La peor de las dos reformas
Por Eduardo Mackenzie
El tremendo traspié que el presidente Juan Manuel Santos sufre en estos momentos por el episodio de la triste “reforma a la justicia” y por la solución que intenta darle ahora para salir de ese impase, debilitará sin duda su gobierno y abrirá una brecha en la coraza de la mesa de la Unidad Nacional.
Pues no se le ve una salida elegante a ese descalabro. No todo lo que el jefe del Ejecutivo le propuso a las Cortes y al Congreso era un error, es cierto, pero el manejo de los debates, de la “conciliación” final de los proyectos, y lo que propone ahora para enmendar el entuerto es un paso más hacia la inconstitucionalidad.
El país está viendo que todo ello es el resultado de la confusión jurídica y politiquera de los asesores del jefe de Estado, si no de éste, y del estilo que adopta el Ejecutivo al abordar sus tareas: con excesivo secretismo, con displicencia, lejanía y distracción y perdiendo mucho tiempo en viajes de utilidad relativa. Lo que hemos visto de nuevo es, pues, un grave resbalón de liderazgo de alguien que creía tener todo bien atado. La coalición heterogénea que respaldó esa iniciativa y los métodos manzanillos utilizados, no explican todo lo que pasó.
Como toda crisis, ésta podría aportar algo positivo: abre perspectivas de recambio, de regreso a una cierta racionalidad y prudencia en la conducción del Estado, a condición, claro está, de que la oposición uribista adopte un tono y una postura tan firmes como serenas.
Por el momento, de ese lado, se nota un cierto apresuramiento. Unos lanzan, de nuevo, la consigna de la asamblea constituyente. Otros piden un juicio político al presidente (la atracción de lo ocurrido en Paraguay parece irresistible). Los demás claman contra la reelección de Santos. Todo eso es interesante pero el recambio político no saldrá de esas iniciativas inmediatistas. Hay que ser cautos pues algunos ya están queriendo transformar esa legítima efervescencia política en un momento revolucionario, es decir en una coyuntura abierta a todas las aventuras.
El país necesita un nuevo liderazgo político. O, mejor, necesita recuperar la dinámica que perdió cuando el presidente Santos, elegido por el pueblo uribista, dejó de lado esas banderas. El país debe frenar el curso caótico que emprendió la llamada Unidad Nacional. Pero, atención: no hay atajos hacia esa reconquista del poder. La no construcción hasta ahora de un nuevo partido político, de oposición, de proposición y de reconstrucción del país, con millones de adherentes, militantes y votantes, con un programa absolutamente claro, no puede obviarse con llamados a convocar una Asamblea Constituyente.
¿Ésta sólo se ocupará de hacer otra reforma de la justicia? ¿Y cómo sería esa Constituyente? ¿Incluyendo a toda la clase política? ¿Excluyendo a unos y tolerando a otros? ¿Sería eso democrático?
¿Sería hábil dejar que quienes votaron el adefesio del 14 de junio voten también el perfil de esa Constituyente?
¿Cuál sería el partido dominante, el faro iluminador de los debates en esa asamblea? ¿Cuáles sus postulados constitucionales? No seamos ingenuos: una constituyente improvisada puede, por el contrario, agravar la crisis y abrirle las puertas a fuerzas minoritarias y sectarias más avezadas y organizadas para esas maniobras que los otros grupos. Lo repito: sin un partido o, al menos, sin un movimiento uribista estructurado y claro, independiente de esa caricatura que es el partido de la U, una asamblea constituyente será un nuevo problema, no la solución. La teoría de la soberanía popular absoluta ha conducido a veces a nuevas tiranías.
La oposición uribista, por otra parte, se está dejando encerrar en un falso debate: el de la llamada “reforma judicial” del 20 de junio. Ese engendro, es verdad, debe ser echado a tierra. Pero no olvidemos dónde está lo esencial: hay un acto de reforma constitucional aún peor, aún más grave y peligroso para el Estado de Derecho y para la paz en Colombia: el llamado “marco para la paz”. Derrumbar la reforma del 20 de junio de 2012 sin tocar la monstruosidad del 14 de junio de 2012 es dejar que el mal se escape por la ventana.
Con mucha perspicacia, la izquierda y, sobre todo, sus jefes extremistas, quienes fueron los primeros en destruir la justicia introduciendo métodos abyectos para cometer arbitrariedades a granel, sobre todo contra el uribismo, las Fuerzas militares y los servicios de seguridad del Estado, están alimentando esa visión unilateral: claman contra la “reforma a la justicia” y pretenden que nadie toque el tema del “marco para la paz”.
Esas dos reformas constitucionales son piezas claves del viraje de Santos. Las dos son nefastas. Pero el “mpp” es la peor.
Si una favorece a la burocracia de los tres poderes, para facilitar la gobernabilidad del santismo, la otra favorece al principal y más implacable enemigo del país: las Farc. Si el país se distrae ante eso tendrá dentro de poco, si el señor Timochenko es un poco más lúcido, senadores y toda suerte de caudillos, agitadores, bandas y pistoleros de esa corriente en plena libertad y con todos los derechos. Y tendremos, además, una Constitución dictada por las eminencias grises de La Habana.
Nadie puede olvidar que el acto legislativo votado el 14 de junio de 2012 por el Congreso permite dejar a Colombia huérfana de una Fuerza Pública creíble, en aras de la financiación de un ilusorio “post conflicto”, fase en la cual más se agrava la violencia, como se ha visto en los países de África y Centroamérica donde la llamada “justicia transicional” fue adoptada.
El “mpp” garantiza la impunidad de los jefes y bases de las Farc y del Eln, pues legitima la suspensión de la ejecución de las penas de éstos, prevé sanciones “extra-judiciales”, “penas alternativas” y hasta la “renuncia de la persecución judicial penal” de todos esos criminales, incluso los de lesa humanidad, que hayan sido beneficiados por una decisión subjetiva de la Fiscalía General de la Nación.
Sí, hay una crisis institucional grave, pero no olvidemos que la solución vendrá de la prudencia inteligente y de la discusión humana, no del arrebato.
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