectadas por los abogados se encuentran las siguientes: Peña Esclusa fue inculpado por un testigo inasequible (Chávez Abarca), puesto que fue enviado a Cuba; el presunto testimonio de dicho testigo no aparece en el expediente; se impidió la asistencia del abogado defensor durante el allanamiento al hogar de Peña Esclusa; en dicho allanamiento participaron funcionarios policiales no autorizados, quienes además portaban bolsos tipo "koala", en los cuales pudieron esconder la evidencia que fue sembrada en el escritorio de la hija de Peña Esclusa; el expediente fue asignado a dedo para que cayera en manos de un juez chavista; y altos funcionarios del gobierno, incluyendo al propio Chávez, participaron una campaña de calumnias para criminalizar al acusado, mucho antes de ser detenido
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