Iban a atentar contra Uribe en Buenos Aires Por Eduardo Mackenzie

Iban a atentar contra Uribe en Buenos Aires

 Por Eduardo Mackenzie

Se le ha vuelto un hábito al presidente Juan Manuel Santos opacar y minimizar las fechorías de las FARC.  Cuando éstas  secuestraron a Romeo Langlois,  el gobierno adoptó la tesis de que él podía estar perdido en la selva del Caquetá.  El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, apeló desde el primer día a la “prudencia” y agregó que sólo se podía decir que el periodista francés  estaba “desaparecido”.

Santos insistió después, durante varios días, en que no se sabía en manos de quién podía estar Langlois, a pesar de que los militares y policías que sufrieron la emboscada, donde murieron cuatro uniformados, sí sabían qué había ocurrido.  Cinco días después del rapto, el presidente Santos seguía diciendo que “no estaba seguro” si las Farc lo tenían o no. El 4 de mayo de 2012 dijo: “Hay indicios, pero no estamos seguros de que las Farc lo tengan”.

Las Farc lo tenían desde el primer minuto, como lo supo Alain Juppé, el ministro francés de Relaciones Exteriores.  Si Santos acepta eso ahora es porque las Farc admitieron que lo tienen y que no lo entregarán hasta que Bogotá y París les cumplan no se qué exigencias, unas  secretas y otras visibles.

Tras el cruel atentado del 15 de mayo en Bogotá, Santos reincidió. Estimó que no se sabe quien ha puesto la bomba que estuvo a punto de matar al ex ministro y periodista de oposición Fernando Londoño Hoyos, que cegó la vida a dos de sus escoltas e hirió a 54 civiles. Para Santos  esa matanza pudo haber sido ordenada por una misteriosa “extrema derecha”, o por los que él llama ahora “tiburones”. Y ello a pesar de las pruebas que se acumulan en manos de la policía.  

Al actuar así, al estigmatizar de esa forma a sus contradictores,  el mandatario abusa de su autoridad.  Su juego es desleal y peligroso. Esa actitud tiene un chocante tufillo de chavismo. Chávez  eructa contra los opositores venezolanos llamándolos “escuálidos”. ¿Los “tiburones” son los escuálidos colombianos?  ¿Lo sufrido por Fernando Londoño no lo invita a pensar?

El mandatario se permite dictarle  la línea a la policía sobre lo que debe decir o no sobre los resultados de las investigaciones. Fue lo que le ocurrió al general Luis E. Martínez, director de la policía de Bogotá, quien  ve la mano de las Farc en los hechos del 15 de mayo (dos actos inseparables de terrorismo Farc de ese día: el carro bomba desactivado por la policía y el atentado contra el ex ministro Londoño) y quien, por el contrario, no ve que la “mano negra de extrema derecha” tenga algo que ver  con ese atentado. ¿Martínez será destituido dentro de poco por haber dicho eso?

Y ahora vino lo de Buenos Aires.  Ante la bomba encontrada en  el teatro Gran Rex de la capital argentina,  un día antes de que tomara allí la palabra el ex presidente Álvaro Uribe, el gobierno de Santos volvió a la línea de minimizar. 

El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo, en efecto, antes de que la investigación avanzara,  que los explosivos hallados eran   “artefactos no muy grandes” en pólvora negra que “no causarían mayor daño”.  Asombrosa declaración de parte de alguien que, como ministro de Defensa, debería saber que en todo plan terrorista lo que cuenta no es el arma en sí, utilizada o utilizable, sino la función que se le pretende hacer jugar a esa arma en unas circunstancias dadas.

¿Alguien puede olvidar que los 19 terroristas que cometieron los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos utilizaron cuchillos de plástico para obtener el control de los cuatro aviones?

El hecho de que en el recinto de la conferencia del ex presidente colombiano fuera encontrado un artificio con “pólvora negra” y no con pentonita no le quita nada a la gravedad del acto. La investigación dirá cual era la función específica que debía jugar la explosión en ese recinto cerrado.  ¿Derrumbar un muro? ¿Provocar una estampida del público? ¿Interrumpir la reunión?   ¿Matar al orador colombiano?  ¿Todo a la vez?

En todo caso, las declaraciones que brindó a la prensa el juez federal Norberto Oyarbide desde el lugar de los hechos, no coinciden con lo que dijo el ministro Pinzón.  Oyarbide no habló de “pólvora negra”, ni dijo que la bomba no sería letal. Todo lo contrario.

El juez argentino calificó el intento de atentado como algo “muy grave”. Explicó que  el aparato encontrado era “simple pero lo suficiente para producir la muerte de las personas que estaban más próximas”.  Oyarbide  se preguntó qué manos habían actuado allí y concluyó que  el daño iba a ser “muy grave para la República argentina” pues en el segundo piso del teatro se congregarían  personalidades internacionales  junto con el ex presidente Álvaro Uribe.

Oyarbide estimó que la bomba, preparada para que fuera detonada a través de un celular, hubiera podido causar muchas muertes y desatar una tragedia parecida a la que ocurrió  “en la cancha de River”, en alusión a la muerte de 71 hinchas en junio de 1968 por un movimiento de desbandada del público. El juez estimó que el estallido de los ventanales y de una parte del techo habría podido suscitar “un estado de locura y conmoción de la gente”.

Falta por descubrir, además, el entramado que hizo posible que esos explosivos llegaran a ese lugar y los nombres de los operadores locales y de sus comanditarios.  ¿Cuál será el papel de las autoridades?  ¿Investigarán imparcialmente? El ex presidente Uribe no es bien visto por el régimen cada vez más autoritario y nacionalista de Cristina Fernández de Kirchner.  ¿Cuánto sabían los más altos niveles del Estado  sobre los detalles de esa conferencia?

Buenos Aires está convertido hoy, como Caracas y La Habana, en refugio de extremistas de todo pelambre, desde separatistas vascos, yihadistas en misión, fanáticos anti sionistas, teóricos de la “justicia transicional”,  hasta instructores del socialismo del siglo XXI  y conspiradores narcoterroristas.  

Antes de conocer las respuestas exactas a todo eso es irresponsable decir que el atentado contra Uribe iba a causar “poco daño”.

Poner sistemáticamente en duda la responsabilidad de las Farc busca algo muy concreto: fomentar la impunidad e impedir que la ciudadanía, cada vez más en cólera ante la violencia de las Farc, opte por movilizarse de nuevo y masivamente en las calles contra los bárbaros y contra los proyectos de concesiones  que se están preparando.  

Ante la debilidad del gobierno, ante la visión ilusa de éste, que cree que con gestos estrafalarios, peores incluso que los de la época de Pastrana, el narcoterrorismo va a convertirse en un partido ejemplar, las Farc  incrementaron sus desmanes en todas partes. El precio en sangre que está pagando la ciudadanía y los miembros de las fuerzas militares y de policía es cada vez más alto.  Esa dinámica  de sacrificio absurdo e inútil, pues esas violencias pueden desembocar no en un triunfo de la democracia sino en un acto cobarde y entreguista de perdón y olvido, es insoportable y terminará volviéndose necesariamente contra el llamado “marco legal para la paz”.

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