Unas 500 personas protestan en el parque central de San Pedro Sula, atentado contra la libertad de expresión.
A un camarógrafo le fue arrebatada su cámara de video y destruida por la turba. También golpearon a un fotógrafo del diario La Tribuna que cubría la manifestación en el lugar.
Mientras, en El Progreso, unas 800 personas han cerrado el paso por el puente La Democracia, quemando llantas y lanzando consignas izquierdistas en el país. Aquí arrebataron la cámara de video a un camarógrafo de la Corporación Televicentro y quebraron los vidrios a un vehículo que llevaba el rótulo de prensa.
Todo sobre el intervencionismo chavista aquí
lunes, 29 de junio de 2009
Honduras: Agitadores venezolanos mueven grupos de choque
Tal y como Chávez amenazó, que derrocaría el nuevo gobierno democrático de Honduras, ha enviado turbas para agitar la pacífica calma que hasta hace unas horas existía despues que el aliado de Hugo Chávez, el ex presidente Zelaya fuera apartado de su cargo por desobedecer la constitución, la Corte Suprema de Justicia y resto de poderes independientes de ese país.
Leer la reseña de el periódico hondureño, La Prensa:
San Pedro Sula, Honduras
Agitadores profesionales han llegado al país para mover grupos de choque que creen caos en el país.
Unas 500 personas protestan en el parque central de San Pedro Sula, atentado contra la libertad de expresión.
A un camarógrafo le fue arrebatada su cámara de video y destruida por la turba. También golpearon a un fotógrafo del diario La Tribuna que cubría la manifestación en el lugar.
Mientras, en El Progreso, unas 800 personas han cerrado el paso por el puente La Democracia, quemando llantas y lanzando consignas izquierdistas en el país. Aquí arrebataron la cámara de video a un camarógrafo de la Corporación Televicentro y quebraron los vidrios a un vehículo que llevaba el rótulo de prensa.
Todo sobre el intervencionismo chavista aquí
Unas 500 personas protestan en el parque central de San Pedro Sula, atentado contra la libertad de expresión.
A un camarógrafo le fue arrebatada su cámara de video y destruida por la turba. También golpearon a un fotógrafo del diario La Tribuna que cubría la manifestación en el lugar.
Mientras, en El Progreso, unas 800 personas han cerrado el paso por el puente La Democracia, quemando llantas y lanzando consignas izquierdistas en el país. Aquí arrebataron la cámara de video a un camarógrafo de la Corporación Televicentro y quebraron los vidrios a un vehículo que llevaba el rótulo de prensa.
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Honduras: Organizaciones pro inmigrantes hondureñas en Estados Unidos apoyan nuevo gobierno de Honduras
En un comunicado la Unidad Hondureña, apoya la decisión del Congreso Nacional de Honduras de destituir al ex-Presidente José Manuel Zelaya Rosales ante su pretensión inconstitucional de re-elección y de nombrar de forma interina a Roberto Micheletti, una situación que el mismo desencadenó ya que estaba en forma desafiante desacatando una orden judicial de llevar a cabo una consulta popular sobre la cuarta urna, mismas que habían sido confiscadas y el mismo sustrajo de forma turbulenta de las instalaciones de la Fuerzas Aérea.
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Hondureños en Estados Unidos protestaron indignados contra Zelaya
Honduras: UnoAmérica reconoce al nuevo gobierno de Honduras y a su presidente, Roberto Micheletti
Bogotá, 29 de junio.- La Unión de Organizaciones Democráticas de América, UnoAmérica, emitió hoy un comunicado reconociendo al nuevo gobierno de Honduras, presidido por Roberto Micheletti.
Según UnoAmérica, “en Honduras no se ha producido un golpe de Estado, sino una sucesión constitucional, perfectamente legítima, luego del intento del ex presidente Manuel Zelaya de violar la Carta Magna y de perpetuarse en el poder, siguiendo el mandato de Hugo Chávez“.
UnoAmérica felicitó al pueblo hondureño, a la Corte Suprema de Justicia, al Congreso, y a las demás instituciones democráticas, por haber defendido el orden constitucional “sin disparar un solo tiro“, e instó a los gobiernos democráticos del mundo a reconocer cuanto antes al Presidente Micheletti, para así garantizar la estabilidad y la tranquilidad en esa nación centroamericana.
UnoAmérica condenó la intervención indebida de Chávez en Honduras, y rechazó su amenaza de enviar tropas venezolanas a ese país.
"Resulta cínico que Chávez llame a los hondureños gorilas trogloditas, mientras que simultáneamente los amenaza con una invasión militar" -afirma el comunicado- "No hay peor gorila en toda América Latina que el propio Chávez.
Un hombre que comenzó su carrera política dando dos golpes de Estado, provocando numerosos muertos y heridos. Está estrechamente ligado al narcoterrorismo colombiano (FARC) y al gobierno de Ahmadinejad. Financia la dictadura cubana. Pisotea permanentemente la Constitución y mantiene secuestrados todos los poderes públicos. Comete fraude electoral. Reprime ferozmente a venezolanos pacíficos y desarmados. Cierra medios de comunicación. Odia a la Iglesia Católica. ¡Este sí que es un gorila troglodita!”
"En cambio" -añade- "las Fuerzas Armadas de Honduras se han limitado a obedecer un mandato judicial, que las obliga a restablecer el orden constitucional, demostrando así su subordinación al poder civil".
UnoAmérica finaliza su comunicado instando a los hondureños a resistir las presiones externas y a mantenerse firmes en la defensa de las instituciones democráticas y de la vigencia de la Constitución. “A medida que los días vayan pasando, el mundo civilizado les irá dando la razón. Después de todo, los poderes públicos hondureños se han pronunciado unánimemente en contra de las pretensiones de Zelaya y, en última instancia, se trata de un asunto estrictamente interno“.
Según UnoAmérica, “en Honduras no se ha producido un golpe de Estado, sino una sucesión constitucional, perfectamente legítima, luego del intento del ex presidente Manuel Zelaya de violar la Carta Magna y de perpetuarse en el poder, siguiendo el mandato de Hugo Chávez“.
UnoAmérica felicitó al pueblo hondureño, a la Corte Suprema de Justicia, al Congreso, y a las demás instituciones democráticas, por haber defendido el orden constitucional “sin disparar un solo tiro“, e instó a los gobiernos democráticos del mundo a reconocer cuanto antes al Presidente Micheletti, para así garantizar la estabilidad y la tranquilidad en esa nación centroamericana.
UnoAmérica condenó la intervención indebida de Chávez en Honduras, y rechazó su amenaza de enviar tropas venezolanas a ese país.
"Resulta cínico que Chávez llame a los hondureños gorilas trogloditas, mientras que simultáneamente los amenaza con una invasión militar" -afirma el comunicado- "No hay peor gorila en toda América Latina que el propio Chávez.
Un hombre que comenzó su carrera política dando dos golpes de Estado, provocando numerosos muertos y heridos. Está estrechamente ligado al narcoterrorismo colombiano (FARC) y al gobierno de Ahmadinejad. Financia la dictadura cubana. Pisotea permanentemente la Constitución y mantiene secuestrados todos los poderes públicos. Comete fraude electoral. Reprime ferozmente a venezolanos pacíficos y desarmados. Cierra medios de comunicación. Odia a la Iglesia Católica. ¡Este sí que es un gorila troglodita!”
"En cambio" -añade- "las Fuerzas Armadas de Honduras se han limitado a obedecer un mandato judicial, que las obliga a restablecer el orden constitucional, demostrando así su subordinación al poder civil".
UnoAmérica finaliza su comunicado instando a los hondureños a resistir las presiones externas y a mantenerse firmes en la defensa de las instituciones democráticas y de la vigencia de la Constitución. “A medida que los días vayan pasando, el mundo civilizado les irá dando la razón. Después de todo, los poderes públicos hondureños se han pronunciado unánimemente en contra de las pretensiones de Zelaya y, en última instancia, se trata de un asunto estrictamente interno“.
domingo, 28 de junio de 2009
COMUNICADO: UnoAmérica pide al mundo impedir acción de Chávez en Honduras
Bogotá, 28 de junio.- La Unión de Organizaciones Democráticas de América, UnoAmérica, pidió a los gobiernos democráticos del mundo pronunciarse en contra de la intervención indebida de Hugo Chávez en los asuntos internos de Honduras. Según UnoAmérica, la crisis que vive actualmente esa nación centroamericana es consecuencia directa de las acciones de Chávez, quien desea exportar su modelo autoritario a Honduras, como ya lo ha hecho en Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Siguiendo directrices de Chávez, el presidente Manuel Zelaya pretende modificar la Constitución para mantenerse en el poder, pese a que la Corte Suprema de Justicia dictaminó que se trata de una iniciativa ilegal. Sin duda, Zelaya ha perpetrado un golpe de Estado, al querer violar la Constitución. Por si fuera poco, Chávez amenazó públicamente al pueblo hondureño con una intervención armada, en caso de no someterse a las pretensiones totalitarias de Zelaya. No se trata una amenaza figurada, puesto que tropas venezolanas y nicaragüenses intentaron ayer ingresar al territorio hondureño, según informó la prensa local. El Presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, no es la persona adecuada para conducir una mediación, porque mantiene una posición parcializada, favorable a los designios de Hugo Chávez. Urge que los factores democráticos del mundo entero; no solamente los gobiernos, sino también instituciones, partidos, gremios, intelectuales, medios de comunicación, etcétera, se pronuncien a favor de la Constitución hondureñas, y en contra de la grosera injerencia de Chávez en esa nación. Los hondureños tienen el derecho de decidir su propio rumbo, sin influencias indebidas de Chávez y sus aliados.
sábado, 27 de junio de 2009
Acerca de la violencia en Bolivia y Perú: “ESQUEMA DE LA MASACRE DE PANDO FUE USADO EN BAGUA”
La misma huella en Porvenir y Bagua
Radio especial. El gobierno boliviano no sólo es culpable de la masacre de Pando sino que está encubriendo algo más. Nos lleva a investigar el esquema como un método de acción,el gobierno boliviano, ha cometido acciones similares en Cochabamba primero, en Sucre, después de los cercos al Congreso, posteriormente lo que ocurrió en el Hotel Las Américas de Santa Cruz.
Radio: FIDES
Entrevista: Alejandro Peña Esclusa (Presidente de Uno América)
EN PORVENIR, BOLIVIA, Y EN BAGUA, PERU, ESTÁN LAS MISMAS MANOS
Uno América Organización de organizaciones Latinoamericanas no Gubernamentales presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA una denuncia formal contra el presidente boliviano Evo Morales.
Peña Esclusa: El objetivo de la acusación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es denunciar al gobierno de Evo Morales y particularmente al vicepresidente Álvaro García Linera y al Ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana por delitos de lesa humanidad. Después de la investigación que Uno América, una plataforma de toda América Latina realizamos en Bolivia esta investigación, fue una comisión de Uno América de ciudadanos uruguayos, argentinos, bolivianos y venezolanos viajaron hasta Pando, Porvenir, Cobija, La Paz, Santa Cruz y luego de hacer una investigación y recabar los testimonios de testigos presenciales de los hechos, llegamos a la conclusión de que los enfrentamientos por agresiones violentas fueron planificadas y ejecutadas por el gobierno boliviano.
En vista de que hay hechos de violencia, hay gente que está en la cárcel, hay gente que está exilada, hay gente que murió, hay familiares a quien no han indemnizado, en vista de que todas estas víctimas sin saber la verdad, sin conocer quiénes fueron los que les ocasionaron todos estos problemas y que el gobierno acusaba a la oposición, criminalizaba a la oposición, nosotros consideramos que era importante restablecer la justicia y resarcir los errores, las violaciones a la ley y a los Derechos Humanos cometidos por el gobierno boliviano y por eso, acudimos para hacer esta acusación.
P.- ¿Cuál el objetivo, señor Peña Esclusa?
Peña Esclusa: Ante todo queremos que se conozca la verdad, existe informe de UNASUR que fue presidido por el señor Rodolfo Matarollo de Argentina y está el informe nuestro, de Uno América. Creemos que los dos informes deben contraponerse, compararse uno con otro. Creemos que otras organizaciones deben participar, investigar, nosotros estamos abiertos a presentar nuestras pruebas e incluso ir a otras instancias como la Corte Penal Internacional, en la Haya.
Estamos desagradados con la respuesta del gobierno boliviano, porque no es una respuesta seria, en lugar de argumentar una contra formación a la nuestra y decir, no estos señores están equivocados por tal y cual motivo, se han encargado de descalificar, criminalizar, vincularnos a acciones y organizaciones con los cuales no tenemos nada que ver, lo cual, nos hace pensar, que el gobierno boliviano no sólo es culpable de la masacre de Pando sino que está encubriendo algo más. El hecho de esta masacre nos lleva a investigar el esquema como un método de acción, la masacre de Pando no es una solamente, sino que ya el gobierno boliviano, y así lo consignamos en la acusación, ha cometido acciones similares en Cochabamba primero, en Sucre, después de los cercos al Congreso, posteriormente lo que ocurrió en el Hotel Las Américas de Santa Cruz que todavía está sin definirse y hay muchas interrogantes y muchas actuaciones que nosotros consideramos tendenciosas y parcializadas.
Finalmente la participación del gobierno boliviano en los hechos de Bagua en el Perú, es decir, que el esquema de la masacre de Pando no solamente se está utilizando internamente por parte de las autoridades bolivianas sino que ya se estás comenzando a utilizar en otras partes paras desestabilizar gobiernos, como lo ha indicado claramente el gobierno de Alan García.
P.- El gobierno boliviano ha descalificado esta denuncia, señalando que la Organización Human Right Fundation formaría parte de la estructura de Uno América.
Peña Esclusa: Esta muy mal informado porque la Human Right Fundation que nosotros consideramos que es una organización respetable no está dentro de Uno América y tampoco participó en la acción que emprendimos esta semana en Washington, es decir, primero que está mal informado y luego el argumenta que las organizaciones que pertenecen a Uno América son poco serias. Discrepo del señor García Linera pero eso no es lo importante. Lo importante no es si nuestras organizaciones son poco serias o no, lo importante es si nuestro informe está bien fundamentado o no, hay pruebas, hay testimonios, hay grabaciones, y si el señor García Linera considera que nuestro punto de vista no es el adecuado vamos a un debate, que venga el Señor Matarollo en cualquier parte, La Paz si quieren, yo también voy hasta allá en representación de Uno América para hablar en términos de altura, sin descalificaciones, insultos, en términos científicos y presentando pruebas.
Hondureños ¡Cuidado con Insulza!
Por Alejandro Peña Esclusa (*)
Desde que se adhirió al ALBA, a cambio de unos cuantos denarios, Manuel Zelaya dejó de representar los intereses de los hondureños y se convirtió en un agente al servicio del Foro de Sao Paulo y de Hugo Chávez.
Su intento ilegal de modificar la Constitución, para mantenerse indefinidamente en el poder, constituye -sin duda alguna- un golpe de Estado.
La decisión de las Fuerzas Armadas de desobedecer la orden de distribuir el material electoral para el referendo, así como las protestas populares que ha habido en estos días, no pueden calificarse como insubordinación; se trata de acciones plenamente justificadas, con el objetivo de defender el orden constitucional vigente.
Las declaraciones de los gobiernos pertenecientes al ALBA en defensa de Zelaya, constituyen una intervención indebida en los asuntos internos de Honduras, y no buscan mantener la legalidad, sino respaldar las pretensiones totalitarias de su colega. Las amenazas de Hugo Chávez al pueblo hondureño son groseras, prepotentes e inaceptables.
Es de esperarse que en los próximos días, voces vinculadas al castro-comunismo cubano y al Foro de Sao Paulo, expresen su opinión en apoyo a Zelaya, alegando que existe un golpe en su contra. Sin embargo, esas voces no son espontáneas, sino que responden a un plan orquestado por el gobierno cubano y financiado por el gobierno venezolano.
José Miguel Insulza no actúa como Secretario General de la OEA, sino como vocero del Partido Socialista de Chile, miembro del Foro de Sao Paulo; por eso no presiona a Manuel Zelaya, por querer imponer una Constitución totalitaria, sino al pueblo hondureño y a sus Fuerzas Armadas, que simplemente buscan protegerse de una dictadura.
La dupla Chávez-Insulza ha permitido imponer violaciones a las Constituciones de Bolivia y Ecuador, logrando de esta manera que Evo Morales y Rafael Correa -ambos integrantes del ALBA- puedan eternizarse en el poder y controlar los poderes públicos.
Con base en lo anteriormente expuesto, sugerimos respetuosamente a los hondureños:
Primero, que las instituciones -unidas o por separado- emitan comunicados rechazando la intervención indebida de Chávez en los asuntos internos de Honduras, declarándolo -incluso- persona non grata. Esa acción impedirá que Chávez siga actuando impunemente.
Segundo, no dejarse presionar por Insulza, ni por opiniones internacionales manejadas desde Cuba.
Tercero, resolver esta crisis recurriendo única y exclusivamente a los factores internos.
Y cuarto, mantenerse firmes, en cuanto a no permitir -por ningún motivo- que la Constitución y el orden democrático sean violados por el Ejecutivo.
* Alejandro Peña Esclusa es presidente de la ong venezolana, Fuerza Solidaria y Presidente de Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica).
Su intento ilegal de modificar la Constitución, para mantenerse indefinidamente en el poder, constituye -sin duda alguna- un golpe de Estado.
La decisión de las Fuerzas Armadas de desobedecer la orden de distribuir el material electoral para el referendo, así como las protestas populares que ha habido en estos días, no pueden calificarse como insubordinación; se trata de acciones plenamente justificadas, con el objetivo de defender el orden constitucional vigente.
Las declaraciones de los gobiernos pertenecientes al ALBA en defensa de Zelaya, constituyen una intervención indebida en los asuntos internos de Honduras, y no buscan mantener la legalidad, sino respaldar las pretensiones totalitarias de su colega. Las amenazas de Hugo Chávez al pueblo hondureño son groseras, prepotentes e inaceptables.
Es de esperarse que en los próximos días, voces vinculadas al castro-comunismo cubano y al Foro de Sao Paulo, expresen su opinión en apoyo a Zelaya, alegando que existe un golpe en su contra. Sin embargo, esas voces no son espontáneas, sino que responden a un plan orquestado por el gobierno cubano y financiado por el gobierno venezolano.
José Miguel Insulza no actúa como Secretario General de la OEA, sino como vocero del Partido Socialista de Chile, miembro del Foro de Sao Paulo; por eso no presiona a Manuel Zelaya, por querer imponer una Constitución totalitaria, sino al pueblo hondureño y a sus Fuerzas Armadas, que simplemente buscan protegerse de una dictadura.
La dupla Chávez-Insulza ha permitido imponer violaciones a las Constituciones de Bolivia y Ecuador, logrando de esta manera que Evo Morales y Rafael Correa -ambos integrantes del ALBA- puedan eternizarse en el poder y controlar los poderes públicos.
Con base en lo anteriormente expuesto, sugerimos respetuosamente a los hondureños:
Primero, que las instituciones -unidas o por separado- emitan comunicados rechazando la intervención indebida de Chávez en los asuntos internos de Honduras, declarándolo -incluso- persona non grata. Esa acción impedirá que Chávez siga actuando impunemente.
Segundo, no dejarse presionar por Insulza, ni por opiniones internacionales manejadas desde Cuba.
Tercero, resolver esta crisis recurriendo única y exclusivamente a los factores internos.
Y cuarto, mantenerse firmes, en cuanto a no permitir -por ningún motivo- que la Constitución y el orden democrático sean violados por el Ejecutivo.
* Alejandro Peña Esclusa es presidente de la ong venezolana, Fuerza Solidaria y Presidente de Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica).
viernes, 26 de junio de 2009
Honduras: Avión venezolano en el aeropuerto de Tocontín. Intervencionismo de Chávez
Honduras: El misterio del narcoavión YV2028 y del Conviasa YV 2559
Noticiero Digital reseñó la denuncia del diario hondureño La Tribuna sobre la presencia de aviones venezolanos en el aeropuerto de Tocontín, de la capital hondureña. Pues bien, el avión fotografiado por ese diario es un Cessna Conquest, matícula YV2080 al que le fue incautadas 1,5 toneladas de cocaína el 28 enero de este año en la Isla de Utila en Honduras. ¿Se equivocó el diario? ¿El avión está volando y por quién?
ND.- El diario La Tribuna de Tegucigalpa informó que 4 avionetas de Venezuela llegaron al aeropuerto internacional de Toncontín, con personal y material presuntamente relacionado con la controversial consulta promovida por el Presidente Manuel Zelaya, a pesar de que el aeropuerto estaba cerrado para vuelos comerciales debido a la crisis política de ese país.
Esta es la nota de La Tribuna:
4 avionetas de Venezuela ingresaron por Toncontín
TEGUCIGALPA.- El aeropuerto internacional “Toncontín” fue cerrado a los vuelos comerciales el jueves en la tarde por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil para evitar el arribo de más avionetas procedente de Venezuela.
Aunque oficialmente no se conoce una orden de cierre, trascendió que la medida fue tomada para evitar más arribo de vuelos chárter de aerolíneas suramericanas, especialmente de Venezuela.
Fuentes de Migración dijeron a LA TRIBUNA anoche, que ayer aterrizaron alrededor de cuatro avionetas, una de ellas plenamente identificada con bandera venezolana, mientras que de las otras no.
Se dijo que en estas aeronaves arribaron personal vestido de civil, pero que en realidad era militar y expertos de Nicaragua y Ecuador, para participar como asesores de la encuesta del próximo domingo que promueve el Presidente Manuel Zelaya. Otra de ellas trajo el material a usar en la encuesta.
También se conoció que las autoridades de Migración alertaron sobre el ingreso de varios contingentes de ciudadanos de esos países que llegaron al país en vuelos comerciales.
Portada de el Diario hondureño La Prensa:
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| Foto Archivo |
Venezuela advierte sobre posible intervención
En un comunicado de prensa, Venezuela oficializó este viernes su decisión de intervenir abiertamente en Honduras, en apoyo al presidente Manuel Zelaya. Hugo Chávez amenaza a Honduras
» Galería: Imágenes de ambiente Tegucigalpa
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| Foto AFP |
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| Foto Fredy Rodríguez |
Crisis política
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Investigan actos del presidente Zelaya
Los rumores de una inhabilitación del presidente Manuel Zelaya Rosales crecían, y el Congreso Nacional mantenía firme la moción para investigar las actuaciones del mandatario y la urgencia aprobar o improbar su administración.
Crisis en Honduras: Resúmen:
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CSJ restituye a Romeo Vásquez
UnoAmérica advierte que Chávez podría provocar una masacre en Honduras
La Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica) emitió hoy un comunicado, donde advierte que la intervención indebida de Hugo Chávez en los asuntos internos de Honduras podría provocar una masacre en esa nación centroamericana.
Bogotá, 26 de junio.- La Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica) emitió hoy un comunicado, donde advierte que la intervención indebida de Hugo Chávez en los asuntos internos de Honduras podría provocar una masacre en esa nación centroamericana.
Según UnoAmérica, el apoyo financiero que el gobierno venezolano proporciona al presidente Manuel Zelaya viene condicionado por una serie de obligaciones, entre ellas: incorporarse al ALBA, alinearse con el eje La Habana-Caracas, enfrentarse a los Estados Unidos, establecer relaciones con Ahmadinejad, modificar la Constitución, tomar el control de los poderes públicos, cometer fraude electoral para eternizarse en el poder, limitar la libertad de prensa y de expresión, y perseguir a la Iglesia Católica y a la oposición política.
“Evidentemente, tales condicionamientos debilitan la democracia y polarizan a los ciudadanos, hasta que finalmente se produce un conflicto, tal como está ocurriendo ahora, a raíz del referendo ilegal que pretende realizar Zelaya el próximo domingo para modificar la Constitución”, afirma el comunicado de UnoAmérica. El envío de material electoral proveniente de Venezuela para realizar la consulta agudizó la crisis.
UnoAmérica advierte los hondureños que “Siguiendo el patrón que ha implementado en Venezuela y en Bolivia, el próximo paso de Chávez en Honduras será ordenar a Zelaya reprimir ferozmente a la población, llegando incluso a provocar una masacre como la de Puente Llaguno (Caracas, abril de 2002) o la de Pando (Bolivia, septiembre de 2008). Una vez acribillados o encarcelados los opositores, el gobierno justificará la masacre alegando falsamente que estaba en marcha un golpe de Estado”.
UnoAmérica exhortó a la comunidad internacional mantenerse alerta sobre la delicada situación que vive Honduras y a tomar las medidas diplomáticas necesarias para impedir que Chávez siga interviniendo en los asuntos internos de esa nación.
Bogotá, 26 de junio.- La Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica) emitió hoy un comunicado, donde advierte que la intervención indebida de Hugo Chávez en los asuntos internos de Honduras podría provocar una masacre en esa nación centroamericana.
Según UnoAmérica, el apoyo financiero que el gobierno venezolano proporciona al presidente Manuel Zelaya viene condicionado por una serie de obligaciones, entre ellas: incorporarse al ALBA, alinearse con el eje La Habana-Caracas, enfrentarse a los Estados Unidos, establecer relaciones con Ahmadinejad, modificar la Constitución, tomar el control de los poderes públicos, cometer fraude electoral para eternizarse en el poder, limitar la libertad de prensa y de expresión, y perseguir a la Iglesia Católica y a la oposición política.
“Evidentemente, tales condicionamientos debilitan la democracia y polarizan a los ciudadanos, hasta que finalmente se produce un conflicto, tal como está ocurriendo ahora, a raíz del referendo ilegal que pretende realizar Zelaya el próximo domingo para modificar la Constitución”, afirma el comunicado de UnoAmérica. El envío de material electoral proveniente de Venezuela para realizar la consulta agudizó la crisis.
UnoAmérica advierte los hondureños que “Siguiendo el patrón que ha implementado en Venezuela y en Bolivia, el próximo paso de Chávez en Honduras será ordenar a Zelaya reprimir ferozmente a la población, llegando incluso a provocar una masacre como la de Puente Llaguno (Caracas, abril de 2002) o la de Pando (Bolivia, septiembre de 2008). Una vez acribillados o encarcelados los opositores, el gobierno justificará la masacre alegando falsamente que estaba en marcha un golpe de Estado”.
UnoAmérica exhortó a la comunidad internacional mantenerse alerta sobre la delicada situación que vive Honduras y a tomar las medidas diplomáticas necesarias para impedir que Chávez siga interviniendo en los asuntos internos de esa nación.
jueves, 25 de junio de 2009
Peña Esclusa: "Chavez y Evo Morales están conformando una alianza militar para permanecer en el poder por la fuerza
El ex candidato a la presidencia de la república de Venezuela, Alejandro Peña Esclusa, directivo de la ONG venezolana Fuerza Solidaria y actual presidente de la Unión de Organizaciones Democráticas de América, UnoAmérica, en reciente entrevista realizada por la periodista venezolana Marianella Salazar, en referencia a la denuncia que hizo la organización que preside contra Evo Morales de ser el responsable de la masacre de Pando en el 2008, reveló que Evo Morales y Hugo Chávez están creándo una alianza militar con el resto de los miembros del Foro de Sao Paulo para permanecer en el poder por la fuerza.
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En la parada en el campo de Carabobo, en el centro del país, participó un contingente de 126 militares de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Honduras con banderas de su países y mensajes del ALBA. La representación cubana estaba comprendida por unos 100 efectivos
Los informes de agencias de prensa internacional aseguran que efectivos militares hondureños estuvieron presentes.
Tropa catracha participa en desfile en Venezuela
Carrera armamentista
Este evento militar celebrado en Venezuela precedía a la realización de la VI cumbre de la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), a la que asistió Patricia Rodas, canciller de la República.
Hugo Chávez, ha insistido en que los países miembros de la Alba deben tener una entidad armada de carácter regional.
Informaciones acreditadas a Luis Reyes, asistente presidencial de Venezuela, revelan que en el desfile hubo 250 vehículos blindados, 45 aeronaves y más de 5,200 hombres de las Fuerzas Armadas de Venezuela.
Hay que recordar que Chávez está en una carrera armamentista y ha adquirido aviones y misiles de fabricación rusa. A China también le compró aviones.
Adhesión: Honduras es miembro de la Alba junto a Bolivia, Cuba, Nicaragua, Dominica y Venezuela, y ayer se sumaron Antigua y Barbuda, Ecuador y San Vicente y Las Granadinas.
Bolivia busca apoyo ruso para potenciar a sus Fuerzas Armadas
Bolivia: Carrera armamentista de la mano de los rusos
Rusia y Bolivia: Alianza militar
El Gobierno ruso modernizará el armamento y el equipo de las Fuerzas Armadas de Bolivia. El Ejército boliviano elaboró una lista de solicitud de armas y equipo militar a Rusia. El Ejecutivo afirmó que la prioridad es material logístico.
Rusia, interesado en renovar al ejército boliviano
La oposición critica venta de armas a Bolivia
USA: Nuevo jefe del Comando Sur en EEUU preocupado por la cercanía de América Latina con Irán
Por sus nexos con grupos islamistas
En una entrevista con cuatro medios de comunicación, entre ellos Efe, antes de asumir su nuevo puesto, el general Fraser explicó cuáles serán sus prioridades al frente del Comando Sur, cuya área de influencia incluye más de 30 países latinoamericanos.
La cercanía de América Latina con Irán preocupa al nuevo jefedel Comando Sur
El nuevo jefe del Comando Sur de EE.UU., el general de la Fuerza Aérea Douglas Fraser, mostró su preocupación por el riesgo que puede representar para América Latina la relación de Irán con grupos extremistas como Hamás y Hezbollah.
"La verdadera preocupación no es la interacción de nación a nación (...) es la relación que Irán tiene con las organizaciones extremistas como Hamás y Hezbollah y el riesgo potencial que ese tipo de relaciones puede traer a esta región", dijo el militar al ser preguntado sobre el acercamiento entre Irán y Venezuela."Ésa es nuestra preocupación y vamos a seguir observando cualquier incremento de actividad", enfatizó
Fraser toma posesión de su cargo en el cuartel general del Comando Sur, con sede en Miami, en sustitución del almirante de la Marina James Stavridis, quien será el comandante en jefe de las fuerzas aliadas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Europa.
Otro foco de preocupación para el nuevo jefe del Comando Sur es el incremento en la adquisición de armas del Gobierno venezolano en un momento en el que, aseguró, no existen amenazas militares en Latinoamérica.
"Estoy preocupado por el armamentismo que parece haber en Venezuela porque no entiendo la amenaza que ellos ven. No veo una amenaza militar convencional en la región, así que no estamos seguros del por qué ven la necesidad de incrementar sus fuerzas militares al extremo en que lo han hecho".
Fraser, quien proviene del Comando del Pacífico con sede en Hawai, dijo que está "decepcionado" porque las relaciones entre ese país latinoamericano y el Comando Sur "no son tan sólidas como fueron en el pasado".
Pese a que las Fuerzas Armadas venezolanas rechazan las invitaciones para participar en maniobras militares, Fraser afirmó que el Comando Sur continuará convocándolas porque afrontan los mismos problemas que el resto de la región: el tráfico de drogas, los desastres naturales y la lucha contra el narcoterrorismo.
Con respecto a Colombia, país en el que vivió una temporada cuando era adolescente, calificó de "muy exitoso" el trabajo que se ha realizado en esa nación para combatir el narcotráfico y al grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"Yo diría que no hemos terminado aún, las FARC no han sido derrotadas y necesitamos seguir con ese esfuerzo", manifestó el militar graduado de la Academia de la Fuerza Aérea en 1975 y del National War College en 1992.
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Senador Roger Pinto satisfecho por petición de investigación de hechos en Pando
La Paz - Bolivia.- El senador por Pando, Roger Pinto, sostuvo que la documentación presentada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), por varias organizaciones no gubernamentales generará una investigación de los hechos de El Porvenir ocurridos el 11 de septiembre de 2008.
Pinto dijo que una investigación imparcial era esperada por el pueblo de Pando. Sostuvo que él nunca creyó en las conclusiones de la comisión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), que calificó los hechos de El Porvenir, como un genocidio, culpando de todo lo ocurrido al entonces prefecto, Leopoldo Fernández.
“Siempre les dije que en la medida en que la sociedad se vaya enterando, que la información vaya llegando al pueblo boliviano, pero sobretodo que los organismos internacionales tengan acceso a la información y a una verdadera investigación, la verdad iba a empezar a aparecer”, afirmó Pinto.
Para el senador de Poder Democrático y Social (Podemos), la acción encabezada por el diputado Walter Arrázola, mostrará la verdad y el nefasto papel que jugaron el vicepresidente Alvaro García Linera y el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
“Con un informe imparcial caerá todo el informe que fabricó el Gobierno, para iniciar una persecución política, sin precedentes en el departamento de Pando”, agregó el legislador pandino.
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En una misiva dirigida a la Asamblea con motivo de la Conferencia que celebra sobre el tema, los expertos en pobreza extrema, Magdalena Sepúlveda, y en deuda externa, Cephas Lumina, instaron a los Estados a afrontar la crisis “con medidas que promuevan la recuperación a largo plazo, centrándose en los derechos humanos de quienes sufren los peores efectos”.
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Miami Herald: Acusan a Morales por genocidio en Pando en el 2008
By EEF
LA PAZ
El martes, en Washington, ONG adscritas a la Unión de Organizaciones Democráticas de América ''UnoAmérica'' acusaron al gobierno de Morales de haber provocado el violento conflicto que se saldó con varias muertes en la región de Pando en septiembre del 2008.
La demanda, de la que ayer se hicieorn eco los diarios de Bolivia, acusa al Ejecutivo de Morales de haber planificado el enfrentamiento ocurrido en la localidad de Porvenir (Pando) en el que murieron al menos trece personas. Según el diario paceño La Razón, la demanda sostiene que ``las masacres perpetradas en El Porvenir y en Cobija (capital de Pando, donde también se produjeron muertes) fueron planificadas y ejecutadas por funcionarios del gobierno boliviano''.
La demanda de las ONG asociadas a UnoAmérica fue presentada ante la CorteIDH por el presidente de esta entidad, Alejandro Peña, el diputado opositor boliviano Wálter Arrázola y los colombianos Jaime Arturo Restrepo e Iván Restrepo, vinculados a organismos de derechos humanos.
La conclusión de estas ONG contrasta con los informes sobre el conflicto de Pando presentados por una misión de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) que ha establecido responsabilidades en grupos opositores sobre la matanza de varios campesinos seguidores del presidente Evo Morales.
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miércoles, 24 de junio de 2009
VIDEO: UNITEL Resúmen de la acusación contra Evo Morales por las muertes de Pando
ONGs latinoamericanas denunciaron a Evo Morales por delitos de lesa humanidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las muertes en Pando. El diputado Wálter Arrázola es uno de los denunciantes.
“Primero, la agresión fue planificada; segundo, la incursión fue nocturna; tercero, los agresores eran foráneos; cuarto, se usaron tácticas militares; quinto, el objetivo era asesinar, lesionar, secuestrar, torturar y encarcelar a un sector de la población por su forma de pensar (opositores al gobierno); sexto, se violó el derecho al juicio justo y al debido proceso; séptimo, se negó el derecho a la información (Habeas Data); y octavo, en algunos casos, los cuerpos de seguridad del Estado usaron armas de guerra para agredir a ciudadanos civiles desarmados, y en otros, hubo omisión cómplice por parte de los funcionarios militares y policiales”, señala el informe.
Entrevista al Dip. Wálter Arrázola - integrante de UnoAmérica
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"Retroceder es lo peor que se puede hacer"
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LIMA | Con cada día que pasa, se hace evidente que somos víctima de un complot destinado a colocar a un "Felipillo" de Hugo Chávez en la Presidencia. Desde Bolivia, el diputado Walter Arrázola nos alerta sobre la estrategia que se pretende aplicar en el Perú y sugiere no caer en el perdón o la amnistía, sino juzgar y sancionar a los responsables.Mario Camoirano Correo: ¿Usted cree que hubo infiltración del gobierno boliviano en los recientes hechos de violencia ocurridos en el Perú? Walter Arrázola: Absolutamente. Cuando se produjo la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en el 2003 existió infiltración de personas de la izquierda radical peruana, con financiamiento venezolano. Ahora nuestro gobierno les está retribuyendo el favor. En Bolivia, el indigenismo nunca fue marxista, pero hoy la izquierda ha logrado fusionarse con él. Prueba de ello es la presencia en el gobierno de Álvaro García Linera, terrorista convicto y confeso, con el agravante de que ahora la lucha de clases se ha sustituido por una lucha de razas, tesis que se busca exportar al Perú. La nueva Constitución consagra mayores derechos para el "indígena-campesino-originario" (es decir todo aquel con orígenes prehispánicos) que para el mestizo. C: Pero García Linera no podría considerarse un "indígena originario" WA: Ni él ni Evo Morales, que no es más que un mestizo cocalero que comenzó un discurso indigenista aliándose al "mallku" Felipe Quispe y obteniendo el financiamiento de las ONG de la izquierda europea más radical que buscan reflotar el comunismo por otros medios. Lo que pasa es que ellos utilizan la estrategia de la "autoidentificación" para calificarse como indígenas. C: ¿La infiltración es sólo ideológica o también financiera? WA: Que no quepa la menor duda de que también involucra dinero. Un ciudadano pobre que participa en estos bloqueos y manifestaciones vive del día a día. No puede dejar de trabajar por un periodo prolongado y vivir de sus "ahorros". Para Hugo Chávez y/o el narcotráfico le es mucho más barato pagarle un poco más del salario mínimo diario a estos revoltosos que financiar un grupo armado, en el primer caso, o sobornar a la Policía para poder sacar su producción en el segundo. C: En el Perú, el gobierno ha optado por retroceder y darle a los revoltosos todo lo que pedían para evitar más muertes. ¿Le parece una buena estrategia? WA: Es lo peor que se puede hacer. Aquí en Bolivia cometimos el error de negociar la ley en busca de una paz efímera. Seguramente en el Perú se deben estar preguntando cómo se hubieran evitado los muertos. Pregunta inútil pues ellos siempre buscan que haya muertos. Su error táctico es que esta vez los policías, es decir las "fuerzas de la represión", tuvieron más bajas. Si hubiera habido un policía muerto menos que los revoltosos, todo el Perú estaría ahora tomado por ellos y la comunidad internacional apoyándolos con su manejo de medios. Si no se actúa con principios y firmeza y se perdona a los delincuentes, a la larga ellos conseguirán ganar la guerra por el poder como ocurrió en Bolivia. C: ¿A qué se refiere por "principios y firmeza"? WA: No me refiero a utilizar la violencia ni caer en la persecución política, sino a ejercer la justicia penal. Comenzar a averiguar qué fue lo que pasó, quiénes asesinaron, quiénes cometieron sedición y acusarlos, procesarlos y condenarlos. Cuando empiecen a sancionar legalmente estarán mandando el mensaje correcto: "Hemos derogado las normas pero no tienen excusa por las violaciones a los derechos humanos que han cometido". Sería un grave error dejar pasar por agua tibia lo ocurrido o, peor aún, declarar una amnistía. Eso sólo les daría más fuerza para volver a la carga y a la larga obtener un triunfo electoral. C: En el Perú el electorado es centrista y no apoya a los extremos. WA: Y en Bolivia también, pero llega un momento en que se recrea el síndrome de Estocolmo. Los bolivianos, cansados de la violencia, el caos y el conflicto terminaron votando por Evo Morales, que además tenía un discurso anticorrupción y antidiscriminación muy efectivo.
Bolivia: Vicepresidente Álvaro García Linera responde a denuncia de UnoAmérica
Gobierno califica de "poco seria" denuncia contra Evo Morales de Unoamérica ante la CIDH
La Paz, 24 jun (ABI) - El vicepresidente Álvaro García Linera minimizó el miércoles una denuncia contra el mandatario boliviano Evo Morales radicada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) adscritas a la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica), a la que calificó de "poco seria".
"Esa denuncia viene de un organismo donde sólo falta el (personaje de los dibujos animados) Pato Donald para que se completen los personajes y las instituciones poco serias con vinculaciones dudosas", señaló el miércoles en Palacio de Gobierno, lue go de conocer la denuncia por el caso de la masacre de Porvenir (Pando) donde fueron ejecutados una veintena de campesinos por bandas armadas de la Prefectura y el servicio departamental de caminos de Pando.
Entre esas organizaciones, está presente Human Rights foundation, a la que descalificó por estar acusada en Bolivia, de tener vínculos con una banda de separatistas que intentó dividir Bolivia y que su personal sirvió para potenciar y difundir las estructuras divisionistas en el país.
"Cosas parecidas sucede con las otras ONGs de Unoamérica. La descartamos por pocos serias y además, porque forman parte de la investigaciones de estructuras políticas internacionales que pudieron estar vinculadas a intentos separatistas en el país", repitió.
García Linera adelantó que "esa supuesta entidad defensora de los derechos humanos" será investigada para conocer la estructura de las personas que la conforman.
La acusación contradice totalmente a los informes que fueron presentados en diciembre del año pasado, por representantes de organismos multilaterales de las Naciones Unidas, la Unión de Naciones Suramericanas y la Organización de Estados Americanos que viajaron hacia esa región y que dictaminaron que "los campesinos fueron emboscados y asesinados".
García Linera recordó que esos crímenes fueron parte de un frustrado golpe de Estado civil-militar orquestado por los prefectos opositores de Pando, Santa Cruz, Cochabamba, Beni y Tarija.
El martes en Washington, UnoAmérica acusó al gobierno boliviano por "delitos de lesa humanidad" por el caso de Porvenir. Según el resumen de la documentación al gobierno boliviano se lo acusa de una agresión planificada, incursión nocturna; agresores foráneos; de usar tácticas militares; de que el objetivo era asesinar, lesionar, secuestrar, torturar y encarcelar a un sector de la población por su forma de pensar (opositores al gobierno); de violar el derecho al juicio justo y al debido proceso; de negar el derecho a la información (Habeas Data); entre otros.
El documento acusatorio fue redactado por Jaime Arturo Restrepo y está suscrito por La Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo (Perú), la Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla Colombiana, el Centro de Estudios por los Derechos Humanos de Uruguay, la Federación Verdad Colombia, la Fundación Orión (Venezuela), el Movimiento por la Verdadera Historia (Argentina), la ONG 1810 (Argentina), la Asociación Civil Fuerza Solidaria (Venezuela), el diputado Wálter Arrazola Mendivil (Bolivia), Graca Salguero (Brasil), María Fernanda Cabal (Colombia), Marcelo Cypriano Motta (Brasil) y Josué Meneses (Perú).
El vicepresidente Alvaro García LInera (ABI) |
martes, 23 de junio de 2009
Acusado Evo Morales por delitos de lesa humanidad
TipsRevolucionarios Boletín de Noticias de Fuerza Solidaria tiene el agrado de comunicar a sus lectores que fue entregado hoy, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la ONU, el “Informe Pando”, que denuncia el gobierno de Evo Morales por crímenes de lesa humanidad.
A continuación el comunicado de la Unión de Organizaciones Democráticas de América, Uno América y la foto del equipo de la ONG que hizo la entrega en Washington.
También está el “resumen de la acusación”, un documento sencillo para ser leído por todos, con las denuncia y las pruebas fehacientes que evidencian la culpabilidad del gobierno de Evo Morales en las violaciones de los derechos humanos en Bolivia.
—ONGs de derechos humanos adscritas a UnoAmérica— Acusado Evo Morales por delitos de lesa humanidad
Washington, 23 de junio.- Representantes de varias Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) latinoamericanas acudieron esta mañana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ubicada en esta capital, para acusar al gobierno boliviano por delitos de lesa humanidad. Dichas ONGs están adscritas a la Unión de Organizaciones Democráticas de América, UnoAmérica.
El pasado mes de marzo, activistas de derechos humanos provenientes de Argentina, Colombia, Venezuela y Uruguay, realizaron un informe exhaustivo sobre los hechos de violencia suscitados en septiembre de 2008 en la provincia de Pando, y concluyeron que las masacres perpetradas en El Porvenir y en Cobija fueron planificadas y ejecutadas por funcionarios del gobierno boliviano, entre ellos el Vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, y el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; con pleno conocimiento del presidente Evo Morales.
UnoAmérica publicó en su página electrónica un resumen de la acusación, donde afirma que: "Primero, la agresión fue planificada; segundo, la incursión fue nocturna; tercero, los agresores eran foráneos; cuarto, se usaron tácticas militares; quinto, el objetivo era asesinar, lesionar, secuestrar, torturar y encarcelar a un sector de la población por su forma de pensar (opositores al gobierno); sexto, se violó el derecho al juicio justo y al debido proceso; séptimo, se negó el derecho a la información (Habeas Data); y octavo, en algunos casos, los cuerpos de seguridad del Estado usaron armas de guerra para agredir a ciudadanos civiles desarmados, y en otros, hubo omisión cómplice por parte de los funcionarios militares y policiales".
En ese entonces, el gobierno boliviano culpó a la oposición de la violencia, particularmente al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien todavía permanece encarcelado injustamente hasta la fecha.
UnoAmérica asegura que “planificar enfrentamientos violentos y culpar posteriormente a la oposición, para así criminalizarla y perseguirla, se ha convertido en un modus operandi del gobierno de Evo Morales. Hechos similares a los de Pando ocurrieron anteriormente en Cochabamba y en Sucre”, dice el Informe.
La acusación fue introducida en la sede de la CIDH por el diputado Wálter Arrázola Mendivil (Bolivia), el abogado y defensor de derechos humanos Jaime Arturo Restrepo (Colombia), el activista de derechos humanos Iván Restrepo (Colombia), y el presidente de UnoAmérica, Alejandro Peña Esclusa; en representación de las ONGs que elaboraron el Informe.
El documento fue redactado por el Dr. Jaime Arturo Restrepo y está suscrito por: La Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo (Perú), la Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla Colombiana, el Centro de Estudios por los Derechos Humanos de Uruguay, la Federación Verdad Colombia, la Fundación Orión (Venezuela), el Movimiento por la Verdadera Historia (Argentina), la ONG 1810 (Argentina), la Asociación Civil Fuerza Solidaria (Venezuela), el diputado Wálter Arrazola Mendivil (Bolivia), la Dra. Graca Salguero (Brasil), la Dra. María Fernanda Cabal (Colombia), el Dr. Marcelo Cypriano Motta (Brasil) y el Sr. Josué Meneses (Perú).
Leer información en Portugués
Washington Uno América denunció a Bolivia por crímenes de lesa humanidad ante la CIDH
ONG Uno-América presentóhoy ante la CIDH una denuncia contra Evo Morales por delitos de lesa humanidad por las muertes del 2008 en Pando
La Unión de Organizaciones Democráticas de América Latina (Uno-América), una instancia no gubernamental de origen venezolano, informó que hoy entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el presidente Evo Morales, en la que se lo hace responsable por la comisión de "delitos de lesa humanidad".
Las acusaciones que formula esta organización tienen que ver con las muertes que se produjeron en Pando durante la crisis social y política que vivió el país en septiembre de 2008, y están respaldadas por un informe en el que se detallan testimonios y documentos sobre esos sucesos.
El informe también hace una descripción de varios escenarios políticos y sociales que tuvieron desenlaces violentos, como los enfrentamientos ciudadanos de enero de 2007 en Cochabamba, los cercos al Congreso, además de los disturbios que cobraron vidas durante la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado.
La organización, que está presidida por Alejandro Peña Esclusa, un ex candidato presidencial de la oposición en Venezuela, sostiene que el Gobierno boliviano promovió la violencia en Pando y luego responsabilizó de sus efectos a la oposición y al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, actualmente detenido en una cárcel de La Paz acusado de haber instigado las muertes en esa región.
El reporte-denuncia de UnoAmérica, que fue elaborado por expertos y dirigentes sociales de organizaciones de Brasil, Colombia, Perú y Uruguay, será presentado en Washington, sede de la CIDH, por Peña Esclusa, informó esta organización a través de un comunicado.
Ver informe completo presentado ante la CIDD al final de la página.
También puede ver aquí el documento original en PDF: Informe de Pando
Fuente:
Radio Nacional del Perú
INFORME DE PANDO
(Facilitado por Noticiero Digital de Venezuela)
Crisis Política y Social en Bolivia
UnoAmérica
Comisión Especial de Derechos Humanos
Colombia, junio de 2009
Comisión Especial de Derechos Humanos
Colombia, junio de 2009
Organizaciones y personalidades que suscriben el presente informe
-Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo (AFAVIT) — Perú
-Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla Colombiana (AVCG)
-Centro de Estudios por los Derechos Humanos de Uruguay
-Federación Verdad Colombia
-Fundación Orión — Venezuela
-Movimiento por la Verdadera Historia — Argentina
-ONG 1810 — Argentina
-Asociación Civil Fuerza Solidaria — Venezuela
-Dr. Wálter Arrazola Mendivil — Diputado Nacional — Bolivia
-Dra. Graça Salgueiro — Brasil
-Dra. María Fernanda Cabal — Colombia
-Dr. Marcelo Cypriano Motta — Brasil
-Sr. Josué Meneses Huayra — Perú
Abogado responsable de redactar la acusación
Dr. Jaime Arturo Restrepo Restrepo — Defensor de Derechos Humanos — Colombia
ÍNDICE
Nota aclaratoria
1. Introducción
2. Antecedentes
3. La primera “oleada”: Cochabamba
4. La segunda “oleada”: Los cercos al Congreso
5. La tercera “oleada”: Una Constitución teñida de sangre
6. Los referendos del año 2008
7. El “desempate” en Pando: Cronología de una agresión
8. Conclusión
9. Anexo: Personas afectadas por violaciones a derechos humanos
Nota aclaratoria
UnoAmérica elaboró un informe sobre los hechos de agresión y violencia suscitados en Pando en septiembre de 2008. Está redactado en forma de acusación, utilizando los términos jurídicos que corresponden a un caso penal, para ser introducido en los tribunales internacionales.
El informe está acompañado de numerosos recaudos probatorios, entreellos los testimonios de testigos presenciales de los hechos, refrendados con su huella digital; así como numerosos videos caseros o amateur.
El documento que se presenta a continuación es un resumen del informe original, redactado con un lenguaje más sencillo, para ser publicado y difundido al público en general.
Contiene información suficiente para demostrar la responsabilidad del gobierno de Evo Morales en la llamada masacre de Pando. Sin embargo, de requerirse, UnoAmérica queda a la orden de los lectores para suministrar elementos adicionales.
1. Introducción
A partir del 11 de septiembre de 2008, se suscitaron en las localidades de El Porvenir y Cobija, ubicadas en la provincia de Pando, una serie de hechos de agresión, que culminaron con saldo de numerosos muertos, heridos, secuestrados y exilados.
El gobierno boliviano culpó a los factores de oposición de la violencia, particularmente al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien hasta la fecha permanece en la cárcel.
Posteriormente, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, designó una Comisión para el Esclarecimiento de los Hechos de Pando, presidida por el subsecretario de Derechos Humanos de Argentina, Rodolfo Mattarollo, la cual produjo un informe que avaló totalmente las actuaciones del gobierno boliviano y responsabilizó al prefecto Fernández de la violencia.
El informe generó abundantes críticas en Bolivia, en buena medida por la trayectoria de Mattarollo, quien fue fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y quien en el pasado estuvo involucrado en no pocos actos terroristas. Además, el informe presentaba bastantes imprecisiones, omisiones, inconsistencias y falsedades.
Dadas las discrepancias y sospechas sobre lo ocurrido, la Unión de Organizaciones Democráticas de América, UnoAmérica, decidió, desde principios del año 2009, elaborar un informe
independiente sobre los hechos de Pando, enviando para tal fin a representantes de organizaciones no gubernamentales (ONGs) de derechos humanos, provenientes de Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela.
Los delegados internacionales arribaron a Santa Cruz de la Sierra el 25 de marzo de 2009. Les tomó cinco días levantar un informe de campo, con datos recabados en Santa Cruz, La Paz y en el propio departamento de Pando. Se tomaron declaraciones a testigos presenciales de los hechos, quienes relataron de forma conmovedora lo sucedido, responsabilizando a personeros del gobierno y miembros del partido oficialista MAS de haber provocado las agresiones contra los habitantes de las Municipalidades de El Porvenir y de Cobija, y de haber violando flagrantemente sus derechos humanos.
Llama la atención que, durante su estadía en Bolivia, los delegados internacionales de UnoAmérica fueron seguidos y hostigados por quienes se presume eran funcionarios de inteligencia, lo cual los obligó a tomar medidas de seguridad, entre ellas —en el caso de quienes se encontraban en Pando—trasladarse a territorio brasileño para pernoctar.
El 30 de marzo, los activistas de derechos humanos ofrecieron una rueda de prensa enSanta Cruz, informando sobre los resultados preliminares de su investigación.
Las pruebas recabadas eran incontestables: el gobierno de Evo Morales había planificado y ejecutado los hechos de violencia. Vale la pena destacar que, a partir de ese momento y hasta la fecha, UnoAmérica ha sido objeto de una feroz campaña de desprestigio, basada en calumnias y mentiras, orquestada por medios de comunicación vinculados ideológicamente al gobierno boliviano e, incluso, al propio Rodolfo Mattarollo, entre ellos, el diario argentino Página 12.
La campaña incluye la criminalización de quienes elaboraron el informe de Pando, vinculándolos —sin presentar prueba alguna— a bizarras conspiraciones y a presuntos golpes de Estado. Creemos que tales acusaciones no hacen sino comprobar la culpabilidad de quienes aparecen señalados en este informe como los verdaderos responsables —y/o encubridores— de la masacre de Pando.
Alejandro Peña Esclusa
Presidente de UnoAmérica
www.unoamerica.org
2. Antecedentes
Para poder comprender los hechos sucedidos en Pando en septiembre del año 2008, es necesario conocer los antecedentes de la crisis política y social que se vivió y se vive todavía en Bolivia coincidente con la llegada al poder de Evo Morales.
La división geográfica, cultural y regional, son factores a ser tomados en cuenta para poder comprender las dos visiones distintas de país que existen en Bolivia. La geografía electoral y la composición regional del poder son otros factores que deben tenerse en cuenta.
Bolivia esta divida entre occidente y oriente, la primera ubicada en los Andes, mayoritariamente indígena —Aymara/Quechua— y la otra mestiza, con apenas diez por ciento de indígenas “puros” pertenecientes a treinta y tres diferentes etnias.
A los Andes del occidente les corresponde un tercio de la geografía de Bolivia, pero contienen aproximadamente dos tercios de la población votante; Mientras que el oriente —denominado Media Luna— abarca dos tercios del territorio boliviano, pero sólo cuenta con un tercio del electorado. Sin embargo, el oriente de Bolivia aporta más de la mitad del PIB nacional.
Las elecciones presidenciales bolivianas se llevaron a cabo el 18 de diciembre de 2005. Los resultados finales otorgaron el triunfo a Evo Morales, con cerca de 54% de votos a favor. Estas elecciones pasarán a la historia por haber marcado el inicio de la Elección de Prefectos Departamentales mediante el voto directo, puesto que antes eran designados directamente por el Presidente de la República.
Pero si bien Evo Morales obtuvo la mayoría a nivel nacional, los resultados regionales reflejaron un país seriamente dividido. El Movimiento al Socialismo (MAS) perdió en la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija), es decir, en los denominados departamentos “autonomistas“, que históricamente han buscado la descentralización administrativa, la cual ha sido lamentablemente postergada en Bolivia, a diferencia de otras naciones latinoamericanas, que sí han modernizado
su gestión administrativa mediante la descentralización. En estos cuatro departamentos, la población eligió prefectos que estaban en la línea opositora a Evo Morales, al igual que sucedió en Cochabamba e, incluso, en La Paz. Paradójicamente, el partido de Evo Morales —Movimiento al
Socialismo— logró controlar solamente tres prefecturas.
En cuanto al Congreso, el MAS obtuvo mayoría simple en la Cámara de Diputados; pero quedó en situación minoritaria en el Senado, faltándole sólo tres votos para lograr mayoría simple. “Hemos llegado al gobierno, pero todavía no tenemos el poder” dijo el Presidente Morales en uno de sus discursos, dejando deslizar con esta frase que pretendía modificar las reglas del juego democrático para promover un proyecto diferente.
El pilar fundamental del cambio ha sido, sin duda, la elaboración de una nueva Constitución, como también lo ha sido en Venezuela y Ecuador, países enmarcados, como lo está Bolivia, dentro del denominado Socialismo del Siglo XXI.
El informe de lo ocurrido en la Bolivia gobernada por Evo Morales, no podría dar cuenta de las causas y desencadenantes de los hechos de violencia sin tomar en cuenta el proyecto de país que se planteó implementar Morales desde su arribo a la presidencia. Surge la interrogante, ¿A qué costo Evo Morales estaría dispuesto a conseguir las reformas que le permitirían un país diseñado bajo el modelo del Socialismo del Siglo XXI?
Empate Catastrófico y el punto de bifurcación
El Vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, respondió claramente a esta interrogante en un revelador discurso que dio en la Escuela de Pensamiento Comuna el 17 de diciembre de 2007, titulado Empate catastrófico y punto de bifurcación.
En su discurso, García Linera planteó que Bolivia estaba desgarrada entre dos visiones distintas de país, una de corte neoliberal y otra revolucionaria. Cada visión respaldada por una considerable porción de la población, con poder propio y mecanismos de presión. Tarde o temprano, asegura García Linera, se produce una confrontación entre ambas visiones, pero solo una de ellas vence.
“El empate catastrófico es una etapa de la crisis de Estado… un momento estructural, que se caracteriza por tres cosas: confrontación de dos proyectos políticos nacionales de país, dos horizontes de país con capacidad de movilización, de atracción y de seducción de fuerzas sociales; confrontación en el ámbito institucional —puede ser en el ámbito parlamentario y también en el
social— de dos bloques sociales conformados con voluntad y ambición de poder, el bloque dominante y el social ascendente; y en tercer lugar, una parálisis del mando estatal y la irresolución de la parálisis. Este empate puede durar semanas, meses, años; pero llega un momento en que tiene que producirse un desempate, una salida…”.
“La salida al empate catastrófico sería la tercera etapa de la crisis del Estado que la vamos a denominar construcción hegemónica ascendente. Está marcada por la conflictividad y, por lo general, se da por oleadas. Los textos de Marx, sobre la crisis política de 1848 a 1849, son muy ilustrativos de esa idea de conflictividad por oleadas, que van y vienen: estabilidad, conflictividad, estabilidad, conflictividad…”.
“Esta crisis, obligatoriamente, tiene que acabar en algún momento, ninguna sociedad vive permanentemente ni en movilizaciones (la creencia del anarquismo) ni permanentemente en estabilidad (la creencia del cristianismo). Puede haber inestabilidades, luchas, pero en algún momento tiene que consolidarse una estructura de orden que va a seguir teniendo conflictividades internas, por supuesto, pero luego, se va a poder decir: A partir de este momento, tenemos un neoliberalismo reconstituido o tenemos un Estado nacional, indígena, popular, revolucionario. A ese momento histórico, preciso, fechable, le hemos puesto el nombre de punto de bifurcación…”.
“Un punto de bifurcación inevitablemente es un momento de fuerza… es un momento en que la política, en verdad, deviene en la continuación de la guerra por otros medios. Es un momento en que Nietzsche y Foucault tienen razón. Un punto de bifurcación es, en el fondo, un hecho de fuerza en la medición práctica de las cosas. Es un hecho de liderazgo, de hegemonía en el sentido gramsciano del término, de liderazgo moral sobre el resto de la sociedad…”.
“En el caso de Bolivia, pareciera ser que nos estamos acercando al punto de bifurcación, es cuestión, tal vez, de meses o de días, es meramente intuición reflexiva, pero no se puede atrasar mucho más…”.
“¿Qué más puede pasar en los siguientes días? Una contraofensiva territorial en dos dimensiones, que de hecho ya está sucediendo. Es probable que en alguno de esos momentos se ponga a prueba la capacidad de disuasión del nuevo bloque social de poder y esto hará que se visibilice su capacidad de decisión, a partir de su capacidad de movilización social a nivel nacional, a nivel departamental y, fundamentalmente, a nivel regional; y será evidente en la capacidad de mantener el mando, el control y el cumplimiento de las estructuras de coerción legítima que tiene el Estado, vale decir, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.” 1
Nótese que García Linera no contempla el diálogo y la convivencia entre esas dos visiones, como debería ocurrir normalmente en un sistema democrático, en el que todos los ciudadanos tienen el derecho a pensar y a opinar según su propio criterio, sino que plantea una confrontación, en la que, indefectible e inexorablemente, debe haber un ganador y un perdedor. Plantea la imposición deuna visión sobre otra y, de ser necesario, por medio de hechos de fuerza… “un
momento en que la política deviene en la continuación de la guerra por otros medios“.
Esta no es la visión personal del Vicepresidente, sino una política de Estado, compartida por todos los integrantes del Alto Gobierno, quienes en diversas oportunidades han expresado posiciones parecidas a las de García Linera, al considerar a los adversarios políticos, como “enemigos“, a los cuales
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1 García Linera, Álvaro. “Empate catastrófico y punto de bifurcación”. Disertación en la Escuela de
pensamiento Comuna, 17 de diciembre de 2007. Disponible en
http://www.forumdesalternatives.org/ES/readarticle.php?article_id=4844
hay que vencer y doblegar. Se trata, sin duda, de una concepción distinta —y opuesta— a la que normalmente prevalece en una democracia.
Considerados retrospectivamente, los hechos de violencia suscitados en Pando constituyen la confirmación en la práctica de los planteamientos teóricos de García Linera. Podría incluso afirmarse que el gobierno buscaba y hasta deseaba una confrontación, para lograr el tan ansiado “punto de bifurcación” que permitiría dejar atrás el “empate catastrófico”.
Pando no fue el único “punto de bifurcación”, pero sí probablemente el más importante, porque sirvió para imponer la supremacía de la visión oficialista por encima de la visión de los demás sectores. Antes de Pando, hubo una serie de confrontaciones similares, que podrían describirse —usando los mismo términos de García Linera— como “oleadas” de conflictividad seguidas de estabilidad.
3. La primera “oleada”: Cochabamba
En las elecciones generales de 2005, en Cochabamba se produjo un voto “cruzado”; si bien Evo Morales obtuvo la mayoría en ese departamento, la oposición ganó la prefectura, que recayó en manos de Manfred Reyes Villa.
Los primeros roces entre el gobierno central y el regional comenzaron a raíz de la decisión de Reyes Villa de promover la autonomía. Como consecuencia, la Confederación de Campesinos, dirigida por partidarios del MAS, pidió la renuncia del Prefecto. A esta demanda se sumaron los dirigentes de la Central Obrera Departamental de Cochabamba, afines al oficialismo; así como los pobladores del Trópico, cuyos residentes son cocaleros y, por tanto, partidarios de Morales.
La crisis se acentuó a finales del año 2006, porque Reyes Villa se sumó públicamente al clamor de cinco prefectos, quienes pedían que cualquier norma dentro de la Asamblea Constituyente se aprobase tal como estaba planteada en la Ley de Convocatoria, es decir, con dos terceras partes de los votos, y no con mayoría simple, como exigía el MAS.
La población de Cochabamba comenzó a realizar movilizaciones en apoyo a los dos tercios, es decir, en apoyo a la Ley. En respuesta, en enero 2007, el MAS movilizó a decenas de miles de cocaleros para tomar por asalto la ciudad de Cochabamba, con el objetivo expreso de deponer al Prefecto.
El 3 de enero de 2007, la Central Obrera Departamental y otras organizaciones afines al gobierno de Morales, instalaron una vigilia frente a las oficinas de la Prefectura, ubicadas en la Plaza 14 de Septiembre, en el centro de la ciudad de Cochabamba. El senador oficialista, Omar Fernández, hizo un llamado abierto en dicha plaza, instando a las masas cocaleras-campesinas a tomar por asalto a la Prefectura y a derrocar a Reyes Villa.
El 8 de enero de 2007, los movimientos afines al MAS quemaron parte de la fachada y algunas de las oficinas al interior de la Prefectura. Los intentos de diálogo fueron vanos. Efectivos de la policía intentaron resolver la situación, pero no lograron desalojar a los sitiadores. Las imágenes de violencia registradas por los medios, muestran a la actual Ministra de Justicia, Celima Torrico, acompañando a los masistas en la quema de la Prefectura de Cochabamba.
El 10 de enero de 2007, los cochabambinos realizaron una concentración en la Plaza de las Banderas, exigiendo el derecho al trabajo y al libre tránsito, puesto que en la ciudad no se podía transitar ni trabajar normalmente. Los movimientos afines al MAS habían cercado la ciudad y cerrado las vías de acceso al departamento. Los masistas decidieron desplazarse hacia la misma plaza.
Finalmente, y como era de esperarse, el 11 de enero de 2007 se produjo un enfrentamiento entre citadinos contra campesinos, cívicos contra cocaleros 2.
Como consecuencia, murieron tres personas: Juan Ticacolque y Lucio Ticacolque, del sector campesino cocalero (muertes que no han sido investigadas, puesto que los campesinos impidieron que se realizaran las necropsias y otras pruebas). Por el sector cívico falleció de forma cruenta —a machetazos— y luego fue colgado de un árbol, el menor de diecisiete años Christian Urresti Ferrel, a quien se lo arrastró para ser torturado, puesto que ya estaba herido y caído, pero aún con vida.
La policía sólo contaba con cuatrocientos efectivos para contener miles de personas enfrentadas. Las Fuerzas Armadas no atendieron el pedido de la policía de colaborar con el reestablecimiento del orden público. Además de los tres muertos, hubo más de doscientos heridos. El enfrentamiento pudo haber sido evitado, pero el gobierno nacional no hizo nada para impedirlo.
Esta “primera oleada” en Cochabamba finalizó el 12 de enero, cuando Evo Morales salió públicamente a contener a sus seguidores. El 16 de enero, los sectores campesinos cocaleros se replegaron a sus lugares de residencia fuera de la ciudad, dejando al Consejo Departamental, órgano legislativo de la Prefectura, la solución del conflicto.
El 11 de enero de 2007 fue sólo el preludio de los episodios de violencia que, con características similares, se suscitaron poco después en Sucre, Santa Cruz, Tarija y Pando.
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2 http://www.youtube.com/watch?v=UrYBOjcv7Hs&feature=related y
http://www.youtube.com/watch?v=dC8tI8MYjdg&feature=related
4. La segunda “oleada”: Los cercos al Congreso
Al igual que Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales planteó como uno de sus principales proyectos la elaboración de una nueva Constitución Política del Estado (CPE). Para tal fin, el 2 de julio del 2006 se eligieron los diputados a la Asamblea Constituyente, quienes tenían como misión la redacción de la nueva Carta Magna, la cual debía ser aprobada —como estaba establecido en la convocatoria— por dos tercios de los votos.
El Movimiento al Socialismo contaba con una mayoría simple en la Asamblea, pero no alcanzaba a tener mayoría calificada —es decir, los dos tercios— por lo cual desde el inicio de las deliberaciones trató de modificar el reglamento de debates, para intentar aprobar los artículos de la Constitución por mayoría simple.
La Asamblea Constituyente dedicó ocho meses a discutir los términos del reglamento de debates, dejando a un lado la redacción de la CPE. La oposición denunció que el MAS quería imponer la Carta Magna por mayoría simple porque tenía una versión ya elaborada (con apoyo de asesores extranjeros), que no contemplaba las propuestas y aportes de los demás sectores. Según los opositores, el MAS se negaba a discutir temas como el de la capitalidad (ubicación de la capital del país) y la autonomía de las regiones.
Este aspecto del “empate catastrófico“ dentro de la Asamblea, dio origen a una serie de movilizaciones opositoras en todo el país (marchas, huelgas, paros, etc.), para hacer respetar los términos de la convocatoria a la Constituyente, particularmente la obligatoriedad de ser aprobada por mayoría calificada. Por su parte, el MAS recurrió a presiones de otro tipo, basadas en cercos a la Asamblea, para forzar la aprobación de su proyecto con mayoría simple.
El propio presidente Evo Morales —junto con todo el Alto Gobierno— promovió abiertamente varios cercos al Congreso, alegando que la oposición estaba obstaculizando lo que, según él, era la voluntad popular. El objetivo de los cercos era presionar a los parlamentarios, para que aprobasen las propuestas del MAS, particularmente la abrogación de los dos tercios.
El 29 de noviembre de 2006, los grupos afines al MAS impidieron el ingreso de los parlamentarios de oposición al Congreso Nacional, puesto que no terminaban de aprobar una serie de leyes propuestas por el oficialismo, entre ellas, la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, así como cuarenta y cuatro contratos petroleros y la validación de un acuerdo de cooperación militar con Venezuela. El oficialismo habilitó —unilateralmente— a dos senadores suplentes de la oposición para así poder lograr la aprobación.
Un año más tarde, el 26 de noviembre de 2007, Evo Morales encabezó una marcha hacia la sede del Congreso, protagonizada por los denominados “movimientos sociales”, en protesta contra el Senado, acusándolo de sabotear la aprobación de las leyes que su gobierno identificaba como “propiciadoras del cambio“. Al día siguiente, miles de jubilados y rentistas, cooperativistas, cocaleros, campesinos y sectores sociales de El Alto, llegaron al Congreso para exigir la modificación de la ley que regulaba las sesiones de la Asamblea Constituyente (querían eliminar los dos tercios) y la reducción de los fondos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que benefician a los departamentos y municipios (el IDH es indispensable para que las autonomías cuenten con alguna viabilidad).
Como consecuencia de la presión y las amenazas a la integridad física de los parlamentarios, el Congreso aprobó todas las leyes mencionadas, sin debate, sin consenso, y sin ejercicio real de la democracia.
Cercos similares ocurrieron en el año 2007 en la ciudad de Sucre, lugar oficial en el que sesionaba la Asamblea Constituyente, para forzar la aprobación de la Constitución en los términos que exigía el Movimiento al Socialismo (ver próximo capítulo).
Durante el año 2008, la estrategia de los cercos al Congreso continuó, esta vez para exigir la promulgación de la Ley de Convocatoria al Referéndum para la nueva Constitución Política del Estado, cuyo texto había sido aprobado de manera irregular en diciembre de 2007, en la ciudad de Oruro.
El 26 de febrero, los denominados movimientos sociales se apostaron en las afueras del Parlamento Nacional. Entre ellos había campesinos afines al MAS y milicias indígenas pertenecientes a los llamados “ponchos rojos”, caracterizados por su tendencia irracional y violenta.
Dos días más tarde, los oficialistas agredieron a dos diputadas opositoras. “Mujeres y hombres que cercaron el Congreso ayer escupieron y golpearon a dos parlamentarias que trataron de participar en la sesión” tituló el diario La Razón al día siguiente. “Me golpearon con un casco de minero por la espalda, me escupieron todo lo que quisieron, me botaron con platos de comida, me patearon y, lo peor de todo, frente a la Policía”, relató la Diputada Ninoska Lazarte. La congresista contó que las mujeres masistas la empujaban hacia la plaza, donde estaba la turba, pero los periodistas y algunas personas le ayudaron a salir. “Si no hubieran estado los periodistas, me linchaban”, declaró la diputada Lazarte. “Temo por mi vida… Lo que pase conmigo, con mi familia y con la familia de otros parlamentarios es responsabilidad del Presidente”, dijo. Tres horas más tarde, la diputada por la provincia del Beni, Marisol Abán, también fue agredida por la gente que cercaba el Congreso. Ella contó que en la tarde trató de ingresar tres veces al hemiciclo, pero la gente no la dejó, además recibió golpes con palos y puñetes. Como consecuencia, fue necesario proporcionarle auxilio médico y oxígeno.
El 21 de octubre de 2008, el presidente Evo Morales encabezó una marcha desde la localidad de Caracollo, Oruro, hasta La Paz, para exigir la sanción de la Ley de Convocatoria a Referéndum Nacional Constituyente. Forzado una vez más por la presión popular y las amenazas de violencia, el Congreso convocó el referéndum para el 25 de enero de 2009.
El 12 de enero del 2009, Evo Morales declaró: “Aquí viene la advertencia. Si algún parlamentario se opone y no aprueba normas del Congreso Nacional, basadas en el voto del pueblo boliviano, implementaré (…) decretos supremos (la aplicación de) la nueva constitución.”
5. La tercera “oleada”: Una Constitución teñida de sangre
Sucre, la Capital histórica de la República de Bolivia, fue elegida como sede de la Asamblea Constituyente. Desde el inicio de las sesiones, se desarrolló un proceso controvertido en el que se dedicó mucho más tiempo a la discusión del método de aprobación (el tema de los dos tercios), que a la redacción del texto constitucional.
Luego de un año de discusiones, se consumió el período de sesiones estipulado para elaborar la Constitución y hubo que ampliarlo, mediante un acuerdo parlamentario.
La prórroga de seis meses aprobada por el Congreso, también se consumió sin que se produjesen resultados concretos. Circunstancia que fue utilizada por la presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, para ordenar —de manera ilegal— el traslado de las sesiones de la Asamblea a las instalaciones militares de La Glorieta, para así aprobar unilateralmente el texto redactado por el MAS.
En apenas un día, los asambleístas del Movimiento Al Socialismo, leyeron y aprobaron los 21 informes de comisiones, saltando todos los pasos señalados en el reglamento interno de la Asamblea y desestimando las opiniones de los demás asambleístas.
Conscientes de que tal decisión generaría reacciones de protesta, el MAS organizó un cerco a la ciudad de Sucre; sin embargo, eso no impidió que la población se manifestara contra las imposiciones ilegales del oficialismo. La feroz represión contra la población, encabezada personalmente por el Ministro de Gobierno, Alfredo Rada, produjo como consecuencia tres muertos y más de trescientos heridos.
Los ciudadanos de Sucre organizaron un cabildo abierto, en el que declararon ilegal la Asamblea. Se registraron los primeros enfrentamientos en inmediaciones del Teatro Gran Mariscal, dentro de la ciudad de Sucre, donde estudiantes que hacían vigilia fueron desalojados por los cuerpos de seguridad. Los hechos de violencia se desencadenaron cuando la policía decidió usar gases lacrimógenos y golpear a los universitarios detenidos.
El 23 de noviembre de 2007, la violencia se prolongó durante toda la jornada, tanto en el centro de la ciudad como en la zona de El Tejar, a cientos de metros del Palacio de La Glorieta, donde se llevaba adelante la sesión plenaria de la Asamblea Constituyente. Ese día se registraron más de ciento cincuenta heridos y sesenta detenidos.
El sábado 24 de noviembre de 2007, en medio de una violenta jornada que paralizó a la ciudad de Sucre, el Movimiento al Socialismo aprobó unilateralmente el texto constitucional. La nueva Constitución se El ministro boliviano de Gobierno (Interior), Alfredo Rada aprobó sin la participación de ciento diez asambleístas opositores.
Tras la lectura del índice de la nueva Carta Magna, sin detallarse el texto, la mayoría oficialista votó a mano alzada. Pese a que no hubo comprobación del voto, la presidenta de la Asamblea dijo que el texto fue aprobado con 136 votos de los 138 constituyentes presentes (de un total de 255 elegidos en 2006). Todo lo cual incentivó aún más la protesta y, por ende, la violencia. La gente comenzó a salir de sus casas, reclamando la aprobación irregular de la nueva Constitución, mientras que el MAS seguía trayendo a la ciudad integrantes de los movimientos sociales. Entonces, en el momento más crítico, la Policía decidió abandonar la ciudad, dejando a la urbe sin ningún tipo de seguridad ciudadana. El Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, declaró desde La Paz, que el Gobierno había ordenado el repliegue de la Policía de las calles para evitar provocaciones y agresiones de la gente.
A partir de las siete de la noche, de ese mismo día sábado 24 de noviembre, se incrementó la violencia. En el puente de la Calancha, a 300 metros del cuartel El Tejar, cayó el primer muerto, se trataba del joven abogado Gonzalo Durán Carazani. Tenía un orificio de entrada en la tetilla derecha. Llegó agonizando al hospital Santa Bárbara. Minutos después confirmaron su muerte. La noticia de la muerte de Durán caldeó más los ánimos de la población. Desde los cerros bajaban jóvenes y adultos sangrantes, la mayoría heridos por balines y otros por munición de guerra. Un video muestra al ministro Alfredo Rada observando los hechos de violencia, desde la cima de un cerro, inerme, con las manos en el bolsillo. El prefecto de Chuquisaca, David Sánchez, perteneciente al MAS, Juan Ramón Quintana, Min. de la Presidencia desapareció de la escena.
El domingo 25 de noviembre de 2007, los enfrentamientos en la ciudad de Sucre continuaron, arrojando un saldo adicional de dos muertos: José Luis Cardozo, por herida de bala calibre 5,56 milímetros, y Juan Carlos Serrudo, por el impacto de una granada de gas.
La ciudad colonial de Sucre vivía ese domingo un infierno; se había convertido en un campo de batalla, se podían ver barricadas, incendios, humaredas, saqueos y protestas incontrolables. La población culpaba a Evo Morales por querer imponer una Constitución por la fuerza.
Por su parte, Morales manifestaba su satisfacción por la “aprobación” de la nueva Carta Magna: “Quiero agradecer, felicitar a esos movimientos sociales que históricamente lucharon por la igualdad y por la justicia y ahora por garantizar una nueva Constitución Política del Estado, que con seguridad será refrendada mediante un referéndum por el pueblo boliviano“, declaró públicamente.
Las pericias del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), permitieron determinar que Gonzalo Durán Carazani y José Luis Cardoso murieron por el impacto de balas disparadas de arriba hacia abajo en un ángulo de 30 grados, por lo que se deduce que las armas (rifles) fueron accionadas por francotiradores. Meses después, la senadora opositora Tomasa Yarhui, mostró imágenes filmadas por el Canal Universitario de Sucre, donde aparecen dos francotiradores, uno de ellos apostado en el techo de una vivienda y otro encima de un árbol.
Hasta la fecha no hay ningún detenido, ni se han esclarecido las muertes de la Calancha 3.
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3 http://www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=mNuY13pnHZM y
http://www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=lBbTMyRuVh8
6. Los referendos del año 2008
Aunque el gobierno de Evo Morales identifica —indebidamente y para su conveniencia— la palabra autonomía con separatismo o escisión territorial, la descentralización administrativa ha sido una aspiración histórica de los departamentos, particularmente los que pertenecen a la llamada Media Luna.
Las regiones reclaman autonomía porque dependen excesivamente de las decisiones que se toman en La Paz. Además, el arcaico sistema administrativo boliviano requiere que los ciudadanos deban realizar los más sencillos trámites burocráticos en las oficinas centrales, y no en sus respectivas ciudades. Por eso, el sentimiento autonómico es muy anterior al gobierno de Morales.
Sin embargo, como resultado de las tres “oleadas” de agresión, descritas en los capítulos anteriores, la lucha por las autonomías adquirió un significado aún más profundo. Comenzó a ser vista por las regiones no sólo como una reivindicación administrativa, sino como un mecanismo para protegerse de un gobierno que asumía cada vez más rasgos autoritarios, centralistas e, incluso, violentos.
La Convocatoria a una Asamblea Constituyente, aprobada en el año 2006, incluía entre sus normativas, la realización de referendos que permitirían a las regiones aprobar Estatutos Autonómicos y, como consecuencia, la administración de parte de sus recursos.
El primero de los referendos se realizó en Santa Cruz, el 4 de mayo del 2008, en el cual la autonomía obtuvo una aplastante victoria, con 86% de los votos a favor. Semanas más tarde, triunfaron las autonomías en Beni, Tarija y Pando. Todo lo cual originó un sentimiento que contagió a los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca e, incluso, La Paz; donde un gran número de simpatizantes comenzaron a promover los Estatutos Autonómicos.
El impacto del triunfo de las autonomías se vio disminuido por el anuncio de nuevos comicios. En una inesperada sesión del Congreso, se aprobó la Ley de Referéndum de Revocatoria de Mandato Presidencial y Prefectural, lo cual permitía medir la fuerza electoral del oficialismo y la oposición, y así dejar a un lado las discusiones sobre las autonomías.
Sectores de la oposición consideran que fue un error por parte de los parlamentarios del partido opositor Podemos aprobar la Ley, porque eso lepermitió al gobierno desviar la atención sobre temas más relevantes y urgentes, como por ejemplo, asegurar la implementación de los Estatutos Autonómicos aprobados.
Los nuevos comicios favorecieron al oficialismo, porque Evo Morales fue ratificado con el 67% de los votos a nivel nacional. Aunque los prefectos de la Media Luna también fueron ratificados, dos prefectos opositores fueron revocados.
Morales interpretó los resultados como un apoyo no sólo a su gestión, sino a todo su proyecto, incluyendo la nueva Constitución y el centralismo; es decir, justamente lo contrario a los Estatutos Autonómicos. En resumen, el referendo revocatorio fue usado por el oficialismo como argumento para —de facto— desconocer las autonomías.
Según un documento secreto —que posteriormente se hizo público— titulado “Marcha hacia el Oriente”, el departamento escogido por el oficialismo para comenzar a dar marcha atrás a las autonomías fue precisamente Pando.
Pero mientras tanto, se tomaron medidas administrativas orientadas a debilitar la independencia de las regiones, entre ellas, la confiscación de los Impuestos Directos a los Hidrocarburos (IDH).
La confiscación de los Impuestos Directos a los Hidrocarburos hacía de la autonomía una quimera, porque dejó a los gobiernos departamentales sin capacidad de gestión y sin posibilidad de terminar obras ya comenzadas. Como consecuencia, en septiembre de 2008, se desataron protestas por la restitución de los IDH en los cuatro departamentos de la Media Luna, a los cuales se sumó Chuquisaca, ahora gobernada por la dirigente indígena Sabina Cuellar, opositora a Evo Morales.
En respuesta a las protestas, el oficialismo desplazó alrededor de veinte mil campesinos —con armas de fuego y cartuchos de dinamita— hacia Santa Cruz, amenazando con invadir la ciudad y desatar la violencia, como se había hecho anteriormente en Cochabamba, La Paz y Sucre.
Marcha hacia el Oriente Boliviano
El periodista Carlos Valverde, en el programa Sin Letra Chica, que sale al aire en la televisora PAT, a las 10:00 de la noche, reveló un documento titulado “Plan Marcha hacia el Oriente“, fechado en enero de 2008 y elaborado por un sector de las Fuerzas Armadas. El documento tiene el sello de “secreto“ y está refrendado —presuntamente— por la firma del comandante del Ejército, Freddy Mackay.
El plan consiste en entrenar “voluntarios“, es decir, grupos irregulares, con la participación de “chavos caribeños” (supuestamente, cubanos o venezolanos), con el objetivo de intervenir en la provincia de Pando. También habla de un “batallón de voluntarios” que planificará, organizará, operará el entrenamiento militar en Riberalta, con apoyo del Centro de Instrucción de Operaciones en Selva (CIOS), en instalaciones de la Escuela Militar de Ingeniería y el apoyo regional para la formación técnica del personal de voluntarios (Vale la pena destacar que cerca de la zona existe un Comando Amazónico de Fuerzas Binacionales, donde operan militares bolivianos y venezolanos).
Finalmente, el documento explica que se crea la “columna Porvenir” del batallón de voluntarios de la red troncal en las ciudades de Cobija y Riberalta. Su tarea es operar en Cobija y alrededores para luego recibir al resto del Ejército. Su propósito es el de “iniciar la recuperación del país, empezando por el norte, el sector más débil del oriente“.
Según el documento, el plan cuenta con la participación de los ministerios de Gobierno, Defensa, Justicia y el viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales.
Como era de esperarse, fuentes del Ejercito desconocieron públicamente la autoría del documento, pero los hechos ocurridos en Pando guardan idéntica similitud con lo expresado en el plan.
Vale la pena destacar que cerca de la zona existe un Comando Amazónico de Fuerzas Binacionales, donde operan militares bolivianos y venezolanos.
7. El “desempate” en Pando: Cronología de una agresión
Pando es uno de los nueve Departamentos que conforman la República de Bolivia, se encuentra al norte del país, cuenta con una población de aproximadamente setenta mil habitantes, su capital es la ciudad de Cobija. Tiene una extensión de 63.827 Km2, y cuenta con 5 provincias, 15 municipios y 51 cantones. Limita al norte con la República de Brasil; al sur con el Departamento de La Paz; al este con el departamento de Beni y la República de Brasil, y al oeste con la República del Perú.
El departamento de Pando se comunica con el interior y exterior del país por vía aérea mediante un aeropuerto ubicado en Cobija. Esta es la principal vía de comunicación. Los ríos le sirven como enlace entre sus regiones. Están en construcción varias carreteras ínterdepartamentales e interprovinciales, pero actualmente solo cuenta con cuatro caminos de acceso por tierra, que en tiempos de lluvia son intransitables.
Pando es el departamento menos poblado de Bolivia, el más alejado, uno de los más pobres y con elevados índices de subdesarrollo, y, justamente por eso, fue escogido por el gobierno de Evo Morales para provocar —parafraseando al vicepresidente Álvaro García Linera— el “punto de bifurcación“ o el final del “empate catastrófico”.
Mapa de la República de Bolivia
El departamento de Pando se comunica con el interior y exterior del país por vía aérea mediante un aeropuerto ubicado en Cobija. Esta es la principal vía de comunicación. Los ríos le sirven como enlace entre sus regiones. Están en construcción varias carreteras ínterdepartamentales e interprovinciales, pero actualmente solo cuenta con cuatro caminos de acceso por tierra, que en tiempos de lluvia son intransitables.
Pando es el departamento menos poblado de Bolivia, el más alejado, uno de los más pobres y con elevados índices de subdesarrollo, y, justamente por eso, fue escogido por el gobierno de Evo Morales para provocar —parafraseando al vicepresidente Álvaro García Linera— el “punto de bifurcación“ o el final del “empate catastrófico”.
Los hechos de agresión en Pando fueron previstos y anunciados desde el 7 de agosto de 2008 por el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien — a pesar de su condición de funcionario público— viajó ese día a Pando para proponer públicamente “darle sepultura” al prefecto Leopoldo Fernández en el último foso de la tierra, para que “conviviera con los gusanos“.
Quintana manifestó sus intenciones abiertamente, sin percatarse de que lo estaban filmando 4.
Quintana manifestó sus intenciones abiertamente, sin percatarse de que lo estaban filmando 4.
El periodista que grabó las imágenes, Jorge Melgar, fue posteriormente secuestrado por encapuchados en su propio domicilio, en horas de la madrugada, y trasladado ilegalmente a La Paz, donde fue acusado y encarcelado por supuestos delitos de terrorismo y sedición, sin que haya tenido un juicio justo.
Días antes de la agresión, ya se rumoraba en Pando que el MAS estaba organizando una marcha de campesinos hacia Cobija. El prefecto Leopoldo Fernández dio declaraciones a Carlos Valverde, el conductor del programa Sin Letra Chica, pidiendo a las autoridades nacionales evitar lo que ya se configuraba como una tragedia.
Cronología de los acontecimientos
El 11 de septiembre del año 2008, se presentaron en el municipio de El Porvenir, adscrito al departamento de Pando, fatídicos hechos de violencia en donde fueron acribilladas, lesionadas, secuestradas, y torturadas gran cantidad de personas.
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4 http://www.youtube.com/watch?v=6yZiXzZy7Lk&feature=related,
http://www.elmundo.com.bo/Editorialnew.asp?edicion=08/10/2008 y
http://www.laestrelladeloriente.com/noticia.php?idnoticia=4219
Prefecto de Pando
Leopoldo Fernández
Con antelación al 11 de septiembre de 2008, el Movimiento al Socialismo (MAS) convocó y reclutó alrededor de mil campesinos en los municipios de Riberalta, Gonzalo Moreno, Villanueva, Puerto Rico, Sena, Santos Mercados, las Piedras y Filadelfia; para posteriormente dirigirse a la capital del Pando, Cobija, con los fines de enfrentar a los ciudadanos que realizaban manifestaciones en favor de la autonomía (autonomistas) y de exigir la renuncia del prefecto, Leopoldo Fernández.
De acuerdo con el testimonio recabado a uno de los ciudadanos que participó en la marcha hacia Cobija, el MAS había adquirido y repartido a los campesinos armas, municiones, explosivos y bombas lacrimógenas.
El 8 de septiembre del 2008, a las 11:00 de la mañana, en una reunión ampliada de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Madre de Dios, se anunció la salida de más de cien personas procedentes de Riberalta (población ubicada en el departamento del Beni, en la frontera con Pando), hacia Cobija.
El 10 de septiembre, a través de una entrevista televisada, el dirigente campesino del MAS, Javier Peñaranda, advirtió claramente las intenciones de su gente: “Es un hecho que los compañeros de diferentes municipios de Villa Nueva, Santos Mercados, Las Piedras, Gonzalo Moreno, están esperando en el municipio de allá de Filadelfia, y son 40 comunidades que saldremos… primeramente se va a buscar el dialogo, si es que no se quiere el diálogo, no quisiéramos que haya enfrentamiento, y no quisiéramos que una persona, un campesino herido, tanto del lado de allá como del lado de acá salga herido, y llegue como se diría, esto a terminar con sangre, en cosa trágica”
Según explicó la presidenta del Comité Cívico de Pando, Ana Melena Suzuki (ahora refugiada política en Brasilea, Brasil), el 10 de septiembre, a las 19:00 horas, recibieron la llamada de una joven, quien en forma exaltada les advirtió: "Hoy es el día, salen de la comunidad de Filadelfia a las 24:00 horas y están armados, van a encontrarse con los de Riberalta, van a Cobija y van a matar".
Para llegar a Cobija les era obligado pasar por el Municipio de El Porvenir. Dado que el prefecto Fernández estaba avisado de las movilizaciones, ordenó cavar dos zanjas en El Porvenir, lo suficiente profundas para impedir el paso de vehículos. Paralelamente, Fernández se comunicó con los jefes locales del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía, pidiéndoles desarmar a los campesinos e impedirles el paso, justamente para evitar una masacre; sin embargo, la autorización para hacerlo, solicitada a los mandos superiores ubicados en La Paz, nunca llegó. Adicionalmente, comisiones de autonomistas se desplazaron hacia El Porvenir, para tratar de convencer, por la vía del diálogo y la conciliación, a los campesinos, a fin de que regresaran a sus hogares.
En la madrugada del 11 de septiembre, dos grupos de campesinos dirigidos por el MAS llegaron a los sectores de Tres Barracas y Cachuelita, donde se encontraban las zanjas. Aproximadamente a las 03:00 horas, el primero de ellos, que venía de Filadelfia, disparó sus armas contra los autonomistas, produciendo como resultado los dos primeros heridos: Roger Arellana y Edgar Vaca. En la otra zanja (Tres Barracas), los autonomistas intentaban convencer al segundo grupo de campesinos que depusieran su actitud. Sin embargo, aunque parecía haberse llegado a un acuerdo, poco después los campesinos esgrimieron sus armas y dispararon a los autonomistas, a la vez que lanzaban bombas lacrimógenas (tal como se aprecian en las videograbaciones), con saldo de muertos y heridos. Entre los muertos se encontraba el ingeniero Pedro Oshiro, encargado de cavar la zanja, baleado por un francotirador ubicado en un árbol cercano.
Los agresores estaban organizados conforme a una estrategia militar, porque muchos de ellos portaban diferentes bandas de colores en sus brazos, indicando proveniencia y jerarquía. Además, según testigos presenciales de los hechos, cuyos testimonios fueron recabados por la delegación de UnoAmérica, algunos de los agresores tenían un marcado acento caribeño, que los autonomistas no supieron detectar si era de procedencia cubana o venezolana, pero definitivamente no boliviana. Varios insisten en que el francotirador que mató al ingeniero Oshiro era uno de estos caribeños.
Cuando se percataron de que estaban siendo salvajemente agredidos, los pobladores de El Porvenir salieron a defender su integridad, así como la de sus familiares, recurriendo a sus armas de cacería, produciéndose así los primeros enfrentamientos.
Con el fin de mantener la imparcialidad, los autores de este informe desean aclarar que no todos los campesinos actuaron de mala fe, así como no todos los autonomistas se comportaron correctamente. De lado campesino, se supo posteriormente que muchos fueron reclutados para participar en la marcha utilizando falsos argumentos, explicándoles que el objetivo era luchar por reivindicaciones sociales y económicas. Y del lado autonomista, algunos se excedieron en demasía al ejercer el derecho a la legítima defensa. Pero lo cierto es que la responsabilidad de los enfrentamientos recae única y exclusivamente sobre los dirigentes del MAS, por haberlos fomentado.
Hay agravantes que deben resaltarse: Primero, las agresiones fueron planificadas con antelación; segundo, la incursión fue realizada en horas de la madrugada; tercero, quienes participaron en la agresión no eran pobladores locales, sino que fueron traídos de municipios aledaños e, incluso, de otros países ajenos a Bolivia; cuarto, los agresores estaban organizados militarmente y portaban armas; quinto, los campesinos estaban dirigidos por militantes del MAS, entre los cuales había funcionarios públicos, como por ejemplo, el alcalde Miguel “Chiquitín” Becerra, adversario declarado del prefecto Leopoldo Fernández; sexto, los agresores secuestraron a varios autonomistas para usarlos como escudo humano; y séptimo, no existe registro histórico de enfrentamientos similares en el pasado, puesto que el pueblo pandino se caracteriza por su actitud pacífica y amable, por lo que se deduce que los hechos de septiembre de 2008 fueron
provocados por agentes externos.
Ninguno de estos aspectos aparece referenciado en el Informe de UNASUR, cuya coordinación y elaboración estuvo a cargo del argentino Rodolfo Mattarollo. El Informe Mattarollo no hace —y en consecuencia no responde— preguntas de vital importancias para esclarecer los hechos, como son las siguientes: ¿Quien convocó la marcha de Riberalta hacia Cobija y para qué? ¿Quién transportó personal desde La Paz hasta Riberalta para participar en la marcha? ¿Quiénes mataron a Oshiro y a los demás caídos en los hechos de Pando? ¿Quien financió la marcha de los campesinos, dotándolos de viáticos, alimentación y transporte?
El gobierno de Evo Morales responsabilizó a los autonomistas de los hechos de violencia y ordenó —esta vez sí— la intervención de los militares, pero no para desalojar a los invasores masistas, sino para reprimir ferozmente a los pobladores locales, dictar un estado de sitio, y deponer y encarcelar al prefecto Fernández, quien fue sustituido a dedo por un funcionario militar.
Meses después de los acontecimientos, Blusher Alpire, empleado y hombre de confianza de Miguel “Chiquitín” Becerra, confesó públicamente que su jefe había planificado los hechos de agresión en Pando, en coordinación con el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; el mismo que un mes antes de la masacre propuso el entierro del prefecto Leopoldo Fernández, para que conviviera con los gusanos. Actualmente, Alpire se encuentra prófugo y teme por su vida.
Al momento de escribir este informe, la Fiscalía de Cobija determinó el sobreseimiento de los únicos quince campesinos masistas imputados por homicidio, lesiones graves y tentativas de asesinato, en los hechos de violencia suscitados en El Porvenir. La Fiscalía aduce que se ha vencido la etapa de investigación sin que los elementos de acusación fueran presentados. Los únicos bolivianos que permanecen encarcelados, perseguidos o exilados son del sector autonomista.
Muerte en el aeropuerto de Cobija
El 13 de septiembre, dos días más tarde de la masacre de El Porvenir, se produjeron nuevos hechos de agresión, esta vez en el aeropuerto de Cobija.
Con el fin de dar cumplimiento a la orden del gobierno nacional de militarizar el departamento de Pando, tropas militares apertrechadas con armas de guerra fueron enviadas por vía aérea desde La Paz.
Los militares apostados en la localidad tomaron el aeropuerto de Cobija el viernes 12 de septiembre en horas de la tarde. Los pobladores de la ciudad se habían congregado en las afueras del aeropuerto, en protesta por el estado de sitio dictado por el gobierno.
La gente que había concurrido al aeropuerto había recibido la información de que llegaría en un avión una delegación humanitaria de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para investigar lo ocurrido y recibir denuncias. Pero en su lugar, llegó un avión tipo Hércules cargado de más militares.
En el portón principal del aeropuerto se presentaron periodistas, así como el pastor evangélico Luis Antonio Rivero, quien deseaba mediar entre los pobladores y los militares, a fin de evitar la represión y la violencia. Una periodista recibió un disparo en el pie, se trataba de una bala 7,62 Nato.
Rivero estaba desarmado y la única herramienta que portaba en la mano era la Biblia. Sin embargo, recibió un disparo y cayó moribundo. No se le prestó auxilio médico y durante ocho horas permaneció abandonado cerca de la pista de aterrizaje, donde fue ultimado con tiros de gracia. Para desviar la prueba técnica de necropsia, sus homicidas cubrieron los agujeros de las balas con pegamento.
"Mi hermano fue rematado, se pudo observar en su cuerpo que los orificios de entrada y salida de las balas fueron taponados y sellados con pegamento sintético, logrando así contaminar las pruebas", explicó su hermano a los medios de prensa nacional.
Luego de que los pobladores fueran dispersados con el uso de la fuerza, se inició la toma militar de la ciudad.
De acuerdo a los testimonios recabados, el sábado 13 de septiembre en horas de la madrugada, los militares comenzaron a ingresar con violencia a los domicilios de los autonomistas. Los testigos reportan golpes, torturas y disparos; los militares se condujeron no como una institución nacional, sino como una fuerza represora que no respetaba leyes ni procedimientos, agrediendo incluso a mujeres y niños, y provocando terror en la población.
Los equipos comando estaban acompañados de civiles pertenecientes al MAS, que se encargaban de identificar las viviendas de los autonomistas. Estos testimonios concuerdan con las confesiones de Blusher Alpire, quien participó en las operaciones, quien además aseguró que las acciones represivas no contaban con órdenes judiciales.
La esposa de uno de los detenidos, identificada como Shirley Aguilera, relató como ingresaron a su casa: “cuando yo me desperté ellos ya estaban adentro, con unas linternas grandes que nos alumbraban, eran militares, a mi me apretaron la cabeza y me la bajaron y me dijeron que no hable nada. A mi esposo lo agarraron, lo tumbaron al suelo, y le dijeron colaborá cojudo, le pusieron sus manos atrás le taparon su cara y lo sacaron.”
Otra de las entrevistadas, que responde al nombre de Edilse Arrázola, explicó afuera de su vivienda “a las tres y cuarto de la mañana tumbaron la puerta, yo me levanté y quise salir a la sala y me empujaron para adentro, ahí levantaron a mi hijo que es enfermito, es sordomudo, me lo tumbaron le pisaron su cuello.
Son cinco mis hijos que estaban aquí, y lloraron y decían no le pegue a mi papá. Le dieron una patada, yo les pedía que no lo golpeen porque era una persona mayor, él tiene 60 años”.
UnoAmérica tiene en su poder centenares de testimonios y declaraciones. Hemos incluido solamente unos cuantos porque, como se dijo en la nota aclaratoria inicial, el objetivo de este informe es presentar al público un resumen de los hechos. Sin embargo, el resto de los testimonios y pruebas reposa en nuestro poder para aquellos que deseen profundizar en la investigación del caso Pando.
La persecución contra los autonomistas, así como los simpatizantes y colaboradores del prefecto Leopoldo Fernández, obligó a casi trescientas personas a exilarse en las poblaciones vecinas de Epitaciolandia y Brasilea, ubicadas en Brasil. La gran mayoría permanece exilada hasta la fecha, viviendo en condiciones de abandono y miseria.
Mientras duró la operación, se negó a los medios de comunicación la cobertura de lo ocurrido, con excepción de los medios del Estado. Los periodistas que se atrevieron a informar sobre los hechos, fueron perseguidos. Según informa un comunicado emitido por la Asociación Nacional de la Prensa: “Periodistas de La Razón, de un medio extranjero y de las Redes PAT y ATB, fueron devueltos con engaños a La Paz por los militares que ocupaban el aeropuerto de Cobija”. Por estas razones, muchos de los videos recolectados por la delegación de UnoAmérica no fueron grabados por los medios televisivos; son videos de tipo casero o amateur.
Con la masacre de Pando (El Porvenir y Cobija) se había producido lo que el vicepresidente García Linera denominó en su discurso de diciembre de 2007, el “punto de bifurcación” o el final del “empate catastrófico”. Una visión de Bolivia — la socialista— se había impuesto a la otra, mediante un hecho de fuerza, tal como él lo había propuesto.
8. Conclusión
Los hechos de violencia suscitados en el departamento de Pando en septiembre de 2008 fueron, sin duda alguna, orquestados por el gobierno de Evo Morales y, por tanto, no puede hablarse de un “enfrentamiento”, sino de una “masacre”, en el sentido estricto del término.
Existen, además, varios agravantes, que justifican acusar al gobierno
boliviano por delitos de lesa humanidad ante las cortes internacionales, entre ellos, los siguientes:
Primero, la agresión fue planificada; segundo, la incursión fue nocturna; tercero, los agresores eran foráneos; cuarto, se usaron tácticas militares; quinto, el objetivo era asesinar, lesionar, secuestrar, torturar y encarcelar a un sector de la población por su forma de pensar (autonomistas); sexto, se violó el derecho al juicio justo y al debido proceso; séptimo, se negó el derecho a la información (Habeas Data); y octavo, en algunos casos, los cuerpos de seguridad del Estado usaron armas de guerra para agredir a ciudadanos civiles desarmados, y en otros, hubo omisión cómplice por parte de los funcionarios militares y policiales.
Pese a todo lo anterior, el Informe realizado por la Comisión de UNASUR
que investigó los hechos de Pando, a cargo del subsecretario argentino para los
Derechos Humanos, Rodolfo Mattarollo, responsabilizó a las víctimas (los
autonomistas) de la violencia.
El Informe Mattarollo asegura, sin presentar prueba alguna, que existían
“grupos armados por la Prefectura” a los que culpó por los muertos y heridos. Sin
embargo, la mayoría de los fallecidos y lesionados —así como todos los presos,
torturados, secuestrados y exilados— son autonomistas, como se desprende de la
lista de las víctimas de la violencia en Pando.
El Informe Mattarollo está lleno de imprecisiones, omisiones,
tergiversaciones y falsedades. Parece más bien un memorándum político, con una
clara tendencia ideológica, destinado a favorecer a sus compañeros de lucha.
Después de todo, Mattarollo, Evo Morales y Álvaro García Linera, comparten un
mismo proyecto político, enmarcado dentro del marxismo-leninismo.
Evo Morales aprovechó el aval que le dio UNASUR para acusar a todos los
líderes autonómicos de pretender llevar el país a la violencia y dividir a Bolivia en
pedazos, como parte de un plan internacional para derrocarlo; todo lo cual le sirvió
de justificación para perseguir política y penalmente a sus enemigos.
Cuando se compara el caso Pando con la masacre de Puente Llaguno,
perpetrada en Venezuela en abril del año 2002, existe un paralelismo casi
idéntico: una matanza planificada y ejecutada por el gobierno, para luego inculpar
a la oposición de los hechos, y así justificar una razzia contra los adversarios
políticos.
Es de vital importancia para los pueblos de América estudiar con detenimiento el caso Pando, puesto que no se trata de un acontecimiento aislado, sino de un modus operandi —una receta exportable— que cualquier gobierno
podría poner en práctica en momentos de debilidad para criminalizar a sus enemigos, acabar con la democracia y mantenerse en el poder con el uso de la fuerza.
Personas afectadas por violaciones a derechos
Ver anexo del informe original, al final del documento
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