Mientras las Farc siguen asesinando colombianos —como los siete policías masacrados en La Gabarra (Norte de Santander) cuando realizaban tareas de erradicación de cultivos ilícitos—, avanza en el Congreso el proyecto de impunidad llamado Marco Legal para la Paz. Pero no es el único lugar donde la impunidad se abre paso: por un lado, se sabe que el Gobierno de Santos tiene acercamientos secretos con las Farc y, por otro, el Fiscal General Eduardo Montealegre se ha manifestado a favor de la necesidad de otorgar amnistía a los guerrilleros que dejen las armas.
Paradójicamente, Human Right Watch —esa ONG que siempre se ha mostrado tan proclive a defender intereses de la izquierda— es la que más fuertemente se ha pronunciado contra este proyecto, anunciando que la impunidad generada abriría la puerta a la Corte Penal Internacional. A ese respecto, no puede negarse que HRW demuestra en ello coherencia, pues esta organización se opuso férreamente —con argumentos similares— al proceso de paz con los paramilitares, a pesar de que la Ley de Justicia y Paz contempla unos mínimos en materia de verdad, justicia y reparación y está lejos de ser una amnistía.
En contraste, son muchos los que se han mostrado incoherentes. Ya desde la época de los acuerdos de paz de Ralito advertíamos que cuando llegara el momento de negociar con las guerrillas, aquellos que pedían fuertes castigos para los paramilitares pedirían no solo benevolencia para con los terroristas de extrema izquierda sino, simple y llanamente, perdón y olvido a través de cualquiera de esas fórmulas que ya en otras ocasiones se han usado, bien sea amnistía, indulto, absolución, conmutación de pena o como se le quiera llamar.
Es apenas obvio que los dirigentes subversivos no estén dispuestos, ni ahora ni nunca, a un sometimiento que les exija unas penas mínimas de cárcel para redimir sus culpas, pero ese no es un problema del Estado ni de la Sociedad sino de ellos, puesto que —como se recordará— en su momento se les advirtió del plazo límite que tenían —bien para acogerse a un proceso de paz con impunidad o para dejar la violencia— antes de la entrada en plena vigencia de la jurisdicción de la CPI. Lamentablemente, hicieron oídos sordos y prosiguieron con su orgía de sangre, violaciones flagrantes de los derechos humanos que tendrán que ser castigadas por la CPI si nuestra justicia no lo hace. Si se trata de un tribunal serio, independiente y carente de sesgos políticos, no podrá hacer ojos ciegos a los descomunales crímenes de la subversión.
Eso de que transigir con los violentos es una manera de ayudarle a la paz, no es más que una falacia con la que se ha alimentado el conflicto durante medio siglo. Antes nos tragábamos ese sapo con el cuento de que las fuerzas del Estado eran incapaces de derrotar a la guerrilla. Ahora le tienen las manos amarradas a un Ejército al que se le niega el fuero militar consagrado en el artículo 221 de la Constitución Nacional, y del que gozan todos los ejércitos del mundo, aun en países donde no hay enemigos que entrañen grave peligro para la sociedad.
Con ello se le da respiro a unos terroristas que claramente venían perdiendo la guerra gracias a la acción incansable del presidente Uribe —el único que ha cumplido el mandato constitucional de imponer la ley y el orden—, y se le abren espacios a opiniones como la del fiscal Montealegre, liebre que salta con una muy extraña y rebuscada teoría de ‘amnistías condicionadas’, que serían distintas para paramilitares, militares y guerrilleros. Sí, ya sabemos cómo será la repartija de esas indulgencias: los guerrilleros al poder y los demás a la cárcel, que es exactamente lo que tenemos hoy, como en el caso del M-19.
¿Por qué nuestra clase dirigente insiste con propuestas vejatorias que pretenden que el pueblo colombiano se someta y se rinda ante unos criminales? En España, todas las fuerzas políticas han cerrado filas contra ETA; no se admite negociación, solo la disolución de la banda. Allá sí entienden que capitular es una humillación indignante e inadmisible.
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