Carta abierta a los colombianos:
Regresan a la putrefacción de un régimen político y judicial cómplice del terrorismo y la mafia.
Por Jacques Thomet
Blog Un Journalisme d’Investigation, Paris
En el histórico repunte de los años de Álvaro Uribe, ustedes reencontraron el orgullo de enarbolar la bandera colombiana en sus ventanas, su dignidad de hombres y mujeres finalmente liberados del miedo, pero sobre todo su libertad de ir y venir por su país sin arriesgar la vida.
Por desgracia eso sólo fue un sueño hecho realidad durante un Eldorado de ocho años (2002-2010), bajo la mano férrea de Álvaro Uribe, un paréntesis primero mutilado y luego minado antes de su inminente destrucción por el régimen político-judicial actual, bajo la presidencia de una “mano negra”: la de su jefe de Estado, Juan Manuel Santos.
Para sobrevivir, vivir bien y evitar los obstáculos, como un caballo ante la barra en una competencia equina, su presidente se amancebó, sin decirlo, pero haciéndolo, con todos los enemigos de vuestra democracia. Los terroristas de las FARC, animados por la debilidad del gobierno ante sus cómplices, han reanudado sus brutalidades en todo el país. Bajo la bota del nuevo presidente, los jueces se regodean poniéndole fin a la persecución de los cómplices de los guerrilleros, en Colombia y en el extranjero.
Algunos ejemplos: el abandono de la investigación contra un vasallo de las FARC, Wilson Borja; la ausencia de inculpación de Piedad Córdoba, una cómplice activa y probada de esos mismos criminales (ver mis archivos); y la decisión de Bogotá de no solicitar la extradición de un agente de las FARC en Chile, Manuel Olate. ¿La razón? Las pruebas contra esa gente, encontradas en los computadores de Raúl Reyes –ex número dos de las FARC, muerto el 1 de marzo de 2008– no pueden ser invocadas como pruebas porque ese decomiso fue considerado como “ilegal” por los jueces cómplices de los asesinos, por haber sido éste realizado a un kilometro dentro del Ecuador, a pesar de la presencia allí de los terroristas colombianos.
Yo puedo testimoniar de esa realidad ecuatoriana, pues mis entrevistas con Raúl Reyes en marzo de 2004, publicadas por la AFP, se llevaron a cabo en esa área dentro de Ecuador, y no en Colombia.
En un discurso de esta semana, ante los productores de café, Santos denunció la existencia de una “doble mano negra” en Colombia, una de extrema izquierda y otra de extrema derecha. Esta última serían los periodistas que tienen el valor de criticar su deriva en favor de los terroristas.
Si hay una “mano negra” en este bello país, famoso por la competencia, la dedicación, la amabilidad y la pasión por el trabajo de su pueblo, que yo conozco bien, esa es la de Juan Manuel Santos. Este heredero del poderoso grupo mediático El Tiempo, nacido con cucharita de plata en la boca, y formado por su familia para que fuera presidente un día, es la copia exacta de los Presidentes de pacotilla, entre serios e irresponsables, que vacilan entre dos aguas, que los 46 millones de colombianos se han dado en la historia reciente, con la excepción de Álvaro Uribe, quien confirma esa regla no escrita.
Una verdadera mafia dirige de nuevo este país, como en los tiempos de Ernesto Samper, el presidente liberal (1994-1998), que fue financiado por el cartel de Cali por la suma de seis millones de dólares. Su cómplice fue “suicidado”, su ministro de Defensa, Fernando Botero (hijo del famoso pintor y escultor), fue condenado a 30 meses de prisión antes de partir al exilio en el extranjero, y una gran cantidad de testigos liquidados.
Exceptuado de condena por un Congreso a su servicio, este siniestro corrompido, que sigue campante en Bogotá, tiene prohibida la entrada a los Estados Unidos pero conserva su poder de hacer daño, como lo demuestra el nombramiento de gente suya a altos cargos, como Viviane Morales, nombrada Fiscal General de la Nación en 2010 por Santos.
Los próximos días nos dirán si esa mujer (amante de Lucio Pabon, ex-M19), la primera que llega a esa responsabilidad en Colombia, abraza o no la causa de una justicia independiente, en un país donde los jueces de la Corte Suprema están al servicio de la mafia y de los terroristas, como lo he demostrado en mis innumerables artículos.
Las dudas me asaltan a priori. Durante casi dos años, al final de su segundo mandato, Uribe sufrió un golpe de Estado jurídico de parte de esa misma Corte Suprema, que se negó a elegir, a pesar de lo que exige la Constitución colombiana, a uno de los tres magistrados propuestos por el presidente para el cargo de Fiscal General. Recién elegido, Santos se arrodilló ante el dictado de esos magistrados y aceptó presentarles una nueva terna. Así fue como fue designada Viviane Morales.
Pero no descarto que haya una buena sorpresa, si esa alta funcionaria, francófila, francófona y, por lo tanto, imbuida de las virtudes de la independencia judicial, llega a poner fin al suplicio del coronel Alfonso Plazas Vega.
Este héroe de la lucha contra el M-19 fue condenado el año pasado a 30 años de prisión por una juez, con pruebas falsas, por la supuesta desaparición de once sobrevivientes de la masacre causada por ese grupo terrorista, contra casi un centenar de magistrados que fueron tomados como rehenes y asesinados por los asaltantes del Palacio de Justicia de Bogotá, que los terroristas incendiaron para destruir los archivos contra los barones de la cocaína que estaban a punto de ser extraditados a los Estados Unidos. El jefe de los traficantes, Pablo Escobar, le pagó seis millones de dólares al M-19 para que realizara esa operación.
Las revelaciones de esta semana del periodista independiente Ricardo Puentes, quien ha sido amenazado de muerte, confirmaron el montaje hecho contra el coronel Plazas. El principal testigo de cargo, Edgar Villamizar, acaba de declarar ante el Procurador General, Alejandro Ordóñez, que nunca estuvo presente durante el ataque al Palacio de Justicia de Bogotá en 1985, y que su presunta confesión no había sido firmada por él.
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